PGN - FUERZA PUBLICA - La organización y funcionamiento implica una estructura de planificación

Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. Jorge Luís Quintero Milanés

Bogotá, D.C.

REF.: Concepto demanda de Casación (Rad. 32.517) En cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir concepto respecto de la demanda de casación presentada contra la sentencia del 16 de Enero de 2009, mediante la cual el Tribunal Superior de Florencia, entre otros pronunciamientos, confirmó la condena que por el delito de Falsedad Ideológica en Documento Público profirió el Juzgado Penal del Circuito Especializado del mismo Distrito Judicial en contra de JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS, al tiempo que lo absolvió por el delito de Concusión por el que igualmente fue condenado en primera instancia.

1.- HECHOS.

Por ajustarse integralmente a lo acreditado en las diligencias, la Procuraduría Delegada acoge el resumen que respecto de las circunstancias que dieron origen a la investigación realizó la sentencia de segunda instancia, en los siguientes términos: “Con base en múltiples actividades de inteligencia, desarrolladas por el Departamento de Policía Caquetá´ y otros organismos gubernamentales especializados, así como en razón a las informaciones confidenciales suministradas por algunos integrantes de grupos armados ilegales instalados en esta región del país, particularmente las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 1

Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas AUC, que operaban principalmente en los municipios de Morelia, Belén de los Andaguíes, Curillo y Valparaíso, entre otros, el 25 de julio de 2003 la Dirección Nacional de Fiscalías comisionó a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario –DIHde la ciudad de Bogotá, par que adelantara las averiguaciones penales que fueran del caso, en orden a dilucidar la comisión de múltiples conductas punibles cometidas por dicha organización, entre ellas homicidios, tráfico de estupefacientes, extorsiones, secuestros extorsivos, etc. y la presunta vinculación con dicho colectivo de varias personas de diferentes estamentos de la sociedad caqueteña, como comerciantes, miembros de la fuerza pública, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Aeronáutica Civil”.

2.- ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE.

Luego de practicadas algunas pruebas en el curso de la indagación preliminar ordenada el 28 de Julio de 2003 por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,1 el 6 de octubre del mismo año se dispuso el inicio de la correspondiente investigación penal y la vinculación a la misma de varias de las personas involucradas con los comportamientos irregulares, entre ellos JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS, a quien una vez se escuchó en indagatoria en sesiones verificadas los días 13, 14 y 15 de

octubre de 2003, su situación jurídica provisional le fue resuelta el 23 de octubre siguiente con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como presunto autor de los delitos de Concierto para Delinquir Agravado, Falsedad Ideológica en Documento Público, Concusión y Cohecho Impropio. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2003, el Funcionario Instructor negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento elevada por la defensa. Perfeccionada en lo posible la investigación, el 9 de agosto de 2004 se ordenó su cierre parcial respecto de varios de los procesados, entre ellos JAVIER 1 Folio 39 cuaderno original 1 Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 2 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas ALBERTO CARREÑO VARGAS, y el 20 de octubre siguiente se calificó el mérito probatorio del sumario con Resolución de Acusación en contra de los dos sindicados como presuntos coautores de los delitos de Concierto para Delinquir Agravado, Falsedad Ideológica en Documento Público, Concusión, Cohecho Impropio y Tráfico de Sustancias para la Elaboración de Cocaína. En atención a la impugnación propuesta por la defensa contra la providencia calificatoria, el Fiscal Veinticuatro Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, mediante pronunciamiento del 30 de Diciembre de 2004, la confirmó

en su integridad. Respecto de los demás vinculados, algunos de ellos fueron afectados con medida de aseguramiento de detención preventiva, y agotado el trámite procesal, se produjeron cierres parciales de la investigación cuyo mérito probatorio fue calificado en su oportunidad, luego de lo cual, ya en al etapa del juicio, fueron reunificadas y falladas bajo una misma cuerda en razón de la conexidad. En firme la acusación, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Florencia avocó el conocimiento del asunto, y luego de celebrada la audiencia preparatoria y el debate oral público, le puso fin al proceso de primera instancia mediante la sentencia del 20 de Octubre de 2006, por medio de la cual absolvió al procesado JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS por los delitos de Concierto para Delinquir Agravado, Cohecho Impropio y Tráfico de Sustancias para la Elaboración de Cocaína, al tiempo que lo condenó a las penas principales de 108 meses de prisión, multa equivalente a 62,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso idéntico al de la sanción privativa de la libertad, como autor responsable de los delitos de Concusión y Falsedad Ideológica en Documento Público. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 3 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas

Se abstuvo el juzgador de imponer pena accesoria y de impartir condena al pago de perjuicios en contra del procesado CARREÑO VARGAS, además que le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. De otra parte, al procesado Miguel Ángel Mateus Morales le impuso las sanciones principales de 72 meses de prisión y multa de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a Luís Carlos Castillo Molina, Luís Alberto Sierra López y Hernando Lugo Martínez, 45 meses de prisión; a César Augusto Guerra Vargas, Juan Carlos Jaramillo Castaño y Alayn Alejandro Munive Álvarez 60 meses de prisión y multa de de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes; y a Segundo Edilberto Mora Alvarado 24 meses de prisión, además de afectarlos a todos ellos con la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la pena privativa de la libertad. En la misma determinación fueron absueltos de los cargos imputados en la acusación José María Castaño Escandón, Carlos Rojas Tierradentro, César Tulio Noguera Flórez, Eduardo Evangelista Bayona Zúñiga, Ánderson Eduardo Moreno Monroy. Verney Augusto Parra Rico, César Augusto Millán Sánchez, Gratiniano Bustos Vargas, Adonías Arias Cuellar, Javier Ricardo Cabrera Cruz, Paulo César Murcia Mejía y Julián Sierra Calderón. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, al conocer de la apelación que interpusieron algunos defensores y procesados, reformó la

sentencia de primera instancia, en el sentido de revocar la condena impuesta a JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS por el delito de Concusión, y en su lugar absolverlo de los cargos formulados respecto de ese delito, y consecuencialmente redosificó la pena impuesta, para fijarla en 48 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso. Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 4 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas De igual forma, revocó la condena emitida en contra de Miguel Ángel Mateus Morales, Juan Carlos Jaramillo Castaño y César Augusto Guerra Vargas por el delito de Concierto para Delinquir. En todo lo demás, la sentencia fue confirmada.

3.- LA DEMANDA.

De los tres cargos formulados por el defensor del sentenciado, sólo los dos primeros fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia, los cuales desarrolla en los siguientes términos. 3.1. PRIMER CARGO (Principal) Con fundamento en la causal tercera de casación prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, aduce el demandante que la sentencia del Tribunal Superior de Florencia fue dictada en un proceso viciado de nulidad, por falta de competencia de los funcionarios que conocieron del asunto. En sustento de su planteamiento, luego de referirse a las incidencias procesales que condujeron a que su representado fuera sentenciado

exclusivamente por Falsedad Ideológica en Documento Público, sostuvo que de haberse estructurado efectivamente dicho punible, la competencia para conocer del asunto correspondía a la justicia penal militar, en razón a la condición de Oficial del Ejército Nacional del sujeto activo del delito, así como por la relación existente entre el delito atribuido y el servicio, en cuanto se derivó de la función que le era propia a su defendido como Jefe de la Oficina de Control de Insumos de la Brigada XII del Ejército Nacional. Según expresa, el error de estructura se habría perfeccionado por violación del principio del “juez natural”, establecido en el artículo 29 de la Constitución Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 5 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas Política, y de los artículos 221 y 217 de la misma normatividad, en concordancia con el desconocimiento de los artículos 1, 5 y 7 transitorios de la ley 600 de 2000, así como del artículo 92, numeral 1, ídem, como quiera que se desconocieron en el trámite los factores subjetivo –pertenencia del sujeto a la institución castrensey funcional –delito relacionado directamente con el servicio-. Después de referirse a las funciones que constitucionalmente le fueron asignadas a las Fuerzas Militares (artículo 217 Superior), esto es, defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden

constitucional, aduce que precisamente en razón de tales circunstancias el Gobierno Nacional, por intermedio del Consejo Nacional de Estupefacientes, asignó a los servidores públicos adscritos a la XII Brigada del Ejército Nacional, con jurisdicción en los Departamentos de Caquetá y Putumayo, el control de diversas sustancias consideradas como precursoras para la elaboración de cocaína, en cuyo objetivo se creó la Oficina de Control de Insumos, con la finalidad de fiscalizar tanto la venta como el consumo de esas sustancias. En consecuencia, sostuvo, corresponde a la mencionada dependencia “…la guarda del orden constitucional amenazado por las narcoterroristas FARC y el orden público también alterado por ellas y por otras organizaciones criminales armadas…”.2 Agregó que está demostrado en el expediente que el Mayor JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS desempeñó el cargo de Jefe la Oficina de Control de Insumos desde el 18 de junio de 2003, y que para el cumplimiento de las funciones asignadas a la dependencia a su cargo, se utilizaba un formulario que debía ser llenado por el comprador de insumos, indicando además el nombre del transportador y el destino del material, documento que en su recorrido debía ser presentado en los puestos de control de la fuerza 2 Folio 365 Cuaderno Tribunal Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 6 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas pública, con la finalidad de que el responsable insertara el nombre del reten y

su firma en el espacio disponible para el efecto. Aclaró que esa labor se constituía en el servicio encomendado al oficial CARREÑO VARGAS, y para su cumplimiento resultaba indispensable contar con unos formularios preimpresos, según modelo elaborado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, formatos que siempre se mandaban a imprimir en la misma tipografía de la ciudad de Florencia. En tales condiciones, aseguró el impugnante, que si la conducta por la cual fue condenado su representado como constitutiva del ilícito de Falsedad Ideológica en Documento Público se contrae a ordenar la impresión de los formatos de los formularios en tipografía diferente a la usualmente utilizada, se concluye que la relación del ilícito investigado con las funciones asignadas al procesado “…no puede ser más estrecha, pues el servicio al cual estaba obligado el mencionado Oficial para el mantenimiento del orden constitucional y del orden público era el ejercer control sobre las sustancias consideradas como precursoras para la elaboración de la cocaína y para hacerlo debía disponer de esos formularios preimpresos…”3, y por consiguiente, su investigación y juzgamiento corresponde a la Justicia Penal Militar. La llamada “clonación” de los formatos, se verificó exclusivamente para cumplir con el servicio encomendado, gestión que sólo era posible en razón a la calidad de militar del acusado y especialmente debido a la función que le había sido asignada como Jefe de la Oficina de Control de Insumos. De lo contrario, aseguró el defensor, no habría sido factible la estructuración del punible de Falsedad ideológica en Documento Público.

Expresó que la simple lectura del tipo descrito en el artículo 286 del Código Penal, indica que sólo es posible su materialización si se ejecuta “…en ejercicio de sus funciones…”, en cuanto se trata de un delito funcional, es decir, en 3 Folio 368 Cuaderno Tribunal Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 7 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas relación con el servicio institucional, y por tanto es imprescindible que el sujeto activo tenga atribución legal para expedir o crear el documento, condición que únicamente es factible predicar en relación con su defendido por encontrarse en ejercicio de sus funciones como Oficial de las Fuerzas Militares. Concluyó que al hallarse establecido el nexo funcional entre la conducta desplegada por su representado y el servicio a cargo de la Institución Militar a la cual éste pertenece, se impone el reconocimiento del fuero excepcional acorde con el cual el Mayor JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS debió ser procesado por la justicia penal militar, toda vez que, de admitirse que la conducta está desligada del servicio “…no podría tratarse de una falsedad ideológica, sino, y en gracia de discusión de una falsedad material cometida actuando como ciudadano particular…”4 Por último, solicitó el demandante a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, casar la providencia impugnada y en su lugar, declarar la nulidad de lo actuado a partir de la Resolución que ordenó el cierre de la investigación, inclusive, por falta de competencia de los funcionarios que conocieron del

