PGN - Documento 201905101109150

ACCION CONTRACTUAL-Rompimiento del equilibrio contractual. EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Restablecimiento CADUCIDAD DEL CONTRATO-Competencia temporal para declararlaJurisprudencia El debate jurídico respecto a los límites temporales de la administración para declarar la caducidad del contrato no ha sido pacífico y tranquilo, y prueba de ello son las tesis jurisprudenciales de la Sección Tercera del Consejo de Estado en esa materia en particular. 2.2 (i) Para el efecto resulta ilustrativa la sentencia de 13 de septiembre de 1999, expediente 10.264: “Sobre la oportunidad que tiene la administración para declarar la caducidad del contrato, esta Sección ha sostenido que de esta potestad concedida por la ley a la entidad de derecho público sólo puede hacerse uso mientras esté vigente el contrato y no cuando el plazo haya vencido, ya que una de las limitaciones que afectan su ejercicio, es precisamente el elemento temporal para no configurar una incompetencia “ratione temporis”. Esta posición se ha reiterado en distintas oportunidades pero siempre con la misma orientación en varias de sus sentencias. En sentencia del 22 de noviembre de 1979 (Exp. 1485), como en otras de las que se citaron, sostuvo: “En forma reiterada ha dicho el Consejo de Estado que la caducidad del contrato solo es procedente cuando éste está vigente y no cuando el contrato ha terminado por vencimiento del plazo contractual o ante la terminación de la obra contratada. La finalidad de la cláusula de caducidad es precisamente dar por terminado el contrato. Pero si ya feneció por vencimiento del plazo o ejecución de las obras, lo único que legalmente procede es su liquidación, para

saber quién debe a quien y cuánto o para que se haga uso de las acciones legales que cada parte considere conveniente a sus intereses. (…)”. En sentencia del 29 de enero de 1988 (Exp. 3615) se precisó la doctrina según la cual la administración no podía declarar unilateralmente el incumplimiento de un contrato administrativo de tracto sucesivo después de su vencimiento, dejando a salvo el evento en el que tal declaratoria se hiciera después de ese vencimiento como medida obligada para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Para referirse a la competencia temporal de la administración con respecto al ejercicio de los poderes exorbitantes, la Sala ha utilizado distintas expresiones tales como que los actos deben proferirse durante el plazo del contrato, o mientras el contrato no se haya vencido, o en vida del contrato, o antes de su vencimiento o fenecimiento, etc. pero no se ha precisado por la jurisprudencia cuál es la vigencia del contrato administrativo, hoy contrato estatal, lo cual constituye una buena razón para que ahora la Sala se ocupe del tema.

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público OBLIGACIONES A PLAZO-El plazo del contrato señala la exigibilidad de las obligaciones que de él se derivan para cada uno de los contratantes De acuerdo al art. 1551 del Código Civil “el plazo es la época que se fija para el

cumplimiento de la obligación”, lo cual significa que en las obligaciones a plazo -aquellas en las que se ha fijado una fecha determinada para su cumplimiento-, que son las que para el caso interesan, el cumplimiento está supeditado a la llegada de esa fecha, momento en el cual son exigibles las obligaciones que se contrajeron, pero en estricto sentido, no se extinguen todos los derechos que surgieron del contrato. Para que la administración pueda asumir la dirección y control de la ejecución del contrato y ejercer la correspondiente potestad sancionatoria, se establece un programa o cronograma de trabajo que contiene una serie de plazos parciales, dentro de los cuales el contratista debe ejecutar el contrato de tracto sucesivo. De manera que el vencimiento del plazo estipulado en el contrato sin que el contratista haya satisfecho sus prestaciones o las haya atendido tardía o defectuosamente, configura ipso iure o de pleno derecho el fenómeno del incumplimiento contractual. En estos casos, opera automáticamente la mora sin necesidad de reconvención o intimación para que el contratista cumpla la prestación, conforme al aforismo romano dies interpellat pro homine previsto en el artículo 1608, ordinal 1º del Código Civil. En este orden de ideas, debe precisarse que dentro de los plazos para la ejecución del contrato existe uno y con seguridad el de mayor importancia y es aquél que corresponde a la terminación definitiva de la obra, o a la entrega del último suministro o del estudio o diseño que se ha confiado, momento en el cual la administración podrá igualmente, como lo venía haciendo durante la ejecución del contrato, evaluar el cumplimiento del contratista para poderle recibir a satisfacción,

