PGN - FALSEDAD O TEMERIDAD DEL ESCRITO DE QUEJA - Deber de evaluar la totalidad del dicho del q

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicado: 072-9535-05

Citación audiencia por queja temeraria en contra de BELISARIO ROMERO y otros Asunto: Fallo de segunda instancia. Bogotá, D.C., 13 de Febrero de 2007 ANTECEDENTES Los señores BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEO ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, a través del escrito radicado el 28 de febrero de 2005, formularon queja en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, en sus condiciones de Procurador Provincial de Vélez y Profesional Universitario de la misma dependencia, respectivamente, por las supuestas irregularidades en que incurrieron dentro del proceso disciplinario seguido en contra de MIRYAM FRANCO CEPEDA, en su calidad de Concejal del Municipio de Chipatá. (fls. 3 y 4). Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría Regional de Santander, dentro del radicado No. 072-08395-05, por auto de 30 de marzo de 2005, ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, en sus condiciones respetivas de Procurador Provincial de Vélez y Profesional Universitario de esa Provincial. Mediante proveído de 2 de noviembre de 2005, la Procuraduría Regional de Santander dispuso la terminación del proceso y, como consecuencia, el archivo de la diligencias seguidas en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO

JAVIER PICO ORTIZ, al considerar que la conducta objeto de la queja no había existido, y que el derecho de petición presentado por los quejosos fue resuelto oportuna y adecuadamente, y además, porque a ellos se les comunicó el 21 de enero de 2005 la decisión de archivo definitivo proferida por la Procuraduría Provincial de Vélez dentro de la investigación seguida en contra de MIRYAM FRANCO CEPEDA. (fls. 35 a 38). La Procuraduría Regional de Santander, a través del proveído de 15 de marzo de 2006, citó a audiencia pública a BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEO ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, para ser investigados por temeridad en la queja formulada en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ. (fls. 39 a 41). En el desarrollo de la audiencia pública de 4 de abril de 2006, los investigados solicitaron la práctica de pruebas, algunas de las cuales fueron negadas, situación por la que se interpuso el respectivo recurso de apelación, el que fue negado por la Procuraduría Regional de Santander, al considerar que el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, no establece dicho procedimiento. (fls. 60 a 67). Ante esa determinación, los quejosos interpusieron el recurso de queja, con base en lo dispuesto por el artículo 222 ibídem, aduciendo que debe remitirse al procedimiento ordinario en aquellos aspectos que no están regulados por el procedimiento verbal.

2 Recurso que fue resuelto, a través de la providencia de 17 de mayo de 2006, confirmándose la medida adoptada por la Procuraduría Regional de Santander dentro de la audiencia de 4 de abril del mismo año. (fls. 150 a 156). La Procuraduría Regional de Santander, en la audiencia pública celebrada el día 18 de agosto de 2006, profirió fallo de primera instancia en contra de BELISARIO ROMERO, ERMELINDO DUARTE, IRINEÓ ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, sancionándolos con multa equivalente a treinta (30) días de salario mínimo legales diarios vigentes al momento de la comisión de la falta (fl. 206), pero, sin que pronunciara respecto del señor IGNACIO JAVIER MUÑOZ, situación por la que se devolvieron las diligencia a la oficina de origen, para lo de su cargo, por auto de 19 de septiembre de la misma anualidad. (fls. 225 y 226). En acatamiento de lo anterior, la Procuraduría Regional de Santander, mediante proveído de 2 de noviembre de 2006, adicionó la parte resolutiva de la decisión de 18 de agosto de 2006, incluyendo para tal efecto al señor IGNACIO JAVIER MUÑOZ, siendo sancionado con multa de 30 salarios mínimos vigentes al momento de la comisión de la falta. (fls. 232 y 233). CARGOS Por auto de 15 de marzo de 2006, la Procuraduría Regional de Santander, citó a audiencia pública a BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEO ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, para ser investigados por

