PGN - FALSA DENUNCIA - Configuración de la conducta

Bogotá D. C., 17 de agosto de 2001 Concepto N° 016 – 1IJP. Señor doctor

Don LUIS CAMILO OSORIO ISAZA

Fiscal General de la Nación

E. S. D.

REF.: Única Instancia N° 4152

Sindicada: Dra. JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA

Cargo: Magistrada Tribunal Administrativo Sucre

Delito: Falsa denuncia.

Respetado señor Fiscal General: ROBERTO C. ELJACH GUERRA, Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal, de manera respetuosa concurro ante su despacho, dentro de los términos y para los efectos señalados en el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de dar a conocer la opinión del Ministerio Público en cuanto a la forma de calificación del mérito del sumario.

HECHOS El 9 de abril de 1999, RUBÉN ENRIQUE ESPITALETA JARABA, en ese entonces privado de la libertad en la Cárcel La Vega de Sincelejo, remitió sendos escritos a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, a través de los cuales informa haber sido víctima de denuncia formulada por la doctora JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA, Magistrada del Tribunal Administrativo de Sucre, por delitos que no cometió. Explica haber mantenido relaciones amorosas con la citada funcionaria durante un período cercano a los tres años, al cabo de los cuales, y, ante sugerencias hechas por diferentes Magistrados en el sentido de que se retirara del servicio de conductor del vehículo del Tribunal del Departamento mencionado, “a efectos de evitar

trascendencia al asunto que ya era de conocimiento público ya que eso perjudicaba a la administración de justicia”, decidió comentarle la situación a la Doctora ROMERO IBARRA, quien le propuso ayudarlo “en caso de retiro pues ella ganaba veinte veces más que yo, me pagaría el seguro y me daría un dinero para que negociara”. Agrega que se trató de una trampa urdida por ella toda vez que en el momento de recibirle el dinero que le había ofrecido, fue capturado con base en denuncia que le formulara ante el Departamento Administrativo de Seguridad, por los delitos de Extorsión y Fraude Procesal. CONSIDERACIONES Para iniciar el análisis de la conducta endilgada a la doctora ROMERO IBARRA, es necesario precisar, lo más exactamente posible, el comportamiento por ella desplegado en la medida en que el denunciante ESPITALETA JARABA la acusa de haberle endilgado la incursión en delitos que no cometió. Veamos: El 22 de diciembre de 1998, ante la Jefatura de la Unidad Investigativa de Policía Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad D. A. S., Seccional Sucre, la doctora JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA formuló la denuncia N° 119 en contra de RUBÉN ENRIQUE ESPITALETA JARABA por los delitos de Extorsión y Hurto, explicando la existencia de tres conductas asumidas por el imputado: 1.- Le pidió el favor de retirarle un dinero a través de cajero automático y ESPITALETA le devolvió la tarjeta diciéndole que no había línea. Al verificar el saldo observó que le hacía falta la suma de

un millón cuatrocientos mil pesos. “Al hacerle el reclamo me dijo que había tenido una necesidad grandísima, pero que él me la pagaba...”. 2.- ESPITALETA tuvo “enredos” con la muchacha de servicio de un apartamento vecino de propiedad de RICARDO CÁRDENAS siendo sorprendido en alguna oportunidad. La Magistrada ROMERO “le hizo cuarto” escondiéndolo en el suyo hasta cuando pudo salir por la ventana principal. Como quiera que la doctora se viera en la necesidad de contar lo sucedido al señor CÁRDENAS, dice en la denuncia que se ganó un problema con dicha muchacha. Una noche, cuando se encontraba en el baño de su residencia, sintió un flash como dos o tres veces. “El 2 de diciembre, me dijo (ESPITALETA) que a él le llegaron unas fotos que me tomaron en esa ocasión y que si no quiero perder el puesto le tengo que dar diez millones de pesos...”. En consecuencia, la funcionaria le puso una cita en la Plaza de Majagual para llegar a un acuerdo, llevando una grabadora a fin de captar la conversación. Allí se llegó a la suma de tres millones de pesos que se pagarían en diciembre, enero y febrero, de los cuales alcanzó a darle ochocientos mil. 3.- Otro aparte de tal exposición dice: “...cuando vio mi negativa de no darle un peso, sacó la foto y efectivamente estoy desnuda y me dijo que las otras eran mejores y que podía hacer un montaje para dar a entender que yo me encontraba con él en el carro oficial, que sin (sic) le daba la plata pues lo que quería era estar conmigo por las buenas o malas; me llené de paciencia tratar (sic) de arreglar las

cosas por las buenas, y cogió un expediente y salió corriendo de la oficina ...”. En resumen, la doctora ROMERO IBARRA manifestó ante la autoridad de policía judicial que ESPITALETA, inicialmente había abusado de su confianza sustrayendo una suma de dinero de su cuenta bancaria, luego, que le había exigido pagos a cambio de unas fotografías que la mostraban desnuda, y, finalmente haber tomado un expediente de su despacho. Teniendo como base la denuncia, se llevó a cabo un operativo por parte del DAS, cuyo resultado se resume en el informe respectivo así: “fue capturado en flagrancia frente al edificio del Palacio de Justicia de esta ciudad, el señor RUBÉN ENRIQUE ESPITALETA JARABA, momentos después de recibir un millón de pesos, producto de una extorsión de que fuera víctima la doctora JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA, Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre”. El 24 de diciembre de 1998, la Fiscalía 14 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Sincelejo dispuso la apertura de investigación por los delitos de Falsedad y Extorsión. La situación jurídica del señor ESPITALETA JARABA se resolvió mediante proveído del 29 de diciembre del mismo año, en el cual se dispuso proferir en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por los delitos de Extorsión y Falsedad descritos en los artículos 355 y 223 del Código Penal, respectivamente. El mérito del sumario fue calificado por la Fiscalía Delegada ante los

Jueces Penales del Circuito, Unidad Anti-extorsión y Secuestro, Grupo Apoyo Automotores de Montería, el 7 de julio de 1999, con preclusión de la instrucción a favor del procesado. La conducta endilgada a la doctora ROMERO IBARRA, puede encontrar descripción en el artículo 166 del Código Penal vigente para la época de los acontecimientos, el cual disponía: “Falsa denuncia. El que bajo juramento denuncie ante la autoridad un hecho punible que no se ha cometido, incurrirá en prisión de seis meses a dos años y multa de quinientos a cinco mil pesos”. Necesariamente a continuación debe hacerse el comentario respecto del título, consignado por el profesor LUIS CARLOS PÉREZ, en su Obra “Derecho Penal”, en los siguientes términos: “El artículo 166 está erróneamente titulado. La incriminación deriva no de ser falsa la denuncia, sino de ser falso el hecho denunciado. La denuncia es verdadera, o al menos ha de serlo, si la conducta ha de adecuarse a la descripción textual. Su origen en una infracción inexistente no traslada la irrealidad al informe dirigido a las autoridades. El epígrafe debería decir: ‘denuncia de un hecho punible falso’.”(Editorial Temis, Bogotá, 1982, Tomo III, página 349) La conducta bajo análisis se encuentra ubicada en el Título IV, Delitos contra la Administración de Justicia, Capítulo Primero, De las falsas imputaciones ante las autoridades. Imputación implica la atribución a una persona de un hecho delictuoso. Al respecto debe decirse que ENRIQUE RUIZ VADILLO,

citado por el tratadista PEDRO ALFONSO PABÓN PARRA en su libro “Delitos contra la Administración de Justicia”, precisa las exigencias requeridas para la configuración del delito así: “1) Una imputación precisa y categórica de hechos muy concretos y específicos dirigida contra una persona determinada. 2) Que tales hechos, de ser ciertos, constituirían delitos o faltas perseguibles de oficio. 3) Que la imputación sea falsa. 4) Que la denuncia ha de presentarse ante la autoridad que tenga la obligación de actuar y 5) Que exista intención delictiva, esto es conciencia de que el hecho denunciado es delictivo y falso, o sea, que la acusación o denuncia se haya hecho con mala fe del sujeto activo” (Editorial Leyer, Bogotá, Primera Edición, página 85). De estos requisitos tenemos cumplidos a cabalidad algunos en el caso que ocupa nuestra atención, referidos al actuar de la doctora ROMERO IBARRA en contra de ESPITALETA JARABA, como son: una imputación clara de hechos concretos, que se constituyen en delitos, contra una persona determinada y ante autoridad competente. Los restantes deben ser objeto de mayor análisis y se refieren a la falsedad de dicha imputación y a la intención delictiva. A esta altura, el Ministerio Público considera fundamental establecer con precisión que el presente proceso se adelanta contra la doctora JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA, por la posible incursión en el delito denominado Falsa Denuncia, y esta anotación tiene como objeto evitar que circunstancias personales, tanto de la vinculada

como del denunciante, incidan de manera determinante en las resultas del proceso. Se observa a lo largo del encuadernamiento, incluyendo el propio expediente contra ESPITALETA JARABA, que las manifestaciones hechas por éste en el sentido de haber mantenido una relación de tipo amoroso y clandestino con la Magistrada por un término superior a los tres años, se han convertido en pilar para fundamentar decisiones, y al respecto el Ministerio Público considera que únicamente es posible darle validez a esa circunstancia en la medida en que afecte las acusaciones o las justificaciones, en favor o en contra de los sujetos procesales. Aún aceptando, en gracia de discusión, que realmente existió tal romance y que fuera en los términos descritos por el denunciante, esto de por sí, no hace desaparecer la posibilidad de que la funcionaria del Contencioso pudiera haber sido víctima de los delitos que denunció. Al punto nos preguntamos si es que cuando media una relación afectiva entre dos personas, no es posible que una de ellas cometa hurto en detrimento del peculio de la otra, o que la extorsione, o que la convierta en sujeto pasivo de cualquier otra conducta punible? Concordamos plenamente con estos planteamientos consignados en la resolución de situación jurídica que nos permitimos transcribir: “... la demostración de las relaciones amorosas entre ESPITALETA JARABA y la magistrada, per se, no puede dar cuenta de la inexistencia de los delitos que en contra del primero se investigaron”... “Se debe considerar que, ya de antaño, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que la absolución de responsabilidad por

parte de una instancia judicial no genera, ni indefectiblemente implica la verificación de una falsa denuncia. ... “También, y así lo enseña la experiencia decantada de la vida, las relaciones amorosas clandestinas propician circunstancias especiales que de una u otra manera generan en uno de los comprometidos conductas retaliatorias hacia el otro, mecanismos de presión para continuarla, para seguir alimentándolas o para mantener los provechos económicos que las mismas permiten”. Igualmente se dice en aquella decisión: “En el presente asunto se tiene que se entregó una suma de dinero por parte de ROMERO IBARRA a ESPITALETA JARABA, empero, concomitante a la misma éste devolvió a aquella unas fotos comprometedoras, y que daban cuenta indirectamente de la relación íntima, y un expediente que dos días antes le había sustraído de su oficina”. Así las cosas, entremos en otras consideraciones aisladas que, aunadas a las anteriores, nos permitirán llegar a conclusiones y a la solicitud que en derecho corresponda: 1.- El señor ESPITALETA JARABA en el momento de su captura por parte del DAS, tenía en su poder la suma de un millón de pesos en efectivo, la cual él mismo reconoció como proveniente de la doctora

ROMERO.

La tenencia en su poder del expediente no ha encontrado contradicción dentro de las sumarias. Al contrario, fue aceptada por el aquí denunciante. La existencia de dos cassettes grabados por la sindicada representa un valor probatorio que bien vale resaltar, ya que aunque no fue transcrito su contenido ni incorporado su texto al proceso, todo

parece indicar su real aporte. Al respecto debe hacerse notar que la funcionaria del DAS, LINA MARÍA CÁRDENAS TORRES, en su última declaración afirma bajo juramento que en efecto los recibió. El solo aporte de estos elementos por parte de la aquí denunciada tiene un verdadero valor como hecho indicador en la medida en que es obvio deducir que si se hizo entrega de ellos a la autoridad de Policía Judicial, el propósito era que se transcribiera lo que allí estaba grabado y con ello lógicamente se corroboraría su dicho. Si ello no sucedió, fue por circunstancias completamente ajenas a quien los allegó en legal forma. Las fotografías también existían y esto es manifestado, inicialmente por la magistrada y luego reconocido por ESPITALETA y por la misma detective mencionada, quien declaró haberlas recogido – rotasy llevado a la Seccional. 2.- En cuanto a la credibilidad debe hacerse observar lo siguiente: Al señor ESPITALETA JARABA se le ha creído cuanto ha manifestado, sin que realmente haya sido sometido a análisis el contenido de sus exposiciones. Simplemente se parte de la base de que dice la verdad y de que obra con buena fe. Pues esas garantías constitucionalmente consagradas también deben ser aplicadas a la funcionaria ahora denunciada. Pero veamos algo del denunciante ESPITALETA: Según lo acreditado a través del expediente, él fue quien se encargó de difundir la relación que en secreto mantenía con la Magistrada, sin que aparezca alguna persona que pueda afirmar haber tenido conocimiento directo de tal relación. De pronto quienes más cercanos están a declarar en ese sentido son

precisamente sus familiares más allegados. Pero los demás testimonios están fundamentados en lo que él mismo informara. Es más. Luego de su privación de la libertad, se puso en contacto con el Magistrado RAMIRO VERGARA GARCÍA a quien le solicitó que declarara que entre él y la doctora JUDITH ROMERO existía ese tipo de vinculación. A folio 342 del segundo cuaderno, obra el testimonio recaudado el 20 de septiembre de 2000 a JULIO CÉSAR LORA JALAFF, dentro del cual se observan manifestaciones tales como: “... él la llevaba a ella como trabajador, pero no tenía acceso al apartamento...” ; “... cuando hubo el problema en el que está metida la doctora JUDITH, ellos se acercaron a mí, ESPITALETA y BARRAZA y me dijeron: JULIO te vamos a dar una plata para que yo declarara en contra de la doctora...” ; “... que si a mí me preguntaran o me llamaran a declarar lo hiciera en contra de ella...” ; “... me dijeron que iban a tirar un billete...”. En el folio 2 de su indagatoria LORA JALAFF dice textualmente: “... Y en el momento llegó RUBÉN ESPITALETA ahí mismo donde BENEDICTO y yo, me dijo RUBÉN ESPITALETA, vea hermano no le va a pasar nada, vamos a la Fiscalía y retráctate no te va a pasar nada. Eso me llamaban dos y tres veces al día ambos para decirme que no me iba a pasar nada. Y cuando ya vine aquí y me retracté RUBÉN ESPITALETA, llegó hasta la casa y me dijo yo me gasté cien

mil pesos en abogado, si tu me consigues esos cien mil pesos mañana vamos a la Fiscalía y retiro la denuncia inclusive vas conmigo”. Debe aclararse que LORA JALAFF denunció a BENEDICTO BARRAZA y a RUBEN ESPITALETA por haberlo presionado y ofrecido dinero para declarar contra la doctora JUDITH ROMERO. Luego de su retractación, se terminó el proceso con preclusión de la investigación. Posteriormente, ESPITALETA a su vez lo denunció por Falsa Denuncia contra Persona Determinada y Tentativa de Fraude Procesal, siendo también precluida esta investigación. Continuando con el tema de la credibilidad, se debe agregar que en el expediente contra ESPITALETA se atendieron las versiones que aparecían en su favor, sin que se controvirtieran o se dudara de ellas a pesar de obrar otras que resultaban contrarias. Tal es el caso de MARTÍNEZ RACINE, quien afirmó haber visto a la doctora JUDITH “tirándole piedritas” a RUBEN, un día en que se llevaba a cabo una cabalgata. Resulta que ese día, la funcionaria se encontraba en compañía de varias personas (auxiliares de magistrados, Secretaria del Tribunal) quienes declararon no haber visto jamás de parte de la Magistrada, alguna actitud o detalle que permitiera inferir la existencia de las tan cacareadas relaciones. Sus razones debió tener el Despacho correspondiente para precluir a favor de ESPITALETA como lo hizo. Baste decir que su actuar dio motivo para que se dispusiera, en el fallo absolutorio que se profiriera dentro del disciplinario seguido contra la doctora ROMERO IBARRA,

por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la compulsación de copias para que se le investigara.

Tal Oficina precisó: “Y no podemos concluir esta decisión sin antes resaltar la reprochable inactividad judicial que condujo a la excarcelación del sindicado (quejoso) por vencimiento de los términos para la calificación, dentro de los cuales bien pudo el funcionario investigador adoptar la decisión que en derecho correspondiera, que bien pudo ser la que en últimas plasmó, pero sin que quedara flotando en el ambiente la sensación de que se hizo para tratar de tender una cortina de humo distractora de aquel comportamiento omisivo que le generaba responsablidad disciplinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 504 de 1999, razón por la cual se dispondrá la compulsa de copias con destino al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba” (Destacado fuera del texto original).

Lo anteriormente expuesto, y presentado dentro de este numeral, tiene por objeto poner de presente que, si se ha considerado el dicho del ahora denunciante y sus testigos, como elementos de juicio valiosos para tomar determinaciones, también en ese mismo sentido deben atenderse las pruebas que demuestran su forma de actuar, su ánimo retaliatorio contra la funcionaria y, el final, el propósito de causarle daño. 3.- El Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el fallo absolutorio ya citado, consideró dentro de su motivación lo siguiente: “Si el ente investigador penal mantuvo sub iudice y privado de libertad durante un lapso superior a ciento veinte

días al quejoso, fue porque en principio tuvo elementos probatorios que lo hacían aconsejable tomando en cuenta que el proceso penal, al igual que el disciplinario, es un proceso de conocimiento compuesto por una sucesión de etapas, cada una de las cuales, en el primero, comporta una decisión que afecta la libertad y para cada una de ellas se exige un grado de aproximación al conocimiento de la verdad que viene de menor a mayor. Pues bien, para adoptar como en efecto lo hizo, la imposición de una medida de aseguramiento en detrimento suyo, la Fiscalía tuvo que dar por probados, por lo menos con cierto grado de probabilidad, tanto la tipicidad de la conducta con fundamento en la real existencia del hecho, como la eventual responsabilidad de su autor. De manera que la denuncia para entonces no podría presentarse temeraria o imprudente, sino todo lo contrario, con marcados rasgos de verosimilitud y sustento probatorio”. Presentadas así las cosas, debemos volver al comienzo cuando se consignaron las exigencias requeridas para la configuración del delito, e insistir en que, si bien algunas de ellas se adecuan a la actuación de la Magistrada como son la imputación clara de hechos concretos, que estos se constituyan en delitos, que esté dirigida contra una persona determinada y que se haga ante autoridad competente, los restantes referidos a la falsedad de dicha imputación y a la intención delictiva no encuentran soporte. Veamos: Los hechos (retiro del dinero, obtención de un millón de pesos por parte de ESPITALETA JARABA y posesión del mismo, tenencia de las fotografías y del expediente) son reales y a lo largo del

encuadernamiento se encuentra prueba de su existencia. Frente al ánimo de la doctora ROMERO IBARRA, no aparece elemento de juicio alguno que permita inferir que estuvo encaminado a causar deliberadamente daño a su denunciado. Al contrario, aparecen pruebas como las descritas anteriormente de las que sí es posible deducir que su actuación obedeció a una defensa legal, frente a un comportamiento a todas luces atentatorio contra su individualidad, sus bienes, su privacidad y su libre determinación, fundamentalmente, los cuales se vieran afectados por alguien que trató de obtener el mayor provecho posible, de las grandes diferencias sociales y económicas que se presentaban entre ellos. Partiendo de la descripción típica del artículo 166 del estatuto de las penas vigente al momento de los acontecimientos investigados, el Ministerio Público considera que en el caso bajo análisis no se da la circunstancia de una denuncia, ante autoridad, “de un hecho punible que no se ha cometido”, toda vez que la Magistrada informó unos hechos que realmente tuvieron ocurrencia y que se constituían en delito. En consecuencia, la Procuraduría Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal, atendiendo lo dispuesto por los artículos 399 y 39 del Código de Procedimiento Penal, solicita que se califique el mérito del sumario con PRECLUSIÓN de la investigación a favor de la doctora JUDITH INMACULADA ROMERO IBARRA. Con sentimientos de consideración y aprecio,

ROBERTO C. ELJACH GUERRA

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal