PGN - FALSEDAD O TEMERIDAD DEL ESCRITO DE QUEJA - Procedencia de la sanción al quejoso

Dependencia : Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación : 086-12638/07 (001-2008) Investigado : ARIEL ÓSCAR ESCOBAR VALDERRAMA Cargo y entidad : Particular (Quejoso temerario) Quejoso : De oficio Fecha queja : Julio 15 de 2008

Fecha hechos : Agosto 30 de 2006

Asunto : Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C. 10 de Agosto de 2009 Por medio del cual se decide una segunda instancia. LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 25 del Decreto No. 262 de 2000, procede a resolver una apelación.

ANTECEDENTES: PRIMERO.- Procedentes de la Procuraduría Regional de Risaralda, se encuentran las diligencias radicadas bajo el No. 086-12638/2007, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor CARLOS ARTURO RUEDA RESTREPO, en su condición de Defensor del señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA, contra la Resolución No. 05 del 11 de junio de 2009, proferida por dicho Despacho del Ministerio Público, mediante el cual fue sancionado como quejoso temerario con multa equivalente a 90 salarios mínimos ($1.224.000).

SEGUNDO.- En el proceso verbal adelantado por la Procuraduría Regional de Risaralda, en audiencia del 11 de diciembre de 2008, se formuló el siguiente cargo al señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA: “ (…) Resulta evidente que el

señalamiento realizado por el quejoso, señor Escobar Valderrama, en su escrito presentado el día 30 de agosto de 2006 ante las dependencias centrales de este órgano de control, en el cual afirmó categóricamente que la planta telefónica marca Alcatel sistema 1240 adquirida por Telecom en un convenio suscrito en el año 1993 con la firma Alcatel “ (…) no se sabe a donde fue a parar se encuentra completamente deshuesada desvalijada (…)” y presuntamente, en (sic) temerario

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 1 por cuanto tal como se estableció dentro de la acción disciplinaria, que se inició para tal efecto ello no fue cierto. “ En efecto, en aquella providencia se estableció textualmente lo siguiente: “ Una vez practicadas las pruebas correspondientes encuentra el despacho que la queja formulada se basa en hechos totalmente ajenos a la realidad por cuanto según información dada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes (ente que entró a administrar los bienes y remanentes de la antigua Telecom) por medio del cual se remitió copia del convenio C-027/93 firmado con Alcatel, acta de transferencia de infraestructura y equipos instalados en ejecución de dicho convenio, acta de cumplimiento de las conciliaciones entre el P.A.R y Alcatel y el acta de entrega en el municipio de Bolívar, Valle, se encuentra que en dicha localidad y con base en dicho convenio se instaló una central de conmutación en

diciembre de 1995 con una capacidad de 448 líneas que posteriormente fue ampliada en 264 líneas más en el año de 1999. “ Anexo a dicho oficio se remitieron copias de las actas de entrega de los elementos e infraestructura a transferir a Telecom en virtud de dicho contrato suscritas el día (sic) 14 y 20 de diciembre de 1995, 30 de julio de 1998, 18 de agosto de 1998 (fls. 61 y ss). “ Con base en dicha documentación el despacho comisionó a la Personería Municipal de Bolívar Valle para que con el apoyo de personal técnico de Telecom enviado desde la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se procediera a verificar el estado actual de funcionamiento de la planta de conmutación a que hace referencia este asunto. Fue así como mediante acta del 15 de abril de 2008 se procedió a dejar constancia de la visita efectuada ese mismo día con el apoyo prestado por el técnico de transmisión G2 de la Telefónica Telecom de la ciudad de Tulúa, Valle del Cauca, señor Ricardo Rojas Díaz, quien bajo la gravedad de juramento procedió a certificar que : “ (…) las instalaciones están en perfecto estado con una ampliación total de 752 líneas de abonados se realizó modernización del enlace de radio y modernización del rectificar de energía se cuenta con una planta de respaldo y un banco de baterías que dan un soporte de más de 48 horas ….” . En la diligencia se aportó por parte del citado técnico un CD ROM con fotografías locativas donde se muestra el estado actual de planta de conmutación” (fls. 30 a 32).

