PGN - FUERO SINDICAL DE EMPLEADO PUBLICO - Empleados provisionales y retiro sin autorización ju

Procurador General Bogotá, D.C., julio 12 de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3 (p), 11

(p), 24 y 44 del Decreto Ley 760 de 2005, “por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil en cumplimiento de sus funciones”.

Demandante: JORGE NAÍN RUIZ DITTA

Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D–5781 Concepto No. 3871 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, se procede a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Carta, instauró el ciudadano JORGE NAÍN RUIZ DITTA contra los artículos 2, 3 parcial, 11 parcial, 24 y 44 del Decreto Ley 760 de 2005, referentes a la no necesidad de autorización judicial para retirar del servicio a los empleados con fuero sindical cuando ocupen cargos de carrera temporalmente. También, a las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil de delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en los procesos de selección; suscribir convenios con el Departamento Administrativo de la Función Pública para adelantar tales procesos; absolver consultas únicamente a las organizaciones sindicales y a las entidades públicas; y de autorizar encargos

en empleos de carrera sin previa convocatoria a concurso, con la posibilidad de ocupar provisionalmente las vacancias temporales generadas por el encargo. 2 Procurador General

1. Planteamientos de la demanda 1.1 El ciudadano RUIZ DITTA afirma que la posibilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil de delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en los procesos de selección, vulnera la autonomía e independencia

de la Comisión para administrar y vigilar la carrera administrativa por ser asunto propio e indelegable. Tales funciones son indelegables porque hacen parte de la principal función de la Comisión que es vigilar la carrera administrativa, y los órganos relegados de tales funciones por la Constitución no las pueden asumir por delegación. 1.2 La celebración de convenios entre la Comisión y el Departamento Administrativo de la Función Pública para adelantar concursos de selección, lesiona la autonomía e independencia de aquella, y por extralimitación las facultades extraordinarias concedidas para establecer el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones, porque la ley habilitante consagra la celebración de tales convenios únicamente con universidades e instituciones de educación superior. 1.3 La función de la Comisión de absolver únicamente las consultas que sobre carrera administrativa le formulen las organizaciones sindicales y las entidades públicas por intermedio de sus representantes legales, viola el derecho fundamental de petición en cuanto que éste puede ser ejercido por cualquier persona y las autoridades deben darle pronta resolución, incluida la Comisión Nacional del Servicio Civil. 1.4 La posibilidad de la Comisión de autorizar encargos en empleos de carrera

sin previa convocatoria a concurso, por estrictas necesidades del servicio para evitar su afectación, con la posibilidad de efectuarse nombramientos provisionales en las vacancias temporales generadas por el encargo, compromete el principio 3 Procurador General de la carrera administrativa y por extralimitación la ley de facultades extraordinarias, en cuanto que ésta elimina la provisionalidad. 1.5 En relación con los empleados públicos de carrera aforados, el retiro del servicio sin autorización judicial de los empleados amparados con fuero sindical cuando no superen el período de prueba; o estando ocupando cargos en provisionalidad convocados a concurso no participen en tales, o al participar no ocupen los puestos requeridos para ser nombrados, vulnera el debido proceso y la igualdad por trato discriminatorio al no requerirse tal permiso del juez. Desde el punto de vista laboral ambos tipos de empleados son servidores públicos a quienes se les otorga el derecho de sindicalizarse y a no recibir trato discriminatorio.

