PGN - FUERO - Juzgamiento altos funcinarios del estado

Bogotá, D.C, 14 de junio de 2006 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, numerales 5, 6, 7 y 9 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

Demandantes: PAULA ANDREA ÁVILA GUILLÉN Y SOFÍA

MIRANDA BALLESTEROS

Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Expediente No. D-6214 Concepto No. 4135 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución y por designación realizada por el Procurador General de la Nación mediante Resolución No. 148 del 6 de junio de 2006, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por las ciudadanas PAULA ANDREA ÁVILA GUILLÉN Y SOFÍA MIRANDA BALLESTEROS, quienes en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6o., y 242, numeral 1o., de la Carta Política, solicitan se declare la inconstitucionalidad del artículo 32, numerales 5o., 6o., 7o. y 9o. de la Ley 906 de 2004 (D.O. No. 45.657, del 31 de agosto de 2004), que dispone: ARTÍCULO 32. DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Sala de

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce: (…)

5. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235 numeral 2 de la Constitución Política.

6. Del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere el artículo 235 numeral 4 de la Constitución Política.

Concepto No. 4135

7. De la investigación y juzgamiento de los Senadores y Representantes a la

Cámara. (…)

9. Del juzgamiento del viceprocurador, vicefiscal, magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de

Justicia y Tribunales, Procuradores Delegados, Procuradores Judiciales II, Registrador Nacional del Estado Civil, Director Nacional de Fiscalía y Directores Seccionales de Fiscalía.”

1. Planteamientos de la demanda Las actoras cuestionan la constitucionalidad de la disposición demandada, en los segmentos acusados, por la siguientes razones: 1.1. Las disposiciones acusadas violan el derecho a impugnar la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para los funcionarios públicos allí referidos, pues no podrán interponer apelación contra la sentencia condenatoria que se emita en su contra, en claro desconocimiento del artículo 29 constitucional. 1.2. Aunque, conforme al artículo 31 constitucional, el legislador puede establecer procesos de única instancia, no goza de discrecionalidad absoluta en este sentido, pues en materia penal y de tutela debe garantizar el principio de la doble instancia. 1.3. El establecimiento de procesos de única instancia también desconoce el

artículo 93 constitucional y, por esta vía, el artículo 8o., ordinal h), de la Convención Americana de Derechos Humanos, que consagra el “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”. 2 Concepto No. 4135

2. Problema jurídico Corresponde establecer si el principio constitucional de la doble instancia tiene carácter absoluto y, en tal virtud, no pueden establecerse procesos penales de única instancia, como el de competencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que los procesados carecerían del recurso de apelación frente a la sentencia dictada.

Para resolver este asunto, resulta imperioso examinar el fundamento constitucional de la competencia atribuida a la Corte Suprema de Justicia en materia penal, por las disposiciones demandadas, y el de la garantía de la doble instancia. Al respecto, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, considera:

3. Cosa juzgada constitucional 3.1. Con base en el fuero constitucional fijado en los artículos 174, 175, 186 y 235 de la Constitución Política para el juzgamiento de determinados servidores públicos, el legislador ha determinado desde 1991 la competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, primero en el artículo 68 del Decreto 2700 de 1991, luego en el artículo 75 de la Ley 600 de 2000 y, finalmente, en el artículo 32 de la Ley 906 de 2004. Es así como las disposiciones acusadas se han venido reproduciendo en los referidos ordenamientos, como desarrollo

legal de la competencia constitucional asignada a esa Corporación. 3.2. La primera disposición acusada, es decir, el numeral 5o., del artículo 32 de la Ley 906, que asigna competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte 3 Concepto No. 4135 Suprema de Justicia para conocer del juzgamiento de los funcionarios referidos en los artículos 174 y 235, numeral 2o., de la Carta Política, también fue asignada por el Decreto 2700 de 1991 en el artículo 68, numerales 6o. y 7o., e idéntica regla de competencia en razón del factor subjetivo había sido consagrada en el artículo 75, numeral 5o., de la Ley 600 de 2000. 3.3. De igual forma, los numerales 6o. y 7o. acusados se refieren a la competencia que anteriormente había sido fijada en el artículo 68, numeral 6o., del Decreto 2700 de 1991, para conocer del juzgamiento de los funcionarios señalados en los numerales 3o. y 4o. del artículo 235 de la Carta Política. 3.4. El Decreto 2700 de 1991 fue demandado por las mismas razones ahora expresadas por las ciudadanas GUILLEN Y BALLESTEROS, referidas a la violación del derecho a recurrir en segunda instancia las sentencias penales. Fue así como la Corte Constitucional en la sentencia C-142 de 1993, declaró exequible el contenido normativo del artículo 68, numeral 6o., del Decreto 2700 de 1991, que alude a la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer del juzgamiento de los altos dignatarios del Estado enunciados en los numerales

