PGN - FALLO SANCIONATORIO - Destitución de alcalde

FALLO SANCIONATORIO-Destitución de Alcalde SERVIDOR PÚBLICO-Relación especial de sujeción Lo anterior se encuentra unido de manera indisoluble al comportamiento que deben observar los servidores públicos. De allí nace el vínculo que los une a la administración pública, por el cual se crea una relación especial de sujeción, que permite como contrapartida, exigirles un buen comportamiento, y en caso de no observarlo, pueden ser materia de reproche y de sanción por tales situaciones, vínculo del cual están advertidos y cuyo compromiso sellan formalmente al momento de tomar posesión del cargo. Además, por corresponder la función o el servicio público a una actividad esencialmente reglada, con el objeto de garantizar el adecuado desempeño de las funciones o la prestación de los servicios, los servidores o quienes cumplen determinadas funciones o servicios, están obligados en todo momento a observar dichas reglas y procedimientos. Solo de esa manera se puede garantizar que se cumplan los cometidos estatales. ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ALCALDES-Conservación del orden público/ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ALCALDES-Afectación del servicio o función El comportamiento desplegado por el entonces alcalde municipal de Curillo, es totalmente carente de justificación y por demás abiertamente contrario a los deberes que le asisten en su condición de primer mandatario local; no se debe olvidar, que el investigado es un ALCALDE MUNICIPAL y como tal, conforme al artículo 91 de la Ley 136 de 1994 le correspondía velar por la conservación del orden público en su territorio, dar ejemplo a los ciudadanos que en los comicios confiaron en sus capacidades como gobernante, y

sucediendo en este caso que hizo precisamente todo lo contrario, al haber sido él quien alterara el orden público del municipio, manipulando armas de fuego en estado de alicoramiento, disparando contra bienes del estado y contra autoridades legítimamente constituidas, poniendo en riesgo la vida de servidores públicos y de los demás ciudadanos, hechos que carecen de toda justificación , con lo cual se afectaron además, de manera sustancial, bienes como los de la tranquilidad, la seguridad y el orden público. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 315 consagró como atribuciones de los alcaldes, entre otras, la de conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. También se estableció que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, por lo que la Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. AUTORIDAD MUNICIPAL-Alcalde no puede ser visto como particular El funcionario disciplinado se enfrentó a miembros de la policía del municipio, quienes estaban cumpliendo con su deber, al intentar controlar y reducir a un ciudadano que estaba poniendo en peligro su vida, la de los agentes de la policía y la de los demás habitantes del municipio; sin embargo, el ciudadano que alteró el orden público y atentó gravemente contra los policías antes mencionados, no era un ciudadano común y corriente, y de quien los policías y demás ciudadanos no pudieran saber de quien se trataba, pues el ciudadano

quebrantador del orden municipal era nada menos que el alcalde municipal, principal autoridad de policía del municipio, el cual era reconocido como la máxima autoridad, y así se señala en el informe presentado por el comandante del departamento de Policía de Caquetá, por los dos policías que se enfrentaron con el agresor, por el policía que logró finalmente Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co controlarlo y reducirlo, por el policía que le servía de escolta al alcalde y por un vecino del municipio Para todas las personas que debieron intervenir en relación con dicho incidente, en especial los miembros de la Policía Nacional, siempre lo tuvieron como el alcalde del municipio, y no como un particular que estaba actuando indebidamente. A ello debe agregarse que todos aquellos que debían intervenir en relación con los hechos, eran sus subordinados, al estar establecido legalmente que el alcalde es el jefe de la Policía del municipio, siendo indispensable destacar que el servicio público de policía se cumple las 24 horas del día. En ese sentido, contrario a lo que ocurre con la mayoría de los servidores públicos, el alcalde, en el momento en que realiza una actividad pública que tenga incidencia sobre aspectos propios de la administración local, como el orden público, debe verse bajo toda circunstancia como un funcionario, no como un particular.

Dependencia: PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA PARA LA

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA.