puesto que es una exigencia del interés público que el colaborador privado cumpla sus prestaciones conforme al ritmo previsto en el programa y con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En el evento de que el contratista no haya cumplido cabalmente, vale decir, porque entrega la obra inconclusa o se presentan faltantes o se requiere de reparaciones, la administración podrá hacer valer sus poderes sancionatorios de acuerdo con la magnitud del incumplimiento. CONTRATO DE OBRA PUBLICA-Liquidación No en vano la Sala ha considerado que la liquidación del contrato, es un auténtico corte de cuentas entre los contratantes, en la cual se define quien debe y cuánto, y que cuando se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo (art. 136 numeral 10, lit. c y d C.C.A ). De acuerdo con lo anterior, la sala precisa que el contrato que se celebra con el Estado tiene dos plazos: uno para la ejecución y otro para la liquidación y que no tienen jurídicamente el mismo alcance las expresiones contrato vencido y contrato extinguido, toda vez que frente al primero la administración tiene la potestad para exigir las obligaciones a cargo del contratista y evaluar su cumplimiento. La extinción del contrato por el contrario, se configura cuando éste ha sido liquidado. En este orden de ideas, no puede estar ausente en la etapa de liquidación del contrato la potestad de autotutela de la administración para declarar su incumplimiento.

CADUCIDAD DEL CONTRATO-Nueva tesis del consejo de estado que revalúa la caducidad durante la liquidación del contrato

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Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público La Sala recoge su jurisprudencia inmediatamente anterior sobre la materia, para precisar lo siguiente:(…). c) Declarar la caducidad del contrato con posterioridad al fenecimiento del plazo de ejecución y en la etapa o plazo que se tiene para liquidarlo, sería reconocerle a este instituto un carácter meramente sancionatorio e indemnizatorio, dejando a un lado que con él se persigue la continuidad en la prestación de los servicios y funciones a cargo de las entidades, en los eventos en que se presente un incumplimiento del contratista que afecte grave y directamente el contrato y amenace con su paralización. f) En definitiva, la declaratoria de caducidad del contrato por parte de la Administración sólo procede por los motivos y con los requisitos señalados en la ley, durante el plazo pactado para la ejecución y cumplimiento oportuno de las obligaciones del mismo -que incluye tanto el plazo original como los adicionales-, y no cuando éste hubiese expirado, so pena de que el acto quede afectado con un vicio de nulidad, por incompetencia. (…)”. En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la

ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. CADUCIDAD-No habrá lugar a indemnización/CADUCIDAD-Elementos necesarios para que proceda la declaratoria de caducidad Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.” “La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. Dicha normativa exige la presencia de tres elementos necesarios para que proceda la declaratoria de caducidad:

1. Que haya un incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 2. Que ese incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución de contrato, y 3. Que se evidencie que ese incumplimiento y afectación grave del contrato pueden conducir a su paralización. Se concibe como una potestad en cabeza de la administración, cuyo ejercicio implica limitaciones, entre ellas “rationi temporis”. Por tanto su declaratoria solo puede acontecer mientras el término del mismo se encuentre vigente y no después del vencimiento del plazo de ejecución pactado por las partes.

PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Debe primar en las relaciones contractuales/ PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Jurisprudencia CAUSALES DE RECLAMACION-En materia contractual EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Restablecimiento. Jurisprudencia

CONCEPTO DE LA PROCURADURIA-Modificar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales

Concepto: Ministerio Público

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No 218 /2018

Bogotá D.C., 8 de octubre de 2018 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Dr. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS

E. S. D.

Ref: Proceso No 61.602 (27001233100020030082801)

ACCIÓN CONTRACTUAL

Actor: INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS LTDA ICIC LTDA y OTROS Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE VIASINVIAS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA.- En procesos separados, luego acumulados1, los siguientes actores, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, instauraron demandas, en contra del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, para obtener las siguientes declaraciones y condenas: 1.1 (i) Expediente No 2003-00828-012 (Felipe Vergara Loboguerrero y la

sociedad Ingenieros Civiles Contratistas Ltda.- integrantes del Consorcio ICICFelipe Vergara Loboguerrero) 1 Mediante autos interlocutorios No 63 de 5 de marzo de 2009 y No 183 de 14 de mayo de 2009, el Tribunal decretó la acumulación. 2 Demanda incoada el 12 de diciembre de 2003 (fl 1 c. 2)

