PGN - Documento 202001271600200

Le da alcance al art. 18 de la la Resolución 17 de 2000

CIRCULAR NÚMERO 0051

DE: PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

PARA: PROCURADORA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA

DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ETNICOS,

PROCURADORES REGIONALES, PROVINCIALES, DISTRITALES,

JEFE DE DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL Y

CORRESPONDENCIA.

FECHA: 28 SET. 2005

El Procurador General de la Nación, considerando: Que conforme a lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 7º del Decreto Ley 262 de 2000, corresponde al Procurador General de la Nación "Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas, y circulares necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley". Que según el artículo 24, numeral 5° del Decreto Ley 262 de 2000, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 18 de la Resolución No. 017 de 2000, a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos le corresponde "Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas". Que según !o establecido en el numeral 6 del artículo 26 del Decreto Ley 262 de 2000 en concordancia con lo prescrito en el artículo 20 de la Resolución 017 de 2000, a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y

Asuntos Étnicos compete "Recibir y remitir a las autoridades competentes las denuncias que formulen organismos nacionales o internacionales o los particulares sobre la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y realizar el seguimiento y trámite de las mismas". Que en desarrollo de la referida competencia la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, viene tramitando las denuncias y solicitudes de intervención relacionadas con la protección de personas que se encuentran en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno, a fin de ejercer las respectivas acciones de seguimiento preventivo. Que en materia penitenciaria y carcelarla la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos cumple funciones preventivas en defensa de los derechos fundamentales en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de internación psiquiátrica, a fin de que las personas sean tratadas con el respeto debido a su dignidad, no sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica y hospitalaria. Que así mismo, la citada dependencia viene atendiendo los asuntos relacionados con la defensa y protección de los derechos de los grupos étnicos, entendidos por tales, los pueblos indígenas, las comunidades negras, la comunidad raizal del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la comunidad gitana o pueblo Rom.

Que de acuerdo con lo ordenado en los artículos 75-9 y 76-7 del Decreto Ley 262 de 2000, compete a los Procuradores Regionales, Distritales y Provinciales, respectivamente "Intervenir ante las autoridades públicas, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, el patrimonio público o las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos o del ambiente, así como los derechos de las minorías étnicas". Que según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 18 del Decreto Ley 262 de 2000, es función de la División de Registro y Control y Correspondencia "Recibir, clasificar y distribuir los documentos que lleguen a la entidad y remitirlos a los respectivos destinatarios". Que en cumplimiento de esta función, hasta la fecha, la División de Registro y Control y Correspondencia remite a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos todas las denuncias y solicitudes de intervención relacionadas con la protección de personas que se encuentran en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno, así como los relativos a la protección y defensa de los grupos étnicos, y de las personas privadas de la libertad. Que tal situación afecta el funcionamiento de la entidad, pues las labores de gestión preventiva en materia de derechos humanos, que también deben ser ejercidas por las procuradurías territoriales, se han centralizado en la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, impidiéndole a ésta dependencia desarrollar cabalmente las funciones atribuidas por la ley.

Que es necesario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, activar la competencia que en estos casos tienen las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales aplicando lo dispuesto en las citadas disposiciones del Decreto ley 262 de 2000 y el criterio de distribución territorial de competencias. Que para racionalizar el trabajo y permitir el adecuado cumplimiento de las competencias conferidas a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, y a las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales en materia de gestión preventiva se hace indispensable adoptar criterios de selección de tales denuncias y solicitudes, e igualmente fijar las pautas bajo las cuales dichas dependencias deben coordinar sus acciones para el cumplimiento de las funciones de gestión preventiva en materia de derechos humanos.

COMO SUPREMO DIRECTOR DEL MINISTERIO PÚBLICO Y EN CUMPLIMIENTO

DE SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN DISPONE: Primero. La División de Registro y Control y Correspondencia de la entidad recibirá y enviará a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, los documentos contentivos de denuncias y solicitudes de intervención relacionadas con la protección de las siguientes personas que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno: -Dirigentes o activistas de grupos políticos y organizaciones sociales, cívicas y comunales, sindicales, gremiales y de grupos étnicos

-Servidores públicos de elección popular (Congresistas, Ediles, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales), y sus familias -Personeros -Defensores y activistas de organizaciones de derechos humanos -Miembros de la Misión Médica. -Periodistas -Testigos de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario -Docentes -Desmovilizados y reinsertados Segundo. La División de Registro y Control y Correspondencia de la entidad igualmente remitirá a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos las denuncias y solicitudes relacionadas con desaparición forzada y medidas cautelares decretadas por organismos internacionales, así como la correspondencia de las organizaciones internacionales que promueven la defensa y protección de los derechos humanos. Tercero. La División de Registro y Control y Correspondencia de la entidad también remitirá a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos los asuntos relacionados con los derechos de los grupos étnicos que por su naturaleza deban ser tramitados ante las autoridades del orden nacional. Cuarto. La División de Registro y Control y Correspondencia de la entidad remitirá a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, los casos relacionados con la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, que deban ser tramitados ante las autoridades del orden nacional como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los Ministerios del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores , Hacienda y Crédito Público, Protección Social, Policía Nacional y autoridades judiciales.

Quinto. La División de Registro y Control y Correspondencia de la entidad recibirá y enviará a las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, los documentos contentivos de denuncias y solicitudes de intervención relacionadas con la protección de personas que se encuentren en situación de riesgo inminente contra su vida, integridad o libertad, por causas distintas a la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno, y cuando independientemente de esta circunstancia además sea evidente que la denuncia o solicitud deba ser atendida por las autoridades del nivel territorial. Se remitirá a las mencionadas Procuradurías, los casos relacionados con la protección y defensa de los grupos étnicos, cuando estos deban ser atendidos por las autoridades del orden regional o local. Igualmente, los asuntos relacionados con quejas y solicitudes de protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Así mismo, enviará a las procuradurías territoriales los asuntos relacionados con el fenómeno del desaparecimiento que se refieran a temas sectoriales de esa jurisdicción como por ejemplo, atención humanitaria, atención en salud, educación, proyectos productivos. Sexto. La Procuraduría Delegada para la Prevención en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos en coordinación con las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales establecerá los protocolos de gestión preventiva y las demás medidas que se juzguen pertinentes para guiar la intervención de dichas procuradurías, e implementará también los mecanismos que deban ser utilizados para evaluar el nivel de atención y respuesta por parte de las autoridades públicas de los niveles nacional y territorial.

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación