PGN - FUNCION ADMINISTRATIVA - Consagración constitucional de sus principios

Dependencia: Procuraduría Segunda para la Vigilancia Administrativa

Radicación No.: 014-92848-03

Disciplinado: Alejandro De Lima Bohmer Cargo y entidad: Director Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Quejoso: Betty Daisy Díaz Fecha de queja: Agosto 1 de 2003

Fecha hechos: Julio 23 de 2001

Asunto: Auto de archivo

Bogotá DC, 24 NOV. 2004 Al Despacho se encuentran el asunto referente a la queja presentada por BETTY DAISY DÍAZ el 10 de agosto de 2003, según la cual denuncia presuntas irregularidades atribuibles a la Administración de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, al fijar salarios para los funcionarios en el año 2001, sin tener en cuenta que el Gobierno Nacional a través del Presidente de Ia República, mediante Decreto No.1460 de julio 19 de 2001, fijó las escalas de remuneración salarial para los empleados públicos del orden nacional a partir del 10 de enero del mismo año, estableciendo un incremento del 9.9% para los empleados que devengaban hasta un salario mínimo; 9% para quienes devengaban dos salarios mínimos y 2.5% para quienes devengaban más de dos salarios mínimos y que no obstante la disposición anterior la Administración de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca mediante Resolución DG No. 441 de julio 23 de 2001, autorizó un incremento salarial del 8.75% a todos los servidores de la institución a partir del 1 de enero del mismo año, cobijando a todos los empleados, 540 en total de la planta de la CVC.

1. INDAGACIÓN PRELIMINAR.

Esta Delegada, mediante auto del 11 de noviembre de 2003, dispuso la práctica de pruebas en indagación preliminar, a efecto de establecer la ocurrencia de los hechos denunciados en contra de ALEJANDRO DE LIMA BOHMER, en su condición de Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (fl. 16). Posteriormente, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, anexó a las presentes diligencias el expediente No. 74-4260-04, en el cual mediante auto del 29 de julio de 2004 (fI. 14 anexo), se abrió indagación preliminar contra ALEJANDRO DE LIMA

BOHMER.

2. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Previa revisión del material probatorio allegado al plenario, encuentra la Delegada que el Gobierno Nacional a través del Decreto No.1460 del 19 de julio de 2001 (fl. 4), fijó "las escalas de asignación básica de los empleos desempeñados por funcionarios públicos de la rama ejecutiva, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, empresas sociales del estado, del orden nacional y se dictan otras disposiciones.", asignaciones básicas aplicables a partir del 1 de enero de 2001, con fundamento entre otras normas generales, las señaladas en el Ley 4 de 1992, considerando que el monto incluido en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2001, sólo alcanzaba a cubrir incrementos salariales del "...9.9% para los funcionarios que devenguen un salario mínimo, del 9% para los funcionarios

que devenguen hasta dos salarios mínimos y del 2.5% para los funcionarios que devenguen más de dos salarios mínimos...", determinando que el campo de aplicación correspondían, entre otros, a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, acto administrativo que fue derogado y modificado en la fijación de las escalas salariales, por el Decreto No. 2710 del mismo año (fI.13) No obstante lo anterior, el Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, ALEJANDRO DE LIMA BOHMER, mediante Resolución No. 441 del 23 de julio de 2001, resolvió autorizar un incremento salarial del 8.75% a todos los servidores públicos de la Corporación, a partir del 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2001, para lo cual se fundamentó en que la Corte Constitucional al través del MP ANTONIO BARRERA CARBONELL, mediante sentencia C-1433 del 23 de octubre de 2000, determinó que el incremento salarial de los funcionarios públicos, se debía realizar anualmente al partir del 1 de enero de cada vigencia fiscal, en un porcentaje no inferior al IPC; igualmente en el hecho de que las Corporaciones Autónomas Regionales, son entes creados por la Ley 99 de 1993 que cuentan con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, tal como se ha sostenido en reiteradas sentencias, además de que dichos entes pertenecientes a la Rama Ejecutiva del Poder Público (art. 40 Ley 489-98) (fIs.10 a 12). Respecto de lo anterior, deben tenerse en cuenta los principios que ilustran toda la

función administrativa, conforme a lo dispuesto por el artículo 209 de la CP, la cual está prioritariamente al servicio de los intereses generales y basándose en la aplicación del principio de la igualdad, debe entenderse que todas las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, de tal manera que no se generen situaciones de desigualdad entre los administrados. Desde dicha óptica, al fijar el Presidente de la República, mediante decreto reglamentario los topes de reajuste salarial, estaba fijando la pauta a seguir por parte de quienes cumplen dicha función en las distintas entidades públicas, así gocen de autonomía administrativa y financiera, como lo son las corporaciones autónomas regionales. Advirtiendo además, que en el Decreto 1460 del 19 de julio de 2001, se fijaron las escalas de asignación básica de los empleos desempeñados por empleados públicos de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, y que la Resolución 441-01, que hizo lo propio en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, del 23 de julio del mismo año, autorizó un incremento salarial general equivalente al 8.75%, superando el reconocido por el Decreto Gubernamental cuyo ajuste salarial fue ponderado, entre el 2.5% y el 9.9%, al que necesariamente debió someterse, porque su aplicación era de carácter obligatorio hasta tanto no fuera declarada su nulidad por parte del Consejo de Estado. No sobra aclarar que aunque el citado decreto gubernamental fue derogado por el Decreto 2710 del mismo año, modificando las escalas salariales vigentes para los

empleados públicos durante el año 2001, su campo de aplicación no varió, manteniendo a las corporaciones autónomas regionales dentro del mismo (fI.13). Ante el cuestionamiento a la actuación desplegada por el doctor DE LIMA BOHMER, en su versión manifestó en primer lugar, que como su profesión no es la de abogado, sino economista, para proferir la Resolución No. 441-01, por la cual se fijó el incremento salarial paral el año 2001, se solicitó y fundamentó en el concepto jurídico de la oficina respectiva de la entidad CVC, el cual fue proyectado por JAMES ORTEGA ARGOTI y avalado con la firma de la Jefe de dicha oficina LEONOR AMPARO CARDONA MONTOYA, concepto emitido el 19 de julio de 2001, en el cual se determinó y concluyó con la viabilidad del incremento salarial para la vigencia del año 2001 para los servidores públicos de la Corporación, con fundamento en el régimen especial que previó el art. 40 de la Ley 489-98, y en las varias sentencias de la Corte Constitucional (sent. 994-00) , en las cuales se determinó que las Corporaciones Autónomas Regionales, no obstante ser personas jurídicas públicas del orden nacional, no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público, gozan de autonomía administrativa y financiera, respecto de lo cual concluyó la doctora CARDONA MONTOYA que: "Todo lo anterior para concluir que si el aumento salarial de los funcionarios de la CVC se realizara con recursos provenientes del Presupuestos Nacional, sería necesario esperar el decreto de gobierno nacional que así lo estableciera y señalara su