PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Sustento legal

FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO-Atender el cumplimiento de las establecidas en la Constitución y la ley FALTA DISCIPLINARIA-Sustento legal FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO-Sustento constitucional A propósito del tema hoy objeto de debate, conviene precisar que la labor del Ministerio Público, en orden a lo consagrado en la Constitución Política, artículo 277, numeral 7º, a cargo del Procurador General de la Nación o sus delegados y agentes, está circunscrita a “Intervenir en los procesos y ante las autoridades DERECHO DE PETICIÓN-Es un derecho fundamental La Corte Constitucional refiriéndose al Derecho de Petición, en repetidas oportunidades a establecido que tal expresión, enmarcada dentro del catálogo de derechos fundamentales, se concreta en la posibilidad de acudir ante la autoridad y por sobre todo en obtener de ésta una pronta y oportuna respuesta, no cualquier clase de respuesta, al contrario, obliga un pronunciamiento de fondo, independientemente del sentido de la decisión, esto es, positiva o negativa. En el sub judice, es claro que la respuesta ofrecida al derecho de petición anunciado, independientemente de su sentido, fue realizada respectando los términos legales establecidos, no obstante las circunstancias de carácter fáctico ya analizadas, empero también debe indicarse, que se trató de una respuesta de fondo, en la cual se explicó las causas del por qué la solicitud no podía ser positiva a los intereses del peticionario, aspectos que no solamente fueron de apreciación del agente del Ministerio Público,

sino del propio Juez de Conocimiento como así se deriva de la información que se registra en la prueba fílmica acreditada al proceso. FUNCIÓN DE INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO-En asuntos penales se delimita al cumplimiento de la Constitución y la ley La función de los agentes del Ministerio Público en Asuntos Penales, esta delimitada al cumplimiento de la Constitución, la ley y el reglamento, no obstante la independencia en la apreciación de los medios de prueba y la libertad en la interpretación de la norma; por ende y en el caso a examen, es un imperativo concluir, desde luego de acuerdo a lo establecido y/o probado en el proceso, que muy contrario a poder predicar una comportamiento lesivo contra el derecho positivo, lo que es claro, es la preocupación del funcionario cuestionado por pretender que se hiciera justicia material en el proceso penal de marras, precisamente a favor de quienes el Constituyente tuvo una preocupación especial, llevando sus derechos a prevalecer sobre los demás, para el caso, los niños.

SALA DISCIPLINARIA

Radicación No. 161-4296(016-174482. Bogotá D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala Extraordinaria No. 27

Radicación: 161-4296(016-174482) Disciplinado: OTONIEL ARANGO COLLAZOS Cargo y Procurador 150 Judicial Penal ll con sede en

Entidad: Pereira.

Quejoso: LUIS JAIME CUARTAS MURILLO Fecha queja: 05 de agosto de 2008

Fecha Hechos: Por establecer Asunto: Apelación auto de archivo

P.D. PONENTE: Dr. RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS.

Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 21 de abril de 2009, por medio de la cual la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, resolvió archivar la presente indagación preliminar adelantada en contra del doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS en su condición de Procurador 150 Judicial Penal ll con sede en la ciudad de Pereira (fls. 88 a 94). ANTECEDENTES PROCESALES El 05 de agosto de 2008 y en comunicación dirigida al despacho del Procurador Delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, el señor LUIS JAIME CUARTAS MURILLO, recluido en el patio No. 2 de la Cárcel La 40 de Pereira, denunció lo que en su concepto constituyó una irregularidad de tipo disciplinario del Procurador 150 Judicial Penal ll, concretamente, en su ejercicio como Agente del Ministerio Público en la causa penal No. 660016000036200601171 adelantada en su contra por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira con funciones de conocimiento, por el punible delito de acceso carnal con incapaz de resistir. Refirió el quejoso, no sin antes proceder a RECUSAR al anunciado procurador, lo siguiente: - A mediados del mes de julio de 2007, fue requerido mediante escrito el agente del Ministerio Público para que hiciera valer una pruebas ante la Fiscalía, lo cual omitió,