temeridad en la queja formulada en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, por haber alegado hechos contrarios a la realidad como son: (fl. 40). 3 “Que el derecho de petición presentado en septiembre de 2004, no fue contestado a satisfacción, por cuanto solicitaron se les informara qué actuaciones se habían adelantado y por qué no habían decretado pruebas”. “Pero encontró esta instancia que con oficio No. 2233 del 21 de septiembre de 2004 el Procurador Provincial de Vélez le informó al señor Irineo Acevedo Gamboa que esa Procuraduría adelantaba el expediente 054-8086 contra Myriam Franco Cepeda Concejal del Municipio de Chipatá por presunta violación al régimen de inhabilidades y se encontraba asignado al profesional Leonardo Javier Pico Ortiz para adelantar la correspondiente Indagación Preliminar. (folio 31)”. “También informaron que a la fecha (febrero 28 de 2005) no se habían citado a los quejosos a ratificar la queja, ni tampoco había tenido conocimiento de alguna comunicación de conformidad con el artículo 109 de la Ley 734”. Sobre este punto, se logró determinar que con oficio del 21 de enero de 2005, la Procuraduría Provincial de Vélez comunicó a los quejosos la decisión de archivo definitivo, quienes el 28 de enero de 2005 interpusieron el recurso reapelación. (folio 34)”. “Así las cosas, este Despacho cuestiona el proceder de los quejosos pues la Procuraduría Provincial de Vélez, atendió oportunamente el derecho de petición

formulado por ellos, brindándoles la información que como quejosos podían obtener; asimismo pudieron ejercer su derecho de presentar el recurso en contra de la decisión de archivo de las diligencias”. 4 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Santander, por Resolución No. 069 dentro de la audiencia pública celebrada el día 18 de agosto de 2006, profirió fallo de primera instancia en contra de BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEÓ ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, sancionándolos con multa equivalente a treinta (30) días de salario mínimo legales diarios vigentes al momento de la comisión de la falta, argumentando lo siguiente. (fls. 206). De acuerdo con el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales se entiende por temeridad “La actitud del litigante que demanda o excepciona a sabiendas de su falta de razón…”; aplicando lo anterior al presente caso, se encontró que al indagar sobre los puntos que señalaron los quejosos contra los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez, se determinó que todo era falso y que ellos eran conocedores de antemano de la situación y, a pesar de ello, formularon la queja ante la Procuraduría Regional de Santander y, para esa fecha, ya había transcurrido más de un mes de interpuesto el recurso de apelación contra el auto de archivo del expediente adelantado contra la Concejal de Chipatá, MIRIAM FRANCO CEPEDA, denotando con ello la temeridad del contenido de la queja.

En cuanto al argumento planteado por IGNACIO MUÑOZ AYALA, de que la queja se interpuso mucho antes de febrero de 2005, pudiendo haber ocurrido, que al colocarse en la oficina de correo del Municipio de Chipatá, pudo demorarse debido al mal estado de las carreteras y la distancia entre ese municipio y Bucaramanga. Excusa que no tiene asidero, pues MUÑÓZ AYALA, estuvo en la oficina de la empresa Interrapidisimo de Chipatá y procedió el día 25 de febrero d 2005 a enviar a 5 la Procuraduría Regional de Santander el escrito contentivo de la queja, como consta en la Guía No. 00297171 y en el reporte obrante a folios 131 a 134, es decir, que la queja fue presentada con fecha posterior a la apelación del auto de archivo – enero 28 de 2005-. En cuanto a la manifestación de IGNACIO MUÑOZ AYALA, Personero Municipal de Chipatá, de que su actuar estuvo amparado en un deber como servidor público, para lo cual trajo a colación el concepto PA-3029 de la Procuraduría General de la Nación, considerando que debe haber diferencia entre informante y quejoso, el Aquo consideró que no era aceptable puesto que su actuar frente a las diligencias fue en calidad de quejoso, toda vez que ante la decisión de archivo actuó como apelante y como quejoso en el escrito contra los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez. Respecto de la manifestaciones de los señores BELISARIO ROMERO, ERMELINDO DUARTE, IRINEÓ ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, fuera de loa argumentos

antes plasmados, el A-quo agregó, que si los quejosos consideraban que no había imparcialidad ni transparencia en la investigación por parte del Operador Jurídico comisionado para adelantar la investigación disciplinaria contra la Concejal FRANCO, el procedimiento a seguir era el haber recusado al funcionario, situación que no se llevó a cabo, pues estableció a través del oficio 01022 de 17 de abril de 2006 obrante a folio 142, que dentro del expediente radicado bajo el No. 054-080060, no se aprecia que dentro del mismo se hubiera recusado al Procurador Provincial de Vélez ni al Profesional Universitario de esa dependencia JAVIER PICO ORTIZ, amén de que dichas diligencias no se encuentran archivadas, pues como resultado del recurso de apelación, la Procuraduría Regional de Santander por proveído de 10 de noviembre de 2005, ordenó revocar la decisión al considerar que era necesario la 6 práctica de pruebas, con el fin de cumplir con las finalidades de la indagación preliminar. Sobre lo afirmado por el apoderado de los investigados, cuando hay inconformismo frente a las decisiones judiciales, existen los recurso de ley, por lo que no se puede entrar a calificar a la ligera antes de que esté en firme y debidamente ejecutoriado el acto que así lo demuestre y más aún, cuando ellos eran conocedores del diligenciamiento adelantado frente a la investigación disciplinaria contra la Concejal MIRIAM FRANCO CEPEDA y que había sido objeto del recurso de apelación precisamente interpuesto por ellos mismos en fecha anterior a la de la queja contra los funcionarios a cuyo cargo se encontraba adelantando la investigación.

RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de BELISARIO ROMERO, ERMELINDO DUARTE, IRINEO ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 069 de 18 de agosto de 2006, el cual sustentó al afirmar, que no obra prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad de los investigados, pues al estudiar el fallo de alzada, se observa que no se cumplió con el principio de imparcialidad, por cuanto no se tuvieron en cuenta las circunstancias favorables y desfavorables de los investigados, ya que no se valoraron las presuntas irregularidades presentadas en la investigación disciplinaria contra la Concejal MIRIAM FRANCO, toda vez que no se practicaron las pruebas solicitadas por LIBARDO PRADA, interventor de los contratos, las que si se ordenaron después de presentada la queja contra los funcionario de la Procuraduría Provincial de Vélez Con relación a la afirmación de la Procuraduría Regional de Santander, de que todos los hechos denunciados contra los funcionarios de la Procuraduría Provincial de 7 Vélez, fueron falsos, ello no es cierto, puesto que está demostrado que no se decretaron las pruebas solicitadas ni se averiguó si el señor PICO ORTIZ, militaba en el mismo grupo político de la Concejal FRANCO CEPEDA, por si se encontraba incurso en alguna falta al régimen de inhabilidades, y tampoco, se citó a los informantes a ratificar la queja porque recibieron ninguna comunicación, por lo que creyeron inequívocamente que tenían que ser informados, pues es el procedimiento normal en todas las actuaciones investigativas, ya que quien informa o denuncia es

citado para que se ratifique. Agregó el apelante, que si la Procuraduría Regional de Santander hubiera advertido que las manifestaciones de la queja eran temerarias, debió inhibirse de plano, pero habría cierta razón en lo solicitado, cuando se decidió abrir investigación disciplinaria. De donde se afirma que hay queja temeraria, cuando la misma Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa compulsó copias para que se investigara si el procedimiento seguido por la Procuraduría Regional de Santander dentro del proceso disciplinario seguido contra los funcionario de la Procuraduría Provincial de Vélez estuvo ajustada a la competencia y demás parámetros legales establecidos en la Ley 734 de 2002 y si en estas condiciones era factible iniciarse el procedimiento por queja temeraria. Además, en el auto mediante el cual se ordenó la terminación y archivo definitivo del proceso disciplinario seguido contra los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez, no se pronunciaron sobre la omisión del investigador respecto de las pruebas solicitadas y dejadas de practicar en el proceso contra la Concejal FRANCO, como fueron los testimonios de OSCAR GONZÁLEZ PEDRAZA y LIBARDO PRADA QUINTERO, por lo que se violó el debido proceso. 8 De esta manera, se vulnera el principio del in dubio pro disciplinado, al no existir certeza en cuanto hayan actuado con dolo, porque al parecer si existieron irregularidades en el caso denunciado y se violó el debido proceso. A su vez, IGNACIO JAVIER MUÑOZ AYALA, por escrito radicado el 24 de agosto de

2006, sustentó, de manera extensa y reitera el correspondiente recurso de apelación, para lo cual señaló que: El auto de 2 de noviembre de 2005 con el que se decretó la terminación de la actuación seguida contra los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez, en ningún momento fue notificado en debida forma ni obra dentro del expediente algún recibido por parte de los quejosos. En cuanto al derecho de petición no es cierto que la Procuraduría Provincial de Vélez hubiera informado a todos los quejosos, pues solo se le comunicó a IRINEO ACEVEDO de manera formal y aparente, a pesar de tratarse de una actuación plural, por lo que no se contestó el derecho de petición a satisfacción. Con el fin de demostrar lo afirmado anteriormente, citó apartes de algunos fallos de la Corte Constitucional (fl. 237), para concluir que el derecho de petición que se presentó en septiembre de 2004 dirigido a la Procuraduría Provincial de Vélez no fue contestada satisfactoriamente y, que en todo caso, de no poderse responder lo solicitado debió existir un pronunciamiento de fondo, es decir, ofrecer al peticionario un sustento jurídico frente a la falencia en la respuesta ofrecida, por cuanto solo hubo un pronunciamiento de manera formal en cuanto no fue dirigido a la totalidad de los peticionarios. 9 En cuanto a las pruebas la Procuraduría Regional de Santander, sostuvo que los quejosos no las pueden solicitar, pero que estas pueden ser aportadas al proceso, por lo que ellos entregaron los datos de las personas a quienes les consta la forma en que intervino la Concejal FRANCO CEPEDA en la celebración de los contratos

objeto de la queja, por lo que debieron ser recepcionados los testimonios por la Procuraduría Provincial de Vélez. Frente a la aplicación del artículo 109 de la Ley 734 de 2002, existió una mala interpretación, ya que la queja formulada contra la Concejal FRANCO CEPEDA, fue por una falta gravísima, como lo contempla el numeral 17 del artículo 48 ibídem, por lo que se debió aplicar el artículo 175, inciso segundo, sobre el procedimiento verbal. Pero, en el hipotético caso de aplicarse el proceso ordinario, la indagación preliminar se venció el 18 de diciembre de 2004, sin que se procediera de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, ni con el concepto 021 de 2001, debiéndose dictar auto de archivo o de apertura de investigación disciplinaria, y en uno u otro caso, informándosele inmediatamente a los quejosos la decisión adoptada, lo cual solo se hizo transcurrido más de un mes, con lo cual se vulneró la comunicación a los quejosos en dicho término. (fl. 238). En el mismo evento, respecto de la investigación seguida contra los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez, tampoco se dio cumplimiento al artículo 109 de la ley disciplinaria, pues en el diligenciamiento no obra prueba de la notificación en debida forma a los quejosos. 10 CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Con el fin de establecer, si los argumentos planteados por la defensa como parte sustancial del recurso de apelación, tienen asidero fáctico-jurídico, se debe tener en cuenta que del acervo probatorio obrante dentro del diligenciamiento, se logró

comprobar que: Mediante documento radicado el 28 de febrero de 2005, los señores BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEÓ ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, presentaron queja en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, en sus condiciones de Procurador Provincial de Vélez y Profesional Universitario de la misma dependencia, respectivamente, por las supuestas irregularidades en que incurrieron dentro del proceso disciplinario seguido en contra de MIRIAM FRANCO CEPEDA, en su calidad de Concejal del Municipio de Chipatá, entre las que se cuentan: (fls. 3 y 4). aNo haberse llevado proceso disciplinario a través del procedimiento verbal, por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, de acuerdo con el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. bNo haberse contestado a satisfacción el derecho de petición formulado en septiembre de 2004 y, cHaber incurrido LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, abogado de la Procuraduría Provincial de Vélez, en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ya que antes de ser funcionario de la Procuraduría General de la Nación, fue Concejal del municipio de Vélez en el año 2001, por el mismo partido político donde milita la Concejal FRANCO CEPEDA y es hijo de un reconocido político de la región, con 11 quien se ha visto en reiteradas oportunidades por su amistad con la señora

FRANCO CEPEDA.

dNo habérseles citado para la ratificación y ampliación de la queja ni haber tenido conocimiento de alguna comunicación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 de Código Disciplinario Único. Como se aprecia, con la queja se buscó poner en conocimiento del superior funcional de la Procuraduría Provincial de Vélez, las presuntas irregularidades surgidas dentro del proceso disciplinario tramitado en contra de la Concejal del municipio de Chipatá, MIRIAM FRANCO CEPEDA. Proceso que se originó por la queja formulada el 21 de mayo de 2004, por los señores BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEÓ ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, quienes sostuvieron que la Concejal del municipio de Chipatá, estaba incursa en conducta reprochable disciplinariamente al haber incurrido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por la intervención en la suscripción de contratos en interés propio, con lo que se vulneró el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. (fls. 5 a 7). Con el fin de demostrar los hechos denunciados, solicitaron la práctica, entre otras pruebas, la de citar a declarar a los señores LIBARDO PRADA QUINTERO y OSCAR GONZÁLEZ. (fl. 7). De esta manera se hace indispensable entrar a revisar cada uno de las circunstancias que originaron la queja en contra de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría Provincial de Vélez.

12 aRespecto del trámite que se adelantó por parte de la citada Provincial a la Concejal del municipio de Chipatá, FRANCO CEPEDA dentro del Expediente No. 054-08086-04, evidentemente la conducta descrita por parte de los quejosos, ameritaba que el proceso que se dispusiera fuera el verbal, tal como lo regula el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el inciso 2º del artículo 175, ibídem. Procedimiento verbal que puede comenzar con la apertura de la etapa de indagación preliminar, cuando el operador jurídico considere que se hace necesario verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, tal como lo preceptúa el inciso 2º del artículo 150 del Código Disciplinario Único. En este orden de ideas, el procedimiento, que hasta la emisión del auto de 20 de enero de 2005, mediante el cual, la Procuraduría Provincial de Vélez, dispuso el archivo de las diligencias en contra de MIRIAM FRANCO CEPEDA, está consagrado por la ley disciplinaria, pues con fundamento en la indagación preliminar es que se determina si el diligenciamiento se archiva definitivamente; si se abre investigación disciplinaria en el evento de continuarse mediante el procedimiento ordinario, o si se cita a audiencia pública, en tratándose del procedimiento verbal. Por ende, en los servidores públicos de la Procuraduría Provincial de Vélez, no se aprecia la incursión de falta disciplinaria por este solo hecho, sin embargo, ello tampoco significa que los quejosos BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER

MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEO ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, al considerar que existía irregularidad, ya que necesariamente la queja tenía que llevarse por el procedimiento verbal, y al no haberse citado a la señora FRANCO 13 CEPEDA a audiencia pública, presumieron que la actuación de los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez debía ser investigada. bEn cuanto a la falta de contestación a satisfacción el derecho de petición formulado el 21 de septiembre de 2004, debe tenerse en cuenta, que en el acervo probatorio contentivo del presente diligenciamiento, es decir, ni dentro del proceso que la Procuraduría Regional de Santander llevó por queja temeraria, ni dentro del proceso tramitado por la misma dependencia en contra de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría Provincial de Vélez (cuaderno anexo), se encontró la copia de dicho documento, situación por la que es indispensable acudir a lo manifestado por los quejosos cuando en el numeral 2º del escrito de la queja, afirmaron que: “En septiembre de 2004 mediante derecho de petición el cual no fue contestado a satisfacción, se solicitó se informara qué actuaciones se habían adelantado a la fecha y porqué no se habían decretado pruebas tratándose de una falta gravísima, donde contestaron únicamente se encontraba (sic) asignado al profesional universitario LEONARDO JAVIER PICO”. (fl. 3). Luego, a folio 31 se encuentra el oficio No. 223500 de 21 de septiembre de 2004,

mediante el cual, el Procurador Provincial de Vélez, LIDERMAN FLOREZ HERNÁNDEZ, le contestó al señor IRINEO ACEVEDO GAMBOA, la petición presentada en la misma fecha, informándole que se adelanta el Expediente No. 0548086 contra MYRIAM FRANCO CEPEDA, Concejal del municipio de Chipatá, por presunta violación al régimen de inhabilidades, el cual se encuentra asignado al abogado LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, para adelantar la correspondiente indagación preliminar. Sobre este aspecto, los investigados aducen que el derecho de petición no fue contestado satisfactoriamente, para lo cual sostienen que el mismo, no obstante 14 haber sido formulado por la totalidad de los quejosos, solamente le fue respondido al señor IRINEO GAMBOA ACEVEDO, y además, no cubrió la totalidad de las solicitudes, ya que solo se limitó a decir que se había iniciado la indagación preliminar y que se encontraba a cargo de abogado PICO ORTIZ. Reitera esta Delegada, que ante la carencia del documento que contempla el citado derecho de petición, le es imposible determinar, si efectivamente fue suscrito por todos los quejosos o únicamente por IRINEO GAMBOA ACEVEDO, y menos aún, si se solicitó la totalidad de la información señalada por ellos en el escrito de la queja. Sin embargo, en el hipotético evento de que las aseveraciones de los investigados sea la correcta, les asistiría la razón desde el punto de vista formal, cuando sostienen que la respuesta solamente cobijó a uno de ellos. Ahora bien, desde el punto de vista material, también es cierto que no se

contestaron todos los interrogantes planteados por los petentes, como fueron, el indicar claramente cuáles fueron las actuaciones que hasta el 21 de septiembre de 2004, la Procuraduría Provincial de Vélez había desplegado y aclarar porqué no se habían decretado pruebas tratándose de una falta gravísima, no siendo de recibo para el Despacho, el argumento de que el Ente de Control Disciplinario no estaba obligado a dar esa información, ya que los quejosos no son sujetos procesales, pues si bien esa consideración es cierta, ello debió manifestárseles a los petentes y no suponer que ellos debían asumirlo. Por eso, al leer la respuesta de la Procuraduría Provincial de Vélez, se advierte que la misma aparentemente no cumplía con todas las exigencias legales, puesto que no se resolvieron satisfactoriamente las inquietudes de los petentes, con lo cual, debe entenderse que el derecho de petición pudo no ser contestado adecuadamente al no 15 cumplirse con lo fines propios consagrados por la Carta Política en el artículo 23 , en concordancia con los artículos 5º y siguiente del Código Contencioso Administrativo, circunstancia por la que los quejosos BELISARIO ROMERO, IGNACIO JAVIER MUÑOZ, ERMELINDO DUARTE, IRINEO ACEVEDO y CARLOS JULIO AYALA, optaron por formular queja en contra de los funcionarios de la Procuraduría Provincial de Vélez, sin que deba entenderse que se trató de una queja temeraria, pues existían los motivos para pensar que dichos servidores público pudieron actuar contrariando la ley disciplinaria.

cTambién se denunció por los aquí investigados, que posiblemente LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, profesional universitario de la Procuraduría Provincial de Vélez, habría cometido falta disciplinaria al violar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Como fundamento de esa acusación, afirmaron que PICO ORTIZ antes de ser funcionario de la Procuraduría General de la Nación, fue Concejal del municipio de Vélez en el año 2001, por el mismo partido político donde milita la Concejal FRANCO CEPEDA y ser hijo de un reconocido político de la región, con quien se ha visto en reiteradas oportunidades por su amistad con la señora FRANCO CEPEDA. Pero, a pesar de tratarse de una queja clara y precisa, este Despacho observa que dentro del texto del auto de 30 de marzo de 2005, a través del cual, la Procuraduría Regional de Santander ordenó la apertura de indagación preliminar en contra de LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, no se dispuso ninguna prueba que buscara establecer la veracidad de la denuncia, sino que se limitó a ordenar la recepción de las versiones libres de los indagados y la visita especial al proceso tramitado contra la Concejal del municipio de Chipatá. (fls. 51 y 52. cuaderno anexo). 16 Pero lo que es más, dentro de las diligencias de versión libre, en especial la de LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, contra quien pesaba directamente la queja, no se le interrogó sobre ningún hecho relacionado con su amistad o la de su familia con la

Concejal FRANCO CEPEDA, y menos, si pertenecían al mismo movimiento o partido político. (fls. 61 y 62. cuaderno anexo). Por último, al examinar la providencia de 2 de noviembre de 2005, con la cual, la Procuraduría Regional de Santander, se abstuvo de abrir investigación disciplinaria contra LIDERMAN FLÓREZ HERNÁNDEZ y LEONARDO JAVIER PICO ORTIZ, se aprecia que las pruebas antes enunciadas fueron las únicas que se practicaron, pero llama la atención el hecho significativo de que en la parte considerativa no se hizo la mínima mención a la conducta denunciada, y pese a ello, consideró el A-quo, que no había mérito para continuar con la diligencias, ordenando la terminación de la actuación y disponiendo el archivo definitivo del proceso disciplinario radicado bajo el No. 072-08395-05. (fls. 80 a 83. cuaderno anexo). Por lo antes señalado, no se pudo determinar si realmente la conducta objeto de la queja tuvo o no ocurrencia, lo que nos lleva indefectiblemente a concluir que no existen elementos de juicio que permitan aseverar que nos encontramos en presencia de una queja temeraria como la asevera el A-quo. dCon relación a la manifestación de los quejosos de que no fueron citados para la ratificación y ampliación de la queja, basta revisar el texto de la providencia emitida por la Procuraduría Provincial de Vélez el día 20 de enero de 2005, con la que se inhibió de abrir investigación disciplinaria contra la Concejal del municipio de

Chipatá, MIRIAM FRANCO CEPEDA, para comprobar que efectivamente ninguno de los quejosos fueron citados a la diligencia antes mencionada. 17 Si bien, los quejosos no son sujetos procesales y de conformidad con el parágrafo del artículo 90 del Código Disciplinario Único, su actuación se limita a presentar y a ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y fallo absolutorio. Esto de manera alguna significa que el hecho de que los quejosos soliciten que se investigue al operador jurídico por actuaciones u omisiones que consideran vulneratorios de sus deberes como servidores públicos, deba tenerse como una queja temeraria, pues es bajo el ritual propio del proceso disciplinario que tiene que determinarse si las actuaciones ameritan o no la apertura de la correspondiente investigación. Una posición en contrario, sería coartar o, al menos, coaccionar a las personas que piensen que han sido objeto de la vulneración de sus derechos y deberes, para que duden en formular las quejas respectivas ante la Procuraduría General de la Nación, con el mero argumento, de que si no se comprueba que el hecho no es constitutivo de falta disciplinaria o que no fue posible demostrarse, sean sancionados de la forma que lo dispone el parágrafo 2º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002. Respecto de la última de las afirmacion