PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidore

SALA DISCIPLINARIA CONFIRMACIÓN DE ARCHIVO EN INDAGACIÓN-Cumplimiento de fallo judicial no es una labor directa y funcionalmente a cargo de la máxima autoridad de la alcaldía VALORACIÓN PROBATORIA-Operaciones mentales del juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba FALTA DISCIPLINARIA-Supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas INCUMPLIMIENTO DE DEBERES-Cumplimiento y pago de sentencia no se comprueban dentro del ámbito funcional del Alcalde de Florencia (Caquetá) La primera instancia demostró con suficiencia que dentro de las funciones del Alcalde de Florencia no se encontraba tramitar el cumplimiento y pago de la sentencia, dado que era responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica y de la Secretaría Administrativa – Talento Humano; de ahí que remitiera copias a la Procuraduría Regional de Caquetá para que de considerarlo pertinente, investigue esos servidores públicos Entonces, al no comprobarse el incumplimiento de deberes por parte del investigado dentro de su ámbito funcional, tampoco es dable imputarle una falta desprovista del contenido sustancial de la responsabilidad disciplinaria, por cuanto la infracción de deberes funcionales es el que necesariamente determina la antijuridicidad de la conducta, por acción, omisión o por extralimitación, como lo prevé el artículo 23 de la Ley 734 de

2002. De donde resulta que, si la razón de ser de la responsabilidad disciplinaria es la transgresión de deberes, para que se configure su incumplimiento es absolutamente

necesario probar la infracción del deber funcional Este cuerpo colegiado observa que las diversas contradicciones en que incurre el profesional del derecho en su alzada en nada derrumban los argumentos y conclusiones del a quo; por ejemplo, cuando jura que en Florencia no existe delegación para cumplir los fallos judiciales, ya que todos los pagos los ordena el alcalde «posterior a un comité de conciliación, que el mismo preside», incurriendo en un yerro ostensible porque los comités de conciliación de las entidades públicas son una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas para prevenir el daño antijurídico y defender los intereses de la entidad, cumpliendo, entre otros, el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que sus decisiones constituyan ordenación de gasto DERECHO DISCIPLINARIO-Se orienta a asegurar cumplimiento de deberes que le asisten a los servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas Radicación N°161-7885 Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Aprobado en Acta de Sala N°13 Radicación n.° IUS 2016-432811, IUC D-2016-564-905396 (161-7885) Implicado: ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA Cargo y Entidad: Alcalde de Florencia (Caquetá) Quejoso: JOSÉ HERNÁN CUELLAR ÁNGEL Fecha queja: 10 de noviembre de 2016

Fecha hechos: Sin determinar Resuelve recurso de apelación contra auto que archiva

Asunto: investigación disciplinaria – confirma archivo

P.D. Ponente: LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso contra el auto del 26 de mayo de 2020, por medio del cual la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó el archivo de la investigación disciplinaria a favor de ANDRÉS MAURICIO

PERDOMO LARA.

II. HECHOS INVESTIGADOS El 10 de noviembre de 2016, JOSÉ HERNÁN CUÉLLAR ÁNGEL, apoderado de LILIANA BEATRIZ OSSA SÁNCHEZ, presentó queja porque «hacía más de dos años» radicó para pago ante el municipio de Florencia (Caquetá), la sentencia que profirió el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Descongestión de Florencia el 15 de julio de 2014, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado 18-001-33-33002-2012-00279, generando un detrimento patrimonial y un perjuicio a su representada.1

III. ANTECEDENTES PROCESALES El 21 de noviembre de 2016, la Procuraduría Regional de Caquetá abrió indagación preliminar en contra de ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA.2 El 22 de agosto de 2018, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa inició investigación disciplinaria,3 notificando al implicado el 10 de septiembre de 2018.4 El 11 de octubre de 2019, se cerró la

investigación,5 sin que los sujetos procesales interpusieran recurso. El 26 de mayo de 2020, la primera instancia ordenó el archivo definitivo de las diligencias y compulsó copias a la Procuraduría Regional de Caquetá 1 Folio 1 del cuaderno original (en adelante c.o.) n.° 1 2 Folios 2 y 3 c.o. n.° 1 3 Folios 54 a 58 c.o. n.° 1 4 Folio 65 c.o. n.° 1 5 Folio 105 c.o. n.° 1 2 Radicación N°161-7885 para que adelante las actuaciones que considere procedentes, con miras a determinar si por parte de funcionarios y/o ex funcionarios de las áreas de la Oficina Jurídica, Talento Humano y Secretaría de Hacienda identificados dentro del proceso, existió algún tipo de irregularidad en el cumplimiento del fallo judicial.6 Con memorial radicado el 21 de julio de 2020, el apoderado-quejoso apeló la decisión de archivo,7 siendo concedido ante la Sala Disciplinaria el 15 de septiembre de 2020.8 El 16 de septiembre de 2020, se recibió el expediente en la secretaría de esta colegiatura.9

