PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Para que se estructure no basta con la simple infracción de un debe

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Para que se estructure no basta con la simple infracción de un debe
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Radicación # 162-118087-05 Disciplinado y/o investigado José Ignacio Muñoz Córdoba Cargo y entidad Director CORAMAZONÍA Quejoso Luis Fernando Pérez Marín Fecha Queja 30 de abril de 2004 Fecha Hechos Abril de 2004 Asunto Evaluación de indagación preliminar Bogotá, D.C., 28 de abril de 2006

I. ASUNTO Procede la Delegada para la Moralidad Pública a evaluar el mérito de la indagación preliminar dispuesta por la Procuraduría Regional del Putumayo, de conformidad con el artículo 150 y siguientes de la Ley 734 de 2002.

II. ANTECEDENTES Y HECHOS El 30 de abril de 2004, el señor LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN, participante dentro de la Convocatoria Pública No 029 de 2004 adelantada por CORPOAMAZONÍA, presentó queja disciplinaria, ante la Procuraduría Regional de Putumayo, en la que puso de presente posibles irregularidades ocurridas en el desarrollo la elaboración del pliego de condiciones y en la evaluación de las propuestas.

Los hechos denunciados pueden relacionarse como sigue:

1. El prepliego de condiciones estableció dentro de los requisitos para los proponentes contar con “experiencia profesional no inferior a dos (2) años de los cuales deben demostrar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada”. Dentro de las observaciones presentadas frente a los prepliegos no hubo consideraciones en torno a este punto. No obstante, en el pliego de condiciones se señaló que “cada profesional deberá contar con experiencia profesional inferior a (2) dos de los cuales debe demostrar como mínimo seis

(6) meses de experiencia relacionada”.

2. Algunas personas obtuvieron una calificación total del 100% pese a que no tienen toda la documentación al día.

3. El 7 de julio de 2004, el señor LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN, adicionó por escrito su queja y puso de presente presuntas irregularidades en torno a la propuesta seleccionada para ser contratada como ingeniera de minas, es decir, la Ingeniera MARIA AMANDA LOPEZ MORA, tales como:  No se encuentran dentro de la propuesta incluidas las actividades socioeconómicas de acuerdo con el Manual de Procedimientos Técnicos de CORPOAMAZONÍA, por lo cual la propuesta no cumpliría con el objeto de la Convocatoria.  En la propuesta presentada no se hace referencia a la participación de la proponente en la Convocatoria No 029 de 2004 por lo cual no se tiene claridad sobre su intención de participar en la misma. 1  Existen irregularidades en cuanto al tiempo de experiencia de la Ingeniera AMANDA LÓPEZ pues según la matriz de experiencia realizada por CORPOAMAZONÍA se graduó el 8 de octubre de 1996, sin embargo, según el formato de hoja de vida único aparece que se graduó en octubre de 1998.

El 23 de junio de 2004, la Procuraduría Regional de Putumayo dispuso la apertura de indagación preliminar en contra de personas por determinar, para cuyo perfeccionamiento practicó una serie de pruebas. El 7 de febrero de 2005, la Procuraduría Regional ordenó remitir por competencia el

proceso a conocimiento de la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal bajo el entendido que por medio de la Resolución No 0291 del 28 de abril de 2004 el Director General JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA adjudicó los contratos de prestación de servicios profesionales frente a los cuales se denunciaron las irregularidades (Cfr Folio 154). Así mismo, enunció como fundamento el numeral 6 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, según el cual la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y de los procesos de selección es del representante legal de la entidad estatal. Una vez efectuado el respectivo reparto correspondió su conocimiento a esta Delegada.

III. ACERVO PROBATORIO En el curso de la presente indagación preliminar se han allegado los siguientes

elementos: a. Copia del prepliego de condiciones de la convocatoria pública 029 de 2004 (Cfr. Folio 65 a 79) b. Copia del pliego de condiciones de de la Convocatoria Pública No 029 de 2004, incluye el estudio económico (Cfr. Folio 80 a 88) c. Copia de la certificación expedida por el subdirector administrativo y financiero de CORPOAMAZONÍA en donde pone de presente la necesidad de contratar los profesionales de que trata la Convocatoria No 029 de 2004 (Cfr. Folio 89 y 90) d. Copia del acta de reunión del Comité de Contratación del 14 de abril de 2004, en la que se revisaron y analizaron las observaciones presentadas al prepliego de la

Convocatoria Pública No 029 de 2004 (Cfr. Folio 92 a 96) e. Copia de la apertura a la al proceso de selección de la Convocatoria Pública No 029 de 2004, realizada por el Director General de CORPOAMAZONÍA, Dr. JOSÉ

IGNACIO MUÑOZ C. (Cfr. Folio 97).

f. Copia del concepto jurídico favorable a los análisis realizados por los miembros del comité de contratación a las observaciones presentadas a los prepliegos (Cfr. Folio 100 y 101) g. Copia del acta de cierre de la convocatoria pública No 029 de 2004 del 19 de abril del mismo año (Cfr. Folio 102 a 104) h. Copia del acta de evaluación de la Convocatoria pública suscrita por el Subdirector de Planificación, Subdirectora de Manejo Ambiental, Abogado Contratista, Jefe de Oficina Jurídica y el Subdirector Administrativo y Financiero (Cfr. Folio 109 a 112)

  1. Copia de las actas de evaluación de las propuestas (Cfr. Folio 113 a 149)

2 j. Copia del oficio mediante el cual se comunico a la ingeniera MARIA AMANDA LOPEZ MORA que le fue adjudicada la Convocatoria Pública No 029 de 2004. k. Copia del oficio por medio del cual el subdirector administrativo y financiero solicitó elaborar los contratos de prestación de servicios profesionales (Cfr. Folio 151 a 153) l. Copia de la Resolución No 0291 de 2004, por medio de la cual se adjudicaron los contratos de prestación de servicios profesionales, según la Convocatoria Pública

No 029 de 2004 (Cfr. Folio 154 y 155) m. Copia de la respuesta dada al derecho de petición presentado por el quejoso en CORPOAMAZONÍA (Cfr. Folio 27 a 30) n. Propuesta presentada por la Ingeniera de Minas MANDA LOPEZ MORA (Cfr, Folio 38 a 55) o. Copia del formato de hoja de vida único de la Ingeniera LOPEZ MORA y de su diploma universitario (Cfr. 56 a 61) p. Acta de visita especial practicada en CORPOAMAZONÍA (Cfr. Folio 62) q. Copia de la propuesta presentada por LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN (Cfr. Folio 156 a 198)

IV. CONSIDERACIONES Procede esta Delegada a evaluar la indagación preliminar de la referencia. Para ello, hará alusión a los siguientes aspectos (i) competencia de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública (ii) los requisitos para la apertura de investigación disciplinaria (iii) análisis del caso en concreto en el que se estudiarán por separado cada uno de los hechos por los que se abrió la respectiva indagación; y, finalmente,

(iv) conclusiones (i) De la competencia de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. Tal como lo establece el artículo 78 del CDU, la función disciplinaria que ejerce la Procuraduría General de la Nación debe tramitarse de acuerdo con las competencias establecidas tanto en la ley que determina su organización, estructura y funcionamiento, como en las resoluciones que las desarrollan.

En este sentido, el artículo 74 del Código Disciplinario Único establece que la competencia se determinará según la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio de comisión de la falta, el factor funcional y el de conexidad. Atendiendo al factor subjetivo que determina la competencia se tiene que según la remisión hecha por la Procuraduría Regional de Putumayo corresponde a esta Delegada analizar si es procedente abrir indagación disciplinaria en contra del Dr. JOSÉ IGNACIO MUÑOZ CÓRDOBA, en su calidad de Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –

CORPOAMAZONÍA- .

