PGN - FALSA DENUNCIA - Se reprocha la imputación falsa

Bogotá, D. C., agosto 29 de 2003 Concepto N° 010 -1IJP Doctor MARCO ANTONIO RUEDA SOTO Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Ciudad Rad: Sumario número 5945

Jaime Cuesta Ripoll Respetado señor Fiscal Delegado: FABIO VICENTE GARCIA GALINDO, en mi condición de Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal (e), encontrándome dentro del término señalado en el art. 393 del C. de P. P., por medio del presente me permito ofrecer mi CONCEPTO PRECALIFICATORIO, acerca de los hechos materia de investigación en el asunto de la referencia, y su consiguiente valoración jurídica, a la espera de que los mismos sean acogidos al producirse la providencia calificatoria que ponga fin a la fase sumarial. H E C H O S Acredita el informativo que el ciudadano ARNALDO JOSE ARGOELLES VEGA laboraba en la ciudad de Cartagena (Bolívar) como Investigador Judicial 1, de la Fiscalía General de la Nación, en la Sala Técnica de Monitoreo, estándole asignada de manera concreta la función de interceptación y análisis de llamadas telefónicas rastreadas previa autorización judicial. La tarde del 17 de octubre de 2001, el Director Seccional de Fiscalías de Cartagena, doctor JAIME CUESTA RIPOLL, se encontraba en su oficina, conversando telefónicamente con la ciudad de Bogotá, siendo su interlocutor el doctor IVAN GARZON ROJAS, Asesor de la Dirección Nacional de Fiscalías, cuando comenzó a escuchar ruidos extraños, que le hicieron pensar que la

llamada podrá estar siendo interceptada, situación que desafortunadamente ya se habla presentado en esa Seccional meses atrás, motivo por el cual optó por terminar esa comunicación. Apenas finalizara ese contacto telefónico, se apresuró el doctor CUESTA RIPOLL a dirigirse a la referida Sala de Monitoreo, la cual se encontraba cerrada, pues su puerta de ingreso contaba con una clave especial al efecto; sólo ante su insistencia, finalmente le fue permitido el acceso a ese lugar, encontrando que allí se encontraban el precitado técnico ARNALDO JOSE ARGÜELLES VEGA, otro técnico en comunicaciones, ALVARO CARRASQUILLA DIAZ, así como EDINSON SARZA, de la Dirección Administrativa y Financiera de la Seccional, quien casualmente se encontraba en la oficina realizando una llamada a un teléfono celular. Una vez adentro, advirtió el Director de la Seccional a los empleados que su teléfono estaba intervenido y que comunicaría de inmediato la situación, retirándose de allí. A la mañana siguiente, 18 de octubre, el doctor JAIME CUESTA RIPOLL envió al Director del Cuerpo Técnico de Investigación, doctor LIBARDO SIERRA, el oficio número 003318, fechado el17 de octubre, informando acerca de la producción de una interceptación, motivo por el cual solicitó se adoptaran las medidas pertinentes, y se iniciaran "las acciones correspondientes para que esto no vuelva a suceder"; agregando que la circunstancia de haber tenido que esperar la desactivación de la clave de entrada al habitáculo, la entendía como una obstrucción a su gestión, de manera que impetró tener hacia el futuro regular

acceso a esas instalaciones. Mientras lo anterior sucedía, al empleado ARGOELLES VEGA se le prohibió el acceso a su oficina, debiendo entregar las llaves, y se le comunicó que venía una comisión desde Bogotá para estudiar la situación. Además, poco más tarde, le fue notificada la Resolución No 001043 de 18 de octubre de 2001, dictada por el doctor ALVARO DAVID NEGRETE CASTRO, Director Administrativo y Financiero de la Seccional, a través de la cual se le trasladaba a la localidad de Carmen de Bolívar, previa solicitud y autorización del doctor LIBARDO RAFAEL SIERRA RODRÍGUEZ, Director Seccional del C.T.l. El 25 de octubre siguiente, en la primera página del diario “EI Universal" de Cartagena, apareció una noticia elaborada por JHON ALFONSO MORENO, bajo el título "Fiscal seccional tenía el teléfono intervenido", En ella, se informa por el periodista que había entrevistado al doctor JAIME CUESTA RIPOLL acerca del incidente ocurrido la tarde del 17 de octubre anterior, y aunque se precisó que el funcionario había manifestado declararse "impedido para revelar mayores detalles", el comunicador, agregó de su cuenta que el servidor público ARNALDO JOSE ARGÜELLES VEGA “fue sorprendido 'chuzando' los teléfonos", motivo por el cual se le trasladó, al igual que a otros diez empleados de la Seccional, en tanto se adelantaban las Investigaciones respectivas. El Director Seccional de Fiscalías se dirigió prontamente ante el Director del periódico, presentado escrito donde le pedía que se rectificara el contenido de la