IV. DECISIÓN DE ARCHIVO RECURRIDA La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó la terminación del proceso en favor de ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA al considerar que la certificación suscrita el 20 de diciembre de 2018, por JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS, asesor del Grupo Interno de Trabajo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica de Florencia, aclaró que no

se había acatado la orden judicial porque el monto máximo mensual de fondos disponibles para cumplir sentencias no era suficiente para cubrir la condena impuesta al municipio, por lo cual, la sentencia estaba en el orden de pago. El a quo sostuvo que durante la visita especial que se realizó a las instalaciones de la alcaldía, JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS, quien atendió la diligencia, dejó constancia que el grupo que él dirige se encarga de la defensa judicial del municipio, desde la contestación de la demanda hasta el fallo en firme. Respecto a la sentencia objeto de la queja, informó que al contener dos órdenes diferentes (la reincorporación a la planta de personal y el pago de los emolumentos salariales y prestaciones dejados de percibir), su cumplimiento era del resorte de otras dependencias de la administración municipal, como: la Secretaría de Hacienda para efectos del pago y la Secretaría Administrativa – Área de Recursos Humanos, para el reintegro. Agregó que con la certificación de JULIO CÉSAR BENAVIDES AGUILERA, asesor de la Secretaría Administrativa, el 20 de diciembre de 2018, se estableció que los funcionarios que tuvieron a su cargo el manejo, trámite y gestión del fallo, ocuparon los cargos de: «Jefe Oficina Asesora Jurídica, Asesor Oficina Jurídica "Defensa Judicial", Asesor Secretaria Administrativa "Talento Humano", Secretario de Hacienda y Tesorero Municipal, oficinas que posiblemente fueron responsables del cumplimiento del fallo judicial.» 6 Folios 112 y 113 c.o. n.° 1 7 Folios 118 a 120 c.o. n.° 1; radicado E-2020-359063

8 Folio 121 c.o. n.° 1 9 Folios 124 y 125 c.o. n.° 1 3 Radicación N°161-7885 Con fundamento en lo anterior, la primera instancia aseguró: «Partiendo de lo anterior, resulta evidente que el trámite de cumplimiento de la precitada sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho, estaba a cargo funcionalmente de diferentes servidores y áreas de la alcaldía municipal de Florencia - Caquetá; es decir no era una labor que directamente estuviese a cargo de la máxima autoridad de la alcaldía, para el caso el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, quien además se posesionó del cargo el día 01 de enero de 2016, es decir, más de un año después de emitida la sentencia judicial.» Aclaró que si bien el Alcalde es el representante legal y ordenador del gasto del ente territorial, ello no implica que deba gestionar todos los asuntos de competencia de la administración municipal; para el caso, cumplir la sentencia condenatoria, «ya que funcionalmente esas labores correspondían a otros servidores, resultando además obvio que, dentro de la estructura jerárquica y de distribución funcional que existe en todos los organismos que conforman la administración pública, no puede pretenderse que sea la máxima autoridad o el representante legal de la entidad quien de manera directa responda, controle y gestione el cumplimiento de todas las actuaciones que se deben tramitar.» Concluyó que al estar claro que el trámite de cumplimiento y pago de la sentencia no estaba directa y funcionalmente en cabeza del investigado, no puede generársele un reproche disciplinario por la presunta omisión de un

deber asignado a otros servidores públicos del ente territorial, dado que en materia disciplinaria se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Además, «no puede entonces imputarse a un servidor el desconocimiento de un deber funcional que no estaba a su cargo, con el argumento que es la persona que en determinado periodo fue el Jefe máximo del ente territorial, pues ello llevaría al absurdo de exigirles a los directores, gerentes, presidentes o representantes legales de las entidades públicas, que revisaran de forma personal la totalidad de documentos, gestiones o trámites a cargo de la entidad, lo cual haría inoperante su gestión y se convertiría en una traba para el cumplimiento del principio de eficacia que rige la función pública.» Por todo lo anterior, no encontró irregularidad alguna en la conducta del alcalde en lo que se refiere al no cumplimiento de la sentencia judicial, ordenando la terminación y archivo de las diligencias.

