PGN - FALLA DEL SERVICIO - Restricción al derecho fundamental a la libertad

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Falla del servicio/DAÑO ANTIJURÍDICO-Se omitió analizar debidamente las pruebas e investigar a fondo el asunto Para esta Delegada, es acertada la posición del Juez Colegiado de primera instancia, en relación con la responsabilidad que le declaró a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que al hoy accionante le fue precluida la investigación en la resolución del 3 de junio de 2003, por el delito de rebelión, bajo el supuesto de falta de pruebas incriminatorias. Es claro, que el hoy accionante sufrió un daño antijurídico y por tanto surge la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, toda vez que se evidenció en la actuación desplegada por la Fiscalía dentro de la investigación, que una vez más al igual que ocurre en la gran mayoría de los procesos penales, se omitió analizar debidamente las pruebas obrantes e investigar a fondo el asunto con mayores elementos probatorios pertinentes y conducentes para imponer una medida de aseguramiento como lo es la detención preventiva sin beneficio de excarcelación, constituyendo así una evidente falla en la prestación del servicio. Llama la atención, que el fundamento fáctico para definir situación jurídica e imponer medida de aseguramiento, sea con base en un testimonio, que como bien lo explicó la Fiscalía, en la resolución de fecha 3 de junio de 2003, se constituyó como dubitativo e incoherente con otros testimonios, señalando falta de solidez y certeza en las

declaraciones rendidas. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por falla en el servicio/FALLA DEL SERVICIO-Restricción al derecho fundamental a la libertad Es evidente que en el caso que nos ocupa si bien el accionante estaba en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, no lo estaba para soportar una medida injusta de aseguramiento consistente en la restricción al derecho fundamental a la libertad que tiene todo ciudadano, puesto que no sólo se conculca tal derecho sino también se afrenta otros, como es el de la dignidad y la integridad moral, violando de esta forma lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial por falla en el servicio, por la privación injusta de la cual fue objeto el procesado. INDEMNIZACIÓN-Por los perjuicios morales En lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales, constitucionales y jurisprudenciales que se han establecido, según lo estipulado en la sentencia del 28 de agosto de 2013 en relación con la determinación del monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, cuando la privación como en el presente caso, no sea mayor de los seis meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv, parámetro con el que se cumplió en la sentencia de primera instancia, por tanto, con ello se estaría garantizando el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y los principios de igualdad material y dignidad humana. COMITÉ DE CONCILIACIÓN-Mecanismo alternativo de solución de conflictos y para preservar las arcas del Estado/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Por la evidente falla en el servicio Es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las

funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad. Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Fiscalía General de la Nación el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de la falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda. DETENCIÓN PREVENTIVA-Obligación de soportar las cargas públicas según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01

I.J.C.B CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 04 / 2014

Bogotá, D.C., 7 de marzo de 2014. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000200400854 01 (49436)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Luís Antonio Núñez Sandoval y otros.

DEMANDADO: NaciónMinisterio de Defensa-Ejército NacionalMinisterio del Interior y de Justicia-Consejo Superior de la

Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración JudicialFiscalía General De La Nación.

Sentido del concepto: positivo para conciliación / se configuró la falla en el servicio de la entidad demandada. / Si bien todo ciudadano se encuentra en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, no es cierto que tenga que soportar una medida injusta de aseguramiento consistente en la restricción al derecho fundamental a la libertad. / No conciliar cuando existen elementos suficientes, significa para el Comité de Conciliación incurrir en responsabilidades de tipo fiscal y disciplinario. / Deber de incoar la acción de repetición.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor Luís Antonio Núñez Sandoval y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa, consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la NaciónMinisterio de Defensa-Ejército Nacional-Ministerio del Interior y de JusticiaConsejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración JudicialFiscalía General De La Nación, para que se les declare responsables de los daños y perjuicios ocasionados a Luís Antonio Núñez con motivo de la “privación injusta de la libertad” del cual fue víctima, desde el 6 de diciembre de 2002 hasta el 13 de junio de 2003, por el delito de rebelión. 1.2. La contestación 1.2.1. La apoderada de la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia, contestó la demanda, propuso la excepción de indebida representación en la causa por pasiva, en razón a que de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, es el Fiscal General de la Nación, quien tienen la representación de la Nación-Fiscalía General de la Nación, por tanto el Ministerio del Interior y de Justicia no es quien debe comparecer al proceso, toda vez que no es parte integrante de la Rama Judicial, sino de la Rama Ejecutiva del poder público. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B 1.2.2. La apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional, contestó la demanda, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que según se observa el contenido de la demanda, el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, no adelantó proceso penal en contra del demandante, ni ejerció por si atribuciones no instituidas en la Constitución o en la ley para privarlo de la libertad mediante orden de captura o prolongar dicho estado mediante medida de aseguramiento. 1.2.3. La apoderada de la Nación-Rama Judicial, contestó la demanda y se opuso a todas y cada de las pretensiones de la demanda, argumentó que en el caso de estudio la detención del señor Luís Antonio Núñez Sandoval, por parte de las autoridades judiciales, estuvo sustentada en normas tanto procedimentales como sustantivas del ordenamiento penal, ya que existía una investigación que condujo adoptar medida de aseguramiento, según la naturaleza y punición del hecho delictivo. Propuso las excepciones de inexistencia de daño patrimonial, falta de legitimidad por pasiva e inepta demanda. 1.2.4. El apoderado de la Nación-Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda, manifestó oposición a las pretensiones de la demanda y argumentó que la actuación ejercida fue legítima, pues en el caso habían pruebas e indicios que en su momento comprometieron la responsabilidad y que justificaron la adopción

de la medida de aseguramiento de detención preventiva adoptada. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, en sentencia datada del 5 de octubre de 2012, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, condenando a la Fiscalía General de la Nación, bajo los siguientes argumentos:  En el asunto sub examine, la resolución de preclusión de la investigación a favor de Luís Antonio Núñez Sandoval, obedeció más que a una duda sobre su responsabilidad, en la falta de pruebas incriminatorias, ya que el informe SIA-2002-621 del 5 de noviembre de 2002, que sirvió de fundamento para la apertura de instrucción con orden de captura en contra de Luís Antonio, estaba basado en el testimonio de un reinsertado, el cual debió ser analizado con mayor profundidad, pues existió duda razonable frente al testimonio desde antes de librar dicha medida, y no esperar llegar a la etapa de calificar el mérito del sumario, y salir con el argumento de que “…esos testimonios son dubitativos, incoherentes, entran en abierta contradicción con lo expuesto sobre tal temática por los testimoniales Víctor Julio Cortes Ortega y Eder Jaider

Orcasita, no siendo lo suficientemente sólidos y certeros para endilgar actividades rebeldes a los sindicados, permitiendo que se presente al respecto dubitación respecto al real acontecer de esas actividades, señalamientos y sindicaciones …”.  Concluyó que la privación de la libertad del señor Luis Antonio Núñez, fue injusta, razón por lo que la Nación-Fiscalía General de la Nación y no de otro órgano del Estado, debe responder administrativa y patrimonialmente por los daños causados con la medida injusta. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B  Respecto a la cuantificación de los perjuicios morales, se ordenó el reconocimiento por el valor de 50 smlmv al señor Luis Antonio Núñez, como víctima directa, a la esposa, madre e hijas la suma de 25 smlmv para cada una. 1.4. Argumentos de la apelación La apoderada de la Nación – Fiscalía General De La Nación, solicitó que se revoque la sentencia, manifestando su inconformidad respecto a la responsabilidad que le fue declarada, ya que fue precisamente en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales que se profirió resolución de medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva contra Luís Antonio Núñez,

por la naturaleza del delito investigado, ajustándose a derecho la imposición de la medida preventiva. En relación con los perjuicios morales tazados, argumentó que la condena se encuentra por fuera de los parámetros consagrados por el Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el cinco (05) de octubre de dos mil doce (2012) por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander? 2.1.2. ¿Los perjuicios morales se encuentran tasados de acuerdos a los parámetros fijados por la jurisprudencia actual?

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B 2.2. Marco teórico. Premisa normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política y en lo establecido por el Consejo de Estado, que ha puntualizado los siguientes presupuestos: a). Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia

del servicio. b) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable. c) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización. 2.2.3. La obligación de soportar las cargas públicas, en materia de detención preventiva. Al respecto el Consejo de Estado sintetizó que a los asociados les corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación, sin embargo adicionó que “carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.” Ya que “en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley”, 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B toda vez que “No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio1. 2.3. Las pruebas obrantes. Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se adjuntaron los siguientes documentos:  Copia de la resolución de apertura de instrucción de fecha 5 de diciembre de 2002, en contra de Luís Antonio Núñez y otros, como coautores del punible de rebelión, expedida por el jefe de la URI-Bucaramanga (fls. 29-35 anexo 1).  Copia del acta de diligencia de captura del señor Luís Antonio Núñez, practicada en Girón por el CTI de la Fiscalía, el día 6 de diciembre de 2002

(Fl. 71 anexo 1). 1 Nota de la sentencia citada: Sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se pronunció esta Sala en sentencia del 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, extendiéndola a casos en que la absolución se ha producido por razones distintas a las previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y concretamente por aplicación del principio in dubio pro reo. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B  Copia de la resolución de fecha 16 de diciembre de 2002, expedida por la Fiscalía 26 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bucaramanga, por medio de la cual se decretó medida de aseguramiento en contra de Luís Antonio Núñez, consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, por el ilícito de rebelión (Fls 135-142 anexo 1).  Copia de la resolución de fecha 3 de junio de 2003, expedida por la Fiscalía 26 de la Unidad Seccional de Bucaramanga, por medio del cual se procedió a calificar el mérito de la investigación con preclusión de la investigación a favor de Luís Antonio Núñez, y en consecuencia decretó la

libertad inmediata e incondicional (Fl. 165-176 anexo 5).  Todas las demás que se encuentran relacionadas en la sentencia apelada. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación:  Para esta Delegada, es acertada la posición del Juez Colegiado de primera instancia, en relación con la responsabilidad que le declaró a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que al hoy accionante le fue precluida la investigación en la resolución del 3 de junio de 2003, por el delito de rebelión, bajo el supuesto de falta de pruebas incriminatorias.  Es claro, que el hoy accionante sufrió un daño antijurídico y por tanto surge la responsabilidad administrativa de la entidad demandada, toda vez que se 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B evidenció en la actuación desplegada por la Fiscalía dentro de la investigación, que una vez más al igual que ocurre en la gran mayoría de los procesos penales, se omitió analizar debidamente las pruebas obrantes e investigar a fondo el asunto con mayores elementos probatorios pertinentes y conducentes para imponer una medida de aseguramiento como lo es la

detención preventiva sin beneficio de excarcelación, constituyendo así una evidente falla en la prestación del servicio. Llama la atención, que el fundamento fáctico para definir situación jurídica e imponer medida de aseguramiento, sea con base en un testimonio, que como bien lo explicó la Fiscalía, en la resolución de fecha 3 de junio de 2003, se constituyó como dubitativo e incoherente con otros testimonios, señalando falta de solidez y certeza en las declaraciones rendidas.  Teniendo en cuenta ello, es evidente además que en el caso que nos ocupa si bien el accionante estaba en la obligación de soportar la carga de una investigación penal, no lo estaba para soportar una medida injusta de aseguramiento consistente en la restricción al derecho fundamental a la libertad que tiene todo ciudadano, puesto que no sólo se conculca tal derecho sino también se afrenta otros, como es el de la dignidad y la integridad moral, violando de esta forma lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos.  De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, es posible concluir que en el presente caso se encuentran demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial por 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B falla en el servicio, por la privación injusta de la cual fue objeto el señor Luís Antonio Núñez. Por consiguiente, en lo relacionado con los perjuicios solicitados, cabe advertir que la indemnización otorgada por los perjuicios morales, la misma no es restitutoria, ni reparatoria, pero si compensatoria, lo cual supone igualar el daño en sentido opuesto, con su reparación, reconocimiento que debe sujetarse a los preceptos legales, constitucionales y jurisprudenciales que se han establecido, según lo estipulado en la sentencia del 28 de agosto de 20132 en relación con la determinación del monto de los perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad, cuando la privación como en el presente caso, no sea mayor de los seis meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 smlmv, parámetro con el que se cumplió en la sentencia de primera instancia, por tanto, con ello se estaría garantizando el principio de reparación integral del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y los principios de igualdad material y dignidad humana.  Finalmente es importante resaltar que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, señala que no hay lugar a responsabilidad fiscal ni disciplinaria por conciliar respecto a los Comités de Conciliación, por lo que a contrario sensu si las hay (responsabilidades disciplinarias y fiscales) cuando existiendo elementos probatorios suficientes, basados además en la ley y jurisprudencia, no se facilita la conciliación, significando con el tiempo mayor

incremento de las condenas a reclamar y con ello elevadas cargas económicas contra el erario público, aspecto frente al cual estará atento el Ministerio Público, en cumplimiento de las funciones legales y constitucionales, dentro de las cuales se encuentra la preservación del patrimonio público. En resumen, el artículo mencionado contiene en su 2 Sentencia de fecha 28 de agosto de 2013. Radicación N° 05001233100019960065901. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01 I.J.C.B espíritu, la razón de ser del Decreto 1716 de 2009, lo cual no es un requisito de trámite, sino la norma que facilita un mecanismo alternativo de solución de conflictos y adicionalmente una manera eficaz de preservar las arcas del Estado, que se alimentan de los tributos de la sociedad.  Considera esta Delegada, que el Consejo de Estado, debe recordar a la Fiscalía General de la Nación el deber de incoar acción de repetición, por la evidente configuración de la falla en el servicio, existiendo razones suficientes para presentar la respectiva demanda.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, pues están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial y administrativa de

las entidades demandadas, para considerar viable un acuerdo conciliatorio, en razón al daño antijurídico que sufrió el señor Luís Antonio Núñez con la privación injusta de la cual fue objeto. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable. Así como también el deber de recodar a la entidad responsable la acción de repetición por la evidente falla en el servicio que incurrió. Del señor Consejero, atentamente,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.49436 680012331000200400854 01

I.J.C.B

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co