noticia, puesto que él en momento alguno habla dado nombres propios, sino que, por el contrario, había señalado que no estaba autorizado para dar detalles acerca de lo acontecido. Este pedimento fue contestado el siguiente 10 de diciembre, en escrito donde se le hace saber que no sólo a su periodista JOHN MORENO, sino a otros comunicadores, les fue suministrada información relacionada con la interceptación de teléfonos en la Seccional de Cartagena, siendo por tanto plurales las fuentes de esa noticia; que precisamente cuando se las citó, se hizo de manera textual y que, por lo demás, en parte alguna se indicaba que fuera el Director el único informante.

BREVE RESEÑA DE LA ACTUACION

1. Por razón de los anteriores acontecimientos, el ciudadano ARNALDO JOSE ARGOELLES VEGA formuló denuncia contra del doctor JAIME CUESTA RIPOLL, a quien imputa las conductas punibles de calumnia y abuso de autoridad. La primera, por considerar que su denunciado le "ha hecho imputaciones delictuales, no solo al interior de la Fiscalía, sino también, de manera masificada aprovechando el “poder' que como director" tiene. La segunda, porque con claro aprovechamiento indebido de su cargo, logró la producción de arbitrarias decisiones y comunicaciones, que ponen en peligro su vida -la del denunciante-, así como las labores que realiza y por las cuales ha recibido múltiples exaltaciones y felicitaciones (fl. 1-8, c. c. 1).

2. La Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, consideró pertinente adelantar investigación previa en atención a la reclamación del

subalterno de la Seccional de Fiscalía de Cartagena, conforme providencia de 21 de noviembre de 2001. Agotada tal etapa preliminar, se consideró pertinente abrir investigación penal. tal como quedó consignado en proveído de junio 12 de 2002. precisándose que las posibles conductas punibles a investigar eran las de calumnia, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. y falsa denuncia contra persona determinada.

3. En la fase previa, el acusado JAIME CUESTA RIPOLL fue escuchado en 8 versión libre. Explicó que durante aquella conversación telefónica llevada a cabo la tarde del 17 de octubre de 2001, al notar ruidos que no eran los normales y que por tanto consideró eran fruto de una interceptación, decidió dirigirse de inmediato a las instalaciones de comunicaciones de la Seccional de Cartagena, encontrando allí a ARNALDO ARGOELLES, con dos empleados más; que en efecto les advirtió acerca de lo que estaba sucediendo y que pondría ese hecho irregular en conocimiento del nivel central. Por tal razón, se comunicó verbalmente con LIBARDO SIERRA, Director Seccional del C. T. l., a quien luego pasó la queja correspondiente para que se tomaran las medidas del caso. De la misma manera, dio aviso a las autoridades del nivel central respecto de lo acontecido. Refiere, de otra parte, que luego se desentendió del asunto, motivo por el cual sólo varios días después vino a enterarse del traslado del referido empleado, medida ordenada por el doctor LIBARDO SIERRA, Director del C.T.l., sin que él hubiera tenido

injerencia en esa decisión. En atención a los cargos para ese momentos elevados en su contra, señala que era su obligación Informar de la Irregularidad al superior Jerárquico de ARGOELLES, de manera que si hubiera omitido su deber, tal actuar habría sido irregular. Que si bien el diario 'El Universal' publicó una noticia sobre las interceptaciones, la realidad es que allí sólo se consignó una parte mínima de lo que él comentó; en lo demás, todo se debió a personales apreciaciones del periodista, al punto que elevó una reclamación contra el Director de ese periódico. Por consiguiente, no considera haber realizado infracción a la ley penal. Insiste en que si esto implicó el traslado del hoy den fue circunstancia que apenas conoció días más tarde, sin que tuviera que ver con tal determinación.

4. Cuando el aquí implicado fue vinculado al sumario mediante diligencia de indagatoria, cumplida el 19 de julio de 2002, en términos generales se reafirmó en lo ya expuesto durante la indagación preliminar.