causándole según él, graves perjuicios. - El agente del Ministerio Público solamente acudió a la audiencia de lectura de la sentencia. - Mediante escrito de petición del mes de marzo de 2009, le solicitó hacer uso del artículo 332 - parágrafo de la Ley 906 de 2004, sin embargo solo vino a tener respuesta el 6 de mayo de 2008. Explicó que como el agente del Ministerio Público no acudió a las audiencias y por ende, no pudo atender sus requerimientos. Señaló, que en el proceso penal no existe prueba que indique la ocurrencia del hecho que a él le fue imputado en la audiencia respectiva, no obstante haber aceptado cargos. 2 Radicación No. 161-4296(016-174482. Explicó que tal aceptación – cargos - no se hizo conforme a las exigencias legales en la materia, que por tanto y en orden a que le fueron negadas algunas pruebas requeridas con posterioridad, se le conculcó el debido proceso y en concreto el derecho de defensa; así, fue enfático en señalar que el Juez Penal de turno con funciones de conocimiento incurrió en prevaricato por acción y por omisión, empero también el agente del Ministerio Público – por omisión – en particular y con relación a este último, por haber omitido denunciar al señor juez, al haber denegado un acto propio de sus funciones y por no haber dado aplicación al artículo 332 – parágrafo de la Ley 906 de 2004 (fls. 3 a 9). La Sala Disciplinaria debe registrar, que a propósito del tema objeto de denuncia, el quejoso mediante memorial del 13 de mayo de 2008, dirigido al Procurador General de

la Nación, al tiempo que solicitó designar un funcionario diferente al doctor Arango Collazos en la causa penal de marras, para sustentar un recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juez de Conocimiento, ya había explicado, que se le acusaba de un delito que dijo haber aceptado en la audiencia de imputación bajo los efectos del alcohol, empero, que luego de haber solicitado copias de la actuación de la Fiscalía, pudo darse cuenta que fue engañado y que no había prueba de la ocurrencia del hecho imputado, que en tal sentido recurrió al representante del Ministerio Público para que hiciera uso del parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, lo cual nunca hizo y por el contrario solo acudió a la audiencia de lectura del fallo, donde recurrió el mismo con el objeto de hacerlo más gravoso a sus intereses (fls. 40 y ss): El 1 de octubre de 2009 y con ocasión de los hechos denunciados, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales ordenó indagación preliminar en contra del doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS, en su condición de Procurador 150 Judicial Penal ll con sede en Pereira, al cabo de la cual y habiendo notificado al implicado, practicado las pruebas allí ordenadas y en general cumplido con las exigencias propias de esta etapa procesal, el 21 de abril de 2009 dispuso el archivo definitivo de las diligencias, precisamente y como más adelante se analizará, por no haber encontrado los elementos requeridos para poder predicar la presencia de falta disciplinaria en el comportamiento del ya referido servidor público (fl. 10 y 88 a 94).

Informado de la decisión de archivo, el señor LUIS JAIME CUARTAS MURILLO, en su calidad de quejo interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 10 de noviembre de 2009 (fls. 99 a 108 y 129). PROVIDENCIA RECURRIDA El 21 de abril de 2009, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, resolvió archivar la presente indagación preliminar adelantada en contra del doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS en su condición de Procurador 150 Judicial Penal ll con sede en la ciudad de Pereira. Consideró la Delegada para emitir la decisión en comento, previa referencia a los hechos denunciados y los antecedentes de la actuación hasta ahora surtida, que la intervención del Ministerio Público en los procesos penales se contrae a la defensa del orden jurídico, el patrimonio público y las garantías fundamentales, por lo que no se puede pretender que la función se convierta en una defensoría de ninguna de las partes, tampoco entender que puede llegar a suplir a los sujetos procesales. Así y con 3 Radicación No. 161-4296(016-174482. relación al primero de los puntos tratados en la denuncia, dijo, que el aquí quejoso, procesado en la causa penal de marras, presentó directamente y a través de su apoderado solicitud de pruebas, las cuales fueron despachadas en forma negativa por el Juez de conocimiento, habida cuenta haberlas considerado improcedentes en atención a que el entonces imputado, en audiencia y ante Juez de control de garantías

aceptó los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. Analizó de otra parte, esto es, con relación al escrito de julio de 2007, que el quejoso dice haber dirigido al Procurador Judicial, que revisados los archivos existentes en la Procuraduría 150 Judicial Penal no se encontró rastro alguno del mismo, pero que tampoco Cuartas Murillo acreditó prueba alguna de su existencia; igual situación dijo, ocurre con respecto a un supuesto memorial de abril de 2008 posiblemente dirigido al Coordinador de Procuradores Judiciales, solicitándole la designación de una agente del Ministerio Público. Con relación al escrito del 12 de mayo de 2008, dirigido al Procurador General, donde el quejoso solicitó un agente del Ministerio Público diferente del aquí implicado para que acudiera a la audiencia de apelación de sentencia, explicó, que el memorial fue recibido en la Delegada y remitido al Coordinador de Procuradores Judiciales el 22 de mayo de 2008 para lo de su competencia. De igual forma analizó, que en cuanto a la inconformidad porque el aquí inculpado solo acudió a una audiencia, se debía precisar que acorde con lo preceptuado en el artículo 277.7 Constitucional, la intervención del Ministerio Público es discrecional, vale decir, actúa en cualquier etapa del proceso, por la necesidad y trascendencia de los hechos, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y garantías fundamentales, así explicó, que conforme a las pruebas arrimadas al proceso el servidor público censurado acudió a la audiencia de lectura del fallo, a la audiencia de

registro de los recurrentes para proponer recurso de apelación y a la audiencia de sustentación del mismo. Agregó de otra parte, que de acuerdo a las probanzas aportadas al expediente, el servidor público censurado, para la época tuvo que atender varios asuntos propios de sus funciones. Aunado a lo anterior y con relación a la petición de marzo de 2008, esto es, donde el quejoso requerió al servidor público implicado para que pidiera la preclusión de la investigación penal de marras, dijo que ciertamente la petición existió, empero que ésta se efectuó el 14 de abril del mismo año y fue dirigida a la Coordinación de Procuradores Judiciales en lo Penal, de donde fue despachada el 14 de abril de la misma anualidad con destino al Procurador Arango Collazos, quien respondió el 6 de mayo, informando que no era procedente acceder a lo pedido en razón a existir de por medio una aceptación de cargos. Finalmente y frente a la inconformidad, porque el servidor público implicado recurrió la sentencia para que le fuera más gravosa a sus intereses – quejoso -, nuevamente recalcó la Delegada, que la función del Ministerio Público estaba dirigida a la defensa del orden jurídico y no a respaldar las pretensiones de ninguno de los sujetos procesales.

RECURSO DE APELACIÓN

4 Radicación No. 161-4296(016-174482. Enterado de la decisión de archivo, el señor LUIS JAIME CUERTAS MURILLO, en su calidad de quejo interpuso recurso de apelación, el cual sustentó haciendo mención a lo

siguiente: Haciendo uso del derecho de petición, solicitó al servidor público implicado que requiriera la preclusión de la investigación penal, empero no lo hizo, se limitó a dar respuestas que no tenían relación con la petición. En este sentido hizo una serie de análisis con relación a su situación jurídica como procesado, para indicar que era deber del Ministerio Público haber solicitado la preclusión del proceso. En orden a lo anterior, concluyó que el agente del Ministerio Público cuestionado actuó de mala fe, lo primero por no haber solicitado la preclusión de la investigación, lo segundo por cuanto no pidió la nulidad de lo actuado no obstante las irregularidades sustanciales presentadas en la investigación y en tercer lugar, por cuanto teniendo conocimiento de un hecho punible – esto es, que el juez de conocimiento no resolvió sobre una solicitud de pruebas y preclusión, no dio cuenta de tal suceso ante la autoridad competente. De otra parte explicó, que el mismo funcionario incurrió en el punible delito de abuso de la Función Pública, por cuanto al parecer aconsejó al Delegado de la Fiscalía General de la Nación para que además lo denunciara por calumnia, esto como consecuencia de los desacuerdos que surgieron en el mismo debate procesal en la causa penal de marras. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Lo primero es reiterar, que conforme al numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de alzada, la Sala Disciplinaria es competente para revisar la providencia del 21 de abril de 2009, por medio de la cual, la Procuraduría Delegada para el

Ministerio Público en Asuntos Penales resolvió archivar la presente indagación preliminar adelantada en contra del doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS en su condición de Procurador 150 Judicial Penal con sede en la ciudad de Pereira. El artículo 23 de la Ley 734 de 2002 establece que constituye falta disciplinaria y por tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 Ídem. A propósito del tema hoy objeto de debate, conviene precisar que la labor del Ministerio Público, en orden a lo consagrado en la Constitución Política, artículo 277, numeral 7º, a cargo del Procurador General de la Nación o sus delegados y agentes, está circunscrita a “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Mediante la Resolución No. 205 de 2001, el Procurador General de la Nación, en aras a una adecuada intervención de sus agentes en asuntos penales, dispuso en el artículo 5 Radicación No. 161-4296(016-174482. primero, que “Quien represente al Ministerio Público deberá cumplir celosamente las

obligaciones previstas en el código de procedimiento penal, el Decreto 262 de 2000, las Resoluciones del Procurador General y demás normas vigentes; para lo cual desplegará la actividad necesaria en defensa del orden jurídico y las garantías de las personas que intervienen en el proceso…” para cuyo efecto deberá desplegar entre otras las siguientes actividades: “g. Interponer los recursos legales pertinentes contra las decisiones judiciales que no consulten la adecuada aplicación de la ley. h. Poner en conocimiento de las autoridades penales o disciplinarias competentes, las conductas de los funcionarios judiciales que transgredan las normas penales sustanciales o procesales”. La Sala Disciplinaria debe dejar registrado de otra parte, que en cuanto a la recusación formulada en contra del doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS, en el mismo escrito de queja, ésta fue rechazada por la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, mediante Resolución No. 079 del 29 de septiembre de 2008, previo el procedimiento establecido por la ley para esta clase de situaciones (fl. 54 y 55). Hechas las anteriores precisiones y ya en cuanto a la censura efectuada en la queja al Procurador 150 Judicial Penal ll, doctor Otoniel Arango Collazos, lo cual persiste en la apelación, se tiene que ésta ancla precisamente en que con ocasión del proceso penal No. 660016000036200601171 adelantado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira con funciones de conocimiento, contra el aquí quejoso, señor Luis Jaime Cuartas Murillo, por el punible delito de acceso carnal con incapaz de resistir,

posiblemente, el servidor público no cumplió con las obligaciones y deberes que le imponía su condición de agente del Ministerio Público. Veamos: - Al parecer, a mediados del mes de julio de 2007 fue requerido mediante escrito para que hiciera valer unas pruebas ante la Fiscalía, lo cual omitió, causando posiblemente graves perjuicios, al aquí quejoso. - Posiblemente y no obstante la importancia del tema debatido en la causa penal, solamente acudió a la audiencia de lectura de la sentencia. - Mediante escrito de petición del mes de marzo de 2009, fue requerido por el quejoso para que hiciera uso del artículo 332 - parágrafo de la Ley 906 de 20041, sin embargo solo vino responder el 6 de mayo de 2008. De las pruebas allegadas al proceso. 1 Ley 906 de 2004. Artículo 332. El Fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este Código.

Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar el juez de conocimiento la preclusión.

6 Radicación No. 161-4296(016-174482. Primer caso. Al parecer, a mediados del mes de julio de 2007 fue requerido mediante escrito para que hiciera valer unas pruebas ante la Fiscalía, lo cual omitió, causando posiblemente graves perjuicios, al aquí quejoso. Sobre el particular y como bien lo consignó el fallador de primera grado, consultados los archivos existentes en la sede de la Procuraduría Judicial 150 Penal ll, con sede en la ciudad de Pereira y en general las probanzas acreditadas al proceso, no es posible poder establecer rastro alguno que el aquí quejoso haya dirigido a esta sede de la Procuraduría General de la Nación la comunicación aludida; por lo demás, la Sala Disciplinaria debe observar, que el quejoso en sus distintas misivas dirigidas a la entidad de control, no se interesó por acreditar y/o allegar prueba del mencionado escrito. Segundo caso. Mediante escrito de petición del mes de marzo de 2009, fue requerido por el quejoso para que hiciera uso del artículo 332 - parágrafo de la Ley 906 de 2004, sin embargo solo a vino responder el 6 de mayo de 2008 y con una información diferente a la requerida. Examinadas las pruebas allegadas al expediente, no existe elemento de la misma naturaleza que permita predicar la existencia del escrito de petición referenciado, sin embargo y sobre la misma materia, esto es, la aplicación del parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, se registran las siguientes situaciones: - El 14 de abril de 2008 y mediante escrito dirigido al Coordinador de Procuradurías Judiciales con sede en Pereira, el aquí quejoso, señor JAIME CUARTAS MURILLO

haciendo uso de Derecho de Petición, requirió que por intermedio de ese organismo, se solicitara al juez de conocimiento la preclusión de la investigación penal adelantada en su contra, precisamente con fundamento en el parágrafo del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, en particular, por la presencia de duda en cuanto a la existencia del hecho origen de la imputación (fl. 34 y ss). - El 6 de mayo de 2008 y en respuesta al Derecho de Petición referido con anterioridad, mediante escrito dirigido al señor Cuartas Murillo, recluido en el patio 2 de la Cárcel del Distrito Judicial de Pereira, ubicada en la Carrera 8 No. 41-97, el Procurador 150 Judicial Penal ll, doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS, le informó lo siguiente: “…no es viable su solicitud para que la Procuraduría pida ante el Juez de Conocimiento la preclusión de la investigación como consecuencia del dictamen pericial rendido. Lo anterior porque, como usted mismo lo afirma, la experticia médica no pudo establecer si hubo penetración, luego con dicho material probatorio no puede concluirse si ocurrió o no el hecho; sin embargo, tal ausencia no permite por si sola concluir la procedencia de la preclusión por inexistencia del hecho investigado, pues lo determinante en su caso fue la aceptación que de los cargos, voluntaria, libre y espontáneamente realizó; declaración que obvia pruebas como aquella a la que usted se refiere y que, de conformidad con la ley y la jurisprudencia, resulta suficiente por si sola para formular la acusación y proceder a individualizar la pena, sin que sea posible

la retractación. La motivación jurídica del anterior razonamiento se expuso por parte del Juez de Conocimiento en la audiencia de lectura de decisión realizada en la misma fecha del encabezado de este escrito, razonamientos con los que coincide el Ministerio Público y 7 Radicación No. 161-4296(016-174482. que solo fueron objeto de reproche en cuanto a la graduación de la pena en virtud de la primacía Constitucional de los derechos de los niños y lo dispuesto en el Título ll del Libro ll de la Ley 1098 de 2006”. La Sala Disciplinaria debe registrar, esto es para los efectos del Derecho de Petición, que la solicitud hecha por el aquí quejoso, la cual data del 14 de abril de 2008, no fue dirigida directamente al Procurador 150 Judicial Penal ll, doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS, al contrario, fue remitida al Coordinador de Procuradurías Judiciales con sede en Pereira. En el expediente no existe constancia de la fecha en que efectivamente el Coordinador de Procuradurías Judiciales recibió el aludido documento, tampoco en que momento hizo entrega real de la petición al doctor Arango Collazos para su correspondiente trámite, sin embargo y a juzgar por la fecha en que éste último dio respuesta, es factible concluir que la misma se hizo respetando el término establecido por la ley. Conforme al artículo 6º del Decreto 01 de 1984, los quince (15) días para dar respuesta al referido Derecho de Petición vencieron el siete (7) de mayo de 2008, empero se insiste, la comunicación no fue remitida directamente al doctor Arango Collazos, lo que

implica tener que aceptar que la aparente demora, diferente a la mora, presentada en la respuesta – lo que es objeto de reproche por el quejoso - pudo haber ocurrido por causas ajenas a su voluntad. No obstante y para los efectos legales que correspondan, debe dejarse claro que el día 6 de mayo de 2008 se celebró la audiencia de lectura del fallo con presencia del aquí quejoso en su condición de procesado y ese mismo día, tal y como así lo explica el servidor público comprometido – corroborado por la prueba fílmica - en su condición de Agente del Ministerio Público hizo saber su posición respecto a la solicitud de preclusión, lo que equivale a decir, que la respuesta al derecho de petición aludido, independientemente de que se haya dado por escrito en término legal, también se hizo de manera oral y de cara al trámite del proceso penal de marras, dirigido por el Juez de Conocimiento. La Corte Constitucional refiriéndose al Derecho de Petición2, en repetidas oportunidades a establecido que tal expresión, enmarcada dentro del catálogo de derechos fundamentales, se concreta en la posibilidad de acudir ante la autoridad y por sobre todo en obtener de ésta una pronta y oportuna respuesta, no cualquier clase de respuesta, al contrario, obliga un pronunciamiento de fondo, independientemente del sentido de la decisión, esto es, positiva o negativa. En el sub judice, es claro que la respuesta ofrecida al derecho de petición anunciado, independientemente de su sentido, fue realizada respectando los términos legales establecidos, no obstante las circunstancias de carácter fáctico ya analizadas, empero

también debe indicarse, que se trató de una respuesta de fondo, en la cual se explicó las causas del por qué la solicitud no podía ser positiva a los intereses del peticionario, aspectos que no solamente fueron de apreciación del agente del Ministerio Público, sino del propio Juez de Conocimiento como así se deriva de la información que se registra en la prueba fílmica acreditada al proceso (fl. 82). Tercer caso. Posiblemente y no obstante la importancia del tema debatido en la causa penal, el servidor público encartado solamente acudió a la audiencia de lectura de la sentencia. 2 Corte Constitucional. Sentencias. T-170/00 y T-470/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 8 Radicación No. 161-4296(016-174482. El artículo 277, numeral 7º de la Constitución Política, al referir a las funciones generales del Procurador General de la Nación, en forma expresa estableció que directamente o por medio de sus delegados y agentes le corresponde “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Significa lo anterior, que contrario a constituir un imperativo intervenir en cada una de las situaciones anunciados por el mandato constitucional referido, de su misma redacción es factible deducir que la función del Jefe del Ministerio Público, de sus delegados y agentes, es discrecional, en la medida que solamente está supeditada a cuando sea necesario y en defensa del orden jurídico, el patrimonio público y las garantías fundamentales.

Entonces y prima facie no puede entrarse a cuestionar por ejemplo, en la causa penal de marras, que el agente del Ministerio Público, para el caso del doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS, solamente haya acudido a la audiencia de lectura del fallo, es posible que antes y por razones de su mismo oficio público no lo haya hecho o simplemente porque no lo consideró necesario, como así lo explicó en su versión libre del 16 de diciembre de 2008, empero y desde la perspectiva constitucional analizada, no significa un comportamiento contrario a sus deberes como servidor público (fl. 56 y ss). Para los efectos legales que correspondan, de las probanzas acreditadas al expediente es posible establecer, que a la audiencia de legalización de captura – proceso penal de marras – acudió en representación del Ministerio Público el doctor Luis Arquímedes Echeverri Granada; que el doctor OTONIEL ARANGO COLLAZOS, lo hizo en la misma condición y en igual causa, en la audiencia de lectura de fallo, en la audiencia de registro de recurrentes para interponer recurso de apelación y también en la diligencia para sustentación del recurso contra la sentencia condenatoria. Sin perjuicio de tener que registrar también, que al expediente fue acreditado sendas constancias de la labor que realizó el doctor Arango Collazos, en otros asuntos propios de sus competencias, desde el 2 de agosto de 2007 hasta el 11 de marzo de 2008 (fl. 59 y ss). No se puede dejar de analizar en orden a lo anunciado, que efectivamente el disciplinado interpuso y sustentó recurso de apelación contra la sentencia condenatoria

dictada contra el aquí quejoso, procesado en la causa penal No. 66001600036200601171 por el delito inicialmente anunciado, ante su desacuerdo con la pena fijada, empero e independientemente que sus argumentos hayan tenido eco en el juzgador de segundo grado, de lo cual no se tiene noticia, del texto del recurso, en manera alguna se puede predicar que su objetivo haya sido un despropósito jurídico, al contrario, desde su perspectiva de análisis probatoria e interpretación normativa, es claro que se trató de un acto legítimo y propio de sus funciones, pues no de otra manera se puede interpretar que al hacer una ponderación de principios Constitucionales, para el caso el de la Legalidad – relacionado con la rebaja de la pena – y el de la Prevalencia de los Derechos de los Niños, haya concluido que la sentencia proferida por el Juez de Conocimiento fue benigna a los intereses del procesado (fl. 72 y ss). La función de los agentes del Ministerio Público en Asuntos Penales, esta delimitada al cumplimiento de la Constitución, la ley y el reglamento, no obstante la independencia en la apreciación de los medios de prueba y la libertad en la interpretación de la norma; por 9 Radicación No. 161-4296(016-174482. ende y en el caso a examen, es un imperativo concluir, desde luego de acuerdo a lo establecido y/o probado en el proceso, que muy contrario a poder predicar una comportamiento lesivo contra el derecho positivo, lo que es claro, es la preocupación del funcionario cuestionado por pretender que se hiciera justicia material en el proceso

penal de marras, precisamente a favor de quienes el Constituyente tuvo una preocupación especial, llevando sus derechos a prevalecer sobre los demás, para el caso, los niños. Así las cosas, la Sala Disciplinaria debe concluir que no están llamados a prosperar los argumentos de la apelación, razón por la cual y ante la carencia de los elementos necesarios, llámense fácticos y jurídicos, para poder predicar la existencia de un comportamiento de importancia para el Derecho Di