PGN - FALLA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO - No se probó

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Corresponde al demandante acreditar que la privación de la libertad fue injusta Cuando se depreca declarar la responsabilidad de la administración de justicia bajo el argumento que la privación de la libertad fue injusta, corresponde a la parte actora acreditar el hecho de la privación y la posterior decisión que lo exonera de responsabilidad. Si dicha exoneración se produjo con fundamento en alguna de las causales establecidas en el art. 414 del Decreto 2700 de 1991 (porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible) o por in dubio pro reo strictu sensu, surge la responsabilidad de la administración y, en principio, procede la condena a indemnizar los perjuicios que sean debidamente acreditados. Si la exoneración o preclusión no se da por aplicación del in dubio pro reo strictu sensu respecto de la antijuridicidad o culpabilidad el demandante deberá acreditar una falla en el servicio. Frente a cualquiera de los títulos de imputación, la demandada se liberaría de responsabilidad si demuestra algún evento en virtud del cual pueda entenderse configurada una casual de exoneración. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-No se dan los postulados para declarar responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad Del análisis del acervo probatorio encuentra el Ministerio Público que no se dan los

presupuestos para declarar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad de los demandantes, en tanto que no se probó la falla del servicio y, por ende, que aquélla fuera injusta. Para el Ministerio Público no es factible declarar la responsabilidad de la administración de justicia, habida cuenta que la preclusión a favor de los señores Agudelo y Pérez se produjo porque se probó una casual de inculpabilidad, art. 32-8 del C.P., por lo que se imponía acreditar la falla del servicio, lo que no sucedió. FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO-No se probó Siendo ello, en criterio del Ministerio Público no existió la falla en la prestación del servicio que aduce la demanda en el hecho 22 “por no haberse valorado con criterio de sana crítica las pruebas existentes en el proceso y por el contrario son las mismas pruebas valoradas por el superior jerárquico la que si estructuran la insuperable coacción ajena”. Que el superior al efectuar el estudio de los medios probatorios hubiera arribado a conclusión diferente a la del a-quo no significa per se una falla del servicio, y menos en este caso en el que el análisis de tales pruebas no conducían inexorablemente a una sola respuesta correcta, esto es, la de la insuperable coacción ajena que presenta la parte actora y que llevó a revocar la detención preventiva. PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) En ese orden de ideas no se probó la falla del servicio, lo que impide declarar la responsabilidad por la privación de la libertad de los actores.

PROCURADURÍA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 106 / 2011

Bogotá, D.C., 3 de junio de 2011.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor ENRIQUE GIL BOTERO

E. S. D.

EXPEDIENTE: 40.643 (050012331000 2004 04493 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: IVÁN DE JESÚS AGUDELO Y OTROS DEMANDADO: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 28 de mayo de 20041, en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Iván de Jesús Agudelo Gómez, en su nombre y en el de su hija menor María Camila Agudelo Sánchez; Iván de Jesús Agudelo Jaramillo y Flor María Auxiliadora Gómez Rendón, en su nombre y en el de su hijo menor Juan Carlos Agudelo Gómez; Olga del Socorro Agudelo Gómez, en su nombre y en el de su hija Carolina Cardona Agudelo; Disney Arcesio Pérez Rivillas, Samuel de

Jesús Pérez Hernández y Mary de Jesús Rivillas Correa, demandaron a la Fiscalía General de la Nación, para que se declarara responsable de los perjuicios que se 1 Dentro de los dos años siguientes a la providencia de 12 de junio de 2002 que precluyó la investigación 2 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) les ocasionaron por la privación injusta de la libertad de Iván de Jesús Agudelo Gómez y Disney Arcesio Pérez Rivillas. Solicitaron que como consecuencia se les condenara a pagar a su favor perjuicios materiales y morales. Se adujo que Agudelo Gómez y Pérez Rivillas fueron capturados el 4 de febrero de 2002, sindicados del delito de homicidio de Rubén Darío Zapata Gil y Héctor Darío Castañeda Castro; que el 12 de febrero se les resolvió la situación jurídica decretando medida de aseguramiento de detención preventiva; que los apoderados recurrieron la decisión y pidieron su revocatoria; que la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, mediante providencia de 16 de mayo de 2002 revocó la decisión al considerar que se había estructurado la causal de ausencia de responsabilidad consagrada en el art. 32-8 del C. Penal, insuperable coacción ajena, y ordenó la libertad inmediata de los sindicados. La Fiscalía 78 ante los

jueces Penales del Circuito de Rionegro, en providencia de 12 de junio de 2002 al calificar el mérito del sumario profirió preclusión. Se afirma que la privación de la libertad fue injusta porque no se valoraron las pruebas con criterio de sana crítica y las mismas pruebas fueron valoradas por el superior jerárquico para estructurar la insuperable coacción ajena. 1.2. Contestación de la demandaLa Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Afirmó que la medida de aseguramiento de detención preventiva se aplicaba cuando contra el inculpado resultaren por lo menos dos indicios graves de responsabilidad (arts. 356 y 357 C. de P.P.); que la absolución de los actores no se debió a una actuación indebida por una desacertada valoración de la realidad fáctica o probatoria o una grosera utilización de la normatividad jurídica. Se refirió a los medios de prueba y sostuvo que la detención no resulta injusta ni desproporcionada porque para ese momento se dieron todos los requisitos exigidos por el ordenamiento penal, que otra cosa es que la Fiscalía en segunda instancia realizara una valoración distinta, lo cual es viable (fls. 700 a 705 C. 1). 3 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de

Antioquia2 declaró la responsabilidad de la demandada y la condenó a reconocer por perjuicios morales a favor de Iván de Jesús Agudelo Gómez y Disney Arcesio Pérez Rivillas el equivalente a 80 smlm para cada uno; a favor de María Camila Agudelo Sánchez, Samuel de Jesús Pérez Hernández, Mary de Jesús Rivillas Correa, Flor María Auxiliadora Gómez Rendón e Iván de Jesús Agudelo Jaramillo, 50 smlm para cada uno; y a favor de Juan Carlos Agudelo Gómez y Olga del Socorro Agudelo Gómez 35 smlm. Igualmente la condenó a pagar a favor de Iván de Jesús Agudelo Gómez la suma de $4’573.534 por perjuicios materiales daño emergente por el valor de honorarios pagados a quien lo representó en el proceso penal. Negó las restantes pretensiones. Transcribió apartes de la providencia de 16 de mayo de 2002, que revocó la detención y sostuvo que tras establecerse que no le asiste responsabilidad a los señores Agudelo Gómez y Pérez Rivillas por el delito por el cual fueron sometidos de detención preventiva, se les impuso una carga que no estaban obligados a soportar y de ahí que la privación de la libertad se tornó injusta. 1.4. Apelación.- Las dos partes apelaron la sentencia. La Fiscalía General de la Nación. Alegó que a los actores se les absolvió por duda, por falta de certeza de su responsabilidad en el hecho, requisito para proferir resolución de acusación por lo cual se precluyó; se presentó una diferencia

de valoración de las pruebas de dos instancia lo que no significa que sea arbitrario; que la actuación de la Fiscalía se surtió conforme a las normas que la rigen; y que cuando se decidió la situación jurídica pesaban serios indicios de responsabilidad en la conducta de los investigados, como exigía la ley para ese momento procesal. La parte actora solicitó que se condene a pagar a favor de Iván de Jesús Agudelo, por perjuicios materiales, lo que dejó de percibir por no poder conducir el taxi durante el tiempo que estuvo recluido y que se reconozcan perjuicios 2 Luego de declarar la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado administrativo así como del auto que concedió la apelación contra aquélla (fls. 932 a 942 C. 1). 4 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) fisiológicos o vida de relación al núcleo familiar de Disney Arcesio Pérez.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si la Fiscalía General de la Nación es responsable por la privación de la libertad de los señores Iván de Jesús Agudelo Gómez y Disney Arcesio Pérez Rivillas, a quienes se les profirió medida de aseguramiento de detención preventiva.

Como las dos partes apelaron el fallo de primera instancia se revisa en integridad

el proceso (art. 357 cpc). 2.2. Precedente. De la responsabilidad por Privación injusta de la libertad Sobre el problema jurídico en estudio ya nos hemos ocupado en anteriores oportunidades. En reciente concepto, el No. 012 del 21 de enero de 2011, se dijo: “Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades3, el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita4. 2.2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y a los casos en que se aplique el in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones ocasiones5, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19916 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo 3 Entre otros conceptos del 2010: 19 de enero (006) Exp 37104, 8 de febrero (024) Exp 36291, 16 de junio (145) Exp 37809 y 21 de julio (178) Exp 38365. 4 Concepto 178 del 21 de julio de 2010 Exp. 38895

5 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.; 27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros.

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. 6 [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 5 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias7, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible.

La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19978 y reiterada recientemente9, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia10 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.2.2. Actualmente, la tendencia mayoritaria de la Sección Tercera ha adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C. P. P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa

sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio. “(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el 7 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de

2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros. Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra

Becerra. 8 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 9 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 10 [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”. 6 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el

último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera

parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.” 11 (resalto y subrayo) 2.3. Caso concreto Cuando se depreca declarar la responsabilidad de la administración de justicia bajo el argumento que la privación de la libertad fue injusta, corresponde a la parte 11 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero 7 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) actora acreditar el hecho de la privación y la posterior decisión que lo exonera de responsabilidad.

Si dicha exoneración se produjo con fundamento en alguna de las causales establecidas en el art. 414 del Decreto 2700 de 1991 (porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible) o por in dubio pro reo strictu sensu, surge la responsabilidad de la administración y, en principio, procede la condena a indemnizar los perjuicios que sean debidamente acreditados. Si la exoneración o preclusión no se da por aplicación del in dubio pro reo strictu sensu respecto de la antijuridicidad o culpabilidad el demandante deberá acreditar una falla en el servicio. Frente a cualquiera de los títulos de imputación, la demandada se liberaría de responsabilidad si demuestra algún evento en virtud del cual pueda entenderse configurada una casual de exoneración. 2.3.1.Legitimación Con los registros civiles se acreditó que Iván de Jesús Agudelo Gómez –víctima directaes hijo de Iván de Jesús Agudelo Jaramillo y Flor María Auxiliadora Gómez; hermano de Olga del Socorro y Juan Carlos Agudelo Gómez, padre de la menor María Camila Agudelo Sánchez y tío de Carolina Cardona Agudelo (fls. 634, 637 a 639, 641 y 642 anexo pruebas). Igualmente se probó que Disney Arcesio Pérez Rivillas - víctima directaes hijo de Samuel de Jesús Pérez y Mary de Jesús Rivillas (fls. 649 y 650 anexo pruebas). Así las cosas, todos los actores se encuentran legitimados para accionar, por vía

de reparación directa, por los perjuicios sufridos con motivo de la detención a la que fueron sometidos Agudelo Gómez y Pérez Rivillas. De establecerse la 8 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) responsabilidad de la demandada se estudiará si tales perjuicios se probaron y si, por tanto, hay lugar a indemnización. 2.3.2. Lo probado En punto al valor que tiene las copias, la SECCIÓN TERCERA, en sentencia de 18 de febrero de 2010. Radicación número: 52001-23-31-000-1997-0839401(17933), señala: “Sobre el valor probatorio de las copias, la Sala ha recalcado que, por expresa remisión que el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo hace al régimen probatorio previsto en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la admisibilidad, práctica y valoración de esta prueba documental, es aplicable el artículo 254 de este último, de acuerdo con el cual: “Artículo 254.- [Modificado por el Decreto Ley 2282 de 1989, artículo 1. numeral 117]. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: “1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se

encuentre el original o una copia autenticada. “2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente. “3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.” Norma esta que, como lo ha puntualizado la jurisprudencia, guarda concordancia con el numeral 7º del artículo 115 del mismo estatuto, a cuyo tenor en materia de copias de actuaciones judiciales, “las copias auténticas requerirán auto que las ordene y la firma del secretario”, puesto que se trata, “…de un acto mixto o, si se quiere, de naturaleza compleja, habida cuenta que la autenticación de la copia de un documento que obre en un expediente judicial, reclama la participación del juez, en orden a posibilitar -mediante providencia previaque la copia sea expedida con tal carácter, así como del secretario del respectivo juzgado, quien cumple la función de 'extender la diligencia de autenticación directamente o utilizando un sello', precisando 'que el contenido del documento corresponde exactamente al que tuvo a la vista', según lo establece el artículo 35 del Decreto 2148 de 1983, tras lo cual procederá a suscribirla con firma autógrafa, que es en lo que consiste la autorización propiamente dicha.”12 12 (pie de página de la cita)Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 22 de abril de 2002,

Exp. 6636. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 9 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) (…) tratándose de copias de documentos públicos, para que puedan ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial, deben reunir las exigencias contenidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, entre las cuales se encuentra la diligencia de autenticación, en concordancia con los requisitos contemplados en el numeral 7º del artículo 115 del mismo estatuto procesal. Con otras palabras, las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del C. de P. Civil antes citado.13 Hacen parte del expediente copias de la actuación penal allegadas con la demanda, con sello y la constancia de la secretaría del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro en la que hace constar que las fotocopias son una reproducción mecánica del cuaderno original y que por tanto son auténticas. PROCESO RADICADO NRO. 2002-00062 SEGUIDO CONTRA WILLIAM HERNÁNDEZ ZAPATA –no se allegó el auto que ordenó las copias- (anexo fls 1 a 574 vto.).

Si bien, por solicitud de la parte actora, en el auto de pruebas se ordenó oficiar a la Fiscalía 78 y/o Juzgado para la aportación de la actuación y al respaldo del auto se relacionan los números de oficios de exhortos (fl. 707 a 708 vto. c. 1), en cuadernos anexos aparecen copias simples de ese proceso penal sin oficio remisorio de las mismas. Por lo tanto, e análisis de las imputaciones se efectúa con base en las copias aportadas con el libelo (fls. 1 a 574 c. anexo pruebas). Sobre la privación de la libertad y la preclusión. - El 4 de febrero de 2002 el Comandante de Escuadra de Vigilancia del Departamento de Policía de Antioquia, dejó a disposición del Fiscal Seccional de Rionegro a Iván de Jesús Agudelo Gómez y Disney Arcesio Pérez Rivillas. Se 13 (pie de página de la cita) “…la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para reconocerle él mismo valor probatorio del original es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos….” Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía. 10 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) refiere a dos homicidios en las horas de la madrugada de ese día, al igual que al fuego cruzado entre el taxi y los agentes y la persecución. Señala que cuando localizaron el carro encontraron en él a dos sujetos que dijeron que se rendían que no tenían nada que ver, que habían dejado al escolta del alcalde en el hospital porque estaba herido. Que procedieron a informar por radio la captura de los sujetos y la inmovilización del vehículo, taxi Renault 9 modelo 95 placas TOB 388, las cuales hallaron dentro del carro, afiliado a Aerotaxi, de propiedad de Diego Palacios Rave. Que en el hospital encontraron al agente Hernández Zapata William adscrito a la estación de Rionegro, asignado a la escolta del alcalde municipal y que estaba en vacaciones hasta el 11 de ese mes. - Actas de derechos del capturado firmadas por Pérez y Agudelo. - Orden de encarcelamiento de 4 de febrero de 2002, por las cuales la Fiscalía solicita al director de la Corcel de La Ceja mantener privados de la libertad a Pérez y Agudelo, motivo de la captura: flagrancia. - En acta de inspección del cadáver 018, el testigo de los hechos Orlando de Jesús Serna Escobar dice que a las 2:10 cuando se dirigía a una tienda vio pasar el Renault 9 color amarillo y raya azul, no le vio placas, y vio a esa gente encapuchada con un trapo blanco, eran 3 iban sin camisa, “el de adelante le dijo al de atrás le pegamos, le pegamos”, luego llegó la policía (fl. 14 anexo pruebas).

En la declaración posterior que rindió este señor ante la Fiscalía se ratifica en esos hechos, afirmó que uno le dijo a otro que si lo pegaban, que el de adelante le dijo que lo identificara y lo hiciera tirarse al suelo y hacerle disparos al lado, que el de adelante y el de atrás llevaban la cara tapada (fls. 80 vto. a 82 anexo pruebas). - Por resolución de 12 de febrero de 2002, la Fiscalía 78 delegada ante los jueces penales del circuito de Rionegro, profirió en contra de William Hernández Zapata, Iván de Jesús Agudelo Gómez y Disney Arcesio Pérez Rivillas, la medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos autores responsables de conductas típicas de homicidio agravado contra Rubén Darío 11 PHM Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 40.643 (050012331000 2004 04493 01) Zapata Gil y Héctor Darío Castañeda Castro y ordenó librar las órdenes de detención (fls. 83 a 98 c. anexo pruebas). Señala la providencia como pruebas practicas a inspecc