asunto, y en consecuencia remitir la actuación a la Justicia Penal Militar. 3.2. SEGUNDO CARGO (Subsidiario) Con fundamento en la causal prevista en el numeral primero del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, esto es, la violación directa de la ley de carácter sustancial, alega el Libelista la aplicación indebida de los artículos 9, 10, 11, 12 y 286 de la Ley 599 de 2000, y la consecuente exclusión evidente de los artículos 251 del Código de Procedimiento Civil que define lo que ha de entenderse por documento público, y 39 del Código de Procedimiento Penal que señala las eventualidades en que es factible ordenar la preclusión de la instrucción o la cesación del procedimiento, pues en su sentir el comportamiento atribuido a su representado no podía calificarse como irregularidad constitutiva del delito de 4 Folio 370 Cuaderno Tribunal Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 8 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas Falsedad Ideológica en Documento Público. Inicialmente manifiesta el demandante que se acoge al imperativo acorde con el cual no le es dado controvertir los hechos y las pruebas, por lo que admite sin reparo la valoración efectuada por los juzgadores de instancia y dirige en consecuencia su ataque solamente al juicio de selección normativa. A continuación, con apoyo en la trascripción de un fragmento de la sentencia de segundo grado, considera que los funcionarios de instancia estructuraron el

delito de Falsedad Ideológica en Documento Público en el hecho de que el procesado, sin contar con autorización para ello, ordenó imprimir cien (100) formularios de los utilizados para el control de sustancias precursoras de estupefacientes sin incluir en los mismos el número consecutivo, con lo cual incurrió en una “clonación” de los diseñados por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Cuestiona, sin embargo, que no tuvieron en cuenta los juzgadores que los formularios no son en sí mismos un documento público, toda vez que tanto los formatos tenidos como modelo como los “clones”, simplemente son “…un objeto, cosa mueble, contenida en un papel preimpreso…”, que posteriormente son utilizados para ser llenados o diligenciados por los usuarios con la finalidad de que el funcionario competente los autorice con su firma, oportunidad ésta en que adquieren la categoría o naturaleza jurídica de documento. Para demostrar su aserto, acude a la transcripción del inciso tercero del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil que define lo que ha de entenderse por documento público, luego de lo cual concluye que si bien la autorización para la venta y transporte de las sustancias controladas es un instrumento público en cuanto era expedido por el Mayor JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS en su calidad de Jefe de la Oficina de Control de Insumos de la Brigada XII del Ejército, lo cierto es que los formularios o formatos que ordenó elaborar no adquieren dicha connotación, pues las mencionadas autorizaciones pudieron haber sido expedidas sin necesidad de Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 9 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas contar con un formato preestablecido. La esencia del documento, aseguró el demandante, lo constituye “…el continente de esa intervención del funcionario y su manifestación de voluntad…”5, y no los formatos considerados en sí mismos. En tales condiciones, expone que al no ser factible catalogar los formularios, ni los modelos ni lo clones, como documentos públicos, la reproducción mecánica de los mismos no se puede estructurar como comportamiento constitutivo del delito de Falsedad Ideológica en Documento Público. Indica que se aplicaron indebidamente los artículos 9°, 10°, 11° y 12° del Código Penal que someten la existencia de la conducta punible a la concurrencia de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, principios consagrados como normas rectoras en la ley penal. Asegura que de haber aplicado la norma correcta, el Tribunal Superior de Florencia ha debido revocar la sentencia condenatoria y decretar la cesación de procedimiento en favor de JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS acorde con lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto Procesal Penal (Ley 600 de 2000) por atipicidad de la conducta, o en su lugar proferir sentencia absolutoria respecto de esta ilicitud. Como corolario obligado, pide casar la sentencia impugnada y en su lugar, mediante la de reemplazo, se absuelva a su representado por atipicidad de la conducta que le fuera atribuida.