CORPOAMAZONÍA es una Corporación Autónoma Regional de carácter público con autonomía administrativa y financiera creada mediante el artículo 35 de la Ley 99 de 1993, es decir, es un ente corporativo descentralizado, relacionado con el nivel nacional, departamental y municipal, que cumple una función administrativa de Estado. Por tanto, corresponde conocer del asunto a una procuraduría delegada, según lo dispuesto por el Decreto 262, artículo 25, numeral 1, literal b, así: 3 Artículo 25. Funciones disciplinaria. Las Procuradurías Delegadas cumplen las siguientes funciones disciplinarias:

1. Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra: b) Los gerentes, directores y miembros de las juntas directivas, o sus equivalentes, de los organismos descentralizados del nivel nacional.

En cuanto a la naturaleza del asunto, el Procurador General de la Nación a través de la Resolución 017 de 2000, realizó la distribución y asignación de competencias entre

las procuradurías delegadas, a partir del artículo 17 y siguientes. En lo que respecta a la competencia de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, el artículo 19 de la Resolución No 017 de 2000 dispone: Cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuéstales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública asume las funciones y competencias disciplinarias (…) En este orden de ideas, aparece claro que la presente indagación preliminar tiene como objeto hechos que hacen alusión a presuntas irregularidades en la Convocatoria Pública No 029 de 2004. Por lo tanto, corresponde la competencia para conocer del mencionado asunto a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública. (i) Requisitos para la apertura de investigación disciplinaria De conformidad con el artículo 152 de la Ley 734 de 2002 se tiene que cuando, con fundamento en la información de la queja, o la recaudada durante la etapa de indagación preliminar, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, lo procedente será dar inicio a la investigación disciplinaria. En efecto, esta etapa procesal tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta presuntamente constitutiva de falta disciplinaria, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar, los motivos determinantes para su realización, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, el perjuicio causado a la administración pública con ella y la responsabilidad disciplinaria del investigado, todo ello siempre que se encuentre identificado al autor.

Así las cosas, para proceder a la apertura de investigación disciplinaria basta con que se encuentre identificadas las personas a vincular como presuntos responsables de la falta, se trata del único requisito legalmente establecido como presupuesto para esta etapa procesal, que de existir determina la apertura de la misma. 4 Lo anterior es así a menos que exista dentro de las diligencias prueba que razonablemente demuestre la existencia de una causal para la terminación del proceso disciplinario, caso en el cual deberá procederse a su declaración y ordenar el archivo definitivo de las diligencias, según lo dispone el artículo 73 de la Ley 734 de 2002. (iii) Análisis del caso en concreto En concordancia con el auto de apertura de indagación preliminar y la queja presentada por el señor LUIS FERNANO PÉREZ MARÍN tenemos que los hechos objeto de indagación son: a. De la modificación incorporada en el pliego de condiciones con respecto a los prepliegos La Convocatoria Pública No 029 de 2004, adelantada por CORPOAMAZONÍA, tenía por objeto seleccionar profesionales en las áreas de ingeniería forestal, civil, ambiental y sanitaria, petróleos, minas y biología para contratar sus servicios profesionales a fin de desarrollar las actividades necesarias de conformidad con las exigencias de la Ley 99 de 1993. La apertura de la Convocatoria tuvo lugar el 15 de abril de 2004 y en cumplimiento de los artículos 1 y 2 del Decreto 2170 de 2002 se hicieron públicos los prepliegos y los pliegos de condiciones. Dentro de los prepliegos se establecieron como requisitos para los participantes (Cfr.

