PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Tasación de los perjuicios

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad FALLA EN EL SERVICIO-La absolución se fundamentó en la carencia de pruebas La absolución se fundamentó en la carencia de pruebas, lo cual es distinto del in dubio pro reo, porque en la resolución el Fiscal señala “que el delito imputado no lo ha cometido”. La privación de la libertad del procesado fue basada en simples conjeturas que constituye una verdadera falla en el servicio. De hecho tampoco se puede hablar de la existencia de indicios, porque el operador judicial en rigor debe explicitar cual es el hecho indicador y cual el indicante, lo cual se colige de la lectura de la decisión al afirmar que fueron conjeturas sobre las que se basó la detención. Por lo tanto conforme lo señala el Fiscal en la providencia absolutoria el delito imputado no lo ha cometido el procesado, lo que significa que fue injusta, conforme a los lineamientos planteados en el marco teórico de este concepto y de suyo se produjo un daño, que es cuantificable, según los parámetros de los desarrollos jurisprudenciales del Honorable Consejo de Estado. Es decir fue privado de manera injusta de su libertad. Es un hecho comprobado. Se trata de que la persona no cometió el hecho punible y se encuentra como uno de los errores que genera responsabilidad por la detención, que se convierte en injusta, es decir una carga que no tenía el deber de soportarla. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Daño antijurídico/FALLA EN EL SERVICIOTasación de los perjuicios Por tanto debe ser declarada la responsabilidad administrativa, de la Fiscalía General de la Nación, por el daño irrogado al demandante y su núcleo familiar, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 86 del C.C.A y 90 de la Constitución Política, revocando en consecuencia la decisión objeto de la apelación ante el Honorable Consejo de Estado. De conformidad con los lineamientos expuestos en el marco teórico y teniendo en cuenta los medios de prueba al expediente, para esta Agencia del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso están demostrados los elementos de la responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía General la Nación. En consecuencia, esta Delegada encuentra plenamente probada la falla del servicio en la que incurrió la Fiscalía General de la Nación, por lo cual considera que se debe REVOCAR el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre y consecuentemente se solicita respetuosamente al H. Consejo la tasación de los perjuicios comprobados a favor del demandante. COPIAS-Tienen valor probatorio siempre que no hayan sido tachadas de falsas Esta Delegada no comparte el criterio aplicado por el a quo al no tener en cuenta las copias simples de los documentos aportados, pues en el presente caso las aportadas por la parte demandante y no soportaron la tacha de falsedad por la parte contraria, razón por la cual para el Ministerio Público deben ser valoradas y tenidas en cuenta dentro del proceso, porque precisamente la copia de todo el proceso penal, eran documentos que en su origen estaban en depósito de la parte demandada, aspecto sobre el cual, es decir de documentos, ya se ha

manifestado el Consejo de Estado. 1 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935

E.A.S.T CONCEPTO No. 235 / 2012

Bogotá, D.C., 21 de agosto de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 700012331000200100277 01 (41935)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: JOSE ANGEL ROCHA ZUÑIGA Y OTROS.

DEMANDADO: NaciónFiscalía General de la Nación - Rama Judicial.

Sentido del Concepto: solicitud de REVOCACIÓN de la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre / Las copias simples tiene valor probatorio siempre que hayan sido aportadas por la parte demandante y no hayan sido tachadas de falsas.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda.

Los señores JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA y NANCY DEL CARMEN ZUÑIGA

URANDO, quienes actúan en nombre propio y en representación de su menor hijo, a 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T través de apoderado judicial, en ejercicio de acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda contra la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL, para que se les declare administrativamente responsables por los perjuicios morales y materiales sufridos a los demandantes, por el procesamiento y detención ilegal de que fue objeto el señor JOSÉ ANGEL ROCHA ZUÑIGA. 1.2. La Contestación 1.2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación, mediante apoderado, contestó la demanda (Fls 55 – 61 C pruebas) oponiéndose a las pretensiones, con base en los siguientes argumentos:  Considera que no existen en el sub lite fundamentos de hecho y de derecho que sirvan de sustento a las pretensiones.  Alega que para que pueda estructurarse responsabilidad patrimonial de un ente público, no basta con que exista una falla del servicio, sino que además, es menester que exista un daño antijurídico sufrido por las victimas y que ese daño sea efecto directo de la falla.