4. CONCEPTO Como la admisión de la demanda impone aceptar que los eventuales defectos

técnico formales de la misma han sido superados, la Procuraduría Delegada estudiará de fondo los reparos propuestos por el libelista. 5 Folio 383 Cuaderno Tribunal Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 10 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas 4.1. PRIMER CARGO El primero de los cargos formulados por el defensor se encamina a acreditar que correspondía a la jurisdicción penal militar, y no a la ordinaria, la competencia para conocer del asunto. En torno a este punto, se tiene que cuando la pretensión de la censura se dirige a poner en cuestión la competencia, si bien la causal a invocar es la tercera, corresponde adelantar su desarrollo conforme a la primera, por cuanto lo pretendido es denunciar la equivocación en la comprensión de la regulación que permite definir el juez natural, lo cual puede suceder por el desacierto interpretativo o de selección de los preceptos sustantivos inherentes a la materia, o en virtud de error en la valoración de los elementos de convicción con los cuales son reconstruidos los supuestos de hecho que ellos contienen. El centro de la discusión en torno a la jurisdicción habilitada para conocer de la conducta del procesado, radica en que según el censor fue realizada en ejercicio de las funciones, y por ello recuerda el conjunto de las actividades ejecutadas por aquél en su condición de Jefe de la Oficina de Control de Insumos de la Brigada XII del Ejército, tras lo cual arriba a la conclusión de

existir claridad sobre quién es el Juzgador competente. Un esfuerzo de ese talante resulta en extremo deficiente para rebatir la competencia en cabeza de la Jurisdicción Penal Ordinaria y por tanto la presunción de acierto y legalidad del fallo, pues la primera consideración que despierta es que el censor intenta por medio del recurso extraordinario imponer su particular visión sobre el asunto, al dejar de lado la existencia de relatos en los cuales se da cuenta sobre las circunstancias en que se ejecutó la conducta que dio origen a la investigación. Al respecto se tiene que el comportamiento reprochado se concreta no solo al hecho de haber cambiado arbitrariamente el establecimiento comercial en que Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 11 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas se venían elaborando los formatos y en modificar el consecutivo inicialmente utilizado, sino que además se debe tener en cuenta que pese a que se trataba de documentos respecto de los cuales era necesario tener especial seguridad, decidió el procesado acudir a un particular (Eliud Jaramillo) para que se encargara de su confección, a quien además le entregó cincuenta (50) formatos con su firma para que fueran tramitados directamente por éste, lo cual necesariamente implica que en caso de presentarse posteriormente para su legalización, fácilmente podría omitirse el cumplimiento de las exigencias establecidas para el efecto, como por ejemplo anexar los antecedentes de la venta anterior, los nombres de los compradores, las cantidades negociadas,

etc., con la finalidad de acreditar que efectivamente se habían manejado cantidades inferiores a las autorizadas, actitud absolutamente al margen de la función del procesado en orden a controlar tanto la venta como el consumo de sustancias consideradas como precursoras para la elaboración de cocaína. Es bien sabido que la actividad calificada como militar no puede restringirse a aquellas acciones, diligencias o ejercicios que impliquen un movimiento de tropas, o a las denominadas operaciones militares, toda vez que la organización y funcionamiento de la fuerza pública implica igualmente una estructura de planificación y desenvolvimiento administrativo, tareas desarrolladas generalmente por miembros activos de la fuerza pública acorde con la distribución de jerarquías y mandos, cuyo correcto funcionamiento incide necesariamente no sólo en el mantenimiento de la infraestructura requerida para el adelantamiento de trámites administrativos por parte de sus integrantes, sino también en la capacidad de combate y de movimiento operativo, en el entendido de que la misión o tarea militar o policiva ha de tomarse como un sistema complejo, que sólo en la medida en que cada uno de sus componentes cumpla a satisfacción con sus obligaciones, permite o facilita la consecución de los objetivos estratégicos de las Fuerzas Militares y de Policía. De allí que todos aquellos comportamientos ilícitos ejecutados por integrantes activos de la fuerza donde sea factible establecer la presencia de una intima Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 12 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517

Javier Alberto Carreño Vargas relación entre la función y su calidad de militar, independientemente de que se trate de labores administrativas, han de ser investigadas y falladas por la justicia penal militar, pues es dicha cualificación la que coloca al sujeto activo del delito en situación de ejercitar o ejecutar un determinado comportamiento. En el evento objeto de estudio, observa la Procuraduría Delegada que a pesar de la calidad de miembro activo del Ejército Nacional que ostentaba el Mayor JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS al momento de ocurrencia de los hechos denunciados, donde se desempeñaba como Jefe de la Oficina de Control de Insumos de la Brigada XII, lo cierto es que el comportamiento ejecutado no se relaciona con la función militar prevista en los artículos 216 y 217 de la Constitución Política, en razón a que los elementos de juicio allegados al expediente no permiten entender como establecido un vínculo o correspondencia clara, próxima y directa entre la conducta ejecutada por el implicado y las obligaciones que legalmente le competen, es decir, nunca acreditan que el delito fue el producto de un ejercicio desviado de las funciones propias del servicio, sino que, por el contrario, denotan la presencia de una relación simplemente abstracta y circunstancial, derivada del simple hecho de haber sido realizada la conducta por un miembro de la Institución Militar en instantes en que se encontraba en servicio. Pedir la colaboración de un particular para que disponga la elaboración de unos formularios que han de ser utilizados por dependencias del Estado para autorizar la venta y consumo de sustancias controladas y en contraprestación a esa labor entregarle cincuenta de ellos con la firma del Oficial encargado de

expedir las autorizaciones, en manera alguna se encuentra previsto como un comportamiento viable de ejecutar dentro de los límites de la legalidad, ni menos aún como una de las funciones propias de los miembros del Ejército Nacional encargados de regular el tráfico de sustancias consideradas como precursoras de estupefacientes, y por consiguiente, dicha conducta en ningún caso puede catalogarse como un ejercicio directamente vinculado con las Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 13 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas funciones propias del servicio, que determine la competencia para su investigación y juzgamiento en cabeza de la jurisdicción penal militar. Ninguna duda existe que para la fecha de los acontecimientos el Mayor JAVIER ALBERTO CARREÑO VARGAS se encontraba prestando sus servicios en las instalaciones de la Brigada XII del Ejército, no obstante lo cual ha de precisarse que la conducta que decidió ejecutar no sólo se aparta ostensiblemente de la misión legal y constitucional a él encomendada, esto es, se encuentra por fuera de las actividades propias de la función militar, sino que además su ejecución estaba planeada con anterioridad en connivencia con el tramitador Eliud Jaramillo, lo cual significa que su actuación estaba claramente dirigida al cumplimiento de una finalidad ajena al servicio. Precisamente la Corte Constitucional en la Sentencia C-358 de agosto 5 de 1997, con Ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, al declarar la

inexequibilidad de las expresiones, "con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo, o de sus deberes oficiales"; "con ocasión del servicio o por causa de éste o de funciones inherentes a su cargo"; "con ocasión del servicio o por causa de éste"; "u otros con ocasión del servicio", contenidas en las normas legales que desarrollaron el concepto de fuero militar a que se contrae el artículo 221 de la Carta Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 02 / 95, dejó en claro lo siguiente: “…10. La jurisdicción penal militar constituye una excepción constitucional a la regla del juez natural general. Por ende, su ámbito debe ser interpretado de manera restrictiva, tal como lo precisa la Carta Política al establecer en su artículo 221 que la justicia penal militar conocerá “de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio”. Conforme a la interpretación restrictiva que se impone en este campo, un delito está relacionado con el servicio únicamente en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la labor - es decir del servicio - que ha sido asignada por la Constitución y la ley a la Fuerza Pública. Esta definición implica las siguientes precisiones acerca del ámbito del fuero penal militar: Procuraduría Segunda Delegada para la Casación Penal 14 Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación no. 32.517 Javier Alberto Carreño Vargas a) que para que un delito sea de competencia de la justicia

penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto significa que el exceso o la extralimitació