PGN - FALTAS DISCIPLINARIAS - Clasificación según el momento de su consumación

SEGUNDA INSTANCIA–Confirma fallo sancionatorio contra Alcalde del municipio de Buenaventura por proferir acto administrativo de insubsistencia durante la vigente de la prohibición contenida en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 SALA DISCIPLINARIA-Competente para conocer en segunda instancia de los procesos disciplinarios que adelantan en primera los procuradores delegados RECURSO DE APELACION-Alcance FALTAS DISCIPLINARIAS-Clasificación según el momento de su consumación Radicación n.° 161-7424 Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020) Aprobado en acta de Sala n.° 26 Radicación n.° (161-7424) IUS 2014-12153, IUC D-2014-612-665479 Disciplinado BARTOLO VALENCIA RAMOS Alcalde del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Cargo y entidad Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura (Valle del Cauca) Quejosa ELIANA PALACIOS LÓPEZ Fecha de la queja 26 de noviembre de 2013 Fecha de los hechos 23 de noviembre de 2013 Asunto Fallo de segunda instancia

P.D. PONENTE: JORGE ENRIQUE SANJUÁN GÁLVEZ

I. ASUNTO POR TRATAR La Sala Disciplinaria procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia que profirió la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 13 de diciembre de 2018, mediante el cual declaró probado el cargo único que le formuló a BARTOLO

VALENCIA RAMOS, sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses.

II. HECHO INVESTIGADO BARTOLO VALENCIA RAMOS, alcalde del distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, profirió, el 6 de noviembre de 2013, el Decreto 548, mediante el cual declaró insubsistencia a ELIANA PALACIOS LÓPEZ, durante la vigente de la prohibición contenida en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

III. ANTECEDENTES PROCESALES El 26 de noviembre de 2013, ELIANA PALACIOS LÓPEZ denunció que, mediante el Decreto 548 del 6 de noviembre de ese año, el alcalde de Buenaventura declaró insubsistente su nombramiento provisional en el cargo de profesional universitario código 219, grado 03, sin que el acto administrativo fuera motivado.1

El 30 de mayo de 2014, la Procuraduría Provincial de Buenaventura abrió indagación preliminar en contra de BARTOLO VALENCIA RAMOS2. El 21 de septiembre de 2015, remitió las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa (reparto), toda vez que la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios conceptuó que no era competente para 1 Folio 1 a 23 del cuaderno original [en adelante c.o.] n.° 1 2 Folios 24 a 29 c.o. n.° 1 2 Radicación n.° 161-7424 investigar al alcalde, porque el municipio fue elevado a la categoría de

distrito especial.3 El 22 de enero de 2016, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió investigación disciplinaria en contra de

BARTOLO VALENCIA RAMOS.4

El 10 de enero de 2017, la primera instancia declaró cerrada la investigación5. El 27 de febrero de 20176, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa le formuló el siguiente cargo a BARTOLO VALENCIA

RAMOS: [E]n su condición de Burgomaestre del Distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico de Buenaventura, haber declarado la insubsistencia de la funcionaria en provisionalidad ELIANA PALACIOS LÓPEZ, mediante decreto 548 del 6 de noviembre de 2013, comunicado el 23 de ese mismo mes y año y notificado a la afectada mediante edicto fijado entre el 6 y el 22 de noviembre de 2013, cobrando ejecutoria el 23 siguiente, no obstante encontrarse vigente la prohibición contenida en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, aplicable a todas las entidades públicas pertenecientes a la rama ejecutiva del nivel central y descentralizado, y de entidades territoriales, incluido dentro de estas el Distrito de Buenaventura, y sus entidades descentralizadas; referente a la imposibilidad de modificar la nómina de la entidad durante el periodo comprendido dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones de

