PGN - FALLA EN EL SERVICIO - No se probó la omisión de la fuerza pública

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio al suspender el servicio de escolta FALLA EN EL SERVICIO-No se probó la omisión de la Fuerza Pública Se constató que la Fuerza Pública sí prestó la protección a la víctima y a su familia, pero que por razones que fueron materia de análisis por parte de la Policía se ordenó la suspensión de dicha seguridad. No es posible que en un Estado social de derecho responsabilizar a éste por todo tipo de circunstancias de allí sugerirse como colorario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro hayan que quedar siempre liberados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si existió falla del servicio y su eventual responsabilidad. Del material probatorio recopilado en el proceso se pudo inferir, de manera convergente y congruente, que cuando el peligro era inminente la Policía actuó acorde a los lineamientos para ese tipo de eventos, y luego de hacer el estudio de seguridad y al no encontrar suficientes los motivos arrojados se le negó el servicio escolta, y se le recomendó que se proporcionara una seguridad privada. Son estas razones suficientes por la cual las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y consecuencialmente la sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Rzo CONCEPTO No. 201 /2012

Bogotá, D.C., 26 de junio de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE DOCTOR MAURICIO FAJARDO GÓMEZ

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200710011 01 (43387)

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACTOR: GLORIA CECILIA VÉLEZ BALBÍN y OTROS

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA

NACIONAL.

Sentido del Concepto: solicitud de confirmación de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. El Estado cumplió con la protección constitucional y legal, por parte de la NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, por lo cual no se causó daño a los demandantes. No se probó la omisión de la Fuerza Pública.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

Los Señores: GLORIA CECILIA PÉREZ BALBÍN, MARÍA CLARISA BALBÍN, RICARDO ALBERTO MOLINA VÉLEZ, CLADIA MARCELA MOLINA VÉLEZ, RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO, mayores de edad, en nombre propio y en representación de sus hijos menores a través de apoderado judicial idóneo, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, para que se declare que son responsables administrativa y solidariamente de la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados con ocasión de la muerte de su compañero permanente, hijo, padre, abuelo y hermano RAMIRO ALFONSO MOLINA BALBÍN en los hechos acaecidos el día 08 de noviembre de 2005 como consecuencia directa de la negligencia, desidia e injuria de las fuerzas de Policía, al negarse obstinadamente a prestarle la seguridad por él solicitada, a sabiendas de que su vida corría un grave e inminente peligro. 1.2. La contestación. 1.2.1. La Nación – Policía Nacional, a través de apoderado judicial. Presentó contestación de la demanda dentro del término legal en la cual se pronuncia con relación a cada uno de los hechos indicando que no les constan y que

deberán probarse. Indica que dentro del presente asunto se demostrará la ausencia de responsabilidad en cabeza de la Policía Nacional, toda vez que no existió 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo omisión, pues aun cuando dentro de los deberes constitucionales se encuentra el de hacer presencia en todo el territorio nacional para proteger la vida, honra y bienes de los colombianos, no puede entenderse esta función como absoluta, para ello requiere de ciertos elementos mínimos para realizar una efectiva defensa de la población. Manifestó que los hechos los cometió un tercero, que la Policía siempre estuvo presta a cumplir con su función.

Propuso como excepciones:

1. Hecho de un tercero: fundado en la conducta de sujetos que nada tienen que ver con la institución.

2. Culpa exclusiva de la víctima: el señor Ramiro Molina debió tomar todas las medidas de seguridad pertinentes, hizo caso omiso a ellas a sabiendas de la cantidad de amenazas que, tanto él como su familia venían padeciendo de tiempo atrás.

3. Falta de legitimación en la causa por pasiva: por cuanto no hubo omisión por parte de la entidad demandada y al no haberla, no debió demandarse.

4. Inexistencia de responsabilidad: basada en la excepción anterior. 1.3. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda, basó sentencia en que para que surja obligación a la entidad pública de reparar 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo un daño es necesario que la lesión sea imputada jurídicamente. Para valorar este punto es indispensable acudir, tanto al desenvolvimiento físico de los hechos, como al deber ser o la conducta ejercida por la administración de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso y los instrumentos al alcance de la institución. El deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, señala que el mismo está contenido en el inciso segundo del artículo segundo de la Constitución Nacional que establece: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el artículo 6

Ibídem establece que: “los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”. De acuerdo con el mandato constitucional, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, de tal manera que omitir el cumplimiento de esas funciones, no sólo genera responsabilidad personal del funcionario, sino además, responsabilidad institucional, que de ser continúa y que pone en tela de juicio su legitimación, por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que disponga para lograr el respeto a la vida y demás derechos fundamentales que tenemos las personas por el solo hecho de existir. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. El apoderado demandante, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia que niega las pretensiones, en donde en términos generales dijo 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo siguiente (Folios471 a 483): 1.4.2. En la demanda fueron aportados varios elementos de prueba, que junto con los recaudados en el proceso, dieron cuenta de los hechos que antecedieron la muerte del señor Ramiro Molina, esto es, del secuestro padecido por el mencionado señor Molina y por su compañera permanente Gloria Vélez en hechos en los que se vieron involucrados miembros de la Policía Nacional; así mismo, con la veracidad de las amenazas que cernían sobre la mencionada víctima y de las incipientes acciones adelantadas por la demandada con posterioridad al secuestro para garantizar los derechos

de las víctimas y de los demandantes. 1.4.3. Solo son valoradas las pruebas que respaldan la decisión denegatoria de las pretensiones de la demanda, las demás pruebas obrantes en el proceso pasan de largo, como pasaron los diferentes precedentes jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado por falla en el servicio de seguridad; incluso pude observarse en la jurisprudencia retomada para soportar la ausencia de impunidad al Estado, pues retoma varias sentencias en las que son negadas las pretensiones por falla en el servicio de seguridad, cuyos supuestos fácticos se caracterizan por las difíciles condiciones de orden público . 1.4.4. Resulta paradójico, que la falladora retome todos los elementos de responsabilidad, las normas constitucionales y legales que soportan el deber de la demandada Policía Nacional de brindar protección y garantía a los derechos de los ciudadanos, que en su desarrollo sobre este tópico retome jurisprudencia que destaca los criterios para declarar la responsabilidad, pero que al momento de analizar el caso en concreto, con 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo ambigüedad aplique los criterios y desconozca los del caso bajo análisis, para soportar su decisión, traduciéndose ello en una lesión directa a los

derechos a la justicia y a la reparación de los demandantes. 1.4.5. Pese a que el señor Molina Balbín, fue objeto de estudio de seguridad, en este procedimiento fueron desconocidos los antecedentes de violaciones de sus derechos al que fueron sometidos éste y su familia por parte del mismo grupo que lo estaba amenazando y que con posterioridad perpetró su homicidio; es decir, que pese a conocer los alcances del grupo guerrillero y la alta posibilidad de materializar sus amenazas, la entidad que realizó el estudio de seguridad restó mérito a la situación; pues al parecer el único funcionario de la Policía Nacional consciente de las circunstancias de externo peligro y vulnerabilidad en que estaban, fue el Brigadier General GALLEGO CASTRILLÓN, quien con efectividad garantizó la seguridad de los demandantes y del señor Molina, hasta que cesó en su cargo.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿La NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, es responsable administrativamente, por haberle suspendido el servicio de escolta a una persona que según el análisis de riesgo presentó un nivel de riesgo

MEDIOBAJO?

7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo 2.1. Marco teórico. Premisa normativa.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.1.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo Deber de Protección del Estado - Hecho de un tercero Resulta pertinente hacer mención a los señalamientos que se han efectuado en punto a la determinación de la responsabilidad estatal por los daños que, siendo inferidos por un tercero, se atribuyen a la falta de protección de la victima1. Así, en sentencia del 3 de febrero de 2000, dijo la Sala2: “el mandato que impone la Carta Política en el artículo 2º. inc. 2º., de que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades…, “ debe entenderse dentro de lo que normalmente se le puede exigir a la administración en el cumplimiento de sus obligaciones o dentro de lo que razonablemente se espera que hubiese sido su actuación o intervención acorde con las circunstancias tales como disposición del personal, medios a su alcance, capacidad de maniobra etc, para atender eficazmente la prestación del servicio que en un momento dado se requiera.”3 Es que las obligaciones que son de cargo del Estado-y por lo tanto la falla del servicio que constituye su trasgresión-, han de mirarse en concreto, frente al caso particular que se juzga, tomando en cuenta las circunstancias que rodearon la producción del daño que se reclama, su mayor o menor 1 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gomez, Bogotá, D.C., Veintitrés (23) De Abril De Dos Mil Nueve (2009),

Radicación Número: 76001-23-31-000-1996-02664-01 (16923) 2 Expediente No. 14.787. Magistrado Ponente Dr. Alier E. Hernández Enríquez. 3 Cita original de la sentencia citada: “Sentencia del 8 de abril de 1998, expediente No. 11837.”

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo previsibilidad y los medios de que disponían las autoridades para contrarrestarlo. Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de dichos medios, surgirá su obligación resarcitoria; si el daño ocurre, pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad.” (Se subraya) 2.2.3. Deber de Protección del Estado – Relatividad Al respecto, en Sentencia Nº 66001-23-31-000-1996-03099-01(14443) de 6 de Marzo de 2008, Sección Tercera, el H. Consejo de Estado dijo: “En relación con la responsabilidad del Estado por la omisión de prestar el servicio de seguridad a sus funcionarios, los artículos 2 y 218 de la Constitución Política, en su orden establecen que “Las autoridades de la

República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, y que a la Policía Nacional corresponde el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo Colombia convivan en paz, deberes que luego se precisaron en la ley 62 de 1993, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional4. De acuerdo con las normas citadas, la razón de ser de las autoridades públicas y en particular la de la Policía Nacional, es la de defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir el cumplimiento de esas funciones genera responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos5. Un repaso de la jurisprudencia de la Sección muestra que la Sala ha considerado que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla

del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, en especial cuando se tiene conocimiento 4 El artículo 1 de dicha ley establece: “Finalidad. La Policía Nacional, como parte integrante de las autoridades de la República y como cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, está instituida para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Así mismo, para el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”. 5 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por

grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la persona la necesitaba, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones6. No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas 7 , en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”8. Aunque, se destaca que esta 6 Ver, entre otras, sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737; 15 de febrero de 1996, exp. 9940; 19 de junio de 1997, exp. 11.875; 30 de octubre de 1997, exp: 10.958 y 5 de marzo de 1998, exp. 10.303 7 Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585. 8 Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de

este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp. N° 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1.977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían (Subrayado fuera de texto) 2.2. Las pruebas obrantes. Supuestos fácticos. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil. Para entrar a determinar y conceptuar frente a la sentencia recurrida, las cuales se encuentran aludidas específicamente en ella.

En su orden son: 2.2.1. Registro de defunción del señor RAMIRO ALFONSO MOLINA BALBÍN, la cual ocurrió el día 8 de noviembre de 2005 (fl 31 C-2) 2.2.2. A folios 235 obra respuesta de exhorto, mediante el cual la Policía Nacional comunica que luego de revisar minuciosamente los archivos no se encontró cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las

avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte

importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho”. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo antecedentes de las solicitudes de protección realizadas por el señor RAMIRO ALFONSO MOLINA BALBÍN, ni se halló copia del estudio de seguridad realizado a él, como tampoco se encontró oficio por el cual se haya ordenado la suspensión del servicio de escolta. 2.2.3. A folios 399 obra oficio 0124, mediante el cual la Seccional de inteligencia Meval de la Policía Nacional, informa “el resultado de las actividades desarrolladas por personal adscrito a la Seccional de Inteligencia con relación al análisis de riesgo del señor RAMIRO ALFONSO MOLINA, señora GLORIA CECILIA VÉLEZ BALBÍN y su hija GLORIA PATRICIA

MOLINA VALLEJO.

El día 04/02/05, se entrevistaron los ciudadanos de la información suministrada y una vez evaluada se concluye que los dos primeros enunciados presentan un nivel MEDUIOBAJO y la última referida un nivel de riesgo BAJO, se imparte la respectiva instrucción y se establecen sugerencias y auto protección”. 2.2.4. A folio 402, obra copia del derecho de petición del 27 de enero de 2005, por medio del cual el señor RAMIRO MOLINA, solicita al Comando de Policía considerar la posibilidad de otorgarle nuevamente una escolta personal para él y su familia. 2.3. Caso concreto 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión en consideración de esta Agencia del Ministerio Público acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia. En su orden son:  Efectivamente, se encuentra probado en el paginario que el día 11 de diciembre de 2002, el empresario RAMIRO ALFONSO MOLINA BALBÍN fue secuestrado. Después de pagar una suma de dinero fue liberado el 12 de diciembre de 2003, y fue asesinado el 8 de noviembre de 2005. El Estado lo

protegió con escoltas desde el 14 de febrero de 2003 hasta el día 12 de diciembre de ese mismo año. Después de una entrevista y de información suministrada y una vez evaluada se concluyó por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburra que presentó un nivel MADIOBAJO de riesgo.  Se constató que la Fuerza Pública sí prestó la protección al señor MOLINA BALBÍN y a su familia, pero que por razones que fueron materia de análisis por parte de la Policía se ordenó la suspensión de dicha seguridad.  No es posible que en un Estado social de derecho responsabilizar a éste por todo tipo de circunstancias de allí sugerirse como colorario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro parlantemente hayan que quedar siempre liberados a la suerte de cada cual.  En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si existió falla del servicio y su eventual responsabilidad. 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co

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050012331000200710011 01 Rzo  Del material probatorio recopilado en el proceso se pudo inferir, de manera convergente y congruente, que cuando el peligro era inminente la Policía

actuó acorde a los lineamientos para ese tipo de eventos, y luego de hacer el estudio de seguridad y al no encontrar suficientes los motivos arrojados se le negó el servicio escolta, y se le recomendó que se proporcionara una seguridad privada.  Son estas razones suficientes por la cual las prensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y consecuencialmente la sentencia objeto del recurso de alzada debe ser confirmada.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del once (11) de noviembre de dos mil once (2011), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, debe ser CONFIRMADA.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 16 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761www.procuraduria.gov.co