V. RECURSO DE APELACIÓN El recurrente aseveró que la primera instancia tuvo por cierto la certificación que expidió JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS, «le creyó lo dicho a un funcionario manejado por el alcalde y su jefe jurídico, sin antes haber indagado a cuales (sic) sentencias hacía referencia, cuantas (sic) estaban

4 Radicación N°161-7885 en turno, cuáles eran los montos de las mismas, valor total de los fondos mensuales destinados para pago de sentencias judiciales; además de establecer con exactitud en que (sic) turno se encontraba la sentencia aquí muchas veces citada. Ello, porque en los cuatro años de administración del señor PERDOMO LARA, nunca se estableció el turno de la sentencia para

su cumplimiento.» Añadió que en la visita que atendió el mismo JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS, «cambio sus razones y dijo en otras palabras, que el solo iba hasta la decisión en firme por parte del juzgador de instancia, ya que el cumplimiento de estas dependía de otros funcionarios.» Manifestó que no puede dársele credibilidad al referido funcionario cuando afirmó que el Tesorero era la persona responsable del incumplimiento, «nada más ajeno a la realidad, es claro que todo se debe originar en la oficina jurídica quien emite la orden para que el jefe administrativo elabore los actos que permitan la erogación o pago de los recursos, decisión que debe remitirse a la secretaria (sic) de hacienda para que realicen los ajustes contables necesarios, expida los CDP, RP, según sea el caso para que en ultimas y como una orden, sea el tesorero quien proceda a materializar el pago; desde luego, pago que debe ser refrendado por el señor alcalde como ordenador del gasto y máxima autoridad administrativa.» Indicó que Florencia es un municipio con escasos 200 mil habitantes; por ello, la delegación que refirió el a quo en la decisión de archivo no se ajusta a la realidad administrativa, como sucede en Bogotá, Cali o Barranquilla, que por su alta densidad poblacional y cúmulo de trabajo, hace materialmente imposible al Alcalde Distrital o Metropolitano conocer una a una. Señaló que la administración municipal, con la asesoría del equipo jurídico, negaron una y otra vez el reintegro con el argumento de que no había

cargos vacantes, «pero que si la procuraduría hubiera recabado mejor enriqueciendo el proceso con material probatorio, habría advertido que el municipio de Florencia tenía más de 20 cargos en provisionalidad, el mismo que fue proveído al retiro de la demandante en donde se llenaban los requisitos de igual o superior jerarquía exigidos por el juzgador en su decisión final». Informó que, durante toda la alcaldía del investigado, la administración municipal tuvo que reconocer salarios y demás prestaciones sociales a su representada sin que prestara ningún servicio, sin tener en cuenta el daño patrimonial que estaba causando, preguntándose si eso no amerita una sanción. Juró que en Florencia no existe delegación para cumplir los fallos judiciales, «todo y absolutamente todo, está en cabeza del alcalde, este municipio es 5 Radicación N°161-7885 de categoría 4, es pequeño y todos los pagos son ordenados por el alcalde posterior a un comité de conciliación, que el mismo preside.» Finalmente, aseguró que JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS le mintió a la primera instancia; «por esa sola razón, deberá ser investigado penal y disciplinariamente, es que se está configurando un fraude a resolución judicial por parte del señor alcalde que se traduce en un abierto detrimento.»

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA 6.1. Competencia En virtud de la atribución asignada para conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados,10 esta Sala es competente para desatar el recurso de apelación

interpuesto por el quejoso, teniendo en cuenta que la decisión la profirió la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa. Hecha la anterior precisión, se estudiará el recurso interpuesto aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, el recurso de apelación otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación. 6.2. Caso concreto El recurrente centra su alzada en la valoración probatoria que hizo la Procuraduría Delegada de instancia; por eso, para resolver sus argumentos, es necesario inicialmente explicar el régimen probatorio que regula el proceso disciplinario, según lo preceptuado en el título VI de la Ley 734 de 2002. Al respecto, el artículo 128 consagra la necesidad de que el fallo disciplinario y toda decisión interlocutoria se funde en pruebas legal y oportunamente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa; la norma es clara en determinar que la carga de la prueba le corresponde al Estado. Por su parte, el artículo 129 ibidem establece que es deber de la autoridad disciplinaria buscar la verdad real, para lo cual tiene la obligación legal de investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, así como los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad; de ahí que se le haya conferido la facultad oficiosa de

decretar pruebas. 10 Artículo 22.1 del Decreto Ley 262 del 22 de febrero de 2000. 6 Radicación N°161-7885 Como se observa, el apartado desarrolla los principios de imparcialidad e investigación integral, sin que sea dable confundir esta última con la apreciación integral del material probatorio porque este, según el artículo 141 de Código Disciplinario Único, impone a la autoridad disciplinaria el deber de apreciar las pruebas de manera conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Sobre el particular, el Consejo de Estado sostiene que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte, la sana crítica es la comprobación hecha por el operador jurídico que, de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre, sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.11 De otro lado, el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 establece que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. En este sentido, el Consejo de Estado precisó: “Según lo ha reiterado esta Sala, la autoridad disciplinaria cuenta con una potestad de valoración probatoria amplia, que le habilita para determinar, en ejercicio de discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso disciplinario suficientes pruebas como para forjarse la certeza y

convicción respecto de la ocurrencia –o no ocurrenciade determinados hechos. Así se deduce del texto mismo de las disposiciones generales sobre recaudo y valoración de pruebas del Código Disciplinario Único: […] Se tiene, así, que fue claramente voluntad del Legislador el dotar a las autoridades que ejercen la potestad disciplinaria, como la Procuraduría, de una facultad de valoración y apreciación probatoria –o facultad de libre formación del conocimiento del operador disciplinarioque incluye el poder para determinar cuándo se ha logrado recaudar un nivel de pruebas suficiente como para concluir con certeza y convicción que se pudo haber cometido una falta.12 Con fundamento en el referido marco legal y jurisprudencial, esta colegiatura considera que el análisis probatorio que adelantó el a quo, contrario a lo que afirma el recurrente, si lo llevó a cabo bajo las reglas de la sana crítica y la experiencia, pues el hecho de darle credibilidad a la certificación que expidió JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS y a lo que dijo durante la visita especial de ninguna manera significa que la decisión de archivo se fundó única y exclusivamente en su dicho, pues también trajo a colación la información que aportó el asesor de la Secretaría Administrativa JULIO CÉSAR BENAVIDES AGUILERA, referida a los servidores públicos que 11 Consejo de Estado. Sentencia del 8 de abril de 1999. Expediente 15258. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”. Decisión de

nulidad y restablecimiento del derecho de única instancia del 10 de octubre de 2013. Radicado 11001-03-25000-2011-00201-00 (0675-11). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 7 Radicación N°161-7885 tuvieron a su cargo el manejo, trámite y gestión del fallo para su acatamiento. La Sala no encuentra ninguna circunstancia para no creer en lo que dice la certificación que suscribió JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS, referida a que para acatar el fallo judicial la administración municipal debe disponer de los recursos y, mientras no los consiga, es preciso atender el principio general del derecho, según el cual, nadie está obligado a lo imposible; además del deber legal que le asiste al ente territorial de respetar el orden de pago. Ahora bien, y como lo aclaró la Corte Constitucional, valorar una prueba no implica necesariamente admitir su contenido, pues dicha valoración es precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si lo que informa o prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia jurídica;13 para la Sala, la primera instancia realizó una interpretación y valoración integral de las pruebas, lo que la llevó a la certeza que los hechos puestos en conocimiento en la queja de marras no constituyen falta disciplinaria respecto de las funciones y responsabilidades de ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en su condición de alcalde de Florencia (Caquetá). La errada interpretación del recurrente sobre los argumentos que fundan la decisión de archivo lo lleva a descalificar lo dicho por JOSÉ GREGORIO

ESTUPIÑÁN ROJAS en la visita especial sin que exista asidero para ello, pues en nada se contradice cuando afirma que no existen recursos y que es obligación de la administración municipal respetar el orden de pago de sentencias, así como que el cumplimiento del fallo depende del trámite y gestión que deben adelantar otros servidores. Es más, el apoderado hace una minuciosa descripción de los intervinientes para que el reconocimiento judicial se haga efectivo, iniciando por la Oficina Jurídica, el Jefe Administrativo, la Secretaría de Hacienda y Tesorería para que materialice el pago, el cual «debe ser refrendado por el señor alcalde como ordenador del gasto y máxima autoridad administrativa», dándole la razón al a quo en que el trámite para cumplir la sentencia estaba a cargo funcionalmente de diferentes servidores y áreas de la Alcaldía Municipal, no del investigado. No cabe duda que el corolario al que arribó la primera instancia no se debió a una indebida valoración probatoria, sino al análisis en conjunto de las pruebas de acuerdo con su pertinencia, conducencia y utilidad para resolver el caso concreto, pues no se aprecia que en sus argumentos existan defectos, prerrogativas o subjetivismo en el análisis probatorio, sino que se funda en una adecuada valoración del acervo testimonial y documental que obra en el expediente, como derecho constitucional (artículo 29) y legal (artículo 142 de la Ley 734 de 2002) que salvaguardan las garantías de los sujetos procesales sin distinción alguna. 13 Corte Constitucional. Sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 8

Radicación N°161-7885 En este punto, es pertinente recordar que la falta disciplinaria supone la inobservancia de los deberes funcionales de los servidores públicos o de los particulares que ejercen funciones públicas, en los términos previstos en la Constitución, las leyes y los reglamentos que resulten aplicables; para el caso bajo estudio, la primera instancia demostró con suficiencia que dentro de las funciones del Alcalde de Florencia no se encontraba tramitar el cumplimiento y pago de la sentencia, dado que era responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica y de la Secretaría Administrativa – Talento Humano; de ahí que remitiera copias a la Procuraduría Regional de Caquetá para que de considerarlo pertinente, investigue esos servidores públicos. Entonces, al no comprobarse el incumplimiento de deberes por parte del investigado dentro de su ámbito funcional, tampoco es dable imputarle una falta desprovista del contenido sustancial de la responsabilidad disciplinaria, por cuanto la infracción de deberes funcionales es el que necesariamente determina la antijuridicidad de la conducta, por acción, omisión o por extralimitación, como lo prevé el artículo 23 de la Ley 734 de 2002. De donde resulta que, si la razón de ser de la responsabilidad disciplinaria es la transgresión de deberes, para que se configure su incumplimiento es absolutamente necesario probar la infracción del deber funcional.14 Este cuerpo colegiado observa que las diversas contradicciones en que incurre el profesional del derecho en su alzada en nada derrumban los argumentos y conclusiones del a quo; por ejemplo, cuando jura que en

Florencia no existe delegación para cumplir los fallos judiciales, ya que todos los pagos los ordena el alcalde «posterior a un comité de conciliación, que el mismo preside», incurriendo en un yerro ostensible porque los comités de conciliación de las entidades públicas son una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas para prevenir el daño antijurídico y defender los intereses de la entidad, cumpliendo, entre otros, el requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que sus decisiones constituyan ordenación de gasto. La Sala acude a la anterior ilustración para enfatizar que el derecho disciplinario se orienta a asegurar el cumplimiento de los deberes que le asisten a los servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas; de tal manera que lo que constituye motivo de reproche es que a través del incumplimiento de deberes se afecte la función pública y, consecuentemente, se vulneren los principios constitucionales y/o legales que la rigen. 14 Procuraduría General de la Nación, Sala Disciplinaria. Decisión del 9 de febrero de 2021, aprobada en Acta de Sala n.° 9. Radicación n.° (161-7853), IUS E-2018-125266, 1UC-D-2018-1093911. P.D. Ponente: Silvano Gómez Strauch. 9 Radicación N°161-7885 Así las cosas, la primera instancia adoptó la decisión que en derecho corresponde por cuanto no hay lugar a deducir responsabilidad para llamar a juicio disciplinario al investigado, dado que es imposible estructurar el

reproche que reclama el recurrente; por consiguiente, se confirmará la decisión de archivar la investigación toda vez que el artículo 73 de la Ley 734 de 2002 prevé la terminación del proceso y el archivo definitivo de las diligencias en cualquier etapa de la actuación en que aparezca plenamente demostrado que el investigado no cometió el hecho atribuido. Por último, esta instancia, al igual que lo hizo el a quo, no encuentra mérito para remitir copias para que se investigue algún proceder irregular por parte

de JOSÉ GREGORIO ESTUPIÑÁN ROJAS.

En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 26 de mayo de 2020, por medio de la cual Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó el archivo definitivo de las diligencias en favor de ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, identificado con la cédula de ciudadanía 80.085.562, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, NOTIFICAR la presente providencia a los sujetos procesales y COMUNICÁRSELA al quejoso, dándoles a conocer que contra lo decidido no procede recurso alguno; para ello, remitirá la correspondencia a las direcciones y correo electrónico visibles a folios 118 y 122 del cuaderno original N°1.

TERCERO: Por la secretaría de la Sala Disciplinaria, previos los registros y anotaciones correspondientes, DEVOLVER el expediente a la Procuraduría

Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa para el archivo definitivo de las diligencias.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

SILVANO GÓMEZ STRAUCH

Procurador Segundo Delegado Presidente 10 Radicación N°161-7885

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO

Procuradora Primera Delegada

Expediente: (161-7885), IUS 2016-432811, IUC D-2016-564-905396

LEGF/SGS/coo

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