PGN - FALSO JUICIO DE EXISTENCIA - Requisitos para que prospere en sede de casación

Señores Magistrados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -Sala de Casación PenalM. P. Dra. MARINA PULIDO DE BARÓN Ref. Casación interpuesta por el defensor de GUSTAVO ARIZA GOMEZ, procesado por peculado por apropiación, falsedad material de particular en documento público y falsedad en documento privado. Rdo. Nº 23698.

Honorables Magistrados: Procede la Procuraduría a conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 10 de agosto de 2004, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia, al modificar, entre otras, la pena de prisión que le impusiera al procesado Gustavo Ariza Gómez, rebajándola de once (11) años y cuatro (4) meses de prisión a once (11) años y dos (2) meses, al encontrarlo responsable de los delitos de peculado por apropiación, en calidad de determinador, en concurso con los punibles de falsedad material de particular en documento público, y falsedad en documento privado, en calidad de autor.

1. HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL El Tribunal los resume así: “Se encuentra acreditado que el 23 de marzo de 1997 fue abierta una cuenta corriente en la oficina del Centro Internacional de la entonces Caja de Crédito agrario Industrial y Minero, por parte de la empresa ‘Colombiana de Sistemas Limitada’ –COLSISTEMAS LTDA.-, figurando como su gerente y representante legal LUIS EDUARDO TOLOZA CASTELLANOS, quien autorizaba para los trámites de apertura y demás gestiones que se hicieren necesarias hacia el futuro a GUSTAVO ARIZA GOMEZ, quien en tal virtud

aparecía como un ‘representante’ para las actividades de esa empresa en el centro y oriente del país. “Sin embargo, aunque el referido LUIS EDUARDO TOLOSA CASTELLANOS tenía la aludida condición de gerente, en tanto que LUSVIN GALVEZ RODRIGUEZ se desempeñaba para ese momento como el subgerente de COLSISTEMAS LTDA., la realidad es que la información suministrada a la entidad bancaria, tanto de carácter privado como público, exigida para reunir los requisitos del contrato de cuenta corriente, para nada daba cuenta de la situación financiera de la empresa, ni de sus socios. “En efecto, se sabe que en la carpeta correspondiente que reposa en la oficina del Centro Internacional, figura una fotocopia de una cédula de ciudadanía a nombre de TOLOZA CASTELLANOS, la cual se ha acreditado es apócrifa. Además, los diferentes balances, estados de cuenta y declaraciones de renta aportados, son igualmente falsos. Las declaraciones también, en cuanto la Administración de Impuestos informó que esos escritos referidos al cumplimiento de obligaciones tributarias, nunca fueron presentados en sus oficinas. Los restantes documentos igualmente carecen de concordancia con la realidad, pues los balances, aparentemente suscritos por el gerente TOLOZA CASTELLANOS y la contadora MARGARITA MARIA PRADA DE PRADA, eran objeto de creación integral por parte de tercera persona, o bien tenían que ver pero con la situación económica y financiera de ARIZA GOMEZ, pese a que, se reitera, éste no era socio, gerente o

representante legal de la sociedad limitada. “Formalizado el contrato de cuenta corriente, GUSTAVO ARIZA GOMEZ logró que la dirección de la oficina del Centro Internacional de la Caja Agraria, a cargo de JORGE ENRIQUE GUTIERREZ HIGUERA, le otorgara 2 créditos y sobregiros en elevadas cifras, infringiendo los topes que en la materia se tenían establecidos para 1997 y 1998; y, en particular, los autorizados para este cliente. Es así como mientras existían facultades para el Director del banco de autorizar sobregiros en cuantía de $20’000.000, a ARIZA GOMEZ le fueron concedidos en cuantía de $350’705.000; y siendo el límite para las aceptaciones bancarias la suma de $80’000.000, se tramitaron estas por un monto de $767’393.000. En forma global, se hace referencia en el expediente a un definitivo desmedro patrimonial para la entidad oficial del orden de los $1.314’265.000. “Es de anotar que el director de la Caja Agraria del Centro Internacional, JORGE ENRIQUE GUTIERREZ HIGUERA, ya fue investigado y condenado por estos y otros acontecimientos de carácter delictivo, a través del mecanismo de la sentencia anticipada. En su contra igualmente se inició actuación penal, pues efectuadas labores internas de control por parte de la misma Caja Agraria, se pudo determinar que en varias ocasiones permitió en la oficina a su cargo la apertura de cuentas corrientes sin el lleno de requisitos legales, y otorgó créditos, sobregiros, y otras operaciones bancarias de manera irregular, con grave perjuicio económico para la