Aportó, eso sí, algunos datos adicionales, en la medida que para ese momento se a hablan adelantado diversas labores técnicas y se encontraban en trámite procesos disciplinarios, para poner de presente que era un hecho cierto que previamente en la Seccional de Cartagena se hablan presentado problemas por razón de interceptación indebida de llamadas; que, además, en verdad aquel 17 de octubre de 2001 habla advertido a su interlocutor acerca de extraños ruidos, conforme éste lo habla confirmado en declaración. Nuevamente se mostró ajeno a los cargos que, en esta etapa de la actuación,

como ya se indicó, incluyó el punible de falsa denuncia contra persona determinada, deducido de la circunstancia de haberse ratificado durante el trámite disciplinario de la queja por él presentada a través de aquel oficio en que comunicaba lo acontecido al Director del C.T. l. de la Seccional de Cartagena.

5. Obra en el plenario la denuncia formulada por ARNALDO JOSE ARGOELLES VEGA, aspecto que se quiere resaltar por parte de la Delegada, en la medida que siendo uno de los delitos denunciados el de calumnia, es de importancia determinar el momento en que el interesado pone en conocimiento de las autoridades judiciales el hecho, ya que eventualmente se podría presentar el fenómeno de la caducidad de la querella, en caso de dejarse superar el término establecido por el C. de P. P., art. 34, que fija, como regla general, un término de seis meses., lo que en el presente trámite no sucedió, pues apenas mediaron ocho días entre la producción del hecho y su denuncia efectiva.

Ahora, de tal escrito de denuncia, acompañado de varios documentos (fl. 1 ss., C.

C. 1), así como de sus ratificaciones y ampliaciones, se acredita que en verdad el Director Seccional no pudo ingresar inmediatamente en la oficina donde se encontraba ARGOELLES VEGA, pues su acceso era restringido, salvo para personal administrativo de la Seccional, aludiendo así a la razón de la presencia de EDINSON ZARZA. Refiere, además, que en forma indebida, al día siguiente de los hechos se le prohibió el acceso a su lugar de trabajo, impidiéndosele retirar

sus efectos personales, siendo trasladado de inmediato a Carmen de Bolívar. De otra parte, resalta que ante la información ofrecida por su denunciado, han surgido publicaciones no sólo en el diario El Universal, sino en las Cadenas RCN y Caracol, así como el periódico El Tiempo, lo cual le causa grave perjuicio, aparte de que publicitar situaciones semejantes puede ocasionarle otros peligros frente a grupos al margen de la ley,

6. El plenario cuenta con prueba documental que acredita la calidad del acusado como Director Seccional de Fiscalías de Cartagena, y del denunciante como vinculado con el Cuerpo Técnico de Investigación en condición de técnico, lo cual explica que fuera el director seccional de ese segundo organismo quien pidiera su traslado, y que la medida finalmente fuera cumplida por el competente para esos efectos, que lo era el Director de la División Financiera y Administrativa de la Seccional en cita. Esto último, es de importancia, por cuanto evidencia que no existía una vinculación jerárquica funcional entre denunciante y denunciado.

7. Para concluir este acápite, cabe señalar que iniciadas sendas averiguaciones por estos mismos hechos en contra de quienes en este asunto tienen las condiciones de acusado y denunciante, tanto la Fiscalía -respecto de ARGOELLES-, como la Procuraduría General de la Nación -en relación con CUESTA-, han archivado tales actuaciones, al no encontrar elementos de juicio que los señalaran como vulneradores del régimen disciplinario propio de los servidores públicos (providencias de 8 de julio de 2002 y 23 de octubre de 2002, respectivamente).

CONCEPTO DE LA DELEGADA Ha considerado pertinente esta Agencia del Ministerio Público efectuar la anterior reseña de varias de las diligencias que conforman el presente expediente, en la medida que si bien son muchas más las pruebas allegadas en el transcurso de la investigación hasta el momento cumplida, se advierte que con aquellas que han sido mencionadas, perfectamente se logra llegar a una conclusión acerca del devenir fáctico investigado, así como de las consecuencias jurídicas que de allí se derivan, en orden a la emisión de nuestro concepto precalificatorio. Al efecto, es conducente, además, efectuar independiente examen de las diferentes conductas punibles que han dado lugar a la apertura de la investigación penal.

