PGN - FALTA DE COMPETENCIA EN ASUNTO LABORALES - Cuando el empleador es un extranjero y el empl

MISIONES DIPLOMÁTICAS-No pueden acudir a la justicia laboral ordinaria RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado INMUNIDAD RELATIVA DE JURISDICCIÓN-Jurisprudencia del Consejo de Estado COPIAS-Valor probatorio según jurisprudencia del Consejo de Estado Esta Procuraduría Delegada venía sosteniendo la tesis según la cual las copias simples no tenían valor probatorio en ningún caso, posición jurídica que en razón al principio de lealtad procesal ahora replantea para sostener su validez cuando aquellas no fueren tachadas por la parte contraria, como sucede en el sub judice. FALTA DE COMPETENCIA EN ASUNTO LABORALES-Cuando el empleador es un extranjero y el empleado es un nacional De conformidad con los medios de prueba allegados al proceso y los pronunciamientos jurisprudenciales referidos se tiene que para el año 2006, cuando se decidió rechazar la demanda laboral que presentó el actor, la tesis que imperaba en la Corte Suprema de Justicia era la de falta de competencia frente a los asuntos laborales cuando el empleador era un estado extranjero y el trabajador un nacional colombiano que prestaba sus servicios en el país, ello no obstante que ya la doctrina internacional reconocía la inmunidad de jurisdicción relativa y no absoluta.

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 059/ 2012

Bogotá, D.C., 13 de marzo de 2012.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MÉLIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) EXPEDIENTE: 41.229 (250002326000 2006 02213 01) Acción de Reparación Directa

ACTOR: HÉCTOR JULIO DUARTE DE FEX

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES – CONGRESO DE LA REPÚBLICA – RAMA JUDICIAL El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 13 de diciembre de 2006 (fls. 1 y 24 C. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, el señor Héctor Julio Duarte de Fex demandó a la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores, al Congreso de la República y a la Rama Judicial, para que se les declarara responsables de los perjuicios causados por el hecho de no poder acudir a la administración de justicia, debido a la aprobación de la “Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas hecha en Viena el 18 de abril de 1961”, aprobada por ley 6 de 1972, porque al aplicarla los individuos que en materia laboral resultaren perjudicados por las acciones u

omisiones de las misiones diplomáticas no pueden acudir a la justicia laboral ordinaria, como lo expuso la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral al rechazar de plano la demanda laborar interpuesta por él contra la Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador. Solicitó la indemnización de perjuicios para él y para la señora Miryam de Fex de Duarte (madre) –sin que obre poder otorgado por éstaSostuvo que los organismos administrativos y judiciales no le brindaron una protección legal; que interpuso demanda laboral ordinaria que fue rechazada de plano, sin poder tener un proceso digno y justo. En la corrección de la demanda -21 de marzo de 2007- (fls. 32 a 102 c. 1), adujo que solicitaba la declaratoria de responsabilidad de la Nación representada por las 2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) entidades enunciadas porque más que un error jurisdiccional se estaba frente a una falla de unificación de criterios jurídicos; que demandaba el hecho del legislador y del Gobierno al aprobar la Convención de Viena de 1961 por medio de la ley 6 de 1972, lo que le produjo un daño especial porque tiene derecho a que le adelanten un debido proceso y le indemnicen los perjuicios. 1.2. Contestación de la demanda.1 Las demandadas se opusieron a la

prosperidad de las pretensiones.  Rama Judicial (fls. 361 a 383 c. 1). Precisó el marco legal de las actividades en que se desarrollan las actividades judiciales y propuso como excepciones: a) falta de legitimación en la causa por pasiva; b) cosa juzgada y c) la innominada  Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 390 a 422 c. 1). Se pronunció sobre los hechos hizo un análisis sobre la inmunidad de jurisdicción y propuso como excepciones: a) falta de jurisdicción; b) falta de legitimación por pasiva y c) prescripción de los derechos laborales.  Congreso de la República (fls. 506 a 522 y 565 c. 1). Contestó de manera extemporánea. 1.3. La sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera – Subsección B2, declaró no probadas las excepciones de caducidad de la acción, falta de jurisdicción y falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por las demandadas; declaró de oficio la falta de legitimación en la causa de la señora Myriam de Fex de Duarte; y negó las pretensiones de la demanda (fls. 655 a 665 vto. c. 7). 1 Por auto de 4 de noviembre de 2009 (fls. 351 a 352 vto. c. 1) el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado en el juzgado administrativo (fls. 125 a 310 c. 1). 2 Salvamento parcial de voto del Magistrado Ramiro Pazos Guerrero quien consideró que solamente en 2007 la Corte

Suprema varió su jurisprudencia en relación con la inadmisión de demandas de agentes diplomáticos nacionales contra misiones diplomáticas y el rechazo de la demanda del actor fue de 2006. Que era improbable que prosperada el recuro de reposición y que por tanto si se causó un daño antijurídico. 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) Argumenta el a-quo que la Convención de Viene aprobada por la ley 6 de 1972 no consagra la inmunidad de jurisdicción de los Estados en materia laboral, y como el Estado colombiano ha acogido la teoría de la inmunidad restringida de jurisdicción de los Estados el señor Héctor Julio Duarte tenía la posibilidad de acceder a la justicia. En cuanto a la responsabilidad de la Rama judicial señaló que el actor no adujo como fundamento una falla del servicio por error jurisdiccional en la providencia de 10 de octubre de 2006 o en el auto de 24 de agosto de ese año, a más que no interpuso el recurso de reposición contra la inadmisión de la demanda. 1.4. Apelación. La parte actora impugnó el fallo para que se revocara y en su lugar se accediera a las pretensiones (fls. 672 a 684 c. 7). Se refirió al valor probatorio de los documentos y afirmó que era injusto indicar que

no había interpuesto reposición contra el rechazo de la demanda, pues ante esa decisión de la sala laboral de la Corte alegó nulidad del auto que fue rechazada y está rogando el desarchivo y nuevo estudio del expediente para que con el cambio de jurisprudencia sea aceptada la demanda; interpuso nueva demanda laboral por existir nueva jurisprudencia y hechos y nuevas pruebas, interpuso acción de tutela y ha seguido el rechazo configurando el error jurisdiccional. Entre los fundamentos de sustentación adujo que era evidente la responsabilidad por error jurisdiccional en el que persiste la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, porque se demostró que a otros ciudadanos si les ha admitido la demanda contra las embajadas. Que para 2005 era posición uniforme y reiterada de la Corte que la inmunidad jurisdiccional contemplada en la ley 6 de 1972 comprendía a los agentes y a los estados, posición que modificó el 13 de diciembre de 2007 cuando rectificó la tesis y admitió demanda de naturaleza laboral contra un estado extranjero por un nacional; que la decisión que rechazó su demanda se produjo el 10 de octubre de 2006 encontrándose en situación de desigualdad, discriminación y violación de los 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) derechos fundamentales. Agregó que el recurso de reposición no es obligatorio y además no resultaría

efectivo porque la Corte varió la jurisprudencia hasta 2007.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. El problema jurídico consiste en determinar si la Convención de Viena aprobada por ley 6 de 1972 le impide al actor acceder a la administración de justicia para resolver la controversia laboral contra la Delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador. De ser así, se habrá de establecer si las entidades demandadas o alguna de ellas es responsable de los daños ocasionados al actor. 2.2. Caducidad. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia de 10 de octubre de 2006 rechazó la demanda laboral y la demanda por vía de la acción de reparación directa que dio origen a este proceso se presentó el 13 de diciembre de 2006, esto es, dentro de los 2 años siguientes

(art. 136 cca). 2.3. La Responsabilidad del Estado y la inmunidad diplomática 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) Según el precedente jurisprudencial3 la vía procesal para reclamar indemnización por los daños antijurídicos que produzca el hecho del legislador es la acción de reparación directa. (i) El CONSEJO DE ESTADO imputa responsabilidad patrimonial a la administración en los eventos de inmunidad jurisdiccional derivada de la

Convención de Viena, aprobada por la Ley 6 de 1972, que impida accionar contra los agentes diplomáticos que generen un daño4, “La Convención obedece a un acto complejo del Estado Colombiano integrado por la intervención de las voluntades de dos autoridades estatales, a saber, el Congreso y el Presidente de la República en ejercicio de sus funciones de conformidad con los artículos 189 y 150 de la C.P. Conforme al artículo 82 del C.C.A es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las consecuencias de su adopción como ley y de su aplicación en cumplimiento de compromisos internacionales. Si bien el Estado colombiano es soberano para el manejo de sus relaciones internacionales, ello no obsta para que ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana pueda ser convocado a responder por las consecuencias de sus actos que como en el caso presente se trata de un acto complejo. Los privilegios que conceda a Estados o a sus diplomáticos acreditados, corren a cargo de la Nación, y no sería equitativo que revertieran a cargo de una persona en particular. Si del cumplimiento del Tratado, que como en el caso particular que nos ocupa deviene para los actores un perjuicio cuya autoría material radica en cabeza de un agente diplomático, la Nación Colombiana debe asumir las consecuencias patrimoniales derivadas del cumplimiento de sus obligaciones y respecto de las relaciones diplomáticas entre los Estados. (…) (…) 3 Sección Tercera. Sentencia de 8 de marzo de 2007, la Radicación número: 66001-23-31-000-1997-03613-01(16421) “Recientemente la Corte Constitucional al estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el inciso primero del

artículo 86 del C.C.A. que esgrimía que dicho precepto infringía la Constitución por vía de omisión legislativa al no prever dentro de los supuestos de procedencia de la acción de reparación directa, los hechos y omisiones imputables a la actividad del poder legislativo, respaldó el criterio jurisprudencial expuesto por el Consejo de Estado, al estimar que la jurisprudencia de éste último ha sido configurada bajo una interpretación conforme al texto constitucional: “el órgano encargado de fijar el alcance y contenido del precepto legal demandado ha sostenido de manera reiterada que la acción de reparación directa cabe contra los hechos y omisiones provenientes del poder legislativo. En efecto, la jurisprudencia tanto de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado como de la Sección Tercera ha reiterado que la vía procesal para reclamar los daños antijurídicos provenientes de la actuación u omisión del poder legislativo es la acción de reparación directa, como se sostuvo en la sentencias de 25 de agosto y 8 de septiembre de 1998 de la Sala Plena, y en la sentencias de 26 de septiembre de 2002 y el auto de 15 de mayo de 2003, providencias a las que previamente se hizo referencia. “Entonces, la interpretación que ha acogido el Consejo de Estado en su jurisprudencia es una interpretación de conformidad con el texto constitucional, por tal razón no hay lugar a un pronunciamiento de esta Corporación que acoja una interpretación condicionada del precepto jurídico demandado.” (…)” (Subrayas y negrillas fuera del texto)

4 SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, en sentencia de 25 de agosto de 1998. Radicación IJ-001Actor: VITELVINA ROJAS ROBLES. Demandando: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - REPRESENTADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) En síntesis, puede afirmarse que el título de imputación jurídica sobre el cual se edifica el juicio de responsabilidad para el Estado, lo constituye el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, ocasionado por la actividad legítima de autoridades estatales (Congreso y Presidente de la República), que causa daño antijurídico, respecto del cual, el administrado no está en el deber de soportar, pues la carga pública que debe ser colectiva, no debe correr a cargo de una persona en particular. De ahí que sea equitativo, imponer al Estado en representación de la sociedad, la obligación de reparar el perjuicio irrogado a los actores. Esta solución no es cosa distinta que el cabal desarrollo y ejecución lógica del principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 13 de la C.P. (…) Por todo lo anterior es claro que, teniendo los nacionales derecho a que se respete su integridad personal y patrimonial y a ejercer las acciones de ley para el restablecimiento de

sus derechos conculcados, en igualdad de condiciones, en el caso presente los demandantes experimentan una doble limitación por virtud del privilegio de inmunidad jurisdiccional conferido por el Estado Colombiano. De un lado porque quedan privados de la posibilidad de demandar en Colombia la reparación a que tienen derecho, en acción contra el ejecutor material del daño y de otra parte porque consecuencialmente se desequilibraron las cargas públicas que deben soportar todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, al imponérseles la necesidad de demandar ante la justicia del estado acreditante, lo cual sí está permitido por la Convención de Viena, salvo renuncia a la inmunidad en los términos allí establecidos, hecho que no ocurrió en este caso.” (Subrayas y negrillas fuera del texto) (ii) La jurisprudencia nacional acoge la teoría de la teoría de la inmunidad relativa de jurisdicción5 “Como consecuencia de la inaplicabilidad de la teoría de la inmunidad absoluta, surgió la teoría de la inmunidad relativa, de manera que para delimitar el ámbito de inmunidad se optó por diferenciar la condición con la cual actúa el órgano de las relaciones internacionales, distinguiendo entre los actos que realiza revestidos de -imperium - o funcionalmente, es decir, los que realiza en función del poder público –iure imperiio ceñido a la función para la cual fue creado (en el caso de la inmunidad internacional),6 de los actos de gestión - iure gestionis-, que son los desarrollados por el órgano con fines que no se acompasan con el desarrollo de su función propia en el ámbito internacional, sino que son desarrollados en el

mismo plano que los actos de los particulares, de manera que la prerrogativa no surte efectos en este último evento, pues debe recordarse que las inmunidades no deben ser de orden absoluto. (…) En Colombia, la Corte Suprema de Justicia a finales del año 20077, revaluó el concepto que por más de 20 años venía sosteniendo en torno al reconocimiento de la inmunidad de jurisdicción absoluta de los Estados, dando paso a la teoría de la inmunidad relativa, por lo menos, en cuanto a los asuntos de carácter laboral, con fundamento en las nuevas perspectivas que informan las relaciones entre los Estados y la interpretación de la reciente Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes del año 2004, en armonía con el contexto que informa el derecho al trabajo como derecho de raigambre constitucional a partir de la promulgación de la Constitución Política 5 Sección tercera Auto de 26 de marzo de 2009 Radicación número: 25000-23-26-000-2006-02062-01(34460). -Actor: INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERSIDRI. Demandado: NACION COLOMBIANA-MINISTERIO DE AGRICULTURA-FONDO DRI; SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO 6 (pie de página de la cita) Se trata sin duda alguna de un criterio objetivo o finalista que puede ofrecer dificultades. 7 (pie de página de la cita) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Auto de fecha 13 de enero de 2007. Radicación 32096. Magistrado Ponente, Doctor Camilo Tarquino Gallego.

7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) de 1991 que responde a la necesidad de los Estados de garantizar el derecho al trabajo y asegurar la protección del mismo conforme lo establece el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en nuestro país mediante la Ley 74 de 1968. (…) (…) Para corroborar el aserto, obsérvese el pronunciamiento de la Corte Constitucional al efectuar el control de constitucionalidad de la Ley 208 de 1995 “Por medio de la cual se aprueba el 'Estatuto del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología' hecho en Madrid el 13 de septiembre de 1983”, en el cual interpretó que la inmunidad de jurisdicción reconocida a través de la suscripción del acuerdo no puede entenderse de manera absoluta, por consiguiente, es posible que el Centro y sus funcionarios sean juzgados por la jurisdicción colombiana: “.(...) El Estado colombiano no puede aceptar la inmunidad judicial absoluta y, por tanto, deberá señalar que en el evento de que surja una disputa jurídica entre un habitante del territorio y el Centro, cuando este actúe como un particular o sometido a las normas de derecho interno o supranacional, podrá apelarse a los mecanismos judiciales consagrados por el ordenamiento nacional e internacional a fin de que el conflicto se

resuelva según las normas vigentes en el territorio nacional”.8 Esta Corporación, acoge el criterio objetivo - finalista adoptado por la Corte Constitucional, en cuanto a la interpretación de las cláusulas de inmunidad jurisdiccional, extendidas, específicamente, a favor de los órganos internacionales, de manera que la simple inclusión de la prerrogativa en el instrumento de derecho internacional no implica que se encuentre excluida absolutamente de la jurisdicción interna del Estado, por cuanto la inmunidad debe entenderse concedida en el contexto de la finalidad para la cual fue creada, que no es otro distinto que permitir al organismo desarrollar las funciones que le son inherentes, con autonomía e independencia, para evitar que agentes externos entorpezcan su objeto, de suerte que cuando la cláusula se torne ambigua, abstracta o abarque supuestos indeterminados, el juez deberá interpretarla atendiendo los criterios expuestos y la lógica de lo razonable para establecer el alcance de la misma y evitar así la mengua indirecta e innecesaria de derechos fundamentales de los habitantes del territorio colombiano, como el acceso a la administración de justicia y de atributos inherentes al Estado como la soberanía e independencia ya que, de hecho, la simple concesión de las inmunidades implica la cesión de éstos en alguna proporción”. (Negrillas y subrayas fuera del texto) (iii) Hasta el año 2007 la Corte Suprema de Justicia mantuvo la tesis de la incompetencia para conocer de demandas laborales contra misiones diplomáticas, por lo cual el Consejo de Estado estudiaba la responsabilidad extracontractual del Estado bajo el título de imputación de daño especial.

A partir del 13 de diciembre de 2007, la Corte modificó su tesis y aceptó la competencia para conocer y decidir esos litigios, con fundamento en el concepto 8 (pie de página de la cita) Ibidem. 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01) de la inmunidad relativa de jurisdicción9

Sentencia T-932/10. Referencia: expediente T-2699941. Acción de tutela instaurada por Blanca Isabel Francisca Cote Gómez contra la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, la Corte Constitucional sostuvo que el medio de defensa judicial idóneo es el demandar laboralmente por vía ordinaria a la Misión Diplomática, 9 Sentencia T633/09, -trámite de tutela que se originó en las decisiones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, que mediante auto del 13 de diciembre de 2007, admitió la demanda ordinaria laboral presentada por Adelaida García de Borrisow contra la Misión Diplomática de la Embajada del Líbano en Colombia, y en audiencia celebrada el 2 de septiembre de 2008 dictó fallo de única instancia condenando al Estado de Líbano-. “4.3. Como se precisó anteriormente, la atribución de la Corte Suprema consagrada en el numeral 5 del artículo 235

C.P., se refiere a los casos previstos por el Derecho Internacional. Aunque no existe un tratamiento uniforme a ese respecto, la Costumbre Internacional más extendida reconoce el carácter restringido de la inmunidad de los Estados en materia laboral?. Esta costumbre internacional es precisamente consistente con el creciente interés de proteger el derecho fundamental de acceso a la justicia, especialmente en los conflictos derivados de relaciones laborales con los nacionales del Estado receptor. Sin embargo, es necesario precisar que ese carácter restringido de la inmunidad de los Estados se deriva de la distinción entre sus acta jure imperii y sus acta jure gestionis. La relación laboral a que se refiere el caso planteado (y la decisión de terminarla) puede ubicarse en la categoría de los acta jure gestionis, pero no puede afirmarse, como principio general, que todas las relaciones laborales tengan ese carácter y bien puede un Estado acreditante invocar razones de seguridad o confianza que caracterizarían una decisión laboral (celebrar o terminar un contrato de trabajo) entre los acta jure imperii. Ubicado un acto (relevante en materia laboral, civil, comercial o penal) en esta categoría (jure imperii) la discusión sobre el carácter absoluto o restringido de la inmunidad de los Estados y de sus agentes se trasladaría a otro ámbito de análisis: si por la violación del jus cogens, un Estado ha renunciado tácitamente a la inmunidad. Así, trasciende los alcances de esta sentencia hacer pronunciamientos generales sobre los alcances de la inmunidad de jurisdicción de los Estados y de las inmunidades diplomáticas y consulares de las que gozan sus agentes diplomáticos y

por ello esta Sala de Revisión se limita a precisar que, en el caso planteado, las decisiones adoptadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema se encuentran debidamente razonadas, tanto para cambiar su jurisprudencia como en la sustentación relativa a la inmunidad de jurisdicción de los Estados, la cual no se considera absoluta sino que tiene un carácter restrictivo y se regula por normas de derecho de carácter consuetudinario que constituyen la “costumbre internacional ”?. En síntesis, en el caso planteado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema no violó el derecho al debido proceso al no reconocer la inmunidad de jurisdicción del Estado del Líbano, siendo competente, por atribución constitucional directa (numeral 5 del art. 235 C.P.), para conocer de los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos tanto cuando actúan a “título privado” como en el caso planteado, cuando estos actúan “por cuenta del Estado acreditante para los fines de la misión”. Finalmente, conviene mencionar que, aunque no se encuentra todavía en vigencia, el 2 de diciembre de 2004 la Asamblea General adoptó, por consenso, el texto de la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes?, la cual incorpora, en lo esencial, los mismos criterios.” (subrayas y negrillas fuera del texto) 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094 www.procuraduria.gov.co

Expediente No. 41.229 (250002326000 2006 02213 01)

4. Inmunidad restringida de los Estados extranjeros en materia de jurisdicción laboral, respecto de connacionales y residentes permanentes que prestan sus servicios en Misiones o Delegaciones Diplomáticas acreditadas en Colombia como país receptor: 4.1. La inmunidad de jurisdicción es el derecho reconocido a cada Estado, en razón al atributo esencial de soberanía, a no ser sometido a la potestad jurisdiccional de otro Estado10. Se basa en los principios de igualdad, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en la independencia que se sintetiza en el aforismo de origen feudal “par in parem non habet imperium” (entre pares no hay actos de imperio).

Históricamente se diferencian dos etapas en el tratamiento acordado a los Estados extranjeros para ser llevados a juicio ante los tribunales nacionales, a saber: (i) Desde antes de la Primera Guerra Mundial se reconoce la exención incondicional del Estado extranjero al sometimiento jurisdiccional del Estado receptor o tesis de la inmunidad absoluta de los Estados, la cual consiste en que no es posible llevar ante los estrados judiciales nacionales a un Estado extranjero a no ser que éste manifieste su consentimiento para ello; en otras palabras, renuncie al beneficio de la inmunidad de jurisdicción. Esta tesis indica que los Estados al ser todos iguales no pueden juzgarse los unos a los otros y, propende por mantener las buenas relaciones entre éstos. No obstante, es pertinente advertir, como lo

veremos más adelante, que esta tesis se encuentra en franco retroceso ante la evolución que el tema ha tenido en el marco del Derecho Público Internacional. (ii) Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a perfilarse otra posición, que es la de los Estados que apoyan la tesis de la inmunidad relativa o restringida. Así, entienden que para hablar de inmunidad de jurisdicción de un Estado se deben tener en cuenta dos criterios: De una parte, cuando el Estado actúa como Estado (actos jure imperii) goza de inmunidad absoluta, y de la otra, cuando un Estado actúa como particular (actos jure gestionis) se configura una inmunidad relativa o restringida que permite sujetar los actos de gestión a la jurisdicción local de los países receptores11. Es importante resaltar que esta evolución conceptual y la misma distinción entre actos jure imperii y actos jure gestionis, ha sido responsabilidad primaria de las decisiones de tribunales británicos y norteamericanos que han sido seguidos por las Cortes de otros países12, dando así lugar a una abundante práctica que constituye costumbre internacional. (…) 4.2. Retomando el tema central, el artículo XXXI de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas hecha en esa ciudad el 18 de abril de 1961 y aprobada por Colombia mediante la Ley 6ª de 1972, establece que los agentes diplomáticos gozan de inmunidad absoluta en materia penal y también en materias civil y administrativa pero con algunas excepciones taxativas. Sin embargo, aplicando el criterio de interpretación restrictiva de los tratados13, debemos señalar que la mencionada Convención no contempla expresamente la inmunidad diplomática en relación con la

10 (pie de página de la cita) Esta Corporación en sentencia T-883 de 2005, definió la inmunidad de jurisdicción como “un principio de derecho internacional que ha sido definido por la doctrina, como la exclusión de la posibilidad de que un sujeto específico pueda quedar sometido a la jurisdicción interna de determinado Estado, siempre que se configuren ciertas condiciones. Se trata de un principio de carácter procesal que opera como excepción, y que reviste dos manifestaciones fundamentales; (i) la inmunidad de jurisdicción como tal, que se refiere a la incompetencia de los jueces nacionales para juzgar a determinados sujetos de derecho internacional, que pueden ser otros Estados u organizaciones internacionales; y (ii) la inmunidad de ejecución, la cual impide que se haga efectiva determinada decisión judicial, en caso de que el procedimiento contra el sujeto de derecho internacional se hubiere llevado a cabo”. 11 (pie de página de la cita) La profesora argentina Mariana Herz, en su escrito titulado “La nueva Convención de Naciones Unidas sobre inmunidad de jurisdicción de los Estados y sus bienes. Su compatibilidad con el régimen argentino”, define la inmunidad de jurisdicción restringida como “la posibilidad de enjuiciar al Estado extranjero,