 Expuso que de los hechos narrados en la demanda, los cuales originaron la detención preventiva del actor, ordenada por la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Sincelejo, no puede estructurarse la responsabilidad patrimonial pretendida, por las siguientes razones:  La providencia que impuso la medida de aseguramiento al actor estuvo suficientemente fundamentada en serios elementos probatorios allegados a la investigación penal; en la cual éste mismo tuvo la oportunidad de controvertirlas en observancia del derecho al debido proceso y de contradicción. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T  La absolución que sobrevino a favor del procesado en el trascurso de la investigación que contra él se adelantó, no puede considerarse por sí misma, como constitutiva de responsabilidad patrimonial. Propone como excepciones: La culpa de la propia víctima, culpa exclusiva de un tercero y falta de legitimación por pasiva.  La orden de privar de la libertad al actor, no puede tenerse como abiertamente desproporcionada o arbitraria, ni violatoria de derecho fundamental alguno, sino todo lo contrario, fue una orden legal como quiera que existían, en la investigación penal, pruebas que inducían la culpabilidad del procesado en el delito endilgado. No incurriendo, entonces, la Fiscalía

General de la Nación, en procedimiento ilegal, y no pudiéndosele exigir actuación distinta, no se causó el daño cuyo resarcimiento alegan los actores, la carga que soportó el encartado se encuentra entre los deberes que permiten la organización social.  Concluyó argumentando que pretender, cada vez que se absuelva a un sindicado de la comisión de un punible, compromete la responsabilidad patrimonial del Estado, sería tanto como aceptar que el ente instructor del mismo, no podía adelantar una investigación, lo que a la postre significaría la denegación de la justicia y un flagrante desconocimiento de su potestad punitiva. 1.2.2. La Nación Rama Judicial, a través de apoderado Judicial, (Fls. 26 -32 C. pruebas), se opone a todas las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos:  Adujo, que la medida de aseguramiento librada en contra del entonces procesado, por la imputación del punible de homicidio, estuvo sujeta a las exigencias previstas en el artículo 388 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos ya que se contaba con elementos fácticos y legales que lo inculpaban; actuar de manera diferente era suponer el incumplimiento del ente instructor de su obligación de preservar el orden social, 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T el derecho a la vida y a la integridad personal del fallecido, como el normal funcionamiento de la administración de justicia.  Dijo, que si bien es cierto que luego el señor ROCHA ZUÑIGA fue desvinculado de la investigación seguida en su contra, ello no quiere decir que no ha existido en el momento procesal de la medida preventiva, el indicio grave o las pruebas que ofrecieran serios motivos de credibilidad para soportarla; debiendo recordarse que la Fiscalía no puede emitir un juicio definitivo sobre la responsabilidad de los imputados, sino solamente hacer un juicio provisional, como en el caso sub examen, lo hizo, ceñida al debido proceso y a las normas procesales y penales vigentes, de tal forma que no puede predicarse que la medida que recayó sobre el encartado, fuera injusta o arbitraria.  Corroboradas las pruebas del expediente penal seguido contra el actor, finalizó afirmando, que no se deduce de aquél responsabilidad alguna en contra del Estado, por la detención preventiva proferida en contra del señor ROCHA ZUÑIGA ya que existía una declaración que lo incriminaba como responsable del delito de homicidio por el que se investigó.  Finalmente propuso las excepciones denominadas: 1) Falta de Legitimidad ad Procesum por pasiva; I y 11) la innominada genérica.  Sostuvo que la detención procurada en contra del procesado, aquí actor, no puede tildarse de injusta, si no, por el contrario, que se fundamento en pruebas serias allegadas a la investigación penal, en las que se salvaguardó, además,

los derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción (fls. 196-198). 1.2.3. Intervención del Ministerio Público. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T La Procuradora Judicial ante el Tribunal Administrativo presentó concepto solicitando se acceda a las súplicas de la demanda con los siguientes fundamentos:  Del estudio de las pruebas arrimadas al expediente se concluye que el señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA fue vinculado a un proceso penal en el que le fue proferida medida de aseguramiento, sin que la conducta por él desplegada hubiere sido dolosa o culposa, es más, a su juicio, la vinculación narrada en el sub judice se fundó en meras conjeturas, si se tiene en cuenta que para el día en que se ordenó su detención, la Fiscalía contaba con pruebas de que el sindicado no se encontraba en el lugar de los hechos donde se cometió el homicidio.  Para la Procuradora, los supuestos definidos por la jurisprudencia para endilgar la responsabilidad del Estado, se reflejan en el asunto de marras, así: “-El demandando fue detenido preventivamente por decisión de la Fiscalía General de la Nación (Noviembre 16 de 1998). -Fue exonerado mediante resolución del 18 de febrero de 1999, porque se

consideró que el delito imputado no lo cometió. -El sindicado no determinó la medida de detención con su conducta. Como lo estableció la Fiscalía al precluir la investigación, señalando: "Aunado entonces todos estos testimonio con el resto de pruebas, debemos decir que se estiman creíbles y verosímiles, porque entre ellas hay concordancia ya que las circunstancias de tiempo modo y lugar que describen son similares... Luego si JOSÉ ANGEL ROCHA adujo que no participó en el delito y las dos declaraciones ratifican su dicho, sin duda se le ha variado su inicial situación jurídica a este procesado". La privación de su libertad no tuvo como causa su conducta ni en forma dolosa y culposa”.  Concluyó que la parte demandante sufrió daño en su patrimonio perjuicios morales los que se presumen con la medida, que serían liquidados conforme lo que enseña la jurisprudencia del Consejo de Estado y los perjuicios materiales demostrados así: Como daño emergente, lo pagado a quien lo defendió en la 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T causa penal, según se informa en oficio visible al folio 10 del expediente. El lucro cesante, lo dejado de devengar liquidado en cuantía del salario mínimo vigente para la época y durante el término que duró la privación de la libertad

1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, en sentencia de primera instancia de dieciséis (16) de junio de 2011, negó las pretensiones de la demanda argumentando lo siguiente:  lAnaliza que el título jurídico de imputación "privación injusta de la libertad", eventualmente es atribuible a la Fiscalía General de la Nación, es perfectamente claro que la Nación - Rama JudicialConsejo Superior de la Judicatura no está llamada a responder por unos hechos en los que no tuvo participación alguna, de tal forma que la vinculación material en la causa y una eventual responsabilidad en el sub examen deben mirarse únicamente respecto de la Nación - Fiscalía General.  Argumentó que verificado el expediente, esta Corporación, en providencia calendada 9 de agosto de 2002 (ver fls. 7476) ordenó, a costa de la parte actora, que la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados del Circuito de Sincelejo, remitiera al sub judice copia auténtica de la totalidad del expediente penal adelantado en contra del señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA; no obstante, la parte actora no le hizo seguimiento al mencionado requerimiento, limitándose a adjuntar en memorial visible a folio 104 del libelo, copia simple de la documentación antes aludida (fls. 106-192), con lo cual incumplió la carga procesal que le asistía y que le obligaba a procurar por los medios dispuestos la prueba que soportara lo dicho en su demanda, con las condiciones exigidas en las normas antes transcritas.

 Consideró el Tribunal que una ausencia total del expediente penal seguido por la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales de Sincelejo en contra 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T del señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA y que la copia que reposa en el libelo no reúne los requisitos previstos en los artículos 254 y 268 del Código de Procedimiento Civil.  Arguyó que la demostración de la injusticia del daño causado con la detención, debe ser concluida por el Juez del análisis de las circunstancias específicas que rodearon su asunto, que muestren que el particular que fue objeto de la medida privativa de la libertad, no estaba en el deber jurídico de soportarla; siendo éste el aspecto central del debate que no lograron demostrar los demandantes por la manera como fueron allegados a este proceso los documentos contentivos del proceso penal seguido en contra del señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA.  Concluyó que por deficiencia probatoria no es posible atribuir responsabilidad alguna a los entes accionados, pues es indispensable demostrar, por los medios legalmente dispuestos para ello y con las formalidades del caso, todos los hechos que sirvieron de fundamento fáctico en la demanda y no sólo la mera

afirmación de los mismos; diligencia necesaria para establecer cuál fue la actividad de los entes demandados, que lleve a establecer la existencia del nexo de causalidad entre el despliegue funcional de aquellos y el daño cuyo resarcimiento se invoca.  Advirtió que si bien en el expediente obran otras pruebas, entre ellas testimoniales, éstas no suplen el objeto del expediente penal seguido contra el actor; indispensable para analizar la responsabilidad endilgada a la parte accionada, no se probó por el medio idóneo, que era la aportación en copia autenticada de tal proceso penal. 1.4. Argumentos de la apelación. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T 1.4.1 El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación (Fls. 287288 cuaderno C.E) en contra de la sentencia calendada dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011) proferida dentro del asunto de la referencia por el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre con el objeto de que sea revocada la decisión tomada y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda con los siguiente argumentos:  Considera que en el proceso está demostrado el daño causado al señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA pues fue absuelto conforme al artículo 247 del

Código de Procedimiento Penal, porque existieron grandes dudas que nunca permitieron la certeza del hecho y como consecuencia no fue el responsable del hecho que se le imputaba, hecho este que genera una carga que solo debe soportar el estado mas no lo administrados.  Argumenta que el libelo general de la demanda reúne los presupuestos procesales y probatorios suficientes para que al señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA le sean reconocidos sus derechos y perjuicios causados.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es responsable la Fiscalía General de la Nación por lo perjuicios causados a los actores con ocasión de la detención del señor JOSÉ ÁNGEL ROCHA ZUÑIGA como responsable del delito de homicidio? 2.1.2. ¿Las copias simples tiene valor probatorio cuando han sido aportadas por el demandante y no fueron tachadas de falsas por la parte contraria en el proceso? 2.2. Marco Teórico. Premisa Normativa. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público:

2.2.1. Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” En algunos casos, dichos daños no pasa de ser una expectativa, o es un daño que el administrado pudo evitar interponiendo los recursos pertinentes o simplemente se encontraba en el deber jurídico de afrontar, al respecto el H.

Consejo de Estado ha expresado: ¿La anomalía produce siempre daño antijurídico? No toda falla en la prestación del servicio de Administración de Justicia genera, necesaria u obligatoriamente,

daño antijurídico que deba ser reparado o resarcido. Hay casos en los cuales el comportamiento inadecuado de la Administración de Justicia no se materializa en un efecto real lesivo y por tanto esa falencia real, simplemente se constituye, con relación al efecto que podría producir, en “potencial o expectante lesiva”. Por consiguientes, no basta con que se configure uno de los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso el de “falla del servicio en la Administración de Justicia”; es indispensable que se establezcan los demás: el 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T daño antijurídico y el nexo causal entre aquel y la falencia. Ese daño se entiende como el menoscabo cierto, particular, anormal padecido por la victima en derechos protegidos jurídicamente, y que excede los inconvenientes inherentes a la prestación del servicio”.(sen. De 30 de noviembre de 2000) Consejera ponente María Elena Giraldo Gómez. 2.2.2 Falla del Servicio de la Administración. (…) 1. Constituye el régimen de responsabilidad por falla del servicio, el régimen de derecho común de la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia, y, según reiterada jurisprudencia de la Corporación, para que el Estado pueda ser declarado responsable por falta o falla del servicio se requiere que en autos se

hayan acreditado tres condiciones: La existencia de una falla del servicio; la existencia de un perjuicio, y la relación de causalidad entre la falla alegada y el perjuicio cuyo resarcimiento se pretende mediante el proceso Contencioso Administrativo. “(…)