TERCERO: En el Fallo recurrido, la Procuraduría Regional de Risaralda sostuvo que en varios apartes del escrito de queja, el señor ARIEL ESOBAR

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 2 VALDERRAMA denunció que la planta de conmutación se encontraba desaparecida, desvalijada o deshuesada, lo cual no se ajusta a la realidad, pues se pudo determinar que esa planta, que fue objeto de entrega a Telecom en el Municipio de Bolívar (Valle del Cauca), en el año 1993 aún se encontraba funcionando y que fue repotenciada y ampliada en su capacidad. Considera que no es cierto lo señalado por la defensa, en el sentido que este caso no se podía tomar como una queja temeraria por tratarse de una denuncia formulada por un ciudadano del común que carece de conocimientos técnicos, además que fue a través de un dictamen de un experto en la materia que se pudo determinar el estado de la planta de conmutación, porque no se denunciaron aspectos técnicos, sino de una conducta clara relacionada a que el equipo se encontraba deshuesado, desvalijado o desaparecido, verbos rectores que no coincidieron con la verdad. Agrega, que bien pudo el investigado solicitar a través de un Derecho de Petición o practicar una visita a la entidad, para esclarecer el paradero de la planta, su estado de conservación y de funcionamiento, pero no afirmar categóricamente en

una queja sobre hechos que no habían acontecido para poner en funcionamiento el aparato estatal con la finalidad de salvaguardar el patrimonio público, que nunca estuvo en riesgo, porque las líneas telefónicas si estaban funcionando y en estado óptimo. Recuerda que “los funcionarios públicos merecen respeto y es deber de la autoridad que conoce del agravio que se pueda causar a ellos con este tipo de quejas, oficiosamente velar porque los usuarios del servicio no abusen de sus derechos y menos haciendo falsas imputaciones en detrimento de quien está cumpliendo cabalmente una función pública que legalmente le ha sido asignada. El ejercicio abusivo o de mala fe de presentar quejas o denuncias revestidas de irrespeto o temeridad, es sancionable, tanto en materia disciplinaria como civil y penal” Así mismo, que lo que la ley sanciona es el incumplimiento del deber jurídico de actuar correctamente y no el legítimo derecho establecido en la ley de formular la queja o denunciar hechos ilícitos” y que como la entidad afectada con la queja guardó silencio, como lo sostiene la defensa, no puede ser óbice para que el Estado reproche esa conducta, ya que no sólo se afecta la credibilidad del funcionario estatal o entidad pública, sino la del conglomerado de funcionarios estatales que cumplen con sus funciones y tiene que ver cómo los entes de control disciplinario tienen que investigar conductas que no son reales (fls. 62 a 68).

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Fax, Extensión 10896 3 CUARTO.- En la sustentación del recurso de apelación, el doctor CARLOS ARTURO RUEDA RESTREPO, Defensor de Oficio del señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA, hizo los siguientes planteamientos: 4.1. Que no se respetaron las garantías mínimas de la defensa, porque la investigación se hizo en un municipio diferente al que reside el investigado, por lo que considera, que éste probablemente no conocía de la existencia del proceso disciplinario en su contra. 4.2. Sostuvo, que la Procuraduría Regional de Risaralda no logró esclarecer la responsabilidad del señor ESCOBAR VALDERRAMA, sino que tuvo que acudir a Expertos en la materia para conocer del estado de la Planta de Comunicación. Hizo esta observación, para denotar que el investigado no podía conocer el estado de la misma, por carecer de los conocimientos técnicos necesarios. 4.3. Consideró desproporcionada e injusta la sanción contra alguien que sólo quiso actuar como buen ciudadano, pero fue tildado de temerario, cuando esta figura debe proceder cuando se actúa con mala intención. Además, que no se demostró ningún daño a persona en concreto (fls. 73 a 76). CONSIDERACIONES DEL DESPACHO En el escrito que dio origen a la presente investigación, el señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA, Vocal de Asoservicios del Valle del Cauca, residenciado en el Municipio de Bolívar, perteneciente a dicha entidad territorial, solicitó en interés general a los organismos de control desplazar una Comisión verificado para

constatar y dar fe de irregularidades presentadas en el Contrato suscrito en el año 1993 entre el Municipio de Bolívar y la firma española Alcatel, cuyo objeto fue la adquisición de una Planta de Conmutación, marca Alcatel, Sistema 1240, el cual no se respetó, ya que esa Planta “ (…) no se sabe a donde fue a parar se encuentra completamente deshuesada desvalijada, sobre esto no hay ni existen directos responzables (sic) or este delito. “ Lo que pedimos (…) es que (…) aparezca y tiene que es estar operando y funcionando es en Bolívar (V).

