PGN - FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Justificación de su inasisten

Bogotá, D.C., enero 10 de 2001 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E.S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1o. parcial) de la Ley 573 del 2000 "mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución.

Actor: BLANCA CECILIA ENRÍQUEZ BAQUERO

Magistrado Sustanciador: Dr. CARLOS GAVIRIA

Expediente No. D-3251 Concepto No. 2394 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Ley Fundamental, desarrollados por el Decreto 2067 de 1991, procedo a rendir concepto en el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6 y 242-1 de la Constitución Política, la ciudadana BLANCA CECILIA ENRÍQUEZ BAQUERO ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 1o. de la Ley 573 del 2000.

II. NORMA ACUSADA El texto de las disposición demandada es el siguiente: "Ley 573 del 2000

(febrero 7) "Artículo 1o. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que, en el término de quince (15) días contados a partir de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley

para: (...) "6. Dictar las normas que regulen el servicio exterior de la República, su personal de apoyo, la carrera diplomática y consular, así como establecer todas las características y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal.(Se subraya lo acusado).

III. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE INFRINGIDAS Y FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA La ciudadana BLANCA CECILIA ENRÍQUEZ BAQUERO considera que la norma acusada vulnera los artículos 2o., 113, 123, 150 y 189 de la Carta Política.

Aduce que el Gobierno Nacional en lo exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la Ley 573 de 2000 no expuso razones válidas que justificaran la necesidad y la conveniencia de regular el servicio exterior y la carrera diplomática y consular de la República, pues estas materias ya estaban reguladas por el Decreto Ley 10 de 1992 y las relaciones internacionales de la última década no han exigido que se ajuste el servicio exterior y la carrera diplomática y consular de las naciones. Sostiene que tanto la Constitución Política como el Decreto Ley 10 de 1992 consagran todas las normas y principios en los cuales debe fundamentarse la función pública, el servicio exterior y la carrera diplomática y consular. Agrega, que aun cuando el Gobierno en la exposición de motivos de la ley de facultades se refirió a la especialidad de la carrera diplomática y consular, la Corte Constitucional en la sentencia C-129 de 1994 ya había efectuado esa consideración, así como la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto No. 1047 del 13 de noviembre de 1997.

Manifiesta que el Gobierno en su proyecto de ley también alude al punto de vista político en cuanto a las oportunidades que se le abren a Colombia frente a la comunidad internacional en la actual coyuntura de la diplomacia para la paz; pero, este argumento no justifica la nueva regulación de la carrera diplomática y consular porque se trata de una política coyuntural y si se otorgasen facultades para atender situaciones meramente coyunturales se generaría una enorme inseguridad jurídica y una gran incertidumbre en la función pública. En consecuencia, considera que el gobierno se extralimitó en sus funciones al solicitar las facultades extraordinarias para regular materias que ya estaban reguladas; además considera que desde el aspecto de la conveniencia las facultades extraordinarias tampoco lo son porque implican un desgaste innecesario del gobierno y de sus recursos financieros y humanos. Destaca que la Carta Política otorga la facultad de crear y señalar funciones especiales a los empleos de la administración central, conforme a la ley; pero en la situación acusada no existe ley que prevea los principios, reglas generales y disposiciones fundamentales para la regulación del servicio exterior y la carrera diplomática y consular. Igualmente, la atribución prevista en los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Carta Política permite crear empleos, señalar sus funciones especiales y modificar la estructura de los ministerios, pero conforme a la ley y con sujeción a los principios y reglas generales que defina, por ello la norma acusada al referirse a la necesidad de dictar normas para regular el personal de apoyo del servicio exterior y disposiciones que sean competencia de la ley referentes a su régimen de personal, también transgrede la Constitución.

IV. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

1. COMPETENCIA La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 241 numeral 4o. de la Carta Política, desarrollado por el artículo 43 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 2067 de 1991.

2. ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA NORMA ACUSADA El artículo 150-10 de la Carta Política faculta al Congreso para revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. En desarrollo de esta disposición, el Gobierno Nacional le solicitó al Congreso de la República facultades extraordinarias, para entre otras cosas, dictar las

normas que regulen el servicio exterior de la República, su personal de apoyo, la carrera diplomática y consular, así como establecer las características y disposiciones referentes a su régimen de personal. En el Proyecto de Ley que el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República y que dio origen a la Ley 573, se expusieron como razones de necesidad y conveniencia para revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar las normas del servicio exterior, las siguientes: "...frente a la necesidad de ajustar el servicio exterior a los cambios que el nuevo orden internacional impone para lograr la efectiva realización de la política exterior de la Nación a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a fin de alcanzar su fortalecimiento y profesionalización, es indispensable replantear los criterios y estructura que rigen actualmente la