Radicación: IUS 077-004285-2009

Disciplinados: ESNEIDER MAYORGA CORRALES

Cargo y Entidad: Alcalde de Curillo Quejoso: Miguel Ángel Morales Queja: 13 de diciembre de 2008

Fecha Hechos: 13 de diciembre de 2008 y 9 de junio de 2009

Asunto: Fallo de Segunda Instancia (Art. 171 de la ley 734 de 2.002)

Bogotá D.C., JUNIO 21 DE 2011

I. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, la Procuraduría Regional del Caquetá, mediante fallo del 10 de febrero de 2011, sancionó al señor ESNEIDER MAYORGA CORRALES, en su condición de alcalde del municipio de Curillo, con destitución e inhabilidad para ejercer la función pública por el término de diez (10) años, con fundamento en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por encontrarlo disciplinariamente responsable de los hechos que le fueron cuestionados (fols. 278 a

295). Contra la decisión anterior, el disciplinado a través de su apoderado, interpuso el recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sanción y en su lugar pide que se le absuelva (fols. 299 a 300).

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR.

La presente investigación se inició de oficio por parte del Personero de Curillo, quien ordenó apertura de indagación preliminar en contra del señor ESNEIDER MAYORGA, por los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 2008, relacionados con disparos efectuados por el señor alcalde dentro de su vivienda, y al parecer, en

estado de embriaguez. Posteriormente, las diligencias fueron remitidas a la Procuraduría Regional del Caquetá, la que mediante auto del 12 de febrero de 2009 ordenó la apertura de investigación disciplinaria (fols. 25 – 27). Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 2 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co Mediante auto del 12 de junio del mismo año, se ordenó incorporar al presente proceso, las diligencias seguidas contra el mismo disciplinado, por informe del Comandante de la Policía de Caquetá, en el cual se ponen en conocimiento los hechos ocurridos el 9 de junio de 2009, relacionados con la captura en flagrancia del señor alcalde de Curillo, quien en estado de embriaguez realizó disparos al aire y cuando los agentes de la policía intentaron controlarlo, disparó en su contra, con lo cual causó daños materiales a las instalaciones de la fiscalía y a una vivienda del municipio. El 13 de agosto de 2009, la Procuraduría Regional profirió pliego de cargos en contra del disciplinado por considerar que vulneró los artículos 34 numeral 1, el 35 numerales 1 y 6, el 48 numerales 1 y 19 de la ley 734 de 2002, y el artículo 365 del código penal (fols.110 – 116); de conformidad con ello, el 18 de septiembre de 2009, se profirió fallo de primera instancia en el que se sancionó al señor MAYORGA

CORRALES, con destitución e inhabilidad general por el termino de diez años, decisión que fue apelada por la defensa, y resuelta por este despacho mediante auto del 25 de marzo de 2010, declarándose la nulidad de lo actuado a partir de la providencia del 13 de agosto de 2009, por medio del cual se formularon cargos al imputado, conservando plena validez las pruebas recaudadas (147 – 152). Mediante auto del 07 de septiembre de 2010, la Procuraduría Regional profirió nuevamente pliego de cargos en contra del disciplinado, calificándose provisionalmente la conducta como gravísima a título de dolo, por considerar que vulneró los artículos 35 numerales 1 y 6, el 34 numeral 1 y el 48 numeral 19. Se corrió traslado para alegar el 12 de enero de 2011 y culminó el procedimiento con providencia del 10 de febrero de 2011.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

La Procuraduría Regional de Caquetá, mediante fallo del 10 de febrero de 2011, sancionó al señor ESNEIDER MAYORGA CORRALES, en condición de alcalde del municipio de Curillo, con DESTITUCION E INHABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO por el término de diez (10) años, por encontrarlo disciplinariamente responsable (fols. 278 a 295).

Se señaló en el fallo: {…} En el caso bajo estudio, tenemos que el señor ESNEIDER MAYORGA CORRALES siendo Alcalde del municipio de Curillo Caquetá, encontrándose en

estado de embriaguez, realizó disparos al aire, protagonizando los primeros hechos el 13 de diciembre de 2008, cuando en estado de excitación y embriaguez realizó disparos al aire dentro de su vivienda, debiendo ser retenido en la estación de policía, conducta que se volvió reincidente, en el comportamiento del señor MAYORGA CORRALES, dado que el día 09 de junio de 2009, nuevamente en estado de alicoramiento, decide realizar disparos al aire desde su vehículo, y no contento con ello, apunta a los policiales disparando en contra de su humanidad, causando además daños materiales en las instalaciones de la sede de la fiscalía ubicada en ese municipio, al reaccionar los policiales y lograr finalmente controlarlo, encontraron en su poder dos armas de fuego sin su respectivo porte. {…} Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 3 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co De lo anterior, tenemos que si bien los hechos ocurrieron por fuera del rol funcional del investigado, en la jurisprudencia se ha planteado, que en casos como en el presente, se pueda llegar a sancionar al funcionario público que no responda al modelo de ciudadano que la comunidad espera elegir para su pueblo y que lesione la imagen pública del estado, nótese como en las declaraciones e informes presentadas por los miembros de la Policía se hace mención al Alcalde del municipio de Curillo, así como en escrito presentado por la comunidad del municipio de Curillo, quienes rechazan el comportamiento del representante

