PGN - Documento 201908201535080

ACCION DE REPARACION DIRECTA-Ocupación de hecho de un inmueble RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Elementos, el daño antijurídico y la imputación RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Cláusula general de la responsabilidad, artículo 90 de la constitución política REGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA-Daño especial Con relación a los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado, debemos recordar que el daño, como uno de tales elementos, debe ser antijurídico, es decir que la lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado, la persona no está en el deber jurídico de soportar, y el actor, pese a que argumenta la existencia del daño, este no revista las condiciones de cierto concreto y particular, tal como lo argumenta el Tribunal de instancia. Ahora, como se argumenta por parte del accionante que se trata de un daño especial, basta mirar si se acreditaron los postulados de la responsabilidad especial, esto es: La actividad legitima por parte de la administración; que los efectos de la ley recaigan en cabeza de un administrado, rompiendo la igualdad frente a las cargas públicas y un tercer elemento, concretado en la conexión entre la actividad estatal y la ruptura de esa igualdad, supuestos que tampoco encontramos probados. De conformidad con lo anterior, los postulados de esta responsabilidad especial no se configuran en el presente caso, pues el actor no demostró ser propietario del predio que alega fue ocupado ilegalmente por la entidad territorial. CARGA DE LA PRUEBA-A las partes les corresponde asumirla es decir probar los supuestos de hecho que pretenden demostrar

En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 correo electrónico: Proc.4ª Del. Consejo de Estado

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero CONCEPTO No 042/ 2019 Bogotá D. C, 11 de abril de 2019 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctora María Adriana Marín

E. S. D.

Expediente: 68001233300020130057503 (61.050)

Acción: Reparación Directa.

Actor: Alfredo Valeck Tristancho y otro Demandados: Area Metropolitana de Bucaramanga y otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida/ No se demostró la titularidad del dominio por parte de los actores con relación aI inmueble que se

pretende indemnizar/ No se configuran los elementos esenciales de la Responsabilidad Extracontractual del Estado. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del Patrimonio Público y de los derechos y las garantías fundamentales.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero Alfredo Valeck Tristancho y Rafaél Ernesto Mutis Tristancho, en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitan al Tribunal Administrativo del Risaralda, declarar la responsabilidad del Area Metropolitana de Bucaramanga, Metrolinea S.A y el Municipio de Bucaramanga y con ello obtener la indemnización de los perjuicios materiales, por la ocupación de hecho que hicieran estas entidades del predio de su propiedad, que cuenta con un área de 97.000 M2, con número catastral 01 – 040040 – 0001 – 000 y matricula inmobiliaria No 300 - 180522 ubicado en el barrio San Luis de Bucaramanga en el costado oriental de la paralela de la autopista a Bucaramanga – Floridablanca, sentido sur – norte, entre

la calle 96 y la transversal 28, en el sector del barrio Diamante I, para la ejecución de la subestación oriental del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Metrolinea. 1.2 Contestación de la demanda. 1.2.1. Municipio de Bucaramanga. Considera que el bien (folio de matricula inmobiliaria No 300 – 135847) donde se construyó la subestación del Metrolínea es de uso público y de propiedad del municipio, en virtud de la cesión que del mismo hiciera la Sociedad LA PALMERA LTDA, mediante escritura pública No 2067 del 30 de junio de 1967. Expresa que los demandantes alegan la propiedad de un predio diferente al que fue objeto de obra, ya que donde se construyeron las obras tiene el folio de matrícula inmobiliaria No 300 – 135847 y el que consideran propio, tiene el folio No 300 – 180522. 1.2.2. Area Metropolitana de Bucaramanga. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero Consideró que la intervención del predio donde se construyó la subestación de Metrolinea la realizó la sociedad METROLINEA S.A y no el AREA

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.

Sostiene que la construcción se llevó a cabo en predios de propiedad del Municipio

de Bucaramanga, según consta en la escritura pública de cesión No 2067 del 30 de junio de 1967, de la Notaría Segunda de Bucaramanga. 1.2.3. Metrolinea S.A Señaló que no existe en el expediente una prueba que indique que el predio donde se construyeron las obras del Metrolinea sean de propiedad de los demandantes, es decir, que muestre que las obras se realizaron en el inmueble con matricula inmobiliaria No 300 – 180522, lo que significa, que no está demostrado el daño con el nexo causal. Muy al contrario, está demostrado, que la construcción se llevó a cabo en un predio de propiedad del municipio en la escritura pública de cesión No 2067 idem. 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Santander, mediante fallo de primera instancia fechado el 19 de octubre de 2017, negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:  Señaló que no se acreditaron los postulados de la responsabilidad especial, esto es, la actividad legitima por parte de la administración, que en el caso particular es la construcción de una obra en un predio de propiedad del actor; un segundo postulado consistente en que quien alega el daño, debe demostrar que el mismo se produjo en un bien de su propiedad y como tal, , rompiendo la igualdad frente a las cargas públicas y esa rotura haya ocurrido y un tercer elemento, consiste en una relación de causalidad entre la actividad estatal y la ruptura de esa igualdad 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero del particular frente a las cargas públicas. Ese nexo no se dio, pues no hubo ruptura de dicha igualdad y no hubo ruptura al no acreditarse el daño en el predio de propiedad del actor.  Con relación al daño, sostuvo el ad quo, que debe ser cierto, concreto y particular, de manera que, las meras expectativas no pueden catalogarse como generadoras de tal ruptura. El actor, no demostró que su predio hubiere sido objeto de expropiación administrativa o de venta a la Nación y según se demostró, no figuraba en los predios objeto de afectación a la obra pública. 1.4. Argumentos de la apelación 1.3.1. El apoderado del demandante, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, exponiendo los siguientes argumentos:  Sostiene que la cesión realizada al municipio mediante escritura pública No 2067 del 30 de junio de 1967 conforman áreas distintas a las que corresponden a la obra pública, en la medida que los terrenos cedidos comprenden las calles del barrio Diamante I, que se encuentran ubicados a partir de la carrera 30 hasta la carrera 33, lo que indica que la donación no se realizó sobre el terreno ubicado entre la carrera 27 hasta la carrera 30, y es precisamente sobre la carrera 27 donde se encuentra situada la estación hoy.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.  ¿La construcción de la subestación por parte de METROLINEA S.A se efectuó en

predios de propiedad del Municipio de Bucaramanga? 2.2. Marco teórico, premisa normativa. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero Al respecto se tiene lo siguiente: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Todos los asuntos de responsabilidad del Estado (contractual y extracontractual) deben ser desatados bajo la luz del Artículo 90 Superior, que es el principio general sobre el particular: “Art. 90. - El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas...” y bajo la invocación del régimen subjetivo, a la parte actora le corresponde demostrar la concurrencia de los siguientes presupuestos, para que sea viable declararla: a. Una falla, representada en una actuación ilegítima, b. Un daño o perjuicio, y c. Un nexo causal entre el daño y la actuación. 2.2.2. Del nexo de causalidad, el daño antijurídico y el concepto de Imputación. Corresponde a la idea de casualidad adecuada, la condición natural en el curso habitual de las cosas y según la experiencia de la vida capaz de producir el efecto que se ha realizado1. “El denominado régimen de falla o falta en la prestación del servicio, como régimen genérico o común en

materia de responsabilidad civil extracontractual del Estado, es el aplicable a situaciones de hecho caracterizadas por la violencia o fuerza de la conducta desplegada, cuyo contenido o finalidad no es otro que el de atentar o desestabilizar las instituciones políticas, la existencia misma del Estado, el régimen político que determina su estructura y sistema de gobierno o las políticas trazadas por las diferentes autoridades a quienes ello compete en ejercicio de las funciones legislativa o ejecutiva, siempre que concurran los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, el hecho, e l daño y e l nexo causal entre los dos anteriores , cuando quiera que la conducta activa u omisiva resulte imputable a la autoridad pública y que la valoración de dicha conducta conlleve a concluir y a afirmar que 1 LE TOURNEAU, Prilleppe. “La responsabilidad civil”, editorial Legis Bogotá D. C. Traducción de la primera edición 2003, pág. 82. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero ella no se ajusta a lo que es dable esperar y exigir del Estado Colombiano dentro del marco preciso de las circunstancias en que tal conducta tuvo lugar. La responsabilidad del Estado resulta comprometida cuando se acredita la existencia de un daño