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público “PRIMERA: Que el equilibrio económico del contrato 0695 de 2001, para la rehabilitación del SECTOR YUTO-CERTEGUI TRAMO I desde YUTO, RURA 1307, celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS y FELIPE VERGARA LOBOGUERRERO e INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS LTDA, se rompió en contra de éstos por la ocurrencia de situaciones imprevistas ajenas a su responsabilidad.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, el INVIAS debe restablecer el equilibrio económico del contrato 0695 de 2001, a punto de no pérdida, pagando a los contratistas en valores constantes: a) El valor del stand by y sobrecosto de equipo, según estimación pericial. b) El sobrecosto de personal, según estimación pericial. c) El sobrecosto de administración, según estimación pericial.

d) El valor de la utilidad dejada de percibir, según estimación pericial.

TERCERA: Que el INVIAS debe pagar las costas del proceso.

Invocan como fundamentos de derecho los artículos 5, ordinal 1; 4, ordinales 3 y 8; 25, ordinales 13 y 14 de la Ley 80 de 1993; artículo 8 de la Ley 153 de 1887; artículos 1603 a 1618 a 1624 del Código Civil, artículos 82,864 y 871 del Código de Comercio y artículo 230 de la Constitución Política. 1.1 (ii) Expediente No 2004-007903 (Felipe Vergara Loboguerrero y la sociedad Ingenieros Civiles Contratistas Ltda.- integrantes del Consorcio ICIC-Felipe Vergara Loboguerrero) “PRIMERA: Que es nula la Resolución No 001721 de 5 de mayo de 2004 expedida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, mediante el cual se declaró la caducidad del contrato 695 de 2001 celebrado entre dicha entidad y el consorcio contratista (…) SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, el INVIAS debe restablecer el derecho del contratista: a) El valor de los perjuicios (lucro cesante) originado por no poder contratar con el Estado durante los cinco años, según estimación pericial. b) El valor de los perjuicios morales ocasionados (…) c) El valor del restablecimiento del equilibrio económico del contrato 695 de 2001, según estimación pericial.

TERCERO: que el contratista no está obligado a devolver al INVIAS el saldo del

anticipo no amortizado. Como normas violadas, invoca los artículos 5 ordinal 1; 4 ordinales 3 y 8; 25 ordinales 13 y 14; y 27 de la Ley 80 de 1993; artículo 8 de la Ley 153 de 1887; 3 Demanda incoada el 27 de agosto de 2004 (fl 3 c. 6)

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público artículos 1603, 1618 a 1624 del Código Civil; artículos 822, 864 y 871 del Código de Comercio; y artículo 230 de la Carta Política. 1.1 (iii) Expediente No 2005-09734 (Felipe Vergara Loboguerrero y la sociedad

Ingenieros Civiles Contratistas Ltda.- integrantes del Consorcio ICIC-Felipe Vergara Loboguerrero) PRIMERA: Que son nulas las resoluciones 1741 de 2005, 3784 y 3523 de 2005, expedidas por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, por medio de las cuales se liquidó unilateralmente el contrato 0695 de 2001, celebrado con dicha entidad, para la rehabilitación de la carretera YUTO-CERTEGUI, TRAMO I, en el departamento del CHOCO.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, el INVIAS debe reintegrar el dinero que hubiere recaudado forzadamente apoyado en las

Resoluciones anuladas, junto con los intereses moratorios, a la tasa más alta permitida por la Ley, desde la fecha del recaudo hasta la fecha del reintegró. Como normas violadas, invoca los artículos 6, 12, 29, 228 y 230 de la Constitución Política; 84 y 136 del C.C.A; 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. En cuanto al concepto de violación aduce que según el INVIAS, los plazos para liquidar el contrato establecidos en la Ley 80 de 1993 y 446 de 1998, no valen, pues según la entidad contaba con un plazo hasta de 30 meses para hacerlo. 1.1 (iv) Expediente No 2004-12985 (Compañía Agrícola de Seguros S.A) “PRIMERA: Que es nula la resolución administrativa No 01721 de 5 de mayo de 2004., expedida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, por la cual se declaró la caducidad administrativa del contrato de obra pública No 0695/01 celebrado entre el INVIAS y el Consorcio ICIC LOTDA – FELIPE VERGARA (…) SEGUNDA: Que es nula la Resolución administrativa No 004580 del 22 de octubre de 2004, expedida por INVIAS, la cual confirmó la anterior, excepto el artículo segundo de la Resolución No 01721 del 5 de mayo de 2004.

TERCERA: Que se ordene pagar al contratista, el valor de las actas de obra dejadas de cancelar, junto con los intereses moratorios (…) CUARTA: Que se ordene pagar al contratista, los ajustes de precios de las actas de ajustes Nos 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de conformidad con lo ordenado en los

artículos 4, 5, 25, y 26 de la Ley 80 de 1993. 4 Demanda incoada el 26 de septiembre de 2005 (fl 3 c. 7) 5 Incoada el 9 de diciembre de 2004 (fl 1 c.8)

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público QUINTA: Que se ordene pagar al contratista, los perjuicios morales que le causó la expedición de las resoluciones Nos 01721 de 5 de mayo de 2004 y 004580 de 22 de octubre de 2004 (…) SEXTA: Que se ordene pagar al contratista, los perjuicios materiales que causó al inhabilitarlo para celebrar contratos estatales durante 5 años (…) SEPTIMO: Que como consecuencia de los reconocimientos económicos que se le llegaren a hacer al contratista por parte del demandado (morales y materiales) los mismos deben ser compensados por el INVIAS frente a los valores que pretende hacer exigibles al asegurador.

OCTAVA: Que mi representada COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A no está obligada a pagar al INVIAS la suma de $804.758.259.00 con cargo al amparo de anticipo, en consideración a que el contratista invirtió correctamente el anticipo entregado en la ejecución de la obra (…) NOVENA: Que como consecuencia de la declaratoria de caducidad, el INVIAS

debe restablecer el derecho a favor del contratista pagándole el restablecimiento económico del contrato No 0694/01 según estimación pericial por stand by sobre costos de equipo y personal de administración y utilidad dejada de percibir.

DECIMA: Que mi representada COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A no está obligada a pagar al INVIAS la suma de $164.243.240.00 con cargo a la póliza

No 6-1010000239801, teniendo en cuenta que se debe aplicar la proporcionalidad de la pena establecida en el artículo 1596 del C.C. Como normas violadas invoca los artículos 5, ordinal 1 a 4, 3 y 8; 25, ordinales 13 y 14 del artículo 27 de la Ley 80 de 1993; artículo 8 de la Ley 153 de 1887, los artículos 1596, 1603, 1609, 1618 a 1624 del Código Civil; artículos 822, 864 y 871 del Código de Comercio; y artículo 230 de la Constitución Política. En cuanto al concepto de violación, aduce indebida interpretación de la ley, expedición irregular de los actos administrativos demandados, desequilibrio económico del contrato, aplicación de las normas del Código civil – Proporcionalidad de la cláusula penal pecuniaria, pérdida de competencia de la administración para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento expedida por la Compañía Agrícola de Seguros, violación al principio de legalidad. 1.1 (v) Expediente No 200511116 (Compañía Agrícola de Seguros S.A)

“PRIMERA: Que es nula la resolución administrativa No 1741 del 02 de mayo de 2005, expedida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, por la cual se liquidó 6 Demanda incoada el 28 de noviembre de 2005 (fl 3 c. 4)

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público unilateralmente el contrato de obra pública No 0695/01 celebrado entre el INVIAS y el Consorcio ICIC LOTDA – FELIPE VERGARA (…) SEGUNDA: Que es nula la Resolución No 003523 de 2 de agosto de 2005, que aclara el artículo primero de la Resolución No 1741 de 2005, para indicar que los saldos a favor del INVIAS por concepto de amortización de anticipo y cláusula

penal pecuniaria, corresponden a la ejecución de los contratos adicionales No 3 de 2002, 4 y 5 y 6 de 2003, y garantizado por la garantía única de cumplimiento otorgada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A.

TERCERA: Que es nula la Resolución No 003784 del 12 de agosto de 2005 expedida por INVISAS, por la cual se confirma la Resolución 1741 de 2005 (…) CUARTA: Que se ordene pagar al contratista, el valor de las actas de obra dejadas de cancelar al contratista, junto con los intereses moratorios y que de los saldos a favor de este se ordene su pago al INVIAS a través de la figura de la

compensación, en caso de resultar probada dentro del proceso alguna responsabilidad en cabeza de la firma ASFALTADO LTDA.

QUINTA: Que se ordene pagar al contratista, los ajustes de precios de actas. (…) SEXTA: Que como consecuencia de los reconocimientos económicos que se le llegaren a hacer al contratista por parte del demandado (morales y materiales) los mismos deben ser compensados por el INVIAS frente a los valores que pretende hacer exigibles al asegurador.