(sic) legislativas y/o presidenciales, llevadas a cabo en el año 2014, prohibición que empezó a regir a partir del 9 de noviembre de 2013 y

culminó el 15 de junio de 2014 La falta fue calificada como grave a título de dolo. El 13 de diciembre de 2018, la Procuraduría Delegada emitió fallo de primera instancia y declaró probado el cargo7, sancionando a BARTOLO VALENCIA RAMOS con suspensión por el término de tres meses. El 22 de enero de 2019, el apoderado radicó recurso de alzada8; el 29 de ese mes y año, la primera instancia lo concedió9, siendo recibido el expediente en la secretaría de esta colegiatura el 4 de febrero de 2019.10 3 Folios 142 a 146 c.o. n.° 1 4 Folios 155 y 156 c.o. n.° 1 5 Folio 309 c.o. n.° 2 6 Folios 314 a 319 c.o. n.° 2 7 Folios 421 a 446 c.o. n.° 2 8 Folios 462 a 474 c.o. n.° 2 9 Folio 476 c.o. n.° 2 10 Folio 478 c.o. n.° 2 3 Radicación n.° 161-7424

IV. FALLO IMPUGNADO La Procuraduría Delegada de instancia declaró probado el cargo formulado al disciplinado al considerar que si bien el investigado profirió el Decreto 548 el 6 de noviembre de 2013, es decir, antes de la entrada en vigencia de la prohibición contenida en la Ley 996 de 2005, sus efectos legales se surtieron a partir del 23 noviembre de 2013, por ser la fecha en la cual se notificó la decisión y se afectó la nómina de la entidad.

Indicó que la Corte Constitucional, en la Sentencia C-069 de 1995, señaló: «el nacimiento o existencia del acto administrativo hace referencia al instante en el cual la Administración expresa válidamente su voluntad, en tanto que la eficacia del acto se refiere a los efectos jurídicos que este produce». Aseguró que conforme al artículo 65 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que el acto administrativo sea eficaz se debe notificar, pues de acuerdo con el artículo 72 de la misma normatividad, la falta o irregular notificación conlleva que la decisión no tenga efectos legales. Señaló que el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el concepto 199271 de 2013, precisó: «[l]a defectuosa notificación de los actos administrativos impide que alcancen firmeza y hace imposible su ejecución». En definitiva, la primera instancia concluyó: Corolario de lo expuesto, para esta Delegada, el señor BARTOLO VALENCIA efectivamente afectó la nómina de la entidad a partir del momento en el cual el acto administrativo de insubsistencia surtió efectos jurídicos, es decir el 23 de noviembre de 2013, fecha en la que ya se encontraba en vigencia la prohibición contenida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 995 de 2005, situación que lleva a declararlo responsable disciplinariamente por la comisión de la falta imputada Respecto a que la quejosa no tenía fuero de estabilidad por tener un nombramiento en provisionalidad, aclaró que el parágrafo del artículo 38 de

la Ley 996 de 2005 únicamente autoriza modificar la nómina en caso de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa. Expuso que el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión de Buenaventura decretó la nulidad del Decreto 548 por indebida motivación, toda vez que la causal invocada no se ajusta a las exigencias contenidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.11 11 Folios 162 a 174. Sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho n.° 046 del 17 de septiembre de 2015, proferida dentro del radicado 76-109-33-33-002-2014-00211-00. 4 Radicación n.° 161-7424 Acerca de la ilicitud sustancial, afirmó que el investigado se apartó de los principios de moralidad y transparencia que rigen la función pública, ya que puso en entredicho la legalidad de su actuación frente al conglomerado social y específicamente frente a la servidora pública desvinculada pese a la existencia de la prohibición expresa de la norma, quien tuvo la necesidad de recurrir a distintos medios legales para restaurar sus derechos laborales. En cuanto al elemento subjetivo de la falta, lo varió de dolo a culpa grave, al considerar que el disciplinado faltó al deber de actuar con la diligencia y el debido cuidado necesario en el ejercicio de sus funciones, dado que era necesario que se asesorara en debida forma; por lo cual, sostuvo que no es

aplicable la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral 6.º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, en el entendido que el investigado podía superar el error con el estudio juicioso de la norma o solicitando conceptos a las distintas entidades facultadas para ello. Así las cosas, conforme lo disponen los artículos 44, numeral 3, 46 y 47 de la Ley 734 de 2002, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa sancionó a BARTOLO VALENCIA RAMOS con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de tres meses.

V. RECURSOS DE APELACIÓN La defensa técnica aseguró que el disciplinado actuó con la convicción «clara» e invencible de que al expedir el Decreto 548 no incurría en falta disciplinaria porque el acto administrativo lo firmó el 6 de noviembre de 2013 y la prohibición empezó a regir el 9 de ese mes y año. Aseguró que de lo anterior surgen tres situaciones claramente definidas, a saber:

1. La funcionaria declarada insubsistente estaba nombrada en provisionalidad, sin que le asistiera fuero de estabilidad que impidiera su retiro.

2. El Decreto 548 entró en vigencia a partir de su expedición el 6 de noviembre de 2013.

3. La prohibición de la ley de garantías empezó a regir el 9 de noviembre de 2013.

Sostuvo que es un error de interpretación considerar que la entrada en vigencia del decreto de insubsistencia es a partir de la publicación del edicto, por cuanto se encasilla en la responsabilidad objetiva proscrita por la

legislación disciplinaria, desconociendo la presunción de inocencia. 5 Radicación n.° 161-7424 Cuestionó que no se diera cumplimiento al artículo 129 de la Ley 734 de 2002, referido a la imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la verdad real al no examinar con rigor la fecha de expedición del Decreto. Luego de presentar un marco jurídico y jurisprudencial sobre los nombramientos en provisionalidad, indicó que la insubsistencia tuvo como soporte el vencimiento del término de seis meses con el cual se hizo el nombramiento; precisó que al no existir solicitud de prórroga, el acto fue legalmente motivado sin que se modificara la nómina. Finalmente, invocó la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral 6.º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, al considerar que su representado actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, ya que suscribió el decreto de insubsistencia antes de entrar en vigencia la prohibición prevista en la Ley 996 de 2005.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA VI.1. Competencia En virtud de la atribución asignada para conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados,12 esta Sala es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia lo profirió la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa. De acuerdo con lo anterior, se entrará a estudiar el recurso, aclarando que a la luz del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734, el recurso de apelación

otorga competencia a esta colegiatura para revisar únicamente los aspectos recurridos y los que resulten inescindiblemente vinculados a ellos. 6.2 Caso concreto Vistos los argumentos del fallo de primera instancia sancionatorio y del recurso de alzada, el problema jurídico que se propone es el siguiente: ¿la conducta imputada a BARTOLO VALENCIA RAMOS se consumó el 23 de noviembre de 2013, como se señaló en el fallo sancionatorio? o ¿se ejecutó el 6 de noviembre de 2013, como lo afirmó la defensa? Para resolver el asunto, la Sala, en primer lugar, definirá si la conducta tiene el carácter de falta disciplinaria instantánea o permanente, ello en razón de las consideraciones planteadas por la primera instancia sobre la eficacia del 12 Artículo 22.1 del Decreto Ley 262 del 22 de febrero de 2000. 6 Radicación n.° 161-7424 acto administrativo; superado satisfactoriamente este análisis, asumirá el estudio del caso objeto de debate. Como se indicó, esta colegiatura advierte que existen dos posturas respecto a la fecha de ocurrencia del hecho investigado; de manera que, para efectos de acreditar la responsabilidad disciplinaria, es imprescindible aclarar la circunstancia de tiempo en que se cometió o materializó la conducta cuestionada y, a partir de ahí, determinar si esta conducta debe entenderse como de ejecución instantánea o permanente. Hecha la anterior precisión, tenemos que el primer enfoque lo argumentó el a quo para respaldar la sanción; se fundamenta en entender como fecha de

los hechos el 23 de noviembre de 2013, a causa de la notificación del Decreto 458 para que cobrara eficacia y, por ende, produjera efectos jurídicos, lo que significa que planteó una conducta de carácter permanente que se agotó con ese último acto. La segunda postura, que presenta la defensa para solicitar la absolución del investigado, se basa en considerar que el comportamiento censurado se llevó a cabo cuando su defendido signó el Decreto 458, esto es, el 6 de noviembre de 2013, lo cual se debe interpretar como una conducta instantánea. Bajo esta perspectiva, es pertinente mencionar que acorde con lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002,13 las faltas disciplinarias, teniendo en cuenta el momento de su consumación, se clasifican en instantáneas, permanentes o continuadas. De esta manera, el reproche puede ser producto de un comportamiento que se prolonga en el tiempo y se agota con la última omisión o la realización del acto considerado típico o, por el contrario, de una conducta que se ejecuta instantáneamente. En el presente caso, el cargo por el cual se declaró disciplinariamente responsable al investigado es «haber declarado la insubsistencia de la funcionaria en provisionalidad ELIANA PALACIOS LÓPEZ, mediante Decreto 548 del 6 de noviembre de 2013, comunicado el 23 de ese mismo mes y año». Podría decirse, como lo señaló la defensa, que la única acción que realizó el investigado fue firmar el decreto, lo cual determina que la conducta del alcalde fue instantánea al tener como hecho exclusivo el de proferir el acto

administrativo, el 6 de noviembre de 2013, pues es claro que su intervención no incluyó la notificación del mismo, ya que tal actividad estuvo a cargo de la directora administrativa de recursos humanos y servicios 13 Modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 7 Radicación n.° 161-7424 básicos de la Alcaldía de Buenaventura.14 No obstante, para resolver el asunto, es pertinente profundizar en la distinción que hace el Consejo de Estado15 entre la existencia, validez y eficacia final del acto administrativo, en los siguientes términos: - Los presupuestos de existencia son aquellas exigencias sin las cuales el acto no se configura como tal y por ende no surge a la vida jurídica, dado que expresan el designio o voluntad de la administración, el objeto o materia sobre la cual recae el querer de la administración y la causa o motivo que induce a la decisión de la administración. - Los presupuestos de validez son aquellas condiciones de un acto existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado al ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de validez no permiten que le sobrevenga una valoración negativa, porque está ajustado al ordenamiento jurídico16 y el cumplimiento de las formalidades sustanciales que se exigen para su producción. - Los presupuestos de eficacia final son aquellos requisitos indispensables para que el acto existente y válido produzca finalmente los efectos que

estaría llamado a producir, como son: la publicidad del acto, la firmeza jurídica y la ausencia de la pérdida de su fuerza ejecutoria. Así que entonces, la publicidad de los actos administrativos no es un requisito para su existencia ni para su validez sino para que ellos puedan producir los efectos a que están destinados. Con otras palabras, los vicios en la publicidad de los actos administrativos, por no generarse en su producción sino en su comunicación, sólo impactan en su eficacia final y por ello tales hechos jamás pueden aducirse como circunstancias de inexistencia del acto o como causal de invalidez del mismo17 (negrillas de la Sala) Con fundamento en los anteriores planteamientos, en la misma providencia, el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aclaró: 14 Folios 124 y 125 c.o. n.° 1 15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”. Sentencia del 8 de agosto de 2012. Radicación 54001-23-31-000-1999-0111-01 (23358). M.P. JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. 16 JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. Procedimientos Administrativos y Tecnología. Universidad Externado de Colombia. Bogotá DC. 2011. Pág. 58. El sometimiento a la legalidad de la administración y por lo tanto de sus decisiones guarda a la luz del moderno estado social y democrático de derecho una nueva dimensión: la de su sujeción al ordenamiento jurídico, esto es al del bloque de la legalidad ampliado a partir del respeto y sometimiento incluso del derecho

internacional, en especial el de los derechos humanos. 17 Con lo que se ha expresado sobre los presupuestos de existencia, de validez y de eficacia del acto administrativo, el Magistrado Ponente sistematiza lo que expresa en su obra. Cfr. J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Tratado de Derecho Administrativo. 1. 11, El Acto Administrativo, Bogotá, universidad Externado de Colombia, 2008, págs. 143-169. 8 Radicación n.° 161-7424 Tal consecuencia, que ahora se reitera en esta providencia, la tiene fijada desde antaño esta corporación cuando señaló: “(…) En otros términos la notificación del acto administrativo no dice la relación con su validez jurídica la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido con la obligación de notificarlo legalmente o se haya prescindido de dicha diligencia; el acto administrativo que nació viciado no se sanará porque, con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque la notificación sea irregular. Es una simple aplicación del principio según el cual el examen de validez jurídica de los actos administrativos que hace el control jurisdiccional se debe efectuar, por regla general, en el momento de su nacimiento, de modo que las circunstancias posteriores no afectan una situación inicial.”18 Por consiguiente, si el acto administrativo que se encuentra viciado en su publicidad no le produce efectos al destinatario, es conclusión obligada que si lo en él previsto de todas maneras se ejecuta o se lleva a efecto, tal

situación no puede tenerse como la consecuencia de un acto administrativo sino como el resultado de una operación administrativa que será ilegal por consistir en la ejecución de un acto que aún no puede producir sus efectos por haberse omitido la notificación o por haber sido ésta indebidamente realizada. Siendo la existencia y la validez del acto cuestiones diferentes a su ejecución, es también lógico concluir que la ilegalidad de ésta no determina la invalidez de aquel y por ende lo que procede en ese caso es cuestionar el acto de ejecución pues es éste quien ostenta el vicio de ilegalidad y con fundamento en ello solicitar la reparación del daño que con él se hubiere causado (negrillas fuera del texto original) Con este derrotero jurisprudencial, es legítimo afirmar que, en lo que tiene que ver con la prohibición contendida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 del 2005, al momento de expedirse el acto administrativo no se trasgredió el veto cuestionado en el cargo probado. Sin embargo, es aquí donde surge la variación subjetiva de dolo a culpa grave, dado que la responsabilidad del disciplinado no cesó con signar el Decreto 548, sino que debió asegurarse que se notificara dentro de los tres días que faltaban para la entrada en vigencia de la prohibición o después de finalizada. En el presente caso, el Decreto 548 se profirió el 6 de noviembre de 2013 y, por tanto, desde ese día tuvo vida jurídica, teniendo en cuenta que fue en ese momento que el disciplinado manifestó la voluntad de la administración, como de manera acertada lo indicó la defensa, pero olvidó que la

circunstancia de tiempo que apremiaba era del resorte de su defendido para garantizar la eficacia del acto administrativo antes del término legal que lo conminaba a no modificar la nómina del ente territorial o culminado este. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, Expediente 2.431. 9 Radicación n.° 161-7424 De donde resulta que no es factible predicar que el actuar del alcalde BARTOLO VALENCIA RAMOS se circunscribió al momento en que profirió el Decreto 548 de 2013, sino que se extendió hasta cuando cobró eficacia, pues signar el acto administrativo, a tan sólo tres días de entrada en vigencia de la prohibición de modificar la nómina de la entidad, le reclamaba ser diligente y cuidadoso. En suma, su deber funcional como máxima autoridad administrativa del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura no debió limitarse a perfeccionar el presupuesto de existencia de su decisión, sino a garantizar su eficacia final sin incurrir en la prohibición legal reprochada. Llegados a este punto, la Sala estima pertinente advertir que la decisión disciplinaria no puede tener como sustento la nulidad de la insubsistencia que declaró el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión de Buenaventura, pues la decisión judicial se basó en que los fundamentos del Decreto 548 «no constituyen verdaderas razones de despido, en razón a que no invocan en forma objetiva el fin perseguido por la administración para prescindir de

los servicios que presta un empleado para que sea sustituido por otro»,19 considerando que la apoderada de la quejosa basó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó en contra del Distrito de Buenaventura por «la desviación de atribuciones al desconocer la jurisprudencia sobre la estabilidad laboral de los servidores en provisionalidad», alegando como norma violada el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.20 Como se observa, la decisión de nulidad judicial no se basó en que el Decreto 548 desconociera la prohibición contenida en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 (cimiento del cargo), sino en la indebida motivación. A pesar de ello, el análisis sobre el presupuesto de validez del acto que hizo la autoridad jurisdiccional si es útil para descartar de plano el argumento del recurrente, según el cual, el acto administrativo estuvo debidamente sustentado en el vencimiento del término de seis meses del nombramiento sin que existiera solicitud de prórroga. De otro lado, el recurrente sostuvo que el investigado actuó con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, porque suscribió el decreto de insubsistencia, antes de entrar en vigencia la prohibición. Para estudiar adecuadamente el planteamiento, es pertinente traer a colación jurisprudencia del Consejo de Estado sobre esta causal, la cual, con base en pronunciamientos de la Corte Constitucional, concretó: 19 Folios 256 a 268 c.o. n.° 2. Juzgado Segundo Administrativo Oral de Descongestión de

Buenaventura. Sentencia n.° 046 del 17 de septiembre de 2015. Radicado 76-109-33-33-002-201400211-00. 20 Folios 60 a 67 anexo n.° 1. 10 Radicación n.° 161-7424 Las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria justifican la actuación desplegada por el servidor público a tal punto que su configuración trae como consecuencia la declaratoria de no culpabilidad del disciplinado. Dichas causales requieren un análisis particular en cada caso específico en atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. En lo que respecta a la fijada en el numeral 6.º de la norma invocada consistente en que no hay responsabilidad cuando se actúa «[…] Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria […]» debe decirse que la misma conlleva dos requisitos que deben confluir para que sea aceptada por la autoridad disciplinaria a saber: i) Que exista un convencimiento errado y ii) que el error sea invencible. El primero de los eventos citados se materializa cuando el disciplinado actúa con la total y sincera creencia de que lo hace conforme lo señala el ordenamiento jurídico, esto es, su proceder lo efectuó de buena fe. El segundo ítem hace alusión a que el error sea invencible, lo que quiere significar que no era humanamente superable en consideración a las condiciones personales del servidor público y las circunstancias en las que se ejecutó la conducta. En palabras de esta subsección el error es invencible cuando « […] su entidad sea tal que sea imposible salir de la

equivocación […]» lo que implica que «[…] solo se puede eximir de responsabilidad cuando el ilícito disciplinario se comete de buena fe por ignorancia invencible […]»21 (negrilla del original) Entonces, siguiendo los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre las «condiciones personales del actor»,22 hay que admitir el carácter vencible de la convicción del disciplinado, en la medida en que le era humanamente posible evitar que se incumpliera la prohibición de modificar la nómina distrital dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones regionales de 2013, con tan solo verificar que se notificara la decisión de insubsistencia sin incumplir el veto legal, pues, de acuerdo con su formación como abogado, con experiencia a la fecha de ocurrencia de los hechos de alrededor de 26 años, incluidos seis como concejal del Distrito,23 sabía cómo enterarse o tener conocimiento del proceso de notificación del acto administrativo de insubsistencia y, llegado el caso, asesorarse de si era factible hacerlo dentro de los cuatro meses que impone la norma, con lo cual hubiera superado cualquier error, en caso de haber existido. Era deber del alcalde verificar que el acto administrativo no cobrara eficacia dentro del período de tiempo contenida en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, teniendo en cuenta la proximidad de la entrada en vigencia de la mencionada prohibición, al momento de expedir el 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Fallo de nulidad y restablecimiento del derecho del 23 de marzo de 2017. Radicado 11001-03-25-000-201100519-00 (2009-11). C.P. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ. 22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Providencia del 24 de mayo de 1983. 23 Folios 184 a 186 c.o. n.° 1. Formato único de hoja de vida del disciplinado. 11 Radicación n.° 161-7424 acto administrativo, para disponer que no surtiera efectos hasta después de terminar la restricción de modificar la nómina de la administración municipal. Obsérvese que el reproche disciplinario que se hizo no se refirió a la legalidad o ilegalidad del Decreto 548 de 2013, sino a la violación de la prohibición contenida en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en tanto permitió la modificación de la planta de personal, dentro del período de la prohibición, en el distrito en el que él era el alcalde. Como resultado de lo expuesto, encuentra la Sala probado que la conducta cuestionada al disciplinado fue permanente, porque el agotamiento de la falta no se perfeccionó el 6 de noviembre de 2013, cuando le dio vida jurídica al Decreto 548 (presupuesto de existencia), sino que, debido a la especial circunstancia de tiempo que lo apremiaba, la comisión de la falta se extendió hasta la notificación del acto administrativo, el 23 de noviembre de 2013 (presupuesto de eficacia final); que la prohibición contenida en el inciso final del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 empezó a regir el 9 de noviembre de 2013 y que a favor del investigado no es dado aplicar la causal de exclusión de responsabilidad consagrada en el numeral

6.º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, forzoso es confirmar el fallo impugnado. Sin embargo, teniendo en cuenta que el a quo no determinó el valor de la conversión en salarios, es deber de esta instancia hacerlo, en aplicación del principio de legalidad de la sanción disciplinaria. De donde resulta que, si para el año 2013, el disciplinado devengaba un salario mensual de $10.091.220,24 se convertirá el término de la suspensión en el equivalente a tres (3) salarios, es decir, a un total de $30.273.660. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo que profirió la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 13 de diciembre de 2018, por medio del cual declaró probada la falta descrita en el cargo único que le formuló a BARTOLO VALENCIA RAMOS, identificado con la cédula de ciudadanía 16.469.636; sancionándolo con suspensión en el ejercicio del cargo, por el término de tres (3) meses, conforme a las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. 24 Folio 191 c.o. n.° 1. Certificación del 22 de febrero de 2016, expedida por el área de Nómina y