2. Problema Jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar si: 2.1 La posibilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil de delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en los procesos de selección, vulnera la autonomía e independencia de la Comisión para

administrar y vigilar la carrera administrativa por ser asunto propio e indelegable. 2.2 La celebración de convenios entre la Comisión y el Departamento Administrativo de la Función Pública para adelantar concursos de selección, lesiona la autonomía e independencia de aquella, y si hubo extralimitación en las facultades extraordinarias concedidas para establecer el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de

sus funciones, dado que la ley habilitante consagra la celebración de tales convenios únicamente con universidades e instituciones de educación superior. 4 Procurador General 2.3 La función de la Comisión de absolver únicamente las consultas que sobre carrera administrativa le formulen las organizaciones sindicales y las entidades públicas por intermedio de sus representantes legales, vulnera el derecho fundamental de petición en cuanto que éste puede ser ejercido por cualquier persona y las autoridades deben darle pronta resolución, incluida la Comisión Nacional del Servicio Civil. 2.4 La posibilidad de la Comisión de autorizar encargos en empleos de carrera sin previa convocatoria a concurso, por estrictas necesidades del servicio para evitar su afectación, con la posibilidad de efectuarse nombramientos provisionales en las vacancias temporales generadas por el encargo, compromete el principio de la carrera administrativa y por extralimitación la ley de facultades extraordinarias, en cuanto ésta elimina la provisionalidad. 2.5 En relación con los empleados públicos de carrera aforados, el retiro del servicio sin autorización judicial de los empleados amparados con fuero sindical cuando no superen el período de prueba; o estando ocupando cargos en provisionalidad convocados a concurso no participen en tales, o al participar no ocupen los puestos requeridos para ser nombrados, vulnera el debido proceso y la igualdad al no requerirse el permiso del juez. Sobre el particular, el Procurador General considera lo siguiente:

3. Las potestades de la Comisión Nacional del Servicio Civil de delegar el conocimiento de reclamaciones en desarrollo de procesos de selección y de

autorizar encargos en empleos de carrera sin previa convocatoria a

concurso, como parte de la administración y vigilancia del empleo de carrera con base en la función pública para satisfacer el interés general y la eficiente prestación del servicio 5 Procurador General 3.1 La Ley 909 de 2004 contiene las normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública. El empleo público cubre a quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, en los organismos y entidades de la administración pública. Hacen parte de éstos los de carrera, de libre nombramiento y remoción, de período fijo y los temporales. El concepto de empleo público contemplado en esta ley se concibe vinculado dinámicamente con el de función pública, en cuanto debe responder de manera flexible a la organización y gestión de ésta para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad porque en el desarrollo de sus actividades y en el cumplimiento de sus diversos cometidos, debe asegurar la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. La Ley 909 se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del servicio, para lo cual se aplica el criterio básico de la flexibilidad en la organización y gestión de la administración de personal para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. (artículos 1, 2, 3, 5, Ley 909 de 2004). Lo anterior permite establecer que la Ley 909 de 2004 regula genéricamente el empleo desde la concepción de la función pública y sus principios, encaminada

ésta a asegurar la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad y la efectiva prestación del servicio, para lo cual se aplica el criterio de flexibilidad en la organización y gestión de la administración de personal para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. 3.2 En el numeral 1 del artículo 53 de la misma ley, se le concedieron facultades extraordinarias al Presidente de la República por el término de 6 meses 6 Procurador General contados desde su promulgación (septiembre 23 de 2004) para expedir las normas que contengan el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el cumplimiento de sus funciones. El 19 de marzo de 2005 fue publicado en el Diario Oficial 45.855 el Decreto 760 “por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones.”, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias antes indicadas. En relación con las funciones de la Comisión, el artículo 2 reguló la delegación del conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de selección; el 3, la elaboración de los procesos de selección mediante contratación con el Departamento Administrativo de la Función Pública e instituciones de educación superior; el artículo 11, la absolución únicamente de consultas formuladas por las organizaciones sindicales y las entidades públicas por intermedio de sus representantes legales. El artículo 44, la autorización por la Comisión, ante estrictas necesidades del servicio, de encargos en empleos de carrera sin previa convocatoria a concurso, con la consiguiente posibilidad de nombramientos provisionales en las vacancias