institución.” (fs. 4 a 6 c. Trib.). Con base en la denuncia formulada por el señor Fernando Canosa Torrado, representante legal de la Caja Agraria, la Fiscalía 69 de la Unidad Seccional de Delitos Financieros de Bogotá, mediante resolución del 1º de octubre de 1998 ordenó la apertura de la investigación y la práctica de diversas pruebas, así como la vinculación mediante indagatoria de Jorge Enrique Gutiérrez Higuera. Luego de reasignada la investigación a la Fiscalía 11 Seccional, adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada en delitos contra la Administración Pública, este despacho escuchó en indagatoria a Gutiérrez Higuera, y vinculó también mediante injurada a Rafael Hernando Saavedra 3 Ramírez. Así mismo, dispuso escuchar en indagatoria a Gustavo Ariza Gómez. El 30 de abril de 1999 se resolvió la situación jurídica de Jorge Enrique Gutiérrez Higuera y Rafael Saavedra Ramírez, decretándole medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, al primero como presunto autor de peculado, y absteniéndose de proferir medida contra el segundo. El 14 de julio de 1999 se dispuso el emplazamiento de Gustavo Ariza Gómez y Adolfo Enrique Leal, y mediante resolución del 28 de julio siguiente se les declaró personas ausentes. El 22 de septiembre de 1999, al resolverle su situación jurídica, la Fiscalía le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a Gustavo Ariza Gómez, como presunto determinador de peculado por apropiación, en

concurso heterogéneo y homogéneo con falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Perfeccionada la investigación, y declarado su cierre, el 25 de septiembre de 2000 el despacho instructor calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra Gustavo Ariza Gómez, como presunto autor responsable de los mismos delitos por los cuales le resolvió situación jurídica, modificados al imputarle la falsedad en documento público agravada por el uso. Esta decisión fue confirmada el 27 de agosto de 2001 por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca. Por auto del 16 de octubre de 2001, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá asumió el conocimiento del juicio, y una vez adelantadas las audiencias preparatoria y de juzgamiento, el 22 de septiembre de 2003 finalizó con la sentencia condenatoria contra Gustavo Ariza Gómez, donde se le impone la pena de once (11) años y cuatro (4) meses de prisión y multa equivalente al valor de lo apropiado ($1.314’265.000.oo), e interdicción de derechos y funciones públicas por un lapso de diez (10) años, como responsable de los delitos de peculado por apropiación, en calidad de 4 determinador, en concurso heterogéneo con falsedad material de particular en documento público y falsedad en documento privado. Impugnada en apelación la sentencia por el agente del Ministerio Público y el defensor de Ariza Gómez, el 10 de agosto de 2004 la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá la confirmó, modificándola al rebajar

en dos (2) meses la pena de prisión y revocar parcialmente lo referido a los bienes inmuebles de propiedad del procesado, afectados con embargo y secuestro, y en su lugar, ordenó compulsar copias a las Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penal del Circuito Especializados, para que se adelante el trámite de extinción de dominio.

2. LA DEMANDA Con base en la causal primera de casación, cuerpo segundo (art. 207-1 Ley 600 de 2000), el demandante pretende demostrar la configuración de errores en la apreciación probatoria, correspondientes a falsos juicios de existencia, de identidad y raciocinio. 2.1 Falso juicio de existencia Los jueces de instancia, según el casacionista, dejaron de apreciar las siguientes pruebas: 2.1.1 Los informes 321 y 322 del 28 de octubre de 1998, de la Vicepresidencia de la Contraloría de la Caja, los cuales revelan el contubernio entre el director de la Oficina Centro Internacional de la Caja Agraria y los representantes de algunas compañías, a fin de manejar el dinero de otras, como Coascol S.A., para generar lo que se denomina una mesa paralela de dinero. 5 2.1.2 Declaración de Rafael Hernando Saavedra Ramírez, en la que afirma que el cupo de endeudamiento de Colsistemas Ltda., era de 400 millones de pesos y que se decidió aumentarlo al doble, mientras que en el fallo se dice que el cupo era de 200 millones. 2.1.3 Indagatoria de Rafael Hernando Saavedra Ramírez, donde acepta que

el señor Gutiérrez Higuera sí le consultó sobre el crédito de Colsistemas Ltda., y que también se acostumbraba a autorizar operaciones de crédito de manera verbal, y luego se ratificaban por escrito. Que el monto del cupo de endeudamiento era de $400.000.000, autorizado por la Gerencia Regional, el cual estaba garantizado con una hipoteca y la cesión de los pagos de unos contratos que la firma tenía. 2.1.4 Documentos relacionados con la obtención de los formularios para elaborar las aceptaciones bancarias a favor de Colsistemas Ltda., los cuales, según el demandante, demuestran que los formularios no fueron tramitados ni entregados de manera irregular como lo afirmó Rafael Hernando Saavedra Ramírez, sino que fueron entregados por la dependencia que él dirigía, o sea, la Gerencia Regional. 2.1.5 Documentos sobre irregularidades en otras oficinas de la Caja Agraria, no solo en Bogotá, sino también en otros lugares del país. El impugnante cita noticias de diarios de Bucaramanga y Bogotá, en que se da cuenta de irregularidades similares a las que se presentaron en la Oficina Centro Internacional. 2.1.6 Declaración de Aníbal Torres Rubiano. En opinión del casacionista, de acuerdo con los reportes diario y semanal que se debían hacer a la Gerencia Regional sobre los listados de sobregiros, resulta imposible que los superiores del señor Jorge Enrique Gutiérrez Higuera no se percataran de las irregularidades en que este incurría en la oficina bajo su dirección. 2.1.7 Declaración de María Consuelo Urbina Pinzón. Aduce el actor que esta

declarante revela que el procesado Ariza Gómez no falta a la verdad cuando afirma que ella se presentó en la Oficina Centro Internacional a reclamar por 6 la demora en la expedición de unos CDT’s a favor de Coascol S.A.; que Gutiérrez Higuera, director de dicha oficina, fue evasivo al explicar dicha tardanza; y que entre Pablo Trujillo y Gustavo Ariza existía lo que se conoce como un negocio de “fondeo”. 2.1.8 Declaración de José Antonio Amaya Angulo. El actor afirma que con ella se demuestra que Gutiérrez Higuera sí tuvo ingerencia directa en la negociación para resolver la demora en la expedición de los CDT’s, que ese problema se presentó, y él iba a informar a la Presidencia de la Caja Agraria. Que el señor Ariza Gómez si giró contra la cuenta de Colsistemas Ltda. ocho cheques que alcanzaban la suma que Coascol S.A. había girado a la Caja para la constitución de los CDT’s. Que los cheques fueron certificados por el director de la oficina Centro Internacional, y algunos de ellos fueron cambiados por aceptaciones bancarias elaboradas para Colsistemas Ltda. Que cuando se recibieron las aceptaciones bancarias el presidente de la entidad dio excelentes recomendaciones de Colsistemas y del señor Ariza Gómez, y este último negoció después con Coascol S.A. otras dos aceptaciones bancarias. Que Pablo Trujillo timó a esta firma y Ariza Gómez le comentó que había sido perjudicado económicamente por Carrillo Burgos, Pablo Trujillo y sus asociados. 2.1.9 Declaración de Luis Guillermo Eduardo Ávila Roa. El casacionista

expresa la confiabilidad que le merece este testimonio, y le encuentra importancia en cuanto confirma que él se comunicó telefónicamente con el señor Sigifredo Ardila, Presidente de la Entidad, cuando se recibieron las aceptaciones bancarias de Colsistemas Ltda., para referenciar la empresa, y que la referencia fue buena. 2.1.10 Los cheques girados por Colsistemas a favor de Coascol, que fueron recuperados por Gustavo Ariza Gómez al entregar a Coascol dos aceptaciones bancarias por un total de 300 millones de pesos. Tales cheques aparecen certificados por el señor Jorge Enrique Gutiérrez Higuera, Director de la Oficina Centro Internacional, lo cual realizó cuando se presentó la demora en la expedición de unos CDT’s, lo que le permite inferir al actor que sí tenía compromiso frente a la demora. 7 2.1.11 Indagatoria de Gustavo Martínez Granados. Para el impugnante, esta versión tiene gran valor, pues él trabajaba en la oficina Centro Internacional y afirma que el Director Gutiérrez Higuera mantenía una comunicación telefónica permanente con el Gerente Regional y otro funcionario de la Presidencia de la entidad, y cuando hablaba con ellos cambiaba de parecer respecto de créditos y sobregiros. 2.1.12 Indicios que las instancias dejaron de considerar: 2.1.12.1 Con los documentos y declaraciones antes citados se estableció que las irregularidades en el otorgamiento de créditos, se presentaron no solo en la oficina Centro Internacional, sino también en otras de la ciudad y del resto del país. También se acreditó, según el demandante, que por los hechos descubiertos en la oficina de Usaquén, fueron investigados

disciplinariamente miembros de la Junta Directiva y el Presidente de la institución. Luego señala el actor que de tales pruebas se puede inferir que todas las directivas nacionales y regionales de la Caja Agraria estaban enteradas, cohonestaban y autorizaban el incorrecto manejo de la concesión de créditos y sobregiros. Se demuestra de igual manera, a su juicio, que Gutiérrez Higuera no falta a la verdad cuando afirma que sus superiores estaban al tanto de los créditos que se otorgaban en la sucursal que él dirigía, siendo considerado uno de los Directores estrella. Y también con dichas pruebas se acredita que los clientes eran remitidos o recomendados en su gran mayoría por sus superiores, correspondiéndole acatar las órdenes. 2.1.12.2 Con la declaración del señor Rafael Hernando Saavedra Ramírez y los documentos anexados en el acápite 2.1.4, se comprobó que dicho funcionario tramitó una solicitud de aumento de cupo de crédito a nombre de Colsistemas, para pasar de 400 a 800 millones de pesos, el cual finalmente no se produjo. También se demuestra que en ocasiones se hacían autorizaciones telefónicas, las que luego se ratificaban por escrito, y los citados documentos revelan así mismo que se expidieron las aceptaciones 8 de Colsistemas, y fueron entregadas previa autorización de la Gerencia Regional y la Vicepresidencia comercial. De lo anterior infiere el libelista que ciertamente el otorgamiento de cinco aceptaciones bancarias que sumaron $767.393.000.000, por parte del señor Gutiérrez Higuera, contó con autorización previa de sus superiores, así éstos después lo hubiesen negado.

2.1.12.3 Para el demandante está demostrado que entre Pablo Trujillo y las empresas que él manejaba existía un negocio de fondeo para la constitución de CDT’s, y, que aprovechando esta situación crearon un mesa paralela de dinero, con el que cubrían temporalmente los sobregiros de los clientes a un costo del 1% diario. Dice que ante una vicisitud presentada por una huelga, los clientes retiraron sus dineros y los manejadores de esa mesa paralela se quedaron sin dinero para constituir unos CDT’s de Coascol, y ante la inminencia de un escándalo por la amenaza de los directivos de esta empresa de denunciar la situación, Gutiérrez Higuera, después de convencer a Gustavo Ariza Gómez, obtuvo de sus superiores un aumento del cupo de Colsistemas, para cubrir el dinero adeudado a Coascol a través de las aceptaciones. 2.1.12.4 También estima demostrado el libelista que Colsistemas Ltda. y su representante Gustavo Ariza Gómez habían manejado correctamente los créditos que a través de la Oficina Centro Internacional, le había otorgado la Caja Agraria. De igual forma, las pruebas demuestran que le habían autorizado un aumento de cupo de endeudamiento y en general gozaba del reconocimiento positivo del propio presidente de la entidad y atravesaba un excelente momento, lo que permite concluir que en Gustavo Ariza no existía ánimo de defraudar el patrimonio de la Caja Agraria, institución que le prestaba la ayuda necesaria para salir adelante. Dice que en tal contexto lo que le convenía era seguir vinculado con la Caja Agraria para continuar

licitando con entidades públicas, pero todo se truncó al ser timado por Jorge Enrique Gutiérrez Higuera y sus secuaces Pablo Trujillo y Hugo Carrillo. 9 A juicio del casacionista, a pesar de que los documentos falsos sirvieron para la apertura de la cuenta corriente, los mismos no contribuyeron a la concesión de los sobregiros, aceptaciones bancarias y préstamos, pues está demostrado con varias pruebas no valoradas por los juzgadores, que dichas operaciones de crédito estaban garantizadas con el endoso de los contratos que tenía pendientes Colsistemas Ltda., y luego con estos, y una hipoteca que se constituyó sobre un predio de Ariza Gómez. En su criterio, lo que indujo a la concesión de los créditos no fueron los documentos espúreos sino las garantías otorgadas por Colsistemas y Gustavo Ariza Gómez, como codeudor de la misma. Mas adelante señala que errado resulta el razonamiento del fallador al concluir que lo que motivó al señor Gutiérrez Higuera a actuar de manera contraria a la ley, fue el ánimo de favorecer los intereses de terceros, entre los cuales se encontraba Gustavo Ariza Gómez, llegando a concederle, excediendo sus facultades y sin las seguridades de recobrar de nuevo el dinero de la entidad, un sobregiro por más de 300 millones de pesos, cuando el autorizado era de 20 millones, o cuando autoriza superar el tope por aceptaciones bancarias de 80 millones a más de 760 millones de pesos. El análisis conjunto de la prueba muestra, según el demandante, que ello fue cierto, pero respecto de otros clientes del banco, como lo eran Pablo Trujillo

y Hugo Carrillo, con los que se conformó una “mesa paralela de dinero”, por cuyo servicio cobraban a los clientes del banco un interés del 1%. Lo que se demostró mediante la inspección practicada a la carpeta de Colsistemas Ltda., y las intervenciones de Rafael Hernando Saavedra, fue que las operaciones de crédito otorgadas a dicha firma estaban suficientemente garantizadas. Estima el libelista que los juzgadores incurrieron en error al concluir que otra prueba que demuestra el acuerdo entre Gutiérrez Higuera y Ariza Gómez para apropiarse ilícitamente de los dineros de la Caja, era la relacionada con la hipoteca de primer grado constituida sobre un predio rural de propiedad de Ariza, en la que se produjo un error en la cabida del mismo, y no se 10 consideró que Ariza no figuraba como propietario de la firma Colsistemas Ltda. La omisión de las pruebas antes señaladas, afirma el demandante, llevó a esa errada conclusión. Primero, porque esa garantía la debía analizar la Vicepresidencia Comercial que fue la dependencia que aprobó el crédito, y no el señor Gutiérrez Higuera, pues no era de su competencia aprobar el mismo. Segundo, no se entiende a que defecto de garantía se refiere el Juez, pues como se vio, la misma fue constituida para un crédito de 125 millones de pesos, y el avalúo realizado por el perito adscrito a la Asobancaria, a solicitud de la propia Caja Agraria, fue de mas de 848 millones de pesos. Reconoce el actor que los falladores tuvieron en cuenta la versión del

procesado respecto de las circunstancias que rodearon la expedición de las cinco aceptaciones bancarias por un valor de $767392.972 pesos, en el año

1998. Sin embargo, en su opinión, es aquí donde más se hace ostensible el error de omisión del fallador, al no tener en cuenta las pruebas antes reseñadas. Opina que en realidad resulta difícil creer la afirmación de Pablo Roberto Trujillo, relativa a que Gustavo Ariza fue quien se ofreció a prestarle el dinero que necesitaba la compañía que él asesoraba –Lagos El Paguey-, o lo dicho por Gutiérrez Higuera, en el sentido de que Roberto Trujillo y Hugo Carrillo tuvieron una dificultad para atender un pago de Coascol S. A. y que hicieron una negociación con el señor Ariza Gómez, representante de Colsistemas Ltda., quien le colaboró en el cumplimiento de ese pago.

De haberse considerado las pruebas omitidas, insiste el recurrente, se hubiera concluido que ese crédito sí fue aceptado por las altas directivas de la Caja Agraria, porque el señor Rafael Hernando Saavedra Ramírez, Gerente Regional de esa época, aduce que ese estudio sí se llevó a cabo, aunque por obvias razones después dijo que no. Agrega que de no haberse logrado la autorización de la Gerencia Regional, no se hubieran obtenido los formatos para elaborar las cinco aceptaciones bancarias, y de no haberse obtenido esa autorización, el Presidente de la Caja Agraria, Sigifredo Ardila Peña, no hubiese expresado referencias positivas respecto de Ariza Gómez 11 y Colsistemas. Además, agrega, probatoriamente se demostró que sí se

emitían autorizaciones verbales, y vía telefónica, para el otorgamiento de créditos, las cuales quedaban sujetas a posterior ratificación escrita. De haberse analizado las pruebas indicadas, se habría llegado, por tanto, a una conclusión diferente: El procesado Ariza Gómez fue engañado al entregar el capital de las aceptaciones bancarias, y ello no cambia por el hecho de que posteriormente Ariza se haya hecho al dominio de varios lotes entregados en garantía de su dinero, inmuebles que no valen todo el dinero que entregó mediante engaños. En criterio del actor, lo anterior desvirtúa por completo las conclusiones probatorias de los sentenciadores, al considerar establecida la responsabilidad de Ariza Gómez como determinador del delito de peculado por apropiación. Estima el libelista que por la omisión de pruebas antes señalada, se profirió condena contra el señor Ariza Gómez por un delito que jamás cometió, y terminaron aplicando indebidamente los arts. 23 y 133 del Decreto 100 de 1980, por desconocimiento de los arts. 232 y 238 de la Ley 600 de 2000. 2.2 Falso juicio de identidad. El demandante considera que los juzgadores incurrieron en falso juicio de identidad en la apreciación de la inspección judicial practicada por la Fiscalía a la carpeta de Colsistemas, en las oficinas de la Caja Agraria, sucursal Centro Internacional. Al valorar dicha prueba los sentenciadores cercenaron aspectos como la constancia de la existencia de varios documentos que se refieren a aceptaciones de crédito a favor de Colsistemas Ltda., por parte del Comité

de Crédito, Vicepresidencia Comercial y Gerencia Regional. De igual forma tergiversaron lo relativo al endoso de varios saldos del precio de contratos 12 ejecutados por esa empresa para cubrir o garantizar obligaciones, la certificación expedida por la Caja acerca de la moralidad en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de Colsistemas, el estudio del aumento de cupo de endeudamiento para Colsistemas, hasta por 400 millones de pesos, que si bien no existe copia del acta aprobatoria del mismo, de acuerdo con las declaraciones de Rafael Saavedra y Guillermo Zuluaga, Gerente Regional y Director de Crédito de la Regional, en su orden, para esa época, debe concluirse que esa solicitud fue aceptada. Por vía de indicio puede llegar a concluirse que el cupo de endeudamiento de Colsistemas Ltda., pudo llegar a 800 millones de pesos, aumentos que paulatinamente se realizaron por la gran moralidad de esa empresa en el cumplimiento de sus obligaciones. Se afirma en los fallos que en la Caja Agraria se realizaron operaciones de crédito sin adoptar las seguridades del caso, para lograr el retorno del dinero a la entidad, cuando la prueba muestra que Colsistemas garantizó efectivamente los créditos que se le otorgaron, con el endoso total o parcial de los contratos que ejecutaba y con una hipoteca constituida sobre un predio de Gustavo Gómez Ariza valorado en mas de 800 millones de pesos. 2.3 Falso raciocinio. Lo jueces al analizar el acervo probatorio se equivocaron al considerar que los hechos relativos a la apertura de la cuenta corriente de Colsistemas Ltda., llevaron a que posteriormente la Caja aprobara varias operaciones de

crédito a esa empresa. Las pruebas indican que el soporte de esas operaciones fueron las garantías constituidas validadamente, y que de no ser por ellas, los funcionarios de la Caja no habrían aprobado los créditos. Estima el libelista que de haber existido un verdadero propósito delictivo por parte de Ariza Gómez, no hubiese figurado con su nombre en todos los trámites, ni habría garantizado los créditos que se le otorgaron con endoso 13 de los saldos de los contratos que Colsistemas Ltda., estaba ejecutando con varias empresa estatales, ni con un inmueble de su propiedad, pues las reglas de la experiencia enseñan que esos no son actos propios de quien quiere apropiarse de dineros ajenos. Además, agrega, resulta ilógico que si el procesado y Colsistemas se beneficiaban con los créditos que le otorgaba la Caja Agraria, de los que derivaban sustanciales ganancias, fueran a intentar apropiarse de los dineros que les prestaban. El actor considera que el error de raciocinio más claro se presenta cuando el fallo de primer grado rechaza las explicaciones del procesado Ariza Gómez, respecto de las circunstancias en que fueron expedidas las últimas cinco aceptaciones bancarias, confrontándolas con la versión de Pablo Roberto Trujillo Devia, persona de dudosa reputación, vinculada a varias investigaciones penales al negociar con Coascol S.A., unas aceptaciones bancarias que habían sido hurtadas. La versión de señor Gutiérrez Higuera no tiene la capacidad de desvirtuar la del procesado, pues aquél estaba interesado en mostrarse ajeno a todas las

argucias que desplegó frente a Ariza Gómez para que solicitara el préstamo que le solucionaría los problemas en que él y sus compinches estaban involucrados. Para el casacionista resulta contrario a la sana crítica que los juzgadores no le reconocieran credibilidad a la versión del procesado, a pesar de contar con respaldo en pruebas que no valoraron, mientras que sí se la reconocen a lo manifestado por Gutiérrez Higuera y Pablo Roberto Trujillo, respecto de la expedición de las cinco aceptaciones bancarias, con las que cancelaron las acreencias de Coascol y el sobregiro originado por una remesa devuelta, lo cual carece de respaldo probatorio, ya que tal versión fue por el contrario desvirtuada por los testimonios de María Consuelo Urbina Pinzón y José Antonio Amaya Agudelo. Con base en lo anterior, el actor solicita a la Corte casar parcialmente la sentencia impugnada, y, en consecuencia, absolver a Gustavo Ariza Gómez 14 del cargo como presunto determinador del delito de peculado por apropiación.

3. EL CONCEPTO Esta representación del Ministerio Público considera que no le asiste razón al demandante al acusar la configuración, en la sentencia impugnada, de errores de hecho constitutivos de falsos juicios de existencia, identidad y raciocinio. 3.1 Como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, el falso juicio de existencia, una de las modalidades del error de hecho, se presenta cuando el fallador ignora, desconoce u omite el reconocimiento de una prueba que obra en el proceso (por omisión), o cuando supone o imagina una prueba

que no está en el proceso, dando por demostrado un hecho que carece de prueba (por suposición). 1 Para que una censura por omisión probatoria prospere, el actor debe demostrar no solo la pretermición de la prueba, sino también la modificación que ella genera en el panorama probatorio del proceso, de modo que altere sustancialmente el sentido o el alcance de la sentencia, circunstancia que justifica el quebrantamiento del fallo. 3.2 En el presente caso, el actor se refiere a la falta de valoración expresa por parte de las instancias, cuyos fallos constituyen unidad jurídica, en cuanto el Tribunal confirmó el de primer grado, de una gran cantidad de pruebas, las que a juicio del Ministerio Público no cumplen con uno de los requisitos técnicos acabados de reseñar para esta especie de impugnación, como lo es que la ausencia de apreciación frente a la mismas modifique sustancialmente el sentido o el alcance de la sentencia. 1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M. P. Dr. GALÁN CASTELLANOS, Herman. Sentencia rad. 17045. Dic. 11 de 2003. M. P. PEREZ PINZON, Alvaro. Auto rad. 14535 Nov. 30 de 1999. 15 El desarrollo del ataque lo que evidencia es la oposición del libelista a la forma como el juzgador valoró la prueba de cargo para efectos de sustentar la sentencia de condena, pretensión que, como es sabido, sólo prospera en casación cuando se demuestra que en el proceso de determinación de la fuerza persuasiva del medio, el juzgador desconoce en forma manifiesta las

reglas de la sana crítica, vicio que enunció al final de la demanda, pero sólo respecto de la valoración de las versiones del procesado y de los señores Jorge Enrique Gutiérrez Higuera y Pablo Roberto Trujillo Devia. 3.3 Aduce el actor que las instancias no apreciaron los informes 321 y 322 del 28 de octubre de 1998 de la Vicepresidencia de la Contraloría de la Caja Agraria, los cuales revelan múltiples irregularidades que ascienden a cifras millonarias en el manejo de las cuentas de las firmas Promotora Lagos El Paguey S.A., Coagrocol S.A. y Coascol S.A., con la participación directa del director de la Oficina Centro Internacional a cargo de Jorge Enrique Gut