2o., 3o. y 4o. del artículo 235, al considerar que el artículo 29 constitucional garantiza es el derecho a impugnar las decisiones judiciales, más no a interponer en concreto el recurso de apelación, de tal forma que la ley protege dicho derecho fundamental, cuando establece mecanismos de impugnación aunque sean distintos al recurso ordinario en mención, como puede ser el de revisión, la casación y las nulidades. Igualmente, en el fallo se advirtió que el fuero constitucional en virtud del cual se asigna a la Corte Suprema de Justicia, como el más alto tribunal de la justicia ordinaria, la competencia para juzgar a determinados servidores públicos, ofrece dos ventajas: economía procesal y la posibilidad de eliminar los errores que puedan cometer los jueces y tribunales inferiores; además, de la facultad de 4 Concepto No. 4135 ejercer la acción de revisión para controvertir, es decir, impugnar la sentencia condenatoria1. Por las mismas razones, la Corte Constitucional en la citada providencia descarta la procedencia del cargo por violación del artículo 93 constitucional en concordancia con el artículo 8o. de la Convención Americana de Derechos Humanos. 3.5. La Corte Constitucional ha precisado que existe cosa juzgada constitucional “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos” (Sentencia C-774 de 2001). 3.6. Como se indicó en precedencia, esa Corporación ya se pronunció sobre la constitucionalidad del contenido normativo de los numerales 5o., 6o. y 7o. del

artículo 32 de la Ley 906 de 2004, que ahora se demanda, en la sentencia C-142 de 1993, en donde declararon exequibles las disposiciones que atribuyen la competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para juzgar en única instancia a los altos dignatarios del Estado mencionados en el artículo 235 numerales 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política. 3.7. En este orden de ideas, es claro que lo expuesto por esa Corporación en la sentencia reseñada, es íntegramente aplicable a los numerales 5o., 6o. y 7o. actualmente acusados por las demandantes, en los cuales se reproduce el mismo contenido normativo ya declarado exequible, razón por la cual es incuestionable la ocurrencia del fenómeno de la cosa juzgada material, pronunciamiento que se solicitará efectuar a la Corte Constitucional. 1 Criterio expresamente reiterado en la sentencia C-561 de 1996. 5 Concepto No. 4135

4. Análisis del cargo contra el artículo 32, numeral 5o., de la Ley 906 de 2004, en cuanto se refiere al juzgamiento de los altos dignatarios referidos en el artículo 174 constitucional, y del numeral 9o. ibídem 4.1 Aclaración previa sobre la inexistencia de cosa juzgada El contenido normativo del numeral 5o. del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, referente al fuero constitucional para juzgar a los funcionarios indicados en el artículo 174 Superior fue objeto de control constitucional por parte de la Corte, en

la demanda contra el artículo 68 numeral 7o. del Decreto 2700 de 1991, porque atribuía esa competencia a una Sala de la Corte Suprema de Justicia y no a la Sala Plena, restringiendo, en criterio del demandante, el alcance de la disposición constitucional en cita. Aunque en la sentencia C-561 de 1996 la Corte Constitucional avaló la disposición apoyando su decisión en la jurisprudencia sentada en la sentencia C-037 de 1996, en relación con la incompetencia de la Sala Plena y la potestad del legislador para reglamentar el ejercicio de la administración de justicia a través de las distintas Salas de Casación, atendiendo a criterios de especialidad, para el Ministerio Público es claro que frente al cargo ahora propuesto no existe cosa juzgada, razón por la cual se abordará su estudio con fundamento en lo expresado por la Corte Constitucional, en la sentencia C-142 de 1993. Adicionalmente, como tampoco existe un pronunciamiento en concreto respecto de la competencia para juzgar en única instancia a los funcionarios indicados en el numeral 9o. del artículo 32 ejusdem2, también a este numeral se referirá el estudio del cargo. 4.2. Constitucionalidad de la regla de competencia que por el factor subjetivo se señala en el artículo 32, num. 5o. de la Ley 906 de 2004 y el 2 En sentencia C-873 de 2003 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 75 numeral 9º de la Ley 600 de 2000, que salvo en lo relativo a los Procuradores Judicial II, comparte el mismo texto del numeral 9º del artículo 32 en mención, al examinar un cargo distinto del ahora examinado,

como es la consagración legal del fuero a favor de funcionarios distintos de los indicados en el artículo 235 de la Constitución Política. 6 Concepto No. 4135 juzgamiento en única instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los casos del numeral 5o. y del numeral 9o. ibidem 4.2.1. Sea lo primero advertir que la competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para conocer del juzgamiento de los servidores indicados en el artículo 174 Superior, es decir, el fuero constitucional que se establece respecto del Presidente de la República o quien haga sus veces, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y del Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, tiene claro fundamento tanto en dicha disposición, como en el artículo 175 y en el artículo 235, numeral 2o., de la Constitución Política. De tal manera que, el numeral 5o. del artículo 32 de la Ley 906 de 2004 no hace otra cosa que reiterar en la ley procesal la regla de competencia por el factor subjetivo fijada inequívocamente desde la misma Constitución Política, por lo cual resulta abiertamente improcedente considerar contrario a la misma el contenido del numeral 5o. acusado. 4.2.2. De otra parte, que los procesos cuyo juzgamiento corresponda a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del fuero constitucional o legal de algunos funcionarios públicos, sean de única instancia, es decir, no

puedan ser apelados ante un superior jerárquico, no vulnera el debido proceso, concretamente frente al derecho que tienen los procesados a “impugnar la sentencia condenatoria”, reconocido en el artículo 29 de la Carta, como lo sostiene la demanda, por varias razones: i.) Como lo afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-142 de 1993, los sentenciados tienen la posibilidad de impugnar la decisión acudiendo a otros medios como el ejercicio de la acción de revisión, -ello sin contar que ante violaciones flagrantes constitutivas de vías de hecho, también procedería la acción de tutela-, los cuales garantizan el derecho constitucional que se aduce violado. 7 Concepto No. 4135 ii.) La garantía de la doble instancia no es absoluta, como la misma demanda lo refiere, pues el artículo 31 de la Constitución habilita al legislador para que, por excepción, no reconozca el recurso de apelación y el grado de consulta respecto de todas las sentencias judiciales. iii.) Reiterando lo expresado en la citada jurisprudencia constitucional, la Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, es decir, es el órgano de cierre en cuanto carece de superior al cual acudir para la revisión de sus decisiones. Como tal, la probidad y sapiencia de los magistrados que la integran reduce o disminuye los riesgos de errores humanos en la adopción de las decisiones judiciales, fin pretendido por la garantía de la segunda instancia y que frente a la competencia en única instancia de dicha Corporación, se alcanza precisamente por las calidades intelectuales de quienes hacen parte de la Sala de

Casación Penal. Con base en estas consideraciones es necesario desestimar el cargo y avalar la constitucionalidad de la competencia asignada a la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en los numerales 5o. y 9o. del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, como así se solicitará a la Corte Constitucional.

5. Conclusión Por lo expuesto, se solicita a la Corte Constitucional efectuar los siguientes

pronunciamientos:

1. Declarar que ha operado el fenómeno de la COSA JUZGADA MATERIAL, en relación con la sentencia C-142 de 1993, que declaró exequible el artículo 68, numeral 6o. del decreto 2700 de 1991, cuyo contenido normativo es igual al artículo 32, en los numerales 5o. (en cuanto se refiere al numeral 2o. del artículo

8 Concepto No. 4135 235 constitucional), 6o. y 7o. de la Ley 906 de 2004, objeto de acusación en la presente demanda y, en consecuencia, se declare su EXEQUIBILIDAD.

2. Declarar EXEQUIBLES el numeral 5o. del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, en cuanto a la competencia para el juzgamiento de los funcionarios señalados en el artículo 174 de la Carta, y el numeral 9o. ibídem, frente al cargo aquí analizado.

Señores Magistrados,

MARIA CLAUDIA ZEA RAMÍREZ

Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales

MCZR/ALIE

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