PGN - FALLA DEL SERVICIO PROBADA - Actor debe demostrar los elementos constitutivos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por responsabilidad del Estado en accidente de transito donde mueren y se lesionan miembros del ejercito RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por acción o por omisión El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa en la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores

de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. FALLA DEL SERVICIO PROBADA-Actor debe demostrar los elementos constitutivos Para el caso que nos ocupa, el asunto habrá de resolverse bajo el título de imputación de “Falla Probada del Servicio”, en donde corresponde a la parte actora demostrar sus tres elementos constitutivos como son i) la existencia de un daño antijurídico que hayan tenido que soportar los demandantes, ii) una falla de la administración bien por acción o bien por omisión y iii) la existencia de un nexo de causalidad entre el daño antijurídico y la conducta desplegada por la administración. _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781)

Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros

PROCURADURIA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., Julio 6 de 2.012 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente Sección Tercera - Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF.: Concepto 12-102

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781)

Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros

Demandados: Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional y otros.

Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H.

Consejo de Estado para decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió las súplicas de los demandantes, trámite dentro del cual esta agencia del Ministerio Público en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir concepto de fondo. ANTECEDENTES  La Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa, los actores solicitaron al Tribunal Administrativo de Caldas declarar a LA

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL

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IUS 2012-251878 2 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros administrativamente responsables por la muerte de los soldados

profesionales FABIO AUGUSTO CARDONA HENAO, CARLOS

ANDRÉS GORDILLO ARENAS, EDWIN ERAZO GONZÁLEZ, JOSÉ ILDEBRANDO ARROYAVE TORO y JHON ELVER GRAJALES GRAJALES, así como por las lesiones sufridas por los soldados profesionales JHON FREDY MONTES GIRALDO, DANIEL

ANTONIO GAÑAN BUENO, OSCAR ORLANDO GRISALES MUÑOZ,

RIGOBERTO RÍOS CARDONA, LUIS ALEXANDER BALLESTEROS,

AURELIANO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JHON JAIRO DUQUE

AGUIRRE, HÉCTOR RODRIGO GARCÍA TRUJILLO, ALEXANDER CIRO MORALES, RUBIEL ALEJANDRO GAÑAN TEJADA y ARTURO CASTAÑO SOTO, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el día 4 de marzo de 2002, cuando dichos uniformados eran transportados en un vehículo automotor tipo volqueta de placa OVE-814, el cual era de propiedad del municipio de Salamina – Caldas. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la parte demandada al pago de los perjuicios de índole moral y material ocasionados a los demandantes. Como fundamentos de las distintas pretensiones, se presentaron los que se sintetizan a continuación: Los demandantes manifiestan que los soldados profesionales

FABIO AUGUSTO CARDONA HENAO, CARLOS ANDRÉS

GORDILLO ARENAS, EDWIN ERAZO GONZÁLEZ, JOSÉ

ILDEBRANDO ARROYAVE TORO y JHON ELVER GRAJALES

GRAJALES, JHON FREDY MONTES GIRALDO, DANIEL ANTONIO

GAÑAN BUENO, OSCAR ORLANDO GRISALES MUÑOZ,

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IUS 2012-251878 3 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781)

Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros

RIGOBERTO RÍOS CARDONA, LUIS ALEXANDER BALLESTEROS,

AURELIANO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, JHON JAIRO DUQUE

AGUIRRE, HÉCTOR RODRIGO GARCÍA TRUJILLO, ALEXANDER CIRO MORALES, RUBIEL ALEJANDRO GAÑAN TEJADA y ARTURO CASTAÑO SOTO, para la fecha de ocurrencia de los hechos materia de demanda, se encontraban adscritos a la compañía “Centauro” del Batallón de Infantería No. 22 “Ayacucho” con sede en la Ciudad de Manizales – Departamento de Caldas. Que el día 4 de marzo de 2002, en cumplimiento de una orden de quien para ese momento fungía como Comandante de la Unidad, Capitán FRANCISCO HERRERA CÓRDOBA y con el propósito de contrarrestar la acción de grupos subversivos en la zona, fueron embarcados en una volqueta de placas OVE-814 de propiedad del municipio de Salamina – Caldas, para transportar a los uniformados desde el corregimiento de San Félix a la cabecera del precitado municipio; automotor que le fue facilitado al señor

Capitán HERRERA CÓRDOBA tras varias negativas por parte de la Alcaldía Municipal, siendo finalmente prestado al Ejército Nacional desde el día 2 de marzo de 2002. La volqueta de placas OVE-814 era conducida por el soldado profesional EDWIN ANTONIO CUCUNUBA APONTE -quien contaba con licencia de conducción de 4ª categoría, es decir, no podía operar camiones rígidos como el accidentado, pues para ello debía contar con licencia de 5ª categoría-, se desplazaba por la carrera 6ª con calle 12 del área urbana del municipio de Salamina, cuando por fallas en el sistema de frenos de la volqueta, el conductor perdió el control del vehículo chocando contra un muro, para posteriormente precipitarse a un abismo provocando la muerte de

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IUS 2012-251878 4 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros 5 soldados profesionales y lesiones a los demás ocupantes del automotor.

Dentro de las conductas reprochadas a las demandadas está el hecho de que se infringieron los reglamentos de tránsito, lo que compromete gravemente la responsabilidad del Ejército Nacional, pues la volqueta en la que se transportaba el grupo de militares no es un vehículo autorizado para el desplazamiento de personal; ello, sumado al hecho de que el conductor soldado EDWIN ANTONIO

CUCUNUBA APONTE no contaba con licencia para operar este tipo de automotores. Así mismo, el préstamo del vehículo se hizo en clara contraposición a las instrucciones dadas por los Comandantes del Batallón Ayacucho, entre las que se encontraba la orden expresa de no realizar desplazamientos motorizados sino a pie; además, está el hecho de que la volqueta se encontraba inmovilizada hacía meses por no estar al día con el pago del SOAT (Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito). Que como consecuencia de las distintas fallas imputables a la parte accionada, fallecieron los soldados profesionales FABIO

AUGUSTO CARDONA HENAO, CARLOS ANDRÉS GORDILLO

ARENAS, EDWIN ERAZO GONZÁLEZ, JOSÉ ILDEBRANDO ARROYAVE TORO y JHON ELVER GRAJALES GRAJALES y se causaron lesiones a los soldados profesionales JHON FREDY

MONTES GIRALDO, DANIEL ANTONIO GAÑAN BUENO, OSCAR

ORLANDO GRISALES MUÑOZ, RIGOBERTO RÍOS CARDONA,

LUIS ALEXANDER BALLESTEROS, AURELIANO GUTIÉRREZ

GUTIÉRREZ, JHON JAIRO DUQUE AGUIRRE, HÉCTOR RODRIGO

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IUS 2012-251878 5 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781)

Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros

GARCÍA TRUJILLO, ALEXANDER CIRO MORALES, RUBIEL

ALEJANDRO GAÑAN TEJADA y ARTURO CASTAÑO SOTO.

 La Contestación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional Se opone a las pretensiones de la demanda, argumentando que el daño reclamado no fue causado por acción u omisión de una autoridad pública, pues la actuación del personal de la entidad estuvo acorde con las normas legales. Refiere además, que los daños que pueden sufrir los miembros de las fuerzas armadas, propios de la actividad que cumplen, no constituyen un daño especial, pues si bien estas personas están sometidas a mayores riesgos, es su deber asumirlos en forma voluntaria, teniendo en cuenta que los ciudadanos también tienen que soportar las dificultades y los daños que el control de la situación de orden público les puede ocasionar, y en tales eventos el perjuicio no es antijurídico y por lo mismo, la administración no está en obligación de repararlos. Municipio de Salamina – Caldas Se opuso también a todas las pretensiones formuladas por los demandantes, argumentando que el día 2 de marzo de 2002, ante una posible alteración del orden público, el entonces Secretario de Obras Públicas IVÁN DARÍO VALENCIA ECHEVERRY aceptó prestar una volqueta al Capitán FRANCISCO JAVIER HERRERA

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IUS 2012-251878 6 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros CÓRDOBA, comandante de la cuadrilla del Ejército que se encontraba en el municipio, quien telefónicamente había solicitado dicho préstamo, con el fin de movilizar el personal bajo su mando desde el corregimiento de San Félix hacia el sector de La Palma, advirtiéndole el funcionario del municipio que no había conductor disponible y que además, el automotor debía estar ese mismo día en el parqueadero municipal, frente a lo cual el Capitán HERRERA CÓRDOBA manifestó que tenía quien manejara la volqueta y que se haría cargo de la responsabilidad, abusando el Ejército Nacional del permiso dado por el municipio, pues se quedaron varios días con el automotor sin autorización alguna.

Destaca también, que el conductor de la volqueta soldado profesional EDWIN ANTONIO CUCUNUBÁ APONTE, así como sus acompañantes, estaban al servicio y bajo subordinación y dependencia del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Batallón No. 22 Ayacucho, por lo que en el momento del accidente el poder de dirección del vehículo y del personal que en él se transportaba era responsabilidad exclusiva de dichas entidades, y que el sólo hecho de que la volqueta fuera de propiedad del municipio de Salamina, no puede tener fuerza vinculante suficiente para atribuirle responsabilidad. Llamamiento en garantía Por solicitud del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, fueron llamados en garantía los siguientes señores: EDWIN ANTONIO CUCUNUBA APONTE, quien por intermedio de

apoderado judicial contestó el llamamiento en garantía,

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IUS 2012-251878 7 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros manifestando que si bien conducía el vehículo accidentado, ello obedeció a que se encontraba cumpliendo una orden del Capitán HERRERA CÓRDOBA, por lo que tras un análisis de la situación, se puede concluir que le quedaba muy difícil no acatar la orden de un superior, máxime cuando esta provenía de un Oficial y que, en el caso de que se profiriese sentencia condenatoria en contra del Ejército Nacional, él sea absuelto de toda responsabilidad, pues se encontraba sometido a normas castrenses de carácter especial, por lo que en el caso concreto, no es sujeto de responsabilidad del daño causado.

Por su parte, el Capitán FRANCISCO JAVIER HERRERA CÓRDOBA, no se pronunció en tiempo respecto del llamamiento en garantía.  La Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 14 de octubre de 2.010 i) declaró administrativa y patrimonialmente responsables, en forma solidaria y en proporción equivalente al noventa por ciento (90%) a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y diez por ciento (10%) a cargo del MUNICIPIO DE SALAMINA, por los perjuicios causados a los

demandantes, como consecuencia de la muerte y lesiones sufridas por los soldados profesionales; ii) condenó solidariamente a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL y al MUNICIPIO de SALAMINA, en la proporción arriba señalada a pagar a los demandantes las respectivas indemnizaciones de perjuicios; iii) declaró responsable al señor FRANCISCO JAVIER

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IUS 2012-251878 8 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros HERRERA CÓRDOBA en su calidad de llamado en garantía y en consecuencia, a título de condena deberá rembolsar el cincuenta por ciento (50%) del total del monto que haya de cancelar el MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL; iv) absolvió de responsabilidad patrimonial al llamado en garantía EDWIN

ANTONIO CUCUNUBA APONTE.

Sobre la decisión favorable a las súplicas de las demandas, el Tribunal Administrativo de Caldas manifestó, lo siguiente: “(…) la conducta desplegada por los mandos de la “Compañía Centauro” del Ejército Nacional, fue determinante y eficiente en la producción del daño y que, por tanto, existe un claro nexo de causalidad entre dicha conducta y el daño ocasionado a los demandantes, pues de no haber faltado al deber u obligación de cuidado que

les era exigible, se habría interrumpido el proceso causal que desembocó en la muerte y lesiones de los miembros del Ejército mencionados al inicio de ésta providencia. Encuentra entonces la Sala demostrada la imputación jurídica del daño sufrido por los demandantes a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en atención a que se probó la falla del servicio de la parte demandada, consistente en un defectuoso proceder, respecto de la ejecución de una orden de operaciones. (…) En efecto, la calidad oficial del vehículo mencionado se encuentra acreditada con el informe de accidente de tránsito visible en folios 444 a 446 del cuaderno 2B, a lo cual se suma la aceptación del propio Alcalde del municipio de Salamina en el sentido de que se facilitó el préstamo de la volqueta para el desplazamiento de los soldados pertenecientes a la compañía “CENTAURO” bajo el mando del Capitán del Ejército Nacional, Francisco Javier Herrera Córdoba. Si bien es cierto, para el momento en que se produjo el accidente de tránsito en el que resultaron lesionados los demandantes, la volqueta de placas OVE-814 se

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IUS 2012-251878 9 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros encontraba bajo la tenencia material del Ejército Nacional,

no lo es menos, que el ente territorial, como propietario del vehículo, debe responder por los daños que con él se ocasionen. (…) No obstante lo anterior, considera igualmente la Sala que en el sub lite se presentó una falla en el servicio por parte del municipio de Salamina, en cabeza de su alcalde, pues como primera autoridad de tránsito del municipio, conforme a lo establecido en el numeral 4º del artículo 3º del Decreto 1344 de 1970 (Código de Tránsito vigente para la época de los hechos), debía velar por el estricto acatamiento de las normas de tránsito en su respectiva jurisdicción y no, como en efecto se hizo, auspiciando el incumplimiento de varias de éstas al permitir que los miembros del Ejército Nacional se desplazaran en un vehículo de carga no acondicionado para el transporte de pasajeros y con el Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT) vencido. Así las cosas, en criterio de la Sala y ante el anterior panorama, no existe duda alguna de que el Municipio de Salamina, quien ha sido denunciado en el pleito por parte del Ejército Nacional en el trámite del presente proceso, ha de responder solidariamente junto con éste último en un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) de la condena total que se imponga respecto de los perjuicios ocasionados a los demandantes. El restante noventa por ciento (90%) corresponderá al Ejército Nacional, en su condición de responsable directo de velar por el cumplimiento de las garantías y normas de seguridad en las labores desempeñadas por sus miembros. (…)”

 La apelación Los apoderados de los demandantes interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas con miras a que ésta sea modificada, para que se declare administrativamente responsable únicamente el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, para que sea

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IUS 2012-251878 10 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros solamente ésta entidad la que responsa por el pago de las indemnizaciones de perjuicios de los demandantes.

El municipio de Salamina solicita ser absuelto, pues su responsabilidad solamente iba hasta el préstamo del vehículo al Ejército Nacional para el desplazamiento solicitado el día 2 de marzo de 2002, pero que fue el Ejército quien abusivamente siguió haciendo uso irresponsable del vehículo hasta el día 4 de marzo. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por su parte manifiesta que las muertes y lesiones de los soldados profesionales ocurrieron en el servicio, por causa y razón del mismo, en una actividad propia del servicio, en donde la institución no los expuso a un daño que no estuvieran obligados a soportar. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, es posible configurar la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto?

ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

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IUS 2012-251878 11 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del

Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de

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IUS 2012-251878 12 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto.

Para el caso que nos ocupa, el asunto habrá de resolverse bajo el título de imputación de “Falla Probada del Servicio”, en donde corresponde a la parte actora demostrar sus tres elementos constitutivos como son i) la existencia de un daño antijurídico que hayan tenido que soportar los demandantes, ii) una falla de la administración bien por acción o bien por omisión y iii) la existencia de un nexo de causalidad entre el daño antijurídico y la conducta desplegada por la administración. CASO CONCRETO En cuanto a la demostración de los tres elementos necesarios para

configurar la responsabilidad administrativa de las demandadas, tenemos que al proceso se allegaron los registros civiles de defunción de los soldados profesionales FABIO AUGUSTO CARDONA HENAO, CARLOS ANDRÉS GORDILLO ARENAS, EDWIN ERAZO GONZÁLEZ, JOSÉ ILDEBRANDO ARROYAVE TORO y JHON ELVER GARAJALES GRAJALES (fls. 5 y 25 c.1A, fl. 21 c.1B, fl. 29 c. 1B y fl. 4 c.1C respectivamente). Así mismo, se aportaron las actas de inspección de cadáver de los precitados soldados profesionales (fls. 458 al 477 c.2B). De igual manera, se aportaron los dictámenes de Medicina Legal relacionados con las lesiones sufridas por los soldados profesionales LUIS ALEXANDER BALLESTEROS, OSCAR

ORLANDO GRISALES MUÑOZ, DANIEL ANTONIO GAÑAN BUENO,

ALEXANDER CIRO MORALES, HECTOR RODRIGO GARCÍA

TRUJILLO, ROGOBERTO RIOS CARDONA, JHON JAIRO DUQUE

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Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781)

Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros

AGUIRRE, AURELIANO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ y JHON

FREDDY MONTES GIRALDO, provocadas en accidente de tránsito ocurrido el 4 de marzo de 2002, cuando se desplazaban como pasajeros en la parte posterior de una volqueta (fls. 661 -681 c. 2C). Está también demostrada la vinculación de los precitados soldados profesionales al Ejército Nacional, de acuerdo con las constancias expedidas por el Jefe de Personal del Batallón Ayacucho, fechadas 22 de abril de 2002, en las cuales se señala también que para el día 4 de marzo de 2002, los arriba mencionados soldados pertenecían a la Compañía Centauro de dicho Batallón y que el comandante de dicha unidad militar era el Capitán FRANCISCO JAVIER HERRERA CÓRDOBA (Fls. 635 a 647 c 2B). Obra también el Informe sobre Accidente de Tránsito con Muertos y Heridos No. 009/ESTSA de fecha 5 de marzo de 2002, suscrito por el Agente de la Policía Nacional VÍCTOR HUGO CARRILLO, del cual es pertinente extractar, lo siguiente: “(…) El segundo pelotón de la compañía CENTAURO, adscrito al Batallón Ayacucho, con sede en Manizales, se desplazaba por la calle 12 con carrera 6, carretera principal – salida a Manizales, en volqueta marca CHEVROLET color rojo fuego, modelo 1990 de propiedad del corregimiento de San Félix, Municipio de Salamina Nit. 90.801131, la cual era conducida por el Soldado Profesional EDWIN ANTONIO CUCUNUBA APONTE quien presentó licencia de conducción 25754-0073685D, cuarta categoría, vigente. Cuando al parecer se quedó sin frenos en el sitio relacionado que es una pendiente chocando contra un muro y cayendo fuera de la vía. Se presentaron 5 soldados muertos, quienes respondían a los nombres de ARROYAVE TORO JOSÉ HILDEBRANDO con cc. 75.150.816 de Manizales, 22 años de edad; CARDONA HENAO

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IUS 2012-251878 14 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros FABIO AUGUSTO, indocumentado, 22 años de edad; ERAZO GONZÁLEZ EDWIN, cc. 79.810.655 de Santa Fe de Bogotá, 24 años de edad; GORDILLO ARENAS CARLOS ANDRÉS con cc. 6.239.881 de Cartago, 23 años; GRAJALES GRAJALES JHON ELIBER (sic) con cc. No. 74.093.630, 22 años de edad.

Así mismo, resultaron lesionados los señores SL. GAÑAN

BUENO DANIEL ANTONIO; SL. DUQUE AGUIRRE JHON JAIRO;

SL. CASTAÑO SOTO ARTURO; SL. CIRO MORALES

ALEXANDER; SL. GRISALES MUÑOZ OSCAR ORLANDO; SL.

GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ AURELIANO; SL. BALLESTEROS LUIS

ALEXANDER; SL. RIOS CARDONA RIGOBERTO; SL. MONTES

GIRALDO JHON FREDY; GAÑAN TEJADA RUBIEL ALEJANDRO; SL. GARCÍA TRUJILLO HÉCTOR RODRIGO (…)” (fls. 441-443 c.2B) Se aportó a la foliatura el informe de accidente con su respectivo croquis, en el que se depositó la siguiente información: “(…) Lugar: Cra. 6 calle 12 Salida de Salamina a Manizales.

Fecha y Hora: Día 04 mes 03 año 02. Hora de ocurrencia: 12:10. Conductor: Edwin Antonio Cucunuba Aponte, porta licencia categoría 04. Vehículo: Volqueta, Placas OVE-814, servicio oficial. Causas Probables: Al parecer se quedó sin frenos, llantas demasiado lisas (…) Observaciones: Al verificar las mangueras que alimentan con líquido de frenos el boster, se encontraron 3 reventadas, 2 negras y una verde. No presentaron seguro obligatorio. (…)” (fls. 444 – 446 c. 2B) Obra además, informe elaborado por el Capitán FRANCISCO HERRERA CÓRDOBA, de fecha 4 de marzo de 2002 (fl. 241 c. 2A), en donde da cuenta de las circunstancias que rodearon el accidente de tránsito en el que resultaron muertos y heridos los integrantes de la Compañía Centauro que se encontraban bajo su mando, en dicho documento se consignó, lo siguiente: “(…) Por medio de presente informo al señor Teniente Coronel Comandante del Batallón Ayacucho los hechos ocurridos el día

04 de marzo de 2002. En donde siendo las 12:20 horas se accidentó la volqueta al mando del segundo pelotón de la compañía centauro con 30 soldados y 03 suboficiales en el municipio de Salamina. No se quien prestó la volqueta en el

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IUS 2012-251878 15 _________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., Pbx 5878750 Exts: 12076-12077-12079-12080

Expediente: 170012331000-2002-01165-02 (41.781) Demandantes: María Consuelo Henao Ramírez y otros municipio de Salamina y eran (sic) para llevar equipos de combate mientras la gente iba a pie lo único que yo se. El señor Comandante centauro 2 se hallaba con su unidad en la parte alta de donde yo me encontraba y yo no tenía visibilidad directa con él. No se que ordenes dio al personal bajo su mando, el hecho está reflejado en el accidente debido a una falla mecánica en la volqueta al perder los frenos en donde se hirieron 03 suboficiales 25 soldados al en una por un (sic) abismo en Salamina. (…)” Informe rendido por la alcaldesa del municipio de Salamina de fecha 15 de abril de 2002, relacionado con el préstamo de la volqueta de placas OVE-814 a la unidad del Ejército (obrante a folios 599-600 del c. 2A),en donde se dijo que: “(…) Entre las 8 y 9 de la noche del día sábado 2 de marzo del año en curso, el Secretario de Obras Públicas, señor IVAN

DARÍO VALENCIA ECHEVERRY, recibió una llamada del señor Corregidor de San Félix y del Cabo Correa (desconocemos su nombre completo) del Batallón Ayacucho, e la cual manifestaron que tenían informaciones que miembros del frente de las FARC que opera