SEPTIMA: Que mi representada COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A no está obligada a pagar al INVIAS la suma de $804.758.259.00 con cargo al amparo de anticipo, en consideración a que el contratista invirtió correctamente el anticipo entregado en la ejecución de la obra (…) OCTAVA: Que el CONSORCIO ICIC-FELIPE VERGARA no está obligado a devolver suma alguna por concepto de anticipo no amortizado, teniendo en cuenta que invirtió la totalidad del anticipo en la obra (…)” PRETENSION SUBSIDIARIA: Que la COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A no está obligada a pagar al INVIAS la suma de $164.243.240 con cargo a la póliza No 1010000239801 y eventualmente en caso de que el incumplimiento se atribuya total o parcialmente al contratista, se de aplicación a lo establecido en el artículo 1596 del C.C.

Adicionó la demanda en la siguiente pretensión7: “Que es nula la Resolución Administrativa NO 007016 de 28 de diciembre de 2005, expedida por el INVIAS, por la cual se confirma en todas sus partes la

Resolución 003523 de agosto 2 de 2005, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No 001741 de 2005. Como normas violadas invoca los artículos 4, ordinales 3 y 8; 25, ordinales 13 y 14 del artículo 27 y 60 y 61 de la Ley 80 de 1993; artículos 16 y 17 del Decreto 7 (fls 189 a 191 c. 4)

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público 679/94; los artículos 1596, 1602 del Código Civil; artículos 6, 29, 121, 228 y 230 de la Constitución Política.

En cuanto al concepto de violación, aduce: (i) Límites temporales para la liquidación del contrato establecidos en la ley 80 de 1993 (ii) plazo determinado por las partes para la elaboración de la liquidación unilateral del contrato, (iii) límite temporal para la declaratoria de caducidad del contrato de obra pública y en consecuencia para la liquidación unilateral del mismo, (iv) pérdida de competencia de la administración para hacer efectiva la garantía única expedida por la Compañía Agrícola de Seguros, (v) Siniestros amparados por la póliza otorgada por la Compañía Agrícola de Seguros S.A. 1.2. CONTESTACION DE LAS DEMANDAS.- El INVIAS se opuso a las pretensiones.

1.2 (i) Expediente No 2003-00828-018, alega que durante la ejecución del contrato no se presentaron dificultades de tipo técnico por los diseños aportados por el INVIAS y si bien se presentó un cambio en el diseño de la estructura del pavimento, ello se debió a la propuesta hecha por el contratista y aprobada por la interventoría en atención a que ello le era favorable al contratista en tanto facilitaba el proceso constructivo y no alteraba la programación de la obra, ni incrementaba los costos del proyecto. Que el hecho de la negociación con las comunidades por parte del contratista era previsible, lo cual no le resulta imputable al INVIAS, pues éste colaboró con la definición de la concertación. Que si hubo aspectos que ocasionaron retraso en la ejecución del contrato, ellos eran de responsabilidad del contratista, entre otros, los trámites para obtener la licencia ambiental, la concertación con los concejos comunitarios, retraso en los equipos propuestos y los daños de éstos, en no pago a subcontratista, proveedores, pago de personal, suministro de insumos, etc. 1.2 (ii) Expediente No 2005-09739 precisa sobre la competencia del INVIAS para liquidar unilateralmente el contrato 0695/01 y para el efecto invoca el artículo 61 8 (fls 111 a a 116 c.2) 9 /fls 45 a 52 c 7)

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Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público de la Ley 80 de 1993, para concluir que dicha norma obliga a la entidad contratante a liquidar el contrato de manera unilateral, si las partes no llegaren a un acuerdo o el contratista no se presente a la liquidación.

Advierte además que la administración está facultada para declarar la caducidad del contrato hasta el momento de la liquidación del contrato, pues hasta ese momento puede ponerse en evidencia el incumplimiento en que incurre el contratista. En ese orden de ideas, la administración contaba con un plazo de 30 meses a partir de la ejecutoria de la Resolución que declaró la caducidad del contrato, para liquidarlo, lo cual realizó el 2 de mayo de 2005 a través de la Resolución No 001741, esto es dentro del plazo establecido para ello. 1.2 (iii) Expediente No 2004-129810, alega que la Administración tiene la facultad para declarar la caducidad del contrato hasta el momento de la liquidación del mismo, pues hasta ese momento puede ponerse en evidencia el incumplimiento en que incurre el contratista. Que se deben distinguir los diferentes plazos que existen en un contrato, uno es el de la ejecución y otro el de la liquidación, pero en ambos la administración tiene la facultad para sancionar el incumplimiento del contratista, por lo que surge claro la potestad de la administración de declarar la caducidad del contrato hasta el momento de su liquidación inclusive. Aduce que las causas o motivos invocados por el contratista y sobre los cuales edifica el desequilibrio económico del contrato, deben probarse, pues estos fueron debidamente conocidos con anterioridad y otros debidamente concertados.

