PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Se comprobó que el procesado no cometió el ilícito

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad SENTENCIA ABSOLUTORIA-Se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de tipicidad La absolución se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de tipicidad, lo cual es distinto del in dubio pro reo, porque en la sentencia absolutoria a favor del demandante, el Juzgado fundamenta que en el expediente no se encontraba ninguna prueba que demostrara que el sindicado perteneciera o hiciera parte de las milicias de las FARC, pues los testimonios carecen de toda eficiencia probatoria, eran volátiles y no eran demostrativos. De la lectura de la sentencia, se concluye que la detención se basó en conjeturas discriminatorias, pues se basaron en lo dicho por desmovilizados los cuales fueron descartados en el proceso penal por ser poco creíbles al contener sus declaraciones simples comentarios y suposiciones sin más elementos de juicio. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Fue basada en simples especulaciones/FALLA EN EL SERVICIO-Se comprobó que el procesado no cometió el ilícito Observa esta Delegada que la privación de la libertad del señor, fue basada en simples especulaciones lo cual constituye una verdadera falla en el servicio. De hecho tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante lo cual se colige de la lectura de la decisión, al afirmar que la responsabilidad no está demostrada en el grado de certeza requerido, pues no tiene la eficacia probatoria que se requiere para emitir una sentencia

condenatoria. Por lo tanto conforme lo señala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la actuación de la Fiscalía constituyó una falla del servicio, pues para que proceda una medida de esa calibre, exigía que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas recaudadas, indicio que fue mal evaluado por el Fiscal del conocimiento, lo que significa que la privación fue injusta, conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto y de suyo se produjo un fallo, que es cuantificable, según los parámetros de los desarrollos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, el demandante fue privado de manera injusta de su libertad. Es decir que adicionalmente se comprobó que no había cometido el ilícito que le enrostraba. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Positivo para conciliación/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se evidencia responsabilidad del Fiscal De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial, como quiera que la valoración del acervo Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T probatorio allegado y el decreto de la medida de aseguramiento sólo pueden ser atribuibles a la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior dio lugar a la demostración de responsabilidad administrativa, que de suyo permite la conciliación para dar por terminada la controversia en sede judicial. No existe criterio de imputación que permita vincular al Consejo Superior de la Judicatura con la causa desencadenante del daño, pues resulta evidente que mediante la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá el 28 de julio de 2010, se permitió la desvinculación definitiva del señor, del proceso penal adelantado en su contra y el goce inmediato de su libertad personal. Recomienda esta Delegada, que la Fiscalía General de la Nación incoe acción de repetición, porque se evidencia responsabilidad del Fiscal Tercero Especializado UNDH y DIH de Florencia Caquetá, quien fue el que llevó a cabo las etapas de instrucción y acusación en contra del hoy demandante. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T CONCEPTO PARA CONCILIACIÓN No. 35 / 2013

Bogotá, 23 de julio de 2013. Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón.

E. S. D.

EXPEDIENTE: (250002326000201101013 01) (46737)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: José Benavides Alegría y otros.

DEMANDADO: Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la

Nación.

Sentido del Concepto: Positivo para conciliación / Condena por perjuicios morales y materiales en persona privada injustamente de su libertad. / Carencia de pruebas / Falta de rigor jurídico en la construcción de los indicios.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto para conciliación en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T

1. ANTECEDENTES 1.1. La demanda.

El señor José Benavides Alegría y otros, en ejercicio de la acción de reparación directa, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda contra la Nación Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se les

declare administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios morales y materiales originados por la privación injusta de la libertad, de que fue objeto el señor José Benavides Alegría desde el 07 de noviembre de 2004 hasta el 06 de septiembre de 2006. La Fiscalía Tercera Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario impuso medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación al señor José Benavides Alegría por el presunto delito de rebelión y posteriormente el Juez Promiscuo del Circuito de Puerto Rico absolvió al sindicado. 1.2. La contestación 1.2.1. La Nación Rama Judicial, contestó la demanda, a través de apoderada, quien se opuso a las pretensiones de la demanda:  Sostuvo que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico cumplió con su deber legal de tramitar la etapa de juicio como consecuencia de la resolución de acusación proferida por la Fiscalía, frente al cual se absolvió al señor José Benavides Alegría.  Consideró que fue el Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de Puerto Rico quien otorgó la libertad al actor mediante sentencia absolutoria. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T  Concluyó que las autoridades judiciales en el caso del señor José Benavides Alegría han actuado de conformidad con las normas. 1.2.2. La Nación – Fiscalía General de la Nación, contestó la demanda, a través de apoderado, quien se opuso a las pretensiones de la demanda:  Arguyó que en el presente asunto no se configuran los elementos esenciales que permitan estructurar una responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía porque para la época de los hechos correspondía al ente acusador investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores de La Ley.  Sostuvo que en virtud de la competencia legal y constitucional atribuida a la Fiscalía en el caso sub judice se adelantó la investigación en la cual se vio involucrado el señor José Benavides Alegría por el delito de rebelión.  Concluyo que la Fiscalía emitió la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y posteriormente resolución de acusación en contra del demandante, pues se estimó se configuraban los indicios para ello. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca accede a las pretensiones de la demanda mediante sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de 2012 (Fls. 85105 del C. Consejo de Estado) manifestando:  De acuerdo con las pruebas es claro que en este caso se le provocó al demandante José Benavides Alegría al habérsele privado de la libertad de 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T manera injusta por parte de la Fiscalía General de la Nación, entidad que expidió la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra sin haber tenido pruebas suficientes para haberlo vinculado a la investigación.  Arguyó que las únicas pruebas o indicios que tenía la Fiscalía se basaban en una declaración de un testigo, que según lo concluido por el Juez de conocimiento no tenía fundamento verdadero, era volátil y sin eficacia probatoria y era simples acusaciones del testigo.  Concluyó que en el presente caso la privación de la libertad del señor José Benavides Alegría fue injusta, y la responsabilidad es imputable a la Fiscalía General de la Nación quien adoptó la medida sin tomar en consideración que no existía pruebas fehacientes que permitieran la participación del implicado en el delito que se le pretendía atribuir. 1.4. Argumentos de la apelación 1.4.1. La Fiscalía General de la Nación. El apoderado de la Fiscalía, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia argumentando lo siguiente:  Manifestó que la competencia legal y constitucional atribuida a la Fiscalía General de la Nación constituye la expresión de la función del Estado y en ejercicio de esa atribución se profirió resolución de acusación por el delito de rebelión.

 Señaló que el señor Benavides Alegría fue capturado a raíz de una información suministrada por ex militantes del grupo armado FARC. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T  Concluyó que con lo analizado del fallo se puede observar que la actuación de la Fiscalía fue ajustada a derecho y el señor Benavides Alegría tenia que soportar la investigación por el delito que se le imputó como fue el de rebelión.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es posible conciliar a partir de la sentencia proferida el veintidós (22) de agosto de dos mil doce (2012) por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca? 2.1.2. ¿La detención de que fue objeto José Benavides Alegría fue injusta deviniendo de ella un daño antijurídico que no estaba obligado a soportar? 2.2. Marco Teórico. Premisa Normativa. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público:

2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a

la indemnización...”. 2.2.2. Valoración probatoria. Deber de análisis para el funcionario instructor. Tal como se anotará en el numeral posterior, el Fiscal cumplía funciones jurisdiccionales al momento de indagar, vincular y detener a la hoy demandante. Por ello debía atenerse a las reglas del debido proceso y con ello la obligación de valorar adecuadamente el material probatorio, dentro del cual, figuraban denuncias, testimonios. El funcionario instructor en esa medida tenía el deber u obligación de analizar las denuncias, confrontándolos con otras pruebas, a fin de determinar si estos eran suficientes para impartir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, tras el riguroso análisis a que estaba obligado. Respecto a los deberes constitucionales del juez, reiterándose que el Fiscal para entonces cumplía funciones jurisdiccionales, son recordados por la Honorable Corte Constitucional de la siguiente manera: 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T “La afirmación de que el juez constitucional debe guiarse por los principios de la cautela y la discreción cuando se trata del análisis del acervo probatorio debatido en una sentencia impugnada por supuesta violación de los derechos fundamentales, se hace aún más perentoria cuando las pruebas en discusión son

fundamentalmente testimonios. En estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc. Lo anterior significa ni mas ni menos, que solo quien puede valorar los testimonios, previa lectura y confrontación con otras pruebas, teniendo en cuenta la calidad de los testigos, su credibilidad, etc, es única y exclusivamente el Juez y no puede éste delegar tal potestad en cabeza de otra autoridad, mucho menos dejar de lado tal obligación, ateniéndose a las calificaciones presentadas por la Policía Nacional”. 2.2.3. El In dubio pro reo y la carencia de pruebas. Uno de los problemas más frecuentes que se observan dentro del proceso penal es el del manejo inadecuado del in dubio pro reo o duda razonable; situación que se produce en el evento de pruebas, dentro de las cuales unas ofrecen argumentos para proceder a reconocer la responsabilidad penal, en tanto que otras, con igual peso, descartan tal responsabilidad, razón por la cual de vieja data, ante tal incertidumbre se le ofrece al juzgador la posibilidad de absolver, en aplicación a principios universales, de manera tal que la duda se torna favorable para el sindicado. La doctrina informa lo siguiente: “Duda en favor del sindicado, duda favorable. Principio en virtud del cual si tiene duda no puede condenar al acusado por un hecho criminal. Pertenece al elemento de la valoración probatoria y a la duda racional sobre los

elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo. Como tiene dicho la jurisprudencia, este principio sólo entra en juego cuando, efectivamente practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia o, 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T dicho de otra manera la aplicación del referido principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas” Por tanto, para aplicar este principio, debe mediar un análisis suficiente sobre la prueba allegada a la investigación, que no es más que la aplicación sistemática de las normas y principios penales, entre ellos la obligación al operador judicial de la investigación integral de que se trató anteriormente. Distinto es cuando no hay prueba, cuando lamentablemente desde un comienzo el proceso de investigación penal fue huérfano de prueba por la inactividad del funcionario estatal encargado de administrar justicia, pero al momento de hacerse ostensible el error, de manera cómoda, se invoca la presencia de indicios para ocultar dicha inactividad y con ello enmascarar la responsabilidad del funcionario jurisdiccional, cuando ha mediado la detención preventiva. 2.3. Los supuestos fácticos Para el caso concreto, son relevantes las siguientes pruebas allegadas al plenario:  A folios 16 a 33 del cuaderno 2 de pruebas obra copia auténtica de la

resolución del 30 de noviembre de 2004, proferida por la Fiscalía Tercera Especializada UNDH y DIH, por la cual se le impone medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación al señor José Benavides Alegría por el delito de rebelión.  A folios 34 a 63 del cuaderno 2 de pruebas obra copia auténtica de la resolución del 15 de julio de 2005, expedida por el Fiscal Tercero Especializado UNDH Y DIH mediante la cual se resuelve la calificación jurídica al señor José Benavides Alegría y se le acusa por el delito de rebelión. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T  A folio 107 del cuaderno obra certificación del 30 de agosto de 2011 expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelaria de Florencia Caquetá, en la cual relaciona el tiempo que estuvo privado de la libertad el señor José Benavides Alegría.  A folios 69 a 104 del cuaderno 2 de pruebas obra copia auténtica de la sentencia número 098 del 28 de julio de 2010, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá a través de la cual se absolvió al señor José Benavides Alegría.

 Las demás pruebas constitutivas de la declaratoria de responsabilidad, se encuentran debidamente relacionadas en el fallo de primera instancia. 2.4. Caso concreto Realizado el estudio del expediente en su totalidad, se advierten los siguientes aspectos que son de relevancia para otorgar concepto favorable para conciliación:  Del material probatorio legalmente recaudado se concluye que el señor José Benavides Alegría fue privado de la libertad desde el 07 de noviembre de 2004 hasta el 06 de septiembre de 2006.  El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá, mediante fallo del veintiocho (28) de julio de 2010 absuelve al sindicado manifestando lo siguiente: (..) 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T “El Juzgado advierte que las acusaciones hechas por estos declarantes, parecen simples comentarios, no acusaciones relevantes, incluso suposiciones pues al igual que las hasta aquí vistas carecen de toda eficiencia probatoria, de concentración respecto al hecho punible denunciado, esto es la exposición clara y precisa de las circunstancias de tiempo modo y lugar del hecho narrado, igualmente no se encuentra determinada la razón del dicho del testigo o el fundamento de la ciencia, acusaciones que vertidas en tales

circunstancias no permiten la confrontación con otros medios de prueba tal como se ha señalado e impiden el ejercicio del derecho de defensa. Las acusaciones de Gumercindo Hoyos Chinchajoa y Leydi Johana Mosquera Andrade, no pueden ser menos volátiles y sin eficacia probatoria pues atribuye el primero a Jamir Piamba y a José Benavides Alegría la calidad de miliciano porque supuestamente compran mercancía por los lados de campo hermoso. Para la Fiscalía fue suficiente que los deponentes hicieran sucintos relatos de la vinculación de los procesados a la guerrilla a la que le colaboran comprando droga, se contentó con que cada uno hiciera mención de sus nombres o de su supuesto alias, no le interesó determinar el cuando, cómo y donde de los hechos y de su conocimiento, ni de su percepción fue en forma directa o indirecta, aspectos importantes y que deben estar debelados a lo largo de la declaración para tener la eficacia probatoria que se requiere para con base en ellas emitir una sentencia condenatoria.”  De lo antes transcrito se infiere que la absolución se fundamentó en la carencia de pruebas y en falta de tipicidad, lo cual es distinto del in dubio pro reo, porque en la sentencia absolutoria a favor del demandante, el Juzgado fundamenta que en el expediente no se encontraba ninguna prueba que demostrara que el sindicado perteneciera o hiciera parte de las milicias de las FARC, pues los testimonios carecen de toda eficiencia probatoria, eran volátiles y no eran demostrativos.  De la lectura de la sentencia, se concluye que la detención se basó en

conjeturas discriminatorias, pues se basaron en lo dicho por desmovilizados los cuales fueron descartados en el proceso penal por ser poco creíbles al 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T contener sus declaraciones simples comentarios y suposiciones sin más elementos de juicio.  Observa esta Delegada que la privación de la libertad del señor José Benavides Alegría, fue basada en simples especulaciones lo cual constituye una verdadera falla en el servicio. De hecho tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante lo cual se colige de la lectura de la decisión, al afirmar que la responsabilidad no está demostrada en el grado de certeza requerido, pues no tiene la eficacia probatoria que se requiere para emitir una sentencia condenatoria.  Esta Delegada considera acertada la posición del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando manifiesta en la sentencia que: “en el presente caso, las únicas pruebas o indicios que tenía la Fiscalía se basaban en una declaración de un testigo, que según lo concluido por el Juez de conocimiento no tenía fundamento verdadero. Así mismo se observa que el expediente penal se había construido a partir de señalamientos realizados a muchas personas de una misma comunidad de los municipios de el

Doncello y Puerto Rico Caquetá, incluso de personas que ni vivían en la zona donde ocurrió el acto terrorista atribuido a las FARC, basándose en esta forma para imponer la medida de aseguramiento en la simple sospecha generada por la información errada que habrían recogido y no en indicios graves como lo ordena la norma”.  Por lo tanto conforme lo señala el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la actuación de la Fiscalía constituyó una falla del servicio, pues para que proceda una medida de esa calibre, exigía que contra el sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad, con base en las pruebas 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T recaudadas, indicio que fue mal evaluado por el Fiscal del conocimiento, lo que significa que la privación fue injusta, conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto y de suyo se produjo un fallo, que es cuantificable, según los parámetros de los desarrollos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado, el demandante José Benavides Alegría fue privado de manera injusta de su libertad. Es decir que adicionalmente se comprobó que no había cometido el ilícito que le enrostraba.  De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y

teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Delegada del Ministerio Público, al igual que lo consideró el a-quo es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial, como quiera que la valoración del acervo probatorio allegado y el decreto de la medida de aseguramiento sólo pueden ser atribuibles a la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior dio lugar a la demostración de responsabilidad administrativa, que de suyo permite la conciliación para dar por terminada la controversia en sede judicial.  No existe criterio de imputación que permita vincular al Consejo Superior de la Judicatura con la causa desencadenante del daño, pues resulta evidente que mediante la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico Caquetá el 28 de julio de 2010, se permitió la desvinculación definitiva del señor José Benavides Alegría, del proceso penal adelantado en su contra y el goce inmediato de su libertad personal.  Recomienda esta Delegada, que la Fiscalía General de la Nación incoe acción de repetición, porque se evidencia responsabilidad del Fiscal 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46737 250002326000201101013 01 E.A.S.T Tercero Especializado UNDH y DIH de Florencia Caquetá, quien fue el que

llevó a cabo las etapas de instrucción y acusación en contra del hoy demandante José Benavides Alegría.  La Procuraduría General de la Nación en representación de los intereses de la sociedad y como entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado, con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales, a través de esta Delegada solicita sea declarada la responsabilidad patrimonial de la Nación Fiscalía General de la Nación.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público se dan las condiciones suficientes, al comprobarse la responsabilidad patrimonial de la Nación –Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación, pues quedó acreditado el daño antijurídico (Falla del servicio) irrogado al demandante José Benavides Alegría con ocasión de la privación injusta de que fue objeto, por lo cual se considera viable un acuerdo conciliatorio, a partir del reconocimiento que se hizo en el fallo de primera instancia por concepto de perjuicios morales y materiales y por las cuantías establecidas por el a-quo. El Ministerio Público considera que en relación con estos daños, la conciliación resulta viable. Así mismo se recuerda a las entidades incoar la acción de repetición en contra del funcionario mencionado.

Del señor Consejero, atentamente,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co