máximo del municipio, al no verlo como un simple ciudadano, sino como la persona que debe velar por la tranquilidad y buen funcionamiento del ente territorial. Para el caso que nos ocupa, tenemos que el servidor cuestionado ejecutó actos de violencia contra los agentes de policía que se encontraban en la sede de la Fiscalía, amenazando y agrediendo las instalaciones de la sede de la Fiscalía en el municipio de Curillo con disparos, valiéndose de su condición de Alcalde municipal, pues con otra calidad difícilmente hubiera tenido tal actitud; eso es básicamente lo que se reprocha y lo que une la conducta con la función del burgomaestre, teniendo en cuenta que los servidores públicos, sin importar el orden jerárquico que tengan, deben comportarse conforme a unas mínimas reglas de ética por poseer tal investidura, en razón a la relación de especial sujeción que los caracteriza, más aún cuando ese servidor se constituye en un modelo de ejemplo a seguir por ser precisamente el representante de la sociedad – que es quien lo elige – en la administración pública. {…} Por tanto, se establece que el señor ESNEIDER MAYORGA CORRALES, siendo Alcalde del municipio de Curillo y como máxima autoridad de policía, agredió gravemente a las autoridades legítimamente constituidas, como son los miembros de la policía nacional que se encontraban en la sede de la Fiscalía, adscritos al Comando de Policía del municipio de Curillo, al disparar en contra de su humanidad en estado de embriaguez, lo cual demuestra la antijuridicidad de la conducta.

3. RECURSO DE APELACIÓN:

El abogado LUIS GUILLERMO GRIJALBA G., en calidad de apoderado del disciplinado ESNEIDER MAYORGA CORRALES, interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria proferida por la Procuraduría Regional de Caquetá. Las inconformidades fueron planteadas de la siguiente manera: (fols. 299 – 300)

1. ESNEIDER MAYORGA CORRALES fue procesado y condenado por el delito de porte ilegal de armas de fuego como consecuencia de los disparos y altercados de los cuales se ha ocupado la PROCURADURÍA, pero no en lo atinente a lo sucedido en su casa de habitación, sino en los hechos en vía pública.

2. Pero, se ha desconocido que los ALCALDES MUNICIPALES por ser los JEFES DE POLICIA y responsables del ORDEN PÚBLICO de su respectivo municipio por mandato constitucional, son los superiores jerárquicos de todo el personal POLICIAL que se instale en su respectivo ente territorial.

3. De otra parte, el artículo 365 del Código Penal en una norma en blanco y para poder estructurar el delito de peligro denominado PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO, se debe remitir al contenido del Decreto 2535 de 1993, pero sucede que luego del estudio de tal norma, aquella establece claramente que va con destino únicamente a los particulares, de modo que si ESNEIDER MAYORGA CORRALES para la época de los hechos era un funcionario público, tal normatividad es inaplicable.

4. La PROCURADURIA en el pliego no señala en concreto la vulneración del artículo 365 del C.P., por lo que está huérfana de sustento legal para ahora entrar a destituir

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 4 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co al hoy ex alcalde por este hecho, cuando no existe prohibición expresa para que los ALCALDES porten armas de fuego.

5. Se presenta un vacío legal y como quiera de este y como nadie puede ser condenado sino existe ley en concreto (principio de legalidad), no queda otro camino que exonerar al ex alcalde ESNEIDER MAYORGA CORRALES.

II. CONSIDERACIONES De conformidad con el artículo 25, numeral 4º del Decreto-Ley 262 de 2000, esta Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa es competente para conocer en segunda instancia de los procesos que en primera profieran las Procuradurías Regionales, Distritales y Judiciales II. Analizados los términos de las diferentes etapas del presente proceso disciplinario, no se encuentra configuración alguna de las causales de nulidad previstas en el art. 143 del Código Disciplinario Único.

Así las cosas, hay lugar a desatar legalmente el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del disciplinado. Los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: Si el disciplinado ESNEIDER MAYORGA CORRALES, en su condición de alcalde del municipio de Curillo departamento de Caquetá, incurrió en la conducta descrita en la queja; si esa conducta le es imputable al disciplinado en el marco de sus competencias; si existe relación entre la conducta desplegada por el servidor público y la falta disciplinaria imputada por la Procuraduría Regional del Caquetá que ameritara la sanción. Y por

último determinar si había lugar a las sanciones impuestas bajo las premisas señaladas por el recurrente. Pues bien, la Procuraduría Regional de Caquetá le imputó cargos al disciplinado, de la siguiente manera: Del material probatorio allegado a la investigación, se desprende que usted en su condición de Alcalde Municipal del Curillo Caquetá, valiéndose de su investidura, en estado de embriaguez, realizó disparos al aire, causando pánico en la población, disparando también en contra de la humanidad del patrullero de la Sijin ROMERO HEBERTH y el auxiliar de policía BAHAMON MORENO JHON, quienes se encontraban en la sede de la Fiscalía, unidades que activaron el plan de defensa, causando daños en la mencionada sede de la institución estatal. Los hechos irregulares imputados al disciplinado y por los cuales se le sancionó disciplinariamente por parte de la Procuraduría Regional del Caquetá, consisten en que el alcalde de Curillo en estado de alicoramiento, efectuó disparos a la sede de la fiscalía del municipio y en contra de dos miembros de la policía, en junio del año 2009, comportamiento que puede catalogarse de reiterado, teniendo en cuenta que en diciembre del año anterior, había efectuado dos disparos al interior de su vivienda, por lo que horas más tarde fue retenido por los agentes de la policía, con la anuencia de la compañera permanente del mismo. En uno y otro caso, le fueron incautadas armas de fuego, sin que el señor ESNEIDER MAYORGA, tuviera el respectivo permiso para su porte. En todo caso, aun cuando bien pudo adelantarse

investigación disciplinaria para aclarar este último hecho del porte, ello no se hizo dentro de esta actuación, razón por la cual este despacho no se ocupará de su estudio. De las pruebas que obran en el expediente, se encuentra debidamente probado que el señor ESNEIDER MAYORGA CORRALES, en su condición de alcalde del Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 5 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co municipio de Curillo, efectuó varios disparos contra la sede de la Fiscalía del mismo municipio en junio del año 2009, así como se encuentra plenamente demostrado que en esa misma oportunidad dirigió disparos contra dos uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en dicha sede. Esta última conducta, la de disparar contra dos policías que se encontraban en ejercicio de sus funciones en esa sede de la Fiscalía, recayó en el patrullero de la Sijin HEBERTH ALBERTO ROMERO TOLEDO y el auxiliar de policía JHON BAHAMON MORENO, conducta que encuadra en la descripción típica contenida en el numeral 19 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la cual le fue imputada en el pliego de cargos y por la cual le fue impuesta la sanción en el fallo de primera instancia proferido por la Procuraduría Regional del Caquetá. Está plenamente demostrado que en la noche del 9 de junio del año 2009, el señor ESNEIDER MAYORGA, en estado de embriaguez, realizó disparos al aire en el municipio de

Curillo, y que igualmente realizó disparos en contra de instalaciones estatales, además de disparar contra miembros de la Policía Nacional que se encontraban en ellas. Establecida la ocurrencia de la conducta, se debe verificar si le es imputable al señor ESNEIDER MAYORGA, en su condición de alcalde municipal de Curillo – Caquetá. En el caso bajo estudio se presenta una particularidad en la forma de realización de la conducta por parte del señor ESNEIDER MAYORGA CORRALES, entonces alcalde del municipio de Curillo, relacionada con el lugar y la hora en que sucedieron los hechos, por cuanto podría entenderse que se trata de una conducta que involucra meramente la esfera personal del señor MAYORGA CORRALES, como ciudadano colombiano – quien debe cumplir unos deberes generales dentro de la sociedad – por cuanto con su actuar habría transgredido el ordenamiento penal y policivo, pero que el mismo no alcanza a ser objeto del derecho disciplinario, como una de las potestades sancionadoras del Estado, de tenerse por inexistente el nexo causal entre la conducta desplegada y los deberes del funcionario público, en este caso del alcalde municipal, cuestión que resulta determinante para decidir si puede ser objeto de sanción disciplinaria o no. Pues bien, el fundamento de la imputación en el derecho disciplinario, está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público, cuando no exista una justa causa que exonere de responsabilidad dicha infracción. La condición de servidor público implica una serie de obligaciones, deberes, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que se deben hacer valer en todo momento, para poder lograr los propósitos fundamentales

del Estado, plasmados en especial en el artículo 2º de la Constitución Política, aun cuando se pueden encontrar estatuidos a lo largo de todo su articulado, cuales son servir a la comunidad, velar por el logro de los altos cometidos del Estado, y hacer prevalecer los intereses generales por encima de los particulares o los de determinados sectores o grupos. El derecho disciplinario no valora únicamente el resultado que deriva de la irregularidad disciplinaria, sino que atiende a establecer la afectación que ha sufrido el servicio o la función encomendada, en tanto es deber, obligación y responsabilidad del Estado, garantizar que las funciones y los servicios públicos se presten de manera adecuada, eficiente, imparcial, objetiva, bajo parámetros de igualdad, sin favoritismos, con apego a la Constitución y a la ley. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 6 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co Lo anterior se encuentra unido de manera indisoluble al comportamiento que deben observar los servidores públicos. De allí nace el vínculo que los une a la administración pública, por el cual se crea una relación especial de sujeción, que permite como contrapartida, exigirles un buen comportamiento, y en caso de no observarlo, pueden ser materia de reproche y de sanción por tales situaciones, vínculo del cual están advertidos y cuyo compromiso sellan formalmente al momento de tomar posesión del cargo. Además, por corresponder la función o el servicio público a una actividad esencialmente reglada, con el objeto de garantizar el adecuado desempeño de las

funciones o la prestación de los servicios, los servidores o quienes cumplen determinadas funciones o servicios, están obligados en todo momento a observar dichas reglas y procedimientos. Solo de esa manera se puede garantizar que se cumplan los cometidos estatales. Así entonces, para que los comportamientos en los que se involucren a servidores públicos, puedan ser objeto del derecho disciplinario, se debe demostrar el nexo causal entre la conducta desplegada por el funcionario público, y la afectación de la función pública que desarrolla, la cual se traduce en el incumplimiento de deberes funcionales. Con el comportamiento del señor MAYORGA CORRALES, consistente en proferir disparos contra dos miembros de la Policía de Curillo, en estado de embriaguez en la madrugada del 9 de junio del año 2009, a pesar de que éste no se encontraba en estricto sentido en ejercicio de sus funciones, se afectó la función pública desarrollada por el mismo funcionario, en su condición de Alcalde municipal y principal autoridad administrativa y policial de su municipio. La Corte Constitucional en sentencia C-252 de 2003, al tratar sobre la constitucionalidad del numeral 48 del artículo 48 de la ley 734, sobre la conducta tipificada como falta disciplinaria gravísima, de “consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica {…}”, señaló que el consumo de alcohol o estupefacientes en lugares públicos, no se tipificaba como falta disciplinaria por sí mismo, sino por la posibilidad de afectación de la función pública desempeñada por los funcionarios, al ingerir dichas sustancias,

y así lo plasmó:

10. Restan por analizar dos de las normas jurídicas contenidas en el enunciado normativo demandado: El consumo en el sitio de trabajo de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica y el consumo de esas mismas sustancias en lugares públicos. Nótese que de acuerdo con estas reglas, constituye falta disciplinaria no ya el acto de asistir al trabajo bajo el influjo de estupefacientes sino el consumo de ese tipo de sustancias en el sitio de trabajo o en lugares públicos.

{…}

11. La segunda regla de derecho, en cambio, plantea una situación distinta. De acuerdo con ella, constituye falta gravísima consumir en lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica. Frente a una regla de derecho como ésta, surge también el interrogante acerca de si esa falta disciplinaria involucra una afección del deber funcional pues sólo si tal exigencia se satisface, su configuración como tal será legítima.

Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 7 Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co La Corte disiente de esta percepción pues considera que la legitimidad de la falta se circunscribe a aquellos eventos en que la conducta afecte de manera injustificada los deberes funcionales del servidor público y ello ocurre independientemente de la posición que éste ocupe en la función pública. Es decir, el hecho de que la regla de derecho sometida a examen sea desplegada por un servidor público que no sea un alto funcionario del Estado no excluye su

relevancia disciplinaria si ella tiene la virtualidad de afectar los deberes funcionales que le asisten. De acuerdo con ello, si un servidor público o particular que cumple funciones públicas consume en lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica y lo hace encontrándose en ejercicio de sus funciones, la imputación de la falta disciplinaria es legítima. Y también lo es si tal comportamiento se despliega en un lugar público, sin que el servidor se encuentre en ejercicio de sus funciones pero si él tiene la virtualidad de afectar la función pública. En estos dos supuestos, independientemente del nivel funcional al que se halle adscrito el servidor, se despliega un comportamiento que trasciende a su rol funcional y que afecta los deberes a su cargo. Ahora, en aquellos supuestos en que el comportamiento se comete en lugar público y sin que el servidor se encuentre en ejercicio de sus funciones, el funcionario de control disciplinario, en cada caso, deberá apreciar si la conducta afecta o no la función pública y si hay lugar o no a la imputación de un ilícito disciplinario. Tal apreciación deberá realizarse de manera razonable, teniendo en cuenta el contexto en el que se incurrió en el comportamiento y la incidencia que pueda tener en el rol funcional a cargo del servidor. De acuerdo con lo expuesto, la Corte declarará la exequibilidad de la regla de derecho de acuerdo con la cual constituye falta gravísima consumir en lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica pero lo hará de manera condicionada en el entendido que la falta se configura siempre que esa conducta afecte la función pública. En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-819 de 2006, al resolver

sobre la exequibilidad de los numerales 10 y 12 del artículo 34 y otros de la ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional, en los que se considera la inconstitucionalidad de lo allí consagrado por exigir comportamientos a los miembros de la policía nacional en situaciones administrativas tales como ffranquicia, permiso, licencia, vacaciones, entre otros, señaló: Sin embargo, ha señalado también que la potestad legislativa en la configuración de los regímenes disciplinarios está limitada por el fin que persigue el ejercicio de la potestad disciplinaria, consistente en asegurar el cumplimiento de la función pública por parte de los servidores públicos y los particulares que cumplen funciones públicas, dentro de los principios a que se refiere el artículo 209 de la Constitución. Luego los regímenes disciplinarios no pueden erigir cualquier conducta en falta disciplinaria; su ámbito está exclusivamente delimitado a aquellas conductas con potencialidad de afectación de la función pública. Las conductas que pertenecen al ámbito del derecho disciplinario, en general, son aquellas que comportan quebrantamiento del deber funcional por parte del servidor público. En cuanto al contenido del deber funcional, la jurisprudencia1 1 Corte Constitucional, sentencias C712 de 20001 y C252 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño; sentencia C431 de 2004, MP, Marco Gerardo Monroy Cabra. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa PBX.5878750 Ext.10822 8

Carrera 5 No.15-80 Piso 8 PBX. 5878750 www.procuraduria.gov.co ha señalado que se encuentra integrado por (i) el cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de actuar acorde a la Constitución y a la ley; (iii) garantizando una adecuada representación del Estado en el cumplimiento de los deberes funcionales. Se infringe el deber funcional si se incurre en comportamiento capaz de afectar la función pública en cualquiera de esas dimensiones. El incumplimiento al deber funcional, es lo que configura la ilicitud sustancial que circunscribe la libertad configurativa del legislador, al momento de definir las faltas disciplinarias. {…} Del primer presupuesto mencionado se deriva el imperativo para el legislador de contemplar como faltas disciplinarias únicamente aquellas conductas que tengan potencialidad de afectación del interés jurídico que el régimen disciplinario protege: el eficaz, eficiente y correcto ejercicio de la función pública. Quedan excluidas de este ámbito todos aquellos comportamientos, que aun siendo reprochables en otros contextos sociales o normativos carezcan de relevancia, o resulten inocuos frente al interés de preservar la función pública. Es la infracción al deber funcional, en sus expresiones de cumplimiento estricto de las funciones propias del cargo, obligación de actuar conforme a la Constitución y a la ley, y garantía de una adecuada representación del Estado, lo que legitima desde el punto de vista sustancial la conminación disciplinaria de una conducta. Estas conminaciones disciplinarias, propias de un régimen sancionatorio

específico como es el de la Policía Nacional, deben ser analizadas bajo el prisma de la naturaleza de la función que pretenden proteger. Si bien la ilicitud sustancial (art. 4º) entendida como exigencia de potencialidad lesiva de