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 4 “De aducir que en Bolívar (V) no tiene 1.000 abonados esto es falso; no existen los 1.000 abonados primero porque la Central de Conmutació (sic) de Bolívar (V) Alcatel Sistema 1240 está deshuesada y no sebe (sic) a donde (…) “El Municipio de Bolivar (V) tiene más de 1.000 abonados, lo que sucede y acontece es que los Corregimientos de (…) no tienen el No. Indicativo que le asigno (sic) el Ministerio de Comunicaciones, el rango 2 – 2224xxx están y figuran es con otro indicativo que no pertenece a Bolívar (V), y todas estas jurisdicciones pertenecen a Bolívar (V) y no deben ni tienen porque (sic) estar figurando con otro

Rango o indicativo que no fue ni pertenece a Bolívar (V). Es por esto que lo que se afirma que no hay ni existen los 1.000 abonados esto es falso. “ (…) En el oficio de Telecom S.A. E.S.P. de Santafé de Bogotá con No. 00160000 con No. consecutivo 1473 calendado el 11 de julio del año 2001 firmado por María Eugenia García Gutiérrez en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República con No. de Radicación 294236 del 30 de mayo del año 2.001 allí está la afirmación en el 1er punto que para el Municipio de Bolívar (V) el Ministerio de Comunicaciones le asigno (sic) el Rango o Indicativo 2-2224xxx y es el mismo para sus respectivos corregimientos y veredas. “ (…) Cómo pretende de que el Municipio de Bolívar (V) no tiene ni 1.000 abonados, si la Central de Comunicación Marca Alcatel Sistema 1240 está completamente deshuesada desvalijada y además existe el otro agravante descrito en el No. 1 2º del presente escrito (…)” - fls. 2 y 3 -. Con la transcripción parcial de la queja, se infiere que el señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA pretendió en su solicitud, reivindicar derechos de la comunidad, pues no de otro modo se entiende que al actuar como Vocal de Asoservicios del Valle, hubiera requerido a los órganos de control para que con sus mecanismos legales constataran la existencia de la Central de Conmutación, que según su apreciación, no podía suministrar el adecuado servicio a los diferentes

Corregimientos del Municipio de Bolívar (Departamento del Valle del Cauca). Se descarta, en consecuencia, que su conducta tuviera el propósito de perjudicar a la entidad contratante o a algún funcionario en particular. Además, no fue contundente en señalar las circunstancias en las que supuestamente se había producido la pérdida de la Central de Conmutación. Únicamente analizó que con los elementos que hacían parte de dicha Central contratada en el año 1993, no podía prestar el servicio telefónico a los

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 5 Corregimientos de Bolívar, además que el entonces denominado Ministerio de Comunicaciones había asignado a aquellos sectores un indicativo diferente al de la cabecera municipal, razón que avalaba su análisis que la Central no operaba. En el radicado No. 086-12638/2007 que tramitó la Procuraduría Regional de Risaralda contra funcionarios de la Alcaldía Municipal de Bolívar, de la Gobernación del Valle del Cauca y de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., originado en la queja del señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA, no se hizo alusión alguna a la diligencia de ratificación y ampliación de la queja, suponiéndose que ésta no se realizó, impidiendo al Despacho conocer las circunstancias por las cuales el señor ESCOBAR VALDERRAMA solicitó que se pusiera en marcha el aparato estatal para confirmar su versión que la Planta de

Conmutación había dejado de prestar el servicio objeto del contrato con la firma Alcatel. A pesar de las citaciones, tampoco se hizo presente el señor ESCOBAR VALDERRAMA en las Audiencias correspondientes al Proceso Verbal que se siguió en su contra por temeridad (No. 001-2008), el cual no ha sido registrado en el SIM, por lo que se reitera, no se conoce el motivo que llevó al quejoso a acudir a la Procuraduría General de la Nación para solicitar la Investigación Disciplinaria. Obsérvese que en la queja, el señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA no señaló a determinado funcionario o entidad de ser responsable de la pérdida o sustracción de partes de la Planta. La endilgación se hizo de manera general, solicitando se estableciera su afirmación obtenida, bien sea por percepción o por oídas. Por ello, el Despacho se aparta del análisis hecho por la Procuraduría Regional de Risaralda, al sostener que pudo causarse perjuicios a los funcionarios que cumplen con sus deberes o las entidades que hacen parte los servidores públicos que manejan la Planta. Para sancionar no resulta suficiente que objetivamente se encuentre demostrada la realización de la falta disciplinaria, porque es necesario que aparezca la existencia de prueba que comprometa la responsabilidad del investigado (artículo 162 de la Ley 734 de 2002). De otra parte, el artículo 95, numeral 1º de la Constitución Política impone a los colombianos respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, razón por la cual el legislador siempre ha buscado establecer limitaciones para evitar los

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 6 excesos en los mismos, en armonía con lo dispuesto en el artículo 92 ídem, que señala que cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas y que el 83 ibídem indica que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas. A propósito, en Sentencia T-327 del 12 de agosto de 1993, la Corte Constitucional precisó: “La temeridad se ha entendido como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que se carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso. “ Como es fácil deducirlo, la temeridad vulnera los principios de la buena fe, la economía y la eficacia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación judicial e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal (…)”. Así mismo, en Sentencia T-665 del 11 de noviembre de 1998, la Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, con ponencia del doctor EDUARDO

CIFUENTES MUÑÓZ, sostiene que “la jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio constitucional de la buena fe (…) y, por tanto, ha sido entendida “como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado yo ágil del proceso”. “ (…) En estas circunstancias, y en la medida en que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas (…) la temeridad es una situación que debe ser cuidadosamente valorada por los jueces con el fin de no incurrir en situaciones injustas. Por esta razón, la corporación ha estimado que la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la acción de tutela (…)” . La sanción al quejoso temerario constituye una figura excepcional, porque debe partirse del supuesto que la queja ha sido presentada de mala fe, por lo que la no procedencia de la acción disciplinaria no constituye causal que autorice la sanción pecuniaria establecida en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 7 Se necesita, entonces, de un análisis riguroso del material probatorio allegado, ya que de lo contrario se estaría aceptando una posición ligera por parte de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que el quejoso debe limitarse

a relatar los hechos básicos, más no proceder a calificarlos, porque ésta es una labor del operador jurídico. Siempre se necesitará de la versión de los hechos por parte del informante o quejoso, con todos sus antecedentes y circunstancias de tiempo, modo y lugar, debiéndose aportar documentos y testigos si es del caso, para que el investigador pueda estudiarlos y sacar conclusiones. En el caso que nos ocupa, como se vio, esos requisitos no se cumplieron. No se advierte mala fe del quejoso ni se conocen antecedentes o los motivos que llevaron al Vocal de Asoservicios del Valle del Cauca a pedir que los órganos competentes corroboraran una situación, que para él resultaba sospechosa. Es que ni siquiera pidió investigar disciplinariamente a funcionario alguno. Se limitó a acudir mediante el Derecho Fundamental de Petición a pedir la presencia de los órganos de control para que se dilucidara un hecho que no resultaba claro, pero en momento alguno cuestionó de manera específica la conducta de un servidor público. En estas condiciones, mal podría ser objeto de reproche disciplinario y de sanción pecuniaria, resultando procedente revocar la sanción impuesta, debiéndose absolver al investigado. En mérito a lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por el artículo 25 del Decreto No. 262 de 2002, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 05 del 11 de junio de 2009, en cuanto la Procuraduría Regional de Risaralda, impuso sanción disciplinaria consistente en

MULTA de un millón doscientos veinticuatro mil pesos ($1.224.000), como quejoso temerario, y en su lugar ABSOLVERLO de responsabilidad disciplinaria.

SEGUNDO: Por la Procuraduría Regional de Risaralda, notificar personalmente al

señor ARIEL ESCOBAR VALDERRAMA (Calle 6ª No. 5-49, barrio La Paz, Municipio de Bolívar, Valle del Cauca) y a su Defensor, doctor CARLOS ARTURO

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Carrera 5ª No. 15-80, 8º piso. Teléfono 5878750, Extensión 10819 Fax, Extensión 10896 8 RUEDA RESTREPO (Edificio Banco Ganadero, Pereira) la determinación tomada en esta providencia, advirtiendo que contra la misma no procede recurso alguno. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación, indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia. En caso que no pudieren notificarse personalmente, se fijará edicto en los términos del artículo 107 del Código Único Disciplinario.

TERCERO: Devolver el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo, incluida la anotación del expediente en el SIM.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ALBA CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Expediente 086-12638/07 (001-2008)

ACGS/CAZC

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