temporales. El 24, la no necesidad de autorización judicial para retirar del servicio a los empleados amparados con fuero sindical cuando ocupen cargos de carrera temporalmente y tales sean provistos de manera definitiva. 3.3 La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. La ley debe fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos y en otras autoridades. 7 Procurador General El delegante no pierde el control de su competencia, en cuanto puede reformar o revocar los actos y resoluciones del delegatario, reasumiendo la función y responsabilidad pertinente (artículos 209, 211 de la Carta). Lo anterior significa que constitucionalmente la función administrativa puede ser desarrollada mediante la delegación, pero sin hacerse distinciones en su procedencia, por lo que queda bajo la libertad de configuración legislativa determinar las condiciones en las cuales tal modelo de organización funcional administrativa puede operar, lo que admite excepcionalmente la transferencia de funciones entre distintas personas jurídicas; la Carta sólo exige la autorización y la fijación de las condiciones de la delegación por medio de ley (sentencia C-727 de 2000). 3.4 Las funciones de administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil son administrativas, no importando su carácter independiente y autónomo, por lo que cabe la delegación de algunas de sus funciones específicas. Para el presente

caso, la ley establece la posibilidad de delegar las funciones de conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en el desarrollo de los procesos de selección. La razón de la delegación indicada estriba en que siempre se debe garantizar el funcionamiento del Estado a través de la eficiente prestación del servicio, lo que para el caso de la Comisión consiste en la administración y vigilancia de las carreras administrativas. Ella puede desprenderse de la función del conocimiento y decisión de las reclamaciones presentadas en los procesos de selección por exceso de tales, dada su composición de sólo 3 miembros, su obligación de realizar todos los concursos de méritos, y el plazo perentorio de un año contado a partir de la conformación de la Comisión para celebrar los concursos para proveer todos los cargos ocupados provisionalmente o en encargo (artículos 8, 11 literal i, 8 Procurador General transitorio, Ley 909 de 2004). También lo puede hacer por razones técnicas que superen su idoneidad habitual. 3.5 En cuanto a la función de la Comisión de autorizar encargos en empleos de carrera sin previa convocatoria a concurso, por solicitud del jefe de organismo o entidad que los requiera y por razones de estricta necesidad para evitar afectación en la prestación del servicio, tal no vulnera per se el principio constitucional de carrera administrativa ni la consecuente decisión del legislador de acabar con las provisionalidades para vacancias definitivas de empleos de carrera, en su intención de evitar ocupaciones “temporales” indefinidas. Ante todo, el Estado debe cumplir con sus fines mediante la eficiente prestación del servicio público, independientemente del tipo de provisión de los empleos

(artículos 2, 209 constitucionales). La misma Ley 909 de 2004 concibe el empleo desde el punto de vista de la función pública y no estructuralmente, para poder satisfacer el interés general a través de la eficiente prestación del servicio, aplicando el criterio de flexibilidad en la organización y gestión funcional. Por tanto, en casos excepcionales relacionados con la eficiente prestación del servicio, es viable que se ocupen, de manera temporal, los cargos de carrera aún antes de iniciar los respectivos concursos de méritos; además porque la experiencia administrativa en la materia indica que los procesos y procedimientos para la provisión de cargos mediante evaluación del mérito resultan sumamente dispendiosos y extendidos en el tiempo, máxime si únicamente es a la Comisión a quien le corresponde asumir tal función. Así, resulta ajustada a la función de administración y vigilancia de la carrera administrativa a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil tal labor de autorización previa en casos excepcionales por necesidades del servicio. 3.6 En conclusión, tanto la delegación del conocimiento y decisión de las reclamaciones presentadas en los procesos de selección como la autorización de 9 Procurador General encargos en empleos de carrera con el consecuente nombramiento provisional en las vacancias temporales generadas por aquellos, resultan ajustados a la concepción de la función pública que debe satisfacer el interés general mediante la eficiente prestación del servicio, teniendo en cuenta el criterio de flexibilidad para atender las necesidades cambiantes de la sociedad. Sin embargo, en el primer caso, se solicitará la constitucionalidad únicamente por el cargo formulado, debido a que se perciben cuestionamientos en relación con los

organismos que pueden ser receptores de las funciones delegadas y las condiciones bajo las cuales pueden llevarse a cabo las delegaciones (sentencia C382 de 2000). Lo anterior, puesto que la norma atacada establece que “La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá delegar el conocimiento y decisión de las reclamaciones que se presenten en desarrollo de los procesos de selección, para lo cual, la entidad en la cual delegue esta función tendrá que observar el procedimiento establecido en el presente decreto ley”. Para el segundo evento y con la finalidad de proteger los derechos de los servidores públicos de carrera, se solicitará su exequibilidad bajo el entendido que los cargos de carrera ocupados mediante los encargos autorizados se proveerán definitivamente en el menor tiempo posible, y que antes de proveer provisionalmente cualquier vacancia temporal generada por el encargo debe haberse agotado la posibilidad de su ocupación mediante encargo (artículos 125, Constitución Política; 24, 24, Ley 909 de 2004) Lo anterior, si se tiene que la solicitud de autorización analizada conlleva implícita la petición para que la Comisión inicie los procesos de selección pertinentes.

4. Independencia y autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil

10 Procurador General 4.1 Para resolver el cargo de violación de la independencia y autonomía de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas para establecer el procedimiento para el cumplimiento de las funciones de aquella, en cuanto a la posibilidad de celebrar contratos con el Departamento Administrativo de la Función Pública para adelantar los concursos o procesos de selección, se observará la naturaleza de la Comisión y lo establecido en la ley habilitante al respecto.

4.2 El artículo 113 establece que además de las tres ramas del poder público, el Estado cuenta con otros órganos independientes y autónomos para el cumplimiento de otras funciones vitales para alcanzar los fines de la organización política, diferentes a la legislativa, ejecutiva y judicial. Dentro de tales, se encuentra la Comisión Nacional del Servicio Civil concebida de manera autónoma e independiente como la responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, y no como un apéndice del Gobierno. Así lo estableció la Corte al estudiar lo regulado sobre su composición y funciones en la Ley 443 de 1998, al afirmar en la sentencia C-372 de 1999: “El propósito de las normas fundamentales al respecto no es otro que el de sustraer la carrera y su desarrollo y operación, así como la práctica de los concursos y la implementación de los procesos de selección de personal al servicio del Estado, de la conducción de la Rama Ejecutiva del poder público, que tiene a su cargo los nombramientos en orden estricto de méritos –según los resultados de los concursos-, mas no la función de manejar la carrera, privativa del ente creado por la Carta Política con las funciones muy específicas de administrarla y vigilarla en todas las dependencias estatales, excepto las que gozan de régimen especial, obrando siempre sin sujeción a las directrices ni a los mandatos gubernamentales”. La Ley 909 de 2004, en su artículo 7, reitera la independencia y autonomía de la Comisión de las demás ramas y órganos del poder público. 4.3 De otra parte, el Congreso de la República puede revestir, hasta por seis

meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para 11 Procurador General expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Lo anterior comporta los aspectos temporal, de precisión, material y de justificación. En cuanto a la precisión, se hace alusión no al grado de amplitud de la ley de facultades, sino al nivel de claridad en la delimitación de la materia a la que se refiere. No importa que las facultades sean generales, lo importante es que no resulten vagas, imprecisas, ambiguas o indeterminadas, para que no se configure el fenómeno de la extralimitación en el ejercicio presidencial de tales funciones legislativas excepcionales (sentencia C-401 de 2001). Por tanto, no se configura exceso o extralimitación en el ejercicio de tales facultades extraordinarias cuando se puede establecer una relación directa de índole material entre los temas señalados por el legislador ordinario y las disposiciones que adopte el Jefe del Ejecutivo en desarrollo de la excepcional habilitación legislativa (sentencia C-895 de 2001). De igual manera, tampoco se configura tal exceso o extralimitación cuando el desarrollo de las facultades extraordinarias se hace en consonancia con el contenido de la ley habilitante. Así, se establecerá si existe precisión en las facultades extraordinarias otorgadas, y relación directa material entre tales y lo desarrollado por el legislador extraordinario con respecto a lo cuestionado por el ciudadano Ruiz Ditta. 4.4 La Ley 909 de 2004, en sus artículos 11, literales b) e i), y 30, fija como una de las funciones y competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil

relacionada con la responsabilidad de la administración de la carrera administrativa, la de adelantar los concursos o procesos de selección a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. No establece la celebración de convenios con el Departamento Administrativo de la Función Pública. 12 Procurador General Esto obedece a la preservación de la autonomía e independencia de la Comisión en el ejercicio de sus funciones, al realizar los concursos con universidades y entes universitarios, en cuanto a la autonomía que les asiste a éstos y su idoneidad y capacidad para adelantar desde el punto de vista técnico e instrumental (sentencia C-372 de 1999) los procesos de selección sin ninguna injerencia externa fuera del control a cargo del contratante. Los objetivos centrales del sistema de carrera y la obligatoriedad de sus postulados persiguen que su administración y vigilancia sean ajenos a motivaciones de carácter político y aun al interés que como patrono pueda tener el Estado mismo en la selección, promoción y remoción del personal a su servicio (sentencia C-372 de 1999). 4.5 El gobierno nacional está conformado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el ministro o director de departamento administrativo, en cada negocio particular, constituyen el gobierno. Ningún acto del Presidente tiene valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o el director del departamento administrativo correspondiente, quienes por el mismo hecho se hacen responsables. Los directores de departamentos administrativos son nombrados por el Presidente

de la República como los jefes de la administración en su respectivas dependencias, a quienes bajo la dirección de aquel, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley (artículos 115, 208, Constitución Política). Constitucionalmente, los jefes de departamento administrativo dependen en sus actuaciones de la dirección y subordinación del Presidente de la República, quien es la suprema autoridad administrativa, lo que incluye lo relacionado con los requerimientos del recurso humano para desempeñar la función pública, el cual 13 Procurador General debe ser provisto de manera autónoma e independiente por la Comisión Nacional del Servicio Civil en lo atinente a los empleos de carrera. 4.6 Bajo las orientaciones del Presidente de la República, al Departamento Administrativo de la Función Pública le corresponden, entre otras, las funciones de formulación de la política, la planificación y la coordinación del recurso humano al servicio de la Administración Pública nacional y territorial; fijar las políticas de gestión del recurso humano de la rama ejecutiva del poder público en planeación del recurso humano, vinculación y retiro, clasificación de empleos, y plantas de personal. Además, fijar las políticas de organización administrativa del Estado; elaborar y aprobar el plan anual de empleos vacantes; desarrollar la estructura del empleo público que permita la aplicación de las normas de función pública (artículo 14, Ley 909 de 2004). Las anteriores funciones son propias del interés que le asiste al Estado en la rama ejecutiva como empleador, lo cual incluye directamente la selección del personal a su servicio, en cuanto es quien determina la necesidad del recurso humano.

Por tanto, la autonomía e independencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil para poder garantizar la provisión del recurso humano requerido por la rama ejecutiva mediante procesos de selección de personal según el mérito y en igualdad de condiciones, pueden verse comprometidas en el desarrollo técnico e instrumental de los concursos para proveer cargos de carrera, si son contratados éstos con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por las mismas circunstancias, también se presenta vulneración por extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas para establecer los procesos para el cumplimiento de las funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en relación con el contenido de la ley habilitante, ya que ésta estableció la competencia para adelantar los procesos de selección en 14 Procurador General cabeza de la Comisión mediante contratación únicamente con universidades o instituciones de educación superior, pero no con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por tanto, se solicitará la inexequibilidad de la contratación de los concursos o procesos de selección con el Departamento Administrativo de la Función Pública.

5. El derecho de formular consultas a las autoridades administrativas forma parte del derecho de petición 5.1 En relación con la función de la Comisión de absolver únicamente las

consultas que sobre carrera administrativa le formulen las organizaciones sindicales y las entidades públicas por intermedio de sus representantes legales, en cuanto vulnera el derecho de petición que puede ser ejercido por cualquier persona, lo que plantea el demandante es un trato legal discriminatorio al respecto. 5.2 Para nuestra república democrática y participativa, uno de los fines esenciales del Estado es el de facilitar la participación de todos en las decisiones

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. Una manera de materializar lo anterior es mediante el derecho fundamental de petición, en donde toda persona puede ejercerlo respetuosamente ante las autoridades por motivos de interés general o particular para obtener pronta resolución (artículos 1, 2, 23, Constitución Política). El objetivo de toda petición, cualquiera sea su modalidad, es obtener una información a través de una respuesta concreta (sentencia T-473 de 2000). Este derecho se ejerce por múltiples razones tanto de interés general como particular. Un interés legítimo que le asiste a cualquier ciudadano es el de ejercer el control político y la democracia participativa que se concreta en la vigilancia ciudadana sobre la gestión pública (sentencia T-129 de 2001). 15 Procurador General Una de las modalidades del derecho de petición es el de formulación de consultas. El artículo 25 del Código Contencioso establece que tal derecho incluye el de formular consultas escritas o verbales a las autoridades, en relación con las materias a su cargo, y sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales, las cuales deben ser tramitadas de acuerdo con los principios de la función pública. Las respuestas en estos casos no comprometen la responsabilidad de las entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento y ejecución. 5.3 Si se tiene que la Comisión Nacional del Servicio Civil es una autoridad autónoma e independiente que cumple las funciones administrativas de administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos sin limitación constitucional alguna en sus competencias, no resulta proporcional la restricción del derecho de petición en la modalidad de consulta sobre carrera administrativa,

para ser absueltas únicamente las formuladas por los representantes legales de las organizaciones sindicales o de las entidades públicas. Si bien podría pensarse que la restricción indicada resulta adecuada al fin legal y constitucional de reducir la carga laboral de la Comisión, no resulta necesaria porque esta entidad determina su propia estructura y establece su planta de personal según los requerimientos para el cumplimiento de sus funciones, para lo cual se le deben suministrar los recursos presupuestales necesarios, dentro de lo que necesariamente debe incluirse el personal y recursos encargados de la sustanciación de las consultas (artículo 13, numerales 4,5, Ley 909 de 2004). De igual manera, tampoco resulta proporcional en sentido estricto la limitación indicada porque el fin de reducir carga laboral está sacrificando un derecho fundamental que en el contexto de las funciones de la Comisión resulta más importante, como lo es el de petición que conlleva la finalidad de proteger otros intereses constitucionales de mayor jerarquía como los de participación, el ejercicio de control político en relación con los empleos de carrera, y las aspiraciones políticas y laborales de los ciudadanos para acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. 16 Procurador General En consonancia, se presenta una extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas, puesto que la ley habilitante sin limitación alguna estableció como función de la Comisión la de absolver las consultas que le formulen en materia de carrera administrativa (artículo 11, literal k), Ley 909 de 2004). Por tanto, como el cargo formulado sólo se refiere a la restricción indicada, se solicitará se declare contrario al orden constitucional vigente las expresiones

“únicamente” y “las organizaciones sindicales, a través de de sus presidentes, y las entidades públicas por conducto de sus representantes legales”, contenidas en el artículo 11 del Decreto 760 de 2005, el cual quedará así: “La Comisión Nacional del Servicio Civil ab