antijurídico, es decir, aquel que el afectado no tiene el deber jurídico de soportar; una falla del servicio por el defectuoso, tardío o inexistente cumplimiento de las funciones o deberes a cargo de la Administración; y e l nexo o relación de causalidad entre el uno y el otro, lo que implica necesariamente demostrar que fue esa falla en la prestación de l servicio la que produjo e l daño antijurídico . A su turno, la Administración se exonera de responsabilidad demostrando que obró diligentemente, es decir, que su proceder fue correcto y adecuado y que no incurrió en falla alguna del servicio, o acreditando la presencia de una causa extraña como lo es la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la culpa también exclusiva de un tercero, circunstancias que enervan la responsabilidad de la accionada”2. 2.2.3. Responsabilidad extracontractual – daño especial. Con relación a los postulados del régimen especial de responsabilidad extracontractual, El Consejo de Estado, desarrolló los parámetros de este régimen en los siguientes términos. “(…) 10.1.2.4. Estas decisiones con sus numerosas aclaraciones de voto hicieron dos aportes fundamentales que vale la pena distinguir: En primer lugar, la responsabilidad patrimonial del Estado por el hecho de una Ley no depende de su declaratoria de exequibilidad, sino de la antijuridicidad del daño y, en segundo lugar, el título jurídico de imputación por excelencia es el daño especial, posición que fue confirmada, más tarde, por la sentencia del 26 de septiembre del 2001, “esta corporación ha aceptado la

posibilidad de declarar la responsabilidad de la Nación por los perjuicios causados como consecuencia de la aplicación de normas constitucionales y legales. 10.1.2.5. De conformidad con lo anterior, la Jurisprudencia de esta Corporación tradicionalmente ha puesto de relieve que el régimen de responsabilidad del Estado por el hecho de la ley es objetivo, cuyo título de imputación es el daño especial, cuyas características básicas son: 1) El desarrollo de una actividad legítima de la administración – la expedición de una ley -; ii) el menoscabo del derecho o lesión de una situación jurídicamente consolidada de una persona, derivada de dicha actividad; iii) la imposición de una carga mayor al asociado de la que normalmente debe soportar, que origina el rompimiento del principio de igualdad de las cargas públicas frente a la ley; iv) que el daño se grave y especial y v) la existencia de un nexo causal entre el hecho ilícito y el perjuicio inflingido…”3 2.2.4. Carga de la prueba. 2 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera Magistrada Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordoñez, EXP. 2007472, de fecha 11 de agosto de 2011. 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2015, radicación 22.637 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero En ese orden de ideas, tal y como señala el Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y concordantes, vigente para la época de los hechos, la carga probatoria incumbe al interesado, por ende, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos y hechos jurídicos alegados, ya que ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias afirmaciones. Al respecto ha dicho el Consejo de Estado: "Al respecto, no debe olvidarse que la carga de la prueba es una regla de nuestro derecho probatorio consagrada en el artículo 177 del C. de P. Civil, de acuerdo con el cual "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen... "; dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. Cabe recordar que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa

resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto, sabe de la necesidad de que así sea, más aun tratándose del sustento mismo de la demanda y de los derechos que solicita sean reconocidos”4 2.3. De las pruebas Conforman el acervo probatorio las siguientes pruebas, que por su pertinencia frente al presente concepto, se tendrán las siguientes:  Folio 5, figura el acta de nacimiento de ALFREDO VALEK TRISTANCHO, y allí se indica que es hijo de señor ALFREDO VALEK y la señora ANA TRISTANCHO DE VALECK, y que su abuelo materno es el señor PEDRO VICENTE TRISTANCHO y 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp: 38044, M.P. Hernán Andrade Rincón. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero en el folio 8, figura el acta de nacimiento del otro demandante, señor RAFAÉL ERNESTO MUTIS TRISTANCHO, y allí se demuestra que es nieto de por línea

materna de PEDRO VICENTE TRISTANCHO.  En el folio 801, aparece el certificado de tradición con matricula inmobiliara No 300 – 180522, correspondiente al predio que los actores expresan ser propietarios, y allí se observa lo siguiente: “TRISTANCHO PEDRO VICENTE ADQUIRIÓ en un globo mayor así: 1. Por escritura No 490 del 4 de mayo de 1.934 de la notaría 1° de Bucaramanga, registrada el 23 del mismo mes (…) 2. Por escritura No 233 del 22 de febrero de 1.938 de la Notaría 1° de Bucaramanga, TRISTANCHO PEDRO VICENTE vendió la mitad de ese globo a PARRA F. ROBERTO, 3. Por escritura pública No 605 de 15 de abril de 1.939 de la notaría 1° de Bucaramanga, registrada el 22 de junio siguiente, PARRA F. ROBERTO vendió esa mitad a TRISTANCHO PEDRO VICENTE.”  Folio 476, aparece el certificado de tradición del bien con matricula inmobiliaria No 300 - 135847, de propiedad del municipio de Bucaramanga y donde el ente territorial manifiesta que corresponde al bien donde se construyó la estación de Translinea y en la parte correspondiente a la complementación se expresa: “ La Palmera Ltda, adquirió en mayor extensión así: mitad indivisa por aporte de sus

socios TRISTANCHO CARVAJAL HERIBERTO, TRISTANCHO DE REYES

MARY, TRISTANCHO DE CACERES MARIA LIGIA, TRISTANCHO DE MUTIS

AMIRA, TRISTANCHO DE VALEK ANITA, y TRISTANCHO CARVAJAL RODRIGO, mediante escritura pública No 3450 del 28 de diciembre de 1965, de la Notaría 3 de Bucaramanga, registrada el 25 de enero de 1.966 (…) y mitad indivisa restante, por transferencia que le hizo Tristancho Pedro Vicente, a título de dación en pago de parte del valor de una renta vitalicia, a cargo de esa sociedad y a favor de aquel, mediante escritura No 2633 del 29 de diciembre de 1.966. Este terreno fue segregado del predio EL DIAMANTE, que TRISTANCHO PEDRO VICENTE. En la anotación No 1 figura la cesión que la sociedad LA PALMERA LTDA hiciera al Municipio de Bucaramanga, mediante Escritura Pública No 2067 del 30 de junio de 1.967. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero  En la Escritura Pública No 2067 del 30 de junio de 1.967, (folios 832 a 833 del cuaderno principal) antes mencionada, se indica que se cede a favor del Municipio de Bucaramanga el derecho de dominio y posesión que tiene sobre las zonas de terrenos del primer sector de la urbanización “EL DIAMANTE I” y en los folios 832

a 833 se destaca lo siguiente: “ PARQUES: Un globo de terreno en forma irregular con un área aproximada de 40.540 M2, comprendido entre las carreteras que de Bucaramanga conduce Floridablanca y la autopista en construcción que de Bucaramanga conduce Floridablanca y el perímetro sur de la calle 96 de la futura urbanización “El Diamante” y la cerca al borde del barranco que sirve de lindero a los predios materia de esta urbanización(…) (…) SEGUNDA. El área total de las zonas verdes es en la urbanización de 40.540 M2, que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 103 de 1.950, de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, parte séptima, referente a urbanizaciones se declara que siendo de 88.40 M2 el área total de la Urbanización El Diamante y el área para zonas verdes que mediante el presente instrumento se ceden al Municipio en forma gratuita, lo que equivale al 45.48% del área total citada al comienzo de este punto, se consideran cumplidas las disposiciones legales.”  En la audiencia de pruebas llevada a cabo el 1° de diciembre de 2016, se tomó el testimonio de Claudia Patricia Olaya Galvis (fls 835 del cuaderno principal) profesional especializada de la Oficina Asesora Jurídica de Metrolínea, señala que Metrolinea, al momento de iniciar la construcción de la Estación de Transferencia de Provenza, fuera propiedad del Municipio de Bucaramanga y esta propiedad se acreditó, con la cesión que en su momento hiciera la constructora LA PALMERA LTDA del 45% del área del lote donde se construyó la urbanización El DIAMANTE

I y el DIAMANTE II en el año de 1.967. En el estudio de títulos que manifiesta la testigo Olaya Galvis realizó el municipio, concluyó que el último título registrado en el folio No 300 – 180522, fue la Escritura Pública No 2067 de 1.967, por medio de la cual la ciudad de Bucaramanga adquiere el terreno por medio de la cesión que hiciera la sociedad LA PALMERA LTDA. Igualmente indicó la Doctora Olaya Galvis que la Dirección de Infraestructura de Metrolínea verificó que el alinderamiento del área de cesión ,coincidiera con el lugar donde se realizó la obra. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero 2.4. Caso concreto Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede esta Delegada del Ministerio Público, a emitir su concepto tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, fechada el 19 de octubre de 2017, de conformidad con las normas vigente para la época en que se presentaron los hechos, dentro de la presente acción de reparación directa, y bajo los siguientes argumentos:

2.4.1. De acuerdo al material obrante dentro del sub lite, se observa que el tema es un asunto de prueba en torno a si, el área donde se construyó la Estación de Transferencia de Provenza era de propiedad de los demandantes, o si por el contrario, de propiedad del municipio. El apelante señala que la construcción se hizo en predio de su propiedad, y alega que se constituyó una ocupación de hecho por parte de la entidad territorial. Aún así se observa, que el apelante únicamente se limitó a expresar dicha situación, y no demostró con prueba alguna que dicha situación se presentó. No hubo un levantamiento topográfico, tampoco un peritaje técnico que demuestre la ocupación de hecho por parte del municipio. Por el contrario, la entidad territorial, si demostró que las áreas donde se construyó la estación del METROLINEA, es de su propiedad y lo probó anexando copia de la escritura de cesión No 2067 del 30 de junio de 1.967, que consta en los folios folios 832 a 833, la cual en unos de sus apartes señala: El área total de las zonas verdes es en la urbanización de 40.540 M2, que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 103 de 1.950, de la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, parte séptima, referente a urbanizaciones se declara que siendo de 88.40 M2 el área total de la Urbanización El Diamante y el área para zonas verdes que mediante el presente instrumento se ceden al Municipio en forma gratuita, lo que equivale al 45.48% del área total citada al comienzo de este punto, se

consideran cumplidas las disposiciones legales.” 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero Con relación a los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado, debemos recordar que el daño, como uno de tales elementos, debe ser antijurídico, es decir que la lesión a un bien o interés jurídicamente tutelado, la persona no está en el deber jurídico de soportar, y el actor, pese a que argumenta la existencia del daño, este no revista las condiciones de cierto concreto y particular, tal como lo argumenta el Tribunal de instancia. Ahora, como se argumenta por parte del accionante que se trata de un daño especial, basta mirar si se acreditaron los postulados de la responsabilidad especial, esto es: La actividad legitima por parte de la administración; que los efectos de la ley recaigan en cabeza de un administrado, rompiendo la igualdad frente a las cargas públicas y un tercer elemento, concretado en la conexión entre la actividad estatal y la ruptura de esa igualdad, supuestos que tampoco encontramos probados. De conformidad con lo anterior, los postulados de esta responsabilidad especial no se configuran en el presente caso, pues el actor no demostró ser propietario del predio que alega fue ocupado ilegalmente por la entidad territorial. Este predio lo adquirió el

municipio debido a la cesión que tuvo que hacer la constructora en su favor, como consecuencia de la construcción de la Urbanización EL DIAMANTE I y II, obligación consagrada en el Decreto No 103 de 1.950, expedido por el Municipio de Bucaramanga. Fue en virtud de este decreto 103 ibídem que para el momento de los hechos, (junio de 1.967) que la entidad territorial se hizo propietaria del predio donde posteriormente se construyó la infraestructura del Sistema de Transporte Masivo de Bucaramanga. 2.4.2. El actor pretende mediante una acción de reparación directa, justificada en una peculiar “ocupación legal” del predio para la construcción de la Estación de Transferencia La Provenza, y en su escrito de apelación señala que, se trata de predios distintos a los que fueron objeto de cesión. Sin embargo, se observa que no aportó prueba alguna que señalara tal situación, como por ejemplo un peritaje, un levantamiento topográfico. Tan sólo hubo una manifestación de su parte, aislada de un medio de prueba que demostrara su propiedad sobre el predio. Contrario a lo anterior, figura en el acervo probatorio la escritura 2067 de 1967, que fue objeto de inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 300135847 y allí aparece claramente la cesión del 48% del predio original al municipio y 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No 61.050 68001233300020130057503 Jaime Castro Borrero el área restaste, fue utilizada por la constructora LA PALMERA LTDA para la construcción de la Urbanización El DIAMANTE I y DIAMANTE II, de manera que, no se entiende cómo el actor pretende acreditar dominio sobre el predio objeto de controversia, pues unido a lo anterior, alega titularidad sobre el predio mediante el certificado de tradición No 300 – 180522, el cual es totalmente distinto al que allegó la entidad territorial, esto es, el 300135847, donde figura registrada la respectiva escritura de cesión No 2067 ya mencionada. 2.4.3. De esta manera es claro para el Ministerio Público, que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Santander, es acertada, con relación a la responsabilidad de los demandados, y en atención a lo anterior, y de acuerdo a que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la aplicación de la ley, en el presente caso, no se demostró el daño, razón por la cual, esta Delegada solicita CONFIRMAR la sentencia apelada.

III. CONCLUSIÓN De conformidad con la normatividad citada, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones hechas en este concepto, podemos decir que no se encuentran demostrados los supuestos de la responsabilidad extracontractual imputados a las entidades estatales, por lo tanto solicita al Consejo de Estado CONFIRME, la sentencia recurrida, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

Del Honorable Magistrado,

CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. proc.4a.del.consejodeestado@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procur