Folio 67): “Podrán participar las personas naturales con título profesional en:  Ingeniería forestal  Ingeniería civil  Ingeniería ambiental y sanitaria  Ingeniería de petróleos  Ingeniería de minas y  Biología Cada profesional deberá contar con experiencia profesional no inferior a dos (2) años de los cuales deben demostrar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada (Negrilla fuera del texto)” El 14 de abril de 2004, los miembros del Comité de Contratación de CORPOAMAZONÍA se reunieron a fin de revisar y analizar las observaciones y peticiones presentadas en los prepliegos de la Convocatoria Pública No 029 de 2004 y dar respuesta a las inquietudes presentadas, sin que ninguna de ellas hiciera alusión al requisito del tiempo de experiencia de los participantes. La única observación frente a los prepliegos de condiciones que fue acogida por el Comité fue la presentada por el señor Jairo Efraín Medicis Cárdenas, quién solicitó ampliar el perfil de los ingenieros civiles al de los arquitectos en la Dirección de la 5 Regional Putumayo, por cuanto en esa zona existe mayor cantidad de proyectos en trámite y urbanizaciones a lo que accedió el comité evaluador (Cfr. Folio 95) La apertura de la convocatoria tuvo lugar el 15 de abril de 2005 y el pliego de condiciones se publicó en la página Web de la Corporación; en ellos se introdujo una modificación en el acápite referido a la experiencia de los proponentes, así: Podrán participar las personas naturales con título profesional en:  Ingeniería forestal.  Ingeniería civil,

 Arquitectura,  Ingeniería Ambiental y Sanitaria,  Ingeniería de Petróleos,  Ingeniería de minas y  Biología Cada profesional deberá contar con experiencia profesional inferior a dos (2) años de los cuales deben demostrar como mínimo seis (6) meses de experiencia relacionada. (Negrilla fuera del texto) En este sentido, es claro que al comparar el texto relativo a los requisitos de los participantes contenido en el prepliego y el contenido en el pliego, en este último se omitió el “no” que implicaba que la experiencia profesional exigida fuera “no inferior a dos años”. Ante ésta situación, el señor LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN presentó un derecho de petición a CORPOAMAZONÍA el 28 de abril de 2004, pues consideró que dicho cambio podía prestarse para favorecimientos a terceros (Cfr. Folio 26). Sobre el particular el Subdirector Administrativo y Financiero, Presidente del Comité de Contratación indicó en oficio del 17 de mayo de 2005 (Cfr. Folio 29): En relación a la palabra “no”. Se aclara que la Institución no basa sus actuaciones en supuestos, ni favorecimientos personales a terceros básicamente se debió a un error de digitación. (Subraya fuera del texto) Se presentaron un total de 39 propuestas, 14 para ingeniería forestal, 5 para ingeniería ambiental y sanitaria, 4 para ingeniería civil, 2 para biología, 9 para ingeniería de minas, 1 para ingeniería de petróleos, 2 para arquitectura, 1 para ingeniería ambiental y de saneamiento básico (Cfr. Folio 109) incluidas las

presentadas tanto para la Regional Caquetá como la Regional Putumayo. Algunos de los proponentes contaban con experiencia inferior a dos años y otros con experiencia superior. En este sentido, es claro que ese error de trascripción en el pliego de condiciones tuvo un efecto en el proceso de licitación, consistente en ampliar la posibilidad de que se presentaran propuestas personas con experiencia menor a los dos años, sin embargo, a diferencia de lo expresado por el quejoso, no restringió la posibilidad de que personas con mayor experiencia presentaran propuestas, por ejemplo, para el caso de los ingenieros de minas, de los seis proponentes presentados para la Regional Putumayo, tres tienen titulo otorgado con menos de 2 años y tres con más de 2 años (Cfr. Folio 149). 6 En todo caso, advierte el Despacho que si bien el requisito de la experiencia efectivamente fue cambiado en los pliegos de condiciones con respecto al prepliego, teniendo esta circunstancia el efecto anteriormente anotado, lo cierto es que se trató de un error de trascripción en el pliego, tanto así, que esa circunstancia no restringió la recepción y evaluación de las propuestas a fin de valorar solo la de aquellas personas que acreditaban un experiencia menor a los dos años, lo que sí reportaría la existencia de una irregularidad, pues, la limitación de la experiencia en esta forma implicaría que solo podrían presentar propuestas personas que tuvieran menos de dos años de experiencia, esto es, incluso las que tan solo contaran con un día de experiencia. Así las cosas, es evidente que el error anotado, consistente en omitir un “no” en el texto referido a la experiencia de los participantes, no tenía por finalidad lograr un

manejo del proceso precontractual por fuera de la legalidad, a fin de que solo participaran personas que acreditaran experiencia igual o menor a los dos años, por el contrario, prueba de que fue un error tipográfico es precisamente que fueron evaluadas todas las propuestas, tanto las de las personas con experiencia inferior a los dos años como la de las personas con experiencia superior y, finalmente, el contrato fue adjudicado a una persona con un tiempo de experiencia superior a los dos años. Por lo anterior, advierte el Despacho que con el error anteriormente anotado no se afectó el deber funcional que se pretende proteger con la normatividad contractual, específicamente, con el Decreto 2170 de 2002, pues se dio cumplimiento a los principios que rigen tal actividad, fundamentalmente, el de transparencia que es el que se salvaguarda con la publicación de los pliegos y los prepiegos de condiciones. Así las cosas, es claro que se encuentra probado dentro de las presentes diligencias que existió una modificación en el pliego de condiciones con respecto al proyecto que había sido previamente publicado, con lo cual, en principio, podía existir el incumplimiento de un deber por parte de la administración, cual es definir reglas claras en los pliegos o términos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, numeral 5, de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para la estructuración de la falta disciplinaria no basta con la simple infracción de un deber funcional por parte de los sujetos disciplinables, sino que su vulneración debe producirse sin justificación alguna, esto es, debe tratarse de incumplimiento de un deber ilícito sustancialmente,

en virtud del principio de ilicitud sustancial contenido en el artículo 5 la Ley 734 de 2002. Sobre la importancia de la ilicitud sustancial en materia disciplinaria, la Corte Constitucional en sentencia C-092 de 2004 expresó: Al respecto la Corte constata que la norma traduce - ART. 5 CDU - la adopción por el Legislador de una postura clara a favor de la autonomía del derecho disciplinario en materia de determinación de la antijuricidad de las conductas que dicho derecho sanciona frente a las categorías propias del derecho penal. Para la Corte, como se desprende de las consideraciones preliminares que se hicieron en relación con la especificidad del derecho disciplinario, resulta claro 7 que dicho derecho está integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones. En este sentido y dado que, como lo señala acertadamente la vista fiscal, las normas disciplinarias tienen como finalidad encauzar la conducta de quienes cumplen funciones públicas mediante la imposición de deberes con el objeto de lograr el cumplimiento de los cometidos fines y funciones estatales, el objeto de protección del derecho disciplinario es sin lugar a dudas el deber funcional de quien tiene a su cargo una función pública. El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuricidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir el que se atente contra el buen

funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuricidad de la conducta (Subraya fuera del texto) En este orden de ideas, considera el Despacho que el error tipográfico objeto de estudio no atentó contra el buen desarrollo del procedimiento contractual, ni impidió el cumplimiento de los fines por parte de la administración, prueba de ello es que se presentaron oferentes que acreditaron diferente experiencia y sus propuestas fueron objeto de evaluación, escogiendo aquella más favorable según los requerimientos contractuales que resultó ser, para el caso de los ingenieros de minas de la regional putumayo, uno de los proponentes con mayor experiencia. Por lo anterior, procede el Despacho a declarar el archivo de la presente indagación preliminar a es respecto y, por consiguiente, la terminación del proceso disciplinario, pues aparece demostrado dentro de las presentes diligencias que no se configura uno de los requisitos para la estructuración de la falta disciplinaria cual es la existencia de ilicitud sustancial. b. Algunas personas obtuvieron una calificación total del 100% pese a que no tenían toda la documentación al día. La segunda irregularidad que dio lugar a la apertura de la presente indagación preliminar es la presunta existencia de inconsistencias en la calificación numérica de las propuestas, pues, pese a que las mismas no contaban con toda la documentación requerida en el pliego, obtuvieron una calificación total de 100 puntos sobre 100. En efecto, de conformidad con el pliego de condiciones, los proponentes debían acompañar a la propuesta copia de la carta de presentación de ésta suscrita por el

proponente, hoja de vida diligenciada en formato único, documentos idóneos que acrediten la formación académica, fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia de la tarjeta profesional, antecedentes disciplinarios y fiscales expedidos con ocho días de anticipación (Cfr. Folio 84, revés). Así mismo, dentro del ítem relativo a los documentos de la propuesta el pliego estipuló: 8 “En caso de que quien presente la propuesta haya prestado sus servicios º profesionales en la entidad en anteriores oportunidades deberá manifestar tal situación y que su hoja de vida y los soportes necesarios se encuentran en la entidad, debidamente actualizados. Tal situación exonerará de presentar los anteriores anexos” Ahora bien, del análisis de la documentación allegada dentro de las presentes diligencias se observa que del total de propuestas presentadas para la Convocatoria Pública No 029 de 2004 sólo dos personas obtuvieron un total de 100 puntos en la evaluación. Se trató del ingeniero forestal ALEX LEONEL HERNÁNDEZ y de la Ingeniera de Minas MARIA AMANDA LÓPEZ MORA, ambos proponentes para la Regional Putumayo. Los documentos de cada uno de ellos fueron verificados en las hojas de vida que reposaban en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el inciso trascrito con anterioridad. En efecto, frente a la propuesta presentada por la Ingeniera de Minas AMANDA LÓPEZ MORA se tiene que en la carta de presentación manifestó que su hoja de vida con los respectivos soportes se encontraba en los archivos de CORPOAMAZONÍA (Cfr. Folio 39). Igualmente, de la matriz de revisión de

documentos se desprende que los del Ingeniero HERNÁNDEZ fueron consultados en los archivos de la entidad (Cfr. Folio 115). Es por ello que aunque alguna de la documentación requerida no acompañó físicamente a la propuesta, si se encontraba a disposición de la entidad para ser consultada y fue objeto de verificación como requisito previo a la evaluación de lis factores de selección (Cfr. Folio 133 y 134). Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la verificación de los documentos de la propuesta, bien anexados o bien consultados en las hojas de vida que reposan en la entidad, era un requisito mínimo para proceder a la evaluación de las propuestas, posteriormente se procedió a evaluar los factores de la selección, así lo estableció el pliego de condiciones (Cfr. Folio 85): “Solamente se evaluarán las ofertas que cumplan con los requisitos mínimos antes señalados y anexen la totalidad de los documentos exigidos. Las propuestas se evaluarán de conformidad con los siguientes criterios de selección, de manera ponderada: 1) Experiencia: 50 puntos Se tendrá en cuenta la experiencia del proponente en trabajos y actividades similares al objeto y obligaciones de la convocatoria. El puntaje se asignará con base en la experiencia requerida, así: Por título profesional: 10 puntos Por experiencia relacionada mínima exigida: 20 puntos. Por cada seis meses de experiencia relacionada adicio0nal: 10 puntos (máximo 20) 2) Propuesta Técnica: 30 puntos Se valorará la metodología propuesta, su consistencia técnica para el cumplimiento del objeto contractual. 9 3) Propuesta Económica: 20 puntos Las propuestas que se encuentren en un rango del 3% por encima o por

debajo del presupuesto oficial, se puntuará con 20 puntos. Las que no, será descartadas (0 puntos) “ En este sentido, es claro que la presentación física de los documentos requeridos para la propuesta no otorgaba ningún puntaje, se trataba de un requisito previo y mínimo para la evaluación de las propuestas, que también podía cumplirse verificando la documentación en la hoja de vida que reposara en la entidad si el proponente había estado vinculada con las misma recientemente. De este modo, el puntaje de 100 puntos es el resultado de la valoración de la propuesta técnica y económica y de la experiencia del proponente, Así las cosas, queda aclarado este hecho objeto de indagación en el sentido de que las personas que obtuvieron en su calificación 100 puntos si aportaron la documentación necesaria para la evaluación de sus propuestas, la documentación se verificó en los archivos existentes de la entidad, según el aval dado por el ítem correspondiente del pliego de condiciones. De lo anterior se concluye que existe una causal para el archivo de la presente indagación preliminar a este respecto, por cuanto se encuentra demostrado que el hecho irregular no existió, por tanto se ordena la terminación del proceso disciplinario. c) Presuntas irregularidades en torno a la propuesta seleccionada de la Ingeniera de minas MARIA AMANDA LOPEZ MORA Finalmente, de conformidad con lo relacionado en el acápite de hechos, tenemos que el 7 de julio de 2004, el señor LUIS FERNANDO PÉREZ MARÍN, quejoso dentro de las presentes diligencias, puso de presente algunas irregularidades concretas frente a la valoración de la propuesta presentada por la Ingeniera de Minas MARIA

AMANDA LOPEZ MORA, a quien CORPOAMAZONÍA adjudicó el contrato de prestación de servicios profesionales para el Grupo de Licenciamiento de la Regional Putumayo. En adelante, procede el Despacho a analizar cada una de las observaciones presentadas por el quejoso y objeto de la presente indagación.  La propuesta presentada por la Ingeniera LOPEZ MORA no podía cumplir con el objeto de la convocatoria por cuanto no tuvo en cuenta las actividades socioeconómicas de acuerdo con el Manual de Procedimientos Técnicos de

CORPOAMAZONÍA.

Debe ponerse de presente por parte del Despacho que la facultad disciplinaria se limita a establecer si existieron irregularidades en el desarrollo del procedimiento contractual que comporten la existencia de faltas disciplinarias por parte de quienes tienen a su cargo el ejercicio de dicha función, no corresponde al operador disciplinario hacer valoraciones en torno a la legalidad de los actos administrativos, pues, tal competencia se encuentra constitucional y legalmente atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 10 En todo caso, a efectos de determinar si existió alguna irregularidad en la evaluación de la propuesta presentada por la Ingeniera LOPEZ MORA debe compararse si el objeto de la misma se compadece con lo exigido en el pliego de condiciones. De conformidad con el pliego de condiciones de la convocatoria pública No 029 de 2004 el objeto de la misma fue: “Seleccionar profesionales en las áreas de ingeniería forestal , ingeniería civil, arquitectura, ingeniería ambiental y sanitaria, ingeniería de petróleos; ingeniería de minas y biología, para contratar sus servicios profesionales con

el fin de desarrollar las actividades necesarias de conformidad con las exigencias de la Ley 99 de 1993, Decretos Reglamentarios y el Manual de Procedimientos técnicos de Corpoamazonía relacionadas con el otorgamiento de la Licencia Ambiental, para la ejecución de obras, es establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; el otorgamiento de autorizaciones, permisos, concesiones relacionadas con el uso, aprovechamiento, manejo y movilización de recursos naturales renovables,;así como las actividades de seguimiento de conformidad con los actos administrativos que se produzcan en virtud de lo anterior en las jurisdicciones : (…)” Para la jurisdicción de la Dirección Regional Putumayo se estableció la necesidad de contratar un Ingeniero de Minas con el objeto de adelantar las licencias ambientales y/o planes de manejo ambiental de actividades socioeconómicas, de acuerdo al Manual de Procedimientos Técnicos de Corpoamazonía, exceptuando de su función lo relativo a los zoocriaderos, floricultura intensiva y granjas pecuarias, piscícolas, acuícola y avícolas. De la revisión de la propuesta de trabajo presentada por la Ingeniera LÓPEZ MORA se desprende que dentro de sus obligaciones

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