1.2 (iv) Expediente No 2005111111, alega que la administración puede ejercer la potestad excepcional de declarar la caducidad del contrato hasta el momento de la liquidación inclusive. Que la etapa de liquidación se extiende hasta el 10 (fls 129 a 136 c. 8) 11 (fls 199 a 210 c. 4)

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Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público momento en que la entidad contratante pierde competencia para liquidar de mutuo acuerdo o unilateralmente, esto es, hasta el momento en que caduca la acción contractual prevista en el C.C.A.

Insiste en afirmar, que la entidad si tenía facultad para declarar la caducidad del contrato, después de agotado el plazo de ejecución y consecuente con ello también estaba facultado para liquidarlo de manera unilateral. De otra parte advierte que las actas de obra y actas de ajustes fueron tenidas en cuenta en el acta de recibo definitivo de obra, las cuales hacen parte del cruce de cuentas en la liquidación del contrato. (…) 1.3 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- El Tribunal Administrativo del Choco, en sentencia de 16 de marzo de 201812, se pronunció en el siguiente sentido: “PRIMERO: Declárese la nulidad de las Resoluciones administrativas Nos (i) 001721 del 5 de mayo de 2004, mediante la cual el Instituto Nacional de Vías declara la caducidad del contrato No 695 de 2001 “Rehabilitación del sector

YUTO-CERTEGUI, tramo I desde Yuto”, (ii) 004580 del 22 de octubre de 2004, expedida por el Instituto Nacional de Vías, mediante la cual se confirmó la caducidad del contrato No 695 de 2001, (iii) 1741 del 2 de mayo de 2005 (mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de obra pública No 0695 de 2001, (iv) de la Resolución administrativa No 003523 de 2 de agosto de 2005 (que aclara su Resolución 1741 en el sentido de indicar que los saldos a favor del INVIAS se relacionan con los contratos adicionales 3 de 2002, 3, 4, 5, y 6 de 2003, (v) de la Resolución No 003784 del 12 de agosto de 2005 (que confirma en todas sus partes la Resolución 1741), (vi) 007016 del 28 de diciembre de 2005 por la cual se confirma la Resolución No 003523 del 2 de agosto de 2005; todas expedidas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS.

SEGUNDO: Se deniegan las pretensiones relativas al incumplimiento del contrato No 0695 de 2001, impetradas en el proceso 27001-23-000-2003-00828-01.

TERCERO: Se liquida el contrato No 695 de 2001, por lo tanto se determina que el saldo a favor del INVIAS es la suma de $2.112.704.665 y está a cargo del

contratista Consorcio ICIC Ltda. – Felipe Vergara L.G.

CUARTO: Se determina que Consorcio Contratista ICIC Ltda. – Felipe Vergara

L.G. es solidariamente responsable hasta el valor del afianzamiento otorgado a través de las pólizas a favor del INVIAS; esto es, (i) Póliza de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No CE100123 y sus respectivos 12 (fls 365 a 399 c. Consejo de Estado)

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Carrera 5 No 15-80 Piso 20 PBX: 5 878750 EXT 12056 FAX 12094 12

Expediente: 61.602 (2003-00828-01)

Acción: Controversias Contractuales Concepto: Ministerio Público anexos modificatorios expedida por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA

DE COLOMBIA, y (ii) Póliza de seguro de cumplimiento No 6-1010000239801 y sus respectivos certificados de modificación expedida por las compañía AGRICOLA DE SEGUROS S.A., hasta por la suma de $2.112.704.665. Se ha ordenado, en consecuencia, hacer efectiva a favor del Invias con cargo al amparo de anticipo, la garantía única de cumplimiento No 6-1010000239801 y los respectivos certificados de modificación, expedida por la Compañía AGRICOLA DE SEGUROS S.A. por la suma de $804.758.259, debidamente actualizada dicha suma. Así las cosas, esta cifra llega hoy a $1.497.321.857.92.

QUINTA: Se deniegan