1. De la calumnia.

Define este comportamiento punitivo el arto 221 del actual Código Penal, Ley 599 de 2000, en los siguientes términos: "Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) anos y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes., Sea lo primero resaltar, que los hechos han acaecido en vigencia del ordenamiento sustantivo en cita, respecto del cual existe actualmente aceptación generalizada por parte la doctrina nacional, en el sentido de que acoge una corriente final de acción (sin que esto implique, no obstante, que se haya acogido en su integridad el esquema que ha sido prototipo en la materia a la luz de la dogmática, que lo es el finalismo, cuyo máximo propulsor es Hans Welzel) , atendiendo fundamentamente a la concepción de dolo admitida por el legislador

(art. 22), así como a las formas como se tratan las situaciones de error en el ámbito de las excluyentes de responsabilidad (art. 32). En consecuencia, se procederá a examinar la tipicidad, tomando en cuenta el tipo subjetivo y el tipo objetivo que conforman el punible en estudio. En cuanto a lo primero, se advierte que ante la redacción del art. 221, solamente procede la sanción de la conducta intencional, esto es, dolosa. Por ende, para efectos de que se admita concurrencia de acción típica, debe predicarse conducta voluntaria del actor, entendida como el conocer y querer el hecho. Bajo esta perspectiva, se tiene que el cargo por el delito de calumnia, se concreta en la entrevista que concedió el acusado a un periodista del diario 'El Universal' de Cartagena, que fue publicada el 25 de octubre de 2001. Pero entonces, cabe preguntarse, qué conocía y qué quiso el acusado doctor JAIME CUESTA RIPOLL, cuando dialogó con el periodista JHON ALFONSO MORENO. Un examen del recaudo probatorio muestra sin duda que, (tal como lo ha planteado el acusado, y en ultimo término así se extrae del contenido de la noticia en cita, y lo termina por ratificar la respuesta que luego ofreció el Director del periódico ante solicitud de rectificación donde se reconoce que fueron múltiples las fuentes utilizadas para conformar la nltifica como finalmente se dio a la luz pública), lo único que quiso informar el aquí implicado a los medios de comunicación, era que consideraba que su Iínea telefónica había sido intervenida y que podían ser responsables de esa acción personas vinculadas a la Fiscalía

Seccional. Por lo demás, se declaro impedido para ofrecer más detalles. Siendo esto así, no se advierte en el ánimo del sindicado un propósito diverso al de contestar en la forma más parca posible a un muy díreccionado cuestionario de parte del comunicador social. Y tan poco significativo resultó lo informado, que el periodista hubo de acudir a otras fuentes, además de realizar inferencias por su cuenta para concluir que habla una relación entre lo acontecido y el traslado del hoy denunciante ARGOELLES VEGA y otros empleados de la Seccional, concluyendo, por sí solo, que necesariamente el citado y los demás trasladados eran responsables de la interceptación. En esta forma se concreta entonces el particular conocimiento y querer del implicado. Ahora, si esto se correlaciona con el contenido de la acción típica que describe el art. 221 del Código Penal, la verdad es que no advierte el Ministerio Público que la acción final del doctor CUESTA RIPOlL hubiera estado dirigida a lanzar en contra de persona determinada una específica imputación como autor, coautor o partícipe de una conducta que, cuando menos tuviera la connotación de típica, pese a conocer que tal atribución fuera falsa. En lugar de esto, se aprecia la prudencia en la información ofrecida a la prensa escrita, al evitar dar detalles sobre los hechos por los cuales se le preguntaba y, con mayor razón, en relación con quienes pudieran resultar involucrados en una posible investigación, ya de orden disciplinario, ora de carácter penal. Circunstancia diversa es que el comunicador, se insiste, valiéndose de plurales

fuentes, terminara concatenando varios .cabos sueltos., para llegar por su exclusiva cuenta a la conclusión de que ARNALDO JOSE ARGOELLES VEGA estaba siendo directamente señalado como autor de un delito. Y en tales condiciones, al no existir relación alguna entre la conducta desplegada por el acusado, frente a la cumplida por el periodista JHON ALFONSO MORENO, no resulta pertinente aducir que la actividad del segundo puede serie objetivamente imputada al Director Seccional de Fiscalías de Cartagena. En otras palabras, no emerge la menor prueba de que por razón de la entrevista otorgada por el aquí sindicado, éste hubiera aprovechado tal oportunidad para, con conocimiento y voluntad, atribuir falsamente a persona determinada la comisión de conducta cuando menos típica. En consecuencia, en cuanto hace con este primer cargo que se atribuye al incriminado, es criterio de la Procuraduría que no se ha configurado la tipicidad de la conducta punible de calumnia.

2. Del abuso de autoridad.

En cuanto hace con esta ilicítud, establece el art. 416 del Código Penal, lo siguiente: "Abuso de autoridad por acto arbítrario e injusto. El servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público". Conforme quedó visto en el aparte donde se reseñaron algunos de los medios probatorios oportuna y legalmente recogidos en el expediente, es evidente que de acuerdo con la configuración estructural de la Fiscalía General de la Nación, el

Director Seccional de la Fiscalía no es superior jerárquico de los funcionarios y empleados del Cuerpo Técnico de Investigación que laboran en la respectiva seccional. Esa relación de carácter vertical, surge pero en relación con la persona que ejerce el cargo de Director Seccional del C.T.l. Por lo mismo, es éste quien, en principio tiene el poder de nominación (ingresos, traslados o retiros de personal a su cargo): pero, aún más: es en último término aquél que se encuentra al frente de la Dirección Financiera y Administrativa correspondiente quien está expresamente facultado para concretar esa clase de determinaciones. Siendo esto así, al examinar nuevamente los tipos subjetivo y objetivo del punible que ahora nos ocupa, encuentra esta Representación de la Sociedad, que con el conocimiento y voluntad desplegados por el doctor JAIME CUESTA RIPOLL, cuando mediante oficio puso en conocimiento del Jefe del C.T. l. y de otros mandos directivos de la Fiscalía lo acontecido la tarde del 17 de octubre de 2001, no estaba actualizando acción de la cual deviniera como secuela lógica y que dependiera de su directa competencia, la orden de traslado en detrimento de la situación laboral del hoy denunciante ARGÜELLES VEGA. Ahora, es cierto que el sindicado ha negado haber siquiera sabido de inmediato que el traslado habla sido tan intempestivo, o que, en general, hubiera tenido algún contacto con los servidores públicos efectivamente facultados para llevar a cabo ese cambio de sede laboral del miembro del C.T.l. Sin embargo, en gracia de discusión, y aun considerando que se hubiera llevado a cabo un contacto, una

comunicación siquiera de carácter verbal, entre CUESTA RIPOLL, LlBARDO SIERRA RODRIGUEZ y ALVARO DAVID NEGRETE CASTRO (este último quien expidió la resolución de traslado, dictada el 18 de octubre de 2001, distinguida con el número 001043), no se advierte en qué forma puede considerarse que buscó el acriminado actualizar la acción abusiva de su función pública, o aprovecharse de ella en perjuicio del servidor que luego formulara la denuncia origen de este proceso penal.

En efecto: se extrae con toda seguridad del expediente que en los meses inmediatamente anteriores a la ocurrencia de los hechos que aquí nos interesan, se había presentado “fuga de información” en la sede de la Fiscalía Seccional de Cartagena, merced a interceptaciones de llamadas telefónicas. Por tanto, era de esperar particular preocupación de quienes allí laboraban y, por ende, total prevención ante cualquier circunstancia que se mostrara como irregular, como que podía repetirse el desafortunado incidente. Por consiguiente si acontece aquel desagradable hecho del 17 de octubre de 2001; que muy seguramente fue de inmediato comentado a los altos mandos de la Seccional, era de esperarse una respuesta pronta ante el suceso, en aras de evitar que se filtraran indebidamente informaciones a terceros, pues esto podría traer consecuencias nocivas para la

Institución. Ahora, si en atención a la forma como se producen los hechos, precisamente en aquella oficina desde donde podían realizarse maniobras de interceptación, estaban en ese momento algunas personas, que fueron por tanto singularizadas de inmediato, en sentir de esta Delegada, aparecía prácticamente como un deber

el actuar con prontitud aprovechando todas las medidas administrativas y disciplinarias al alcance de los encargados de la toma de decisiones en la Seccional de Cartagena. En otros términos, independientemente de que se hubiera llegado a presentar una Informal petición de traslado por parte del Director Seccional, una situación irregular como aquella que éste comunicaba, y con el antecedente presentado en la sede de esa institución, imponía la adopción de determinaciones céleres, que no se advierten por fuera de los marcos normativos. Es que incluso, recuérdese que por la vía disciplinaria, hasta se admite en eventos especialmente graves la suspensión de un funcionario o empleado que se considere involucrado en el desconocimiento de sus deberes oficiales; y nadie osaría pensar que adoptar medida semejante es demostrativa de un abuso de autoridad. Mucho menos parece válido predicar que carece de juridicidad un traslado, donde el servidor público respectivo mantiene sus diferentes prerrogativas, como que no es separado temporalmente de su empleo o cargo. En síntesis, nuevamente se encuentra el Ministerio Público ante situación táctica, en donde no se aprecia que el conocimiento y la voluntad del sindicado estuvieran dirigidos a incurrir en un tipo objetivo determinado, en este caso abuso de autoridad, de manera que nuevamente emerge una circunstancia de atipicidad en su conducta.

3. De la falsa denuncia.

El art. 436 del Código Penal, regula esta figura en los siguientes términos: "Falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncie a

una persona como autor o participe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes", Frente a este delito es necesario recordar, en primer lugar, que nuestra jurisprudencia y doctrina vienen sosteniendo desde hace varios anos, de manera pacífica, que aquello que se sanciona por parte del legislador penal, en la primera hipótesis que contiene la norma, es el hecho de realizar imputación en contra de una persona como realizador de acción que se sostiene es ilegal (positiva o negativa), cuando la misma no ha tenido materialmente ocurrencia. Esto resulta en el presente asunto de fundamental trascendencia, pues el conocimiento que tuvo el doctor JAIME CUESTA RIPOLL fue el de que su línea telefónica al parecer estaba siendo interceptada, pues así se lo indicaban extrañas interferencias; y tan patente fue su comprensión en ese sentido, que así lo hizo saber de inmediato a su interlocutor, fuera de esto, su subsiguiente reacción consistió en acudir de inmediato a la oficina de comunicaciones de la Seccional; así mismo, y de manera rápida procedió a comunicar su inquietud en ese sentido ante quienes consideraba competentes para adoptar alguna decisión. En este orden de ideas, su conocimiento y voluntad se dirigieron a prevenir aquello que en su sentir se apreciaba como una efectiva interceptación. Ahora, como se trata de un servidor público, natural resultaba que su conocimiento lo plasmara por escrito; y si su información se consideró tan valedera que dio lugar a un trámite disciplinario, dentro del cual se le pidió ratificarse bajo juramento de lo

allí consignado, la realidad es que no se aprecia que hubiera “inventado” un hecho material y que luego se ratificara con el único y exclusivo deseo de imputar falsamente una conducta inexistente a persona determinada. No sobra advertir al respecto que las investigaciones internas no descartaron la interceptación; circunstancia diferente es que no pudo probarse si la misma tuvo lugar y desde que sitio en concreto, aceptándose por los técnicos, con todo, que si pudo haberse llevado a cabo desde la oficina donde cumplía sus labores ARGÚELLES VEGA. De otra parte, no se advierte que de manera concreta se hubiera señalado a éste como autor de comportamiento semejante, sino que natural aparecia su vinculación al trámite disciplinario, como que precisamente estaba en el posible sitio del hecho (indico de presencia, a más de terner especial conocimiento en materia de interceptación de llamadas (indicio de oportunidad). Así las cosas, si el conocimiento y voluntad del acusado aparecen dirigidos a informar hechos que se advertían como materialmente ocurridos, sin especificar en forma que pudiera tildarse de “de falsa” una imputación en contra de persona determinada, son elementos de juicio más que suficientes para que esta Agencia del Ministerio Público, haya de predicar que tampoco en relación con esta conducta punible se evidencie siquiera la demostración del primer elemento del punible, cual es la tipicidad. PETICIÓN DE LA DELEGADA Natural corolario de las consideraciones que preceden, no es otro que el de IMPETRAR RESPETUOSAMENTE, del Señor Fiscal Delegado, que al momento

de calificarse el mérito sumarial en el presente asunto, SE PRECLUYA LA INVESTIGACIÓN a favor del implicado JAIME CUESTA RIPOLL, por atipicidad de los comportamientos a él imputados y por los cuales se le vinculó al sumario mediante diligencia de indagatoria. Atentamente,

FABIO VICENTE GARCIA GALINDO

Procurador Primero Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal (E)

Rad: Sumario No. 5945

Jaime Cuesta Ripio apm