carrera diplomática y consular. "En este sentido, deben reexaminarse los pasos y procedimientos de ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los funcionarios, de acuerdo con los criterios de excelencia y el interés fundamental de la realización de la misión encomendada al Ministerio de Relaciones Exteriores en la gestión, coordinación y proposición de la política internacional bajo la dirección del Jefe del Estado. La imperiosa necesidad de ajustar a los parámetros señalados el servicio exterior de la República, se deriva de una parte, de la especificidad técnica y la particular naturaleza de la carrera diplomática y consular, única en su categoría; y de otra, desde el punto de vista político, de las oportunidades que se abren para Colombia frente a la comunidad internacional en la actual coyuntura, en particular frente a la Diplomacia para la Paz que adelanta la actual administración, lo que requiere contar, en el más breve plazo, con una entidad que responda rápida y eficazmente al actual panorama nacional y mundial, con funcionarios especializados, con capacidad de negociación que pueda representar al Estado al más alto nivel en estas sensibles materias..." (Gaceta del Congreso No. 345 del 5 de octubre de 1999, página 5). El texto antes transcrito demuestra que el Gobierno Nacional expuso ante el Congreso de la República las razones de conveniencia y necesidad para modificar las normas que regulaban la carrera diplomática y consular; razones que fueron ampliamente debatidas en el Congreso de la República y que consideró plenamente justificadas, pues no se puede perder de vista que el constituyente le otorgó al legislativo un amplio margen de discrecionalidad para juzgar estas razones. Por ende, la norma acusada cumple con los

requisitos del artículo 150-10 del Ordenamiento Superior, y el hecho de que, en criterio de la demandante, las razones de convivencia y necesidad no se ajustan al contexto internacional no implican transgresión de la Carta Política, pues si el Congreso de la República al debatir las facultades extraordinarias encontró válidas las razones expuestas por el Gobierno y no existe evidencia de que el órgano legislativo hubiese actuado caprichosamente o de manera arbitraria, no puede sostenerse que se desconocieron los preceptos del Ordenamiento Superior. Al respecto la Corte Constitucional ha sostenido: "La necesidad o la conveniencia de conferir facultades extraordinarias al Presidente de la República es un asunto que compete determinar exclusivamente al Congreso, pues sólo a él corresponde decidir si la solicitud que en ese sentido le presenta el Gobierno está plenamente justificada y, por tanto, es indispensable y oportuno aceptarla. De ahí que en este proceso juegue un papel importante el Gobierno por que de la argumentación que éste presente dependerá, en buena medida, la determinación que el legislador ordinario adopte. Sin embargo, ello no significa que la Corte no pueda conocer de demandas de inconstitucionalidad por este aspecto, pues es obvio que en los casos en que sea evidente que tales circunstancias no se presentaron o que el Congreso obró por fuera de los límites exigidos por la Carta, esta Corporación deberá retirar del ordenamiento positivo las disposiciones inconstitucionalmente expedidas. "Es que para efectos de juzgar la necesidad o la conveniencia de conferir facultades extraordinarias al Presidente, el Congreso cuenta con un apreciable margen de discrecionalidad para valorar esos aspectos lo cual,

como lo ha señalado esta Corporación, no significa arbitrariedad. En efecto, ha dicho la Corte: "Es obvio que el Gobierno al solicitar las facultades debe, en el respectivo proyecto de ley, justificar suficientemente las razones que determinan su petición y que al Congreso dentro de la libertad política y la facultad discrecional de que es titular como conformador de la norma jurídica le corresponde sopesar y valorar dicha necesidad y conveniencia, más aún, cuando delega transitoriamente atribuciones que le son propias. Por lo tanto, debe presumirse que si otorgó las facultades es porque halló méritos suficientes para ello, a menos que se demuestre de manera manifiesta y ostensible que aquél obró caprichosamente, a su arbitrio y sin fundamento real alguno. No le es dable, a quien hace uso de la acción pública de inconstitucionalidad utilizar un metro para medir el grado y ámbito de la justificación de las facultades, pues como se dijo antes, existe un margen apreciable de discrecionalidad, que no de arbitrariedad, en cuanto a dicha justificación tanto en el Gobierno como en el Congreso."(Sentencia No. 140 de abril 15 de 1998. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz). Adicionalmente, se debe precisar que el hecho de que los decretos 10 y 2126 de 1992 regulen el servicio exterior no impide que esta materia sea modificada por el Congreso de la República, o en su defecto, por el Jefe del Estado haciendo uso de facultades extraordinarias. Esto último, tampoco implica extralimitación de funciones por parte del este servidor público como lo sostiene la actora, ya que el Presidente de la República

cuando ha sido revestido de las aludidas facultades tiene plena competencia para regular los aspectos de que tratan las mencionadas facultades, bien sea para llenar vacíos legislativos o para introducir modificaciones a leyes existentes. Por ello cabe precisar que, el hecho de que la carrera diplomática y consular tenga carácter especial, no impide que sus disposiciones sean modificadas por el Congreso de la República o por el Jefe del Estado mediante decretos con fuerza de ley. Finalmente, es pertinente destacar que los principios y reglas generales para hacer uso de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 Superior están previstos, en la Ley 489 de 1998, y es con sujeción a estos principios que el Presidente de la República puede hacer uso de las facultades previstas en los aludidos numerales, facultades que difieren sustancialmente de las atribuciones que el congreso le confirió en el numeral 6o. del artículo 1o. de la Ley 573 de 2000. En este orden de ideas, la disposición acusada no transgrede los preceptos de la Carta Política citados por la actora, razón por la cual se solicitará a ese Alto Tribunal que declare constitucional el numeral 6o. del artículo 1o. de la Ley 573 de 2000.

V. CONCLUSIÓN En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación solicita a la Honorable Corte declarar CONSTITUCIONAL el numeral 6o, del artículo 1o. de la Ley 573 de 2000.

De los señores Magistrados,

JAIME BERNAL CUELLAR

Procurador General de la Nación DBM/CPOB/ncdem.