4. Por ello, la falla del servicio es entonces la violación del contenido obligacional que se impone al Estado, y que puede ser infringido, ya sea porque así se deduce nítidamente de una norma que estatuye con precisión aquello a lo cual está obligado el Estado frente al caso concreto, ya sea porque así se deduce de la función genérica del Estado, que se encuentra plasmada prioritariamente en el artículo 16 de la Constitución Política. Estas dos Maneras de abordar el contenido obligacional en lo que al Estado respecta, y que permitirá concluir que hay falla del servicio cuando la acción o la omisión estatal causantes de perjuicio lo ha infringido, lejos de excluirse se complementan, como pasa a verse para el caso en estudio. “(…) “… se impone al Estado el siguiente contenido obligacional: solo pueden ser detenidas o privadas de la libertad las personas en contra de las cuales haya previo Mandamiento escrito de autoridad competente, o aquellas que se encuentren en el caso de flagrancia o cuasiflagrancia de infracción penal o de policía. Por ello, resulta claro determinar que cuando esa obligación ha sido violada, existe una falla del servicio, pues por demás y de contera, se viola el deber primario de las autoridades consistentes en proteger la vida, honra y bienes de los asociados, enunciado en el artículo 16 de la Constitución Política.

11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T La Ley 270 de 19961 (Marzo 7) -Diario Oficial No. 42.745, de 15 de marzo de 1996preceptúa, en el CAPÍTULO VI. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE SUS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES: “ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. “En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.” “ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley. “ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional

tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.” Según el precedente jurisprudencial aplica el título de imputación falla del servicio cuando se alega daño por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia. En sentencia de 11 de agosto de 2010, radicación 25000-23-26-000-1995-01337-01, expediente 20713, se expresó: “El problema jurídico a resolver en el sub-lite se contrae a la imputación de responsabilidad hecha por la parte demandante a la NACION por la existencia de errores cometidos en la tramitación de un proceso ejecutivo que había culminado con la respectiva adjudicación, a su favor, del bien inmueble embargado que respaldaba la deuda objeto de cobro judicial, a través de remate que, como consecuencia de tales errores, fue declarado sin valor, debiendo recibir la actora, tiempo después, la devolución de la misma suma de dinero que había pagado por el inmueble en la respectiva diligencia de remate. “Para la época en la cual sucedieron los hechos que dieron origen a la presente controversia –octubre de 1992, cuando se produjo la diligencia de remate y adjudicación del bien; diciembre de 1993, cuando se dejó sin valor el remate y febrero de 1994, cuando se devolvió el dinero pagado por la demandante-, aún no se había expedido la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que consagra expresamente los eventos de responsabilidad patrimonial por actuaciones y omisiones de la Rama Judicial, pero sí el artículo 90 de la

1 La Corte Constitucional, en sentencia C-037/96 efectuó la Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, "Estatutaria de la Administración de Justicia". Magistrado ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA. 5 de febrero de 1996. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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700012331000200100277 01 Exp.41935 E.A.S.T Constitución Política, que contiene el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado en general, al establecer que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, entre las cuales obviamente se encuentran las judiciales, quienes con sus actuaciones u omisiones también pueden ocasionar daños antijurídicos a terceros, que por lo tanto están en el deber de reparar. “Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación,

posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996, correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. “En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia. “(…) “En relación con este criterio de imputación de responsabilidad a la Nación, ya la jurisprudencia de la Corporación, de tiempo atrás e inclusive con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 que consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, venía reconociéndolo como una mera modalidad de la falla del servicio 2 : (Resalto y subrayo) 2.2.3. Valor probatorio de las copias. En sentencia reciente dando alcance al principio de la buena fe y la lealtad procesal, la SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. 9 de mayo de 2011. Radicación número: