PGN - FALLO INHIBITORIO - No hace tránsito a cosa juzgada

Concepto N° 075 Bogotá D.C., 7 de abril de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente doctor: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Referencia: 2500023270001999021201

Radicado: 13272

Asunto: Impuesto Predial

Actor: CHICO ORIENTAL NUMERO DOS LTDA. Y

URBANIZACION LAS SIERRAS DEL CHICO

TDA. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7, de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. En los años 1980 y 1978, las sociedades Chicó Oriental Número Dos Ltda. y Urbanización las Sierras del Chicó Ltda., adquirieron una serie de terrenos

ubicados, según nomenclatura del Distrito Capital, en la carrera séptima entre calles 94 y 98.

2. En diciembre de 1983, la Dirección de Catastro Distrital de Bogotá profirió las resoluciones Nos. 40613-A y 40267, a través de las cuales se modificaron las nomenclaturas de identificación de los predios en cita y se reajustaron sus avalúos.

Expediente 13272 2

3. Dentro de la oportunidad debida, las demandantes interpusieron los recursos

correspondientes en vía gubernativa contra las resoluciones Nos. 40613-A y 40267, los cuales no fueron contestados a tiempo, originando así un acto ficto surgido del silencio administrativo negativo.

4. Agotada la vía gubernativa con la ocurrencia del silencio administrativo, las sociedades Chicó Oriental Número Dos Ltda. y Urbanización las Sierras del Chicó Ltda, demandaron ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa las resoluciones Nos. 40613-A y 40267.

5. El 28 de julio de 1994, la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de ese proceso profirió un fallo inhibitorio por inepta demanda, debido a que no se demandó el acto ficto surgido del silencio administrativo negativo.

6. El 17 de junio de 1998, las actoras interpusieron un derecho de petición, dirigido a la Dirección de Catastro Distrital de Bogotá, con el fin de que dicha entidad resolviera los recursos interpuestos contra las resoluciones Nos. 40613-A y 40267.

7. El 16 de julio de 1998, el Director del Departamento Administrativo de Catastro Distrital decidió desfavorablemente la petición de las contribuyentes, mediante el oficio 000474 de fecha 16 de julio de 1998, contra el cual las sociedades peticionarias interpusieron recurso de reposición.

A través del oficio 000501 de fecha 3 de agosto de 1998, la entidad Distrital consideró que dicho recurso era improcedente.

8. Frente a la respuesta de la Administración, las sociedades presentaron un nuevo recurso, que fue contestado por medio del oficio 0544 de fecha 24 de agosto de 1998, precisando que éste junto con el oficio 501, eran

complementarios de la negativa contenida en el oficio 000474 inicial. Expediente 13272 3 Contra todos los oficios anteriormente mencionados, las actoras interpusieron un nuevo recurso que fue decidido negativamente el 3 de noviembre de 1998, a través del oficio 000748.

9. El 13 de noviembre de 1998, las sociedades Chicó Oriental Número Dos Ltda. y la Urbanización las Sierras del Chicó Ltda., acudieron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los oficios antes enunciados y contra un supuesto acto presunto, que se originó por la negativa de la Administración a resolver los recursos que se interpusieron contra el oficio 000474.

10. En sentencia de fecha 6 de marzo de 2002, el Tribunal anuló los oficios demandados y ordenó al Departamento Administrativo de Catastro resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones Nos. 40613-A y 40267, por considerar que al haberse producido un pronunciamiento inhibitorio por parte de la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de fecha 28 de julio de 1994, la Administración Distrital no perdió la competencia para resolver los recursos que dieron origen al silencio administrativo negativo.

11. En desacuerdo con la providencia del Tribunal, el 26 de junio de 2002, el Distrito interpuso recurso de apelación y propuso una nulidad procesal Como sustento de la impugnación, la administración argumentó el desconocimiento de la presunción de legalidad del acto ficto, la pérdida de competencia para resolver el recurso, en virtud del artículo 60 del C.C.A., la

vulneración de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y economía procesal.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el fin de dar prevalencia al principio de economía procesal, esta Agencia del Ministerio Público, antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto ventilado en este proceso, encuentra necesario hacer una serie de comentarios entorno al desarrollo del mismo.

Expediente 13272 4 En ese sentido, esta Delegada debe advertir que la estrategia jurídica adoptada por las actoras, consistente en interponer un derecho de petición, para forzar a la administración a resolver los recursos existentes contra las Resoluciones Nos. 40613-A y 40267, carece de sentido práctico y denota un olvido de las normas procesales, referentes a los efectos de los fallos inhibitorios y a las consecuencias del denominado silencio administrativo negativo. En efecto, con la adopción del camino procesal mencionado por parte de las demandantes, se puso en evidencia a lo largo de todo el proceso, que éstas desconocieron un medio mucho más expedito a través del cual pudieron hacer valer sus pretensiones. De hecho, en virtud del artículo 333 del C. de P.C., (aplicable por remisión normativa expresa del C.C.A.), al no haberse producido el fenómeno de la cosa juzgada en el fallo inhibitorio proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, resulta evidente que, siguiendo lo preceptuado por el artículo 136 No. 3 del C.C.A.,1 le era dado a la actora demandar en cualquier tiempo el acto administrativo ficto y obtener un pronunciamiento judicial entorno al cambio de

nomenclatura y al avalúo de los predios, sin necesidad de tener que esperar un pronunciamiento sobre los recursos interpuestos, ya que el uso del silencio administrativo es una forma de agotamiento de la vía gubernativa. Específicamente, debe resaltarse que tanto en el momento de la expedición de las resoluciones Nos. 40613-A y 40267, por la adopción del Decreto 01 de 1984 (que entró a regir el 1º de marzo de 1984), como en la actualidad, desde la entrada en vigencia del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, era posible demandar los actos fictos en cualquier tiempo, sin tener en cuenta el término de caducidad introducido por el Decreto 2304 de 1989, debido a que esa limitante operó únicamente desde 1989 hasta 1998. En otras palabras, al no ser aplicable el término de caducidad establecido en el Decreto 2304, por el cual los actos fictos sólo podían ser demandados dentro de los 4 meses siguientes al día en que se configuró el silencio administrativo 1 Arículo 136 Nº 3 “ La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo.” Expediente 13272 5 negativo, es claro que aún hoy en día las actoras tienen la posibilidad de acudir al contencioso, sin la necesidad de esperar la resolución de los recursos por parte de la Administración. Por lo expuesto, esta dependencia encuentra que cualquier pronunciamiento que se haga en el presente proceso será superfluo e innecesario frente a la realidad procesal planteada, siempre y cuando lo solicitado por las demandantes a título

de restablecimiento del derecho a fin de agotar así la vía gubernativa, no es necesario para acudir a la jurisdicción, pues esa vía, como ya se ha venido mencionando, se agota también con el uso que se haga del silencio administrativo. Ahora bien, hechas las anteriores observaciones, se procede a estudiar los cargos de la apelación presentados por el Distrito. Desconocimiento de la providencia del superior y violación a principio de la seguridad jurídica. Teniendo en cuenta que el Distrito invocó en la apelación la violación a los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, puesto que, en criterio de la impugnante, la decisión adoptada por el Tribunal desatendió la providencia dictada por la Sección Primera en fecha 28 de julio de 1994, debe recordarse nuevamente que en virtud del artículo 333 del C. de P. C., al no hacer tránsito a cosa juzgada la sentencia inhibitoria, no le está prohibido al juez de instancia volverse a pronunciar acerca de cualquiera de los asuntos ventilados en el proceso que concluyó con decisión inhibitoria, razón por la cual la sentencia recurrida no vulneró en ningún momento el artículo 140 Nº 3º del C. de P.C., ni el principio de seguridad jurídica. Competencia para resolver el recurso que dio origen al silencio administrativo negativo Dado que existe una duda interpretativa acerca de la condición señalada en el artículo 60, inciso 3º del C.C.A., por la cual no se ha podido establecer si la Expediente 13272 6

Administración Distrital perdió o no la competencia para resolver el recurso que originó el silencio administrativo negativo, se procede a establecer el alcance del término “acceder a la jurisdicción” señalado en la norma en cita. Al respecto, se advierte que el término “acceder a la jurisdicción”, aunque de una análisis constitucional un poco forzado podría identificarse con el ejercicio real del derecho de acción2 y exigir por lo tanto la justa composición del litigio a través de una providencia que tenga efecto de cosa juzgada, a la luz de las normas de interpretación, resulta evidente que por el tenor literal del artículo no se permite hacer distinciones donde la ley es clara. (Artículo 27 C.C.). Por ese motivo, este despacho considera que en el asunto bajo análisis, el Distrito perdió la competencia para resolver los recursos mentados, toda vez que las actoras, aunque infructuosamente, demandaron las resoluciones N° 40613-A y 40267, agotando la posibilidad de la Administración para pronunciarse sobre las mismas. Bajo esa interpretación, esta Delegada considera que las resoluciones acusadas no vulneraron el artículo 60 del C.C.A., ni otras normas en las que debían fundarse. Siendo así las cosas y por lo expuesto, esta Agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente se revoque la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, debido a que los actos acusados no quebrantaron disposición legal alguna. Señores Consejeros, con toda atención,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 2 “El derecho de pretender la intervención del Estado y la prestación de la actividad jurisdiccional, para la confirmación o la realización coactiva de los intereses (materiales o procesales) protegidos en abstracto por las normas del derecho objetivo.” (Ugo Rocco) Expediente 13272 7

P: J.M.U.R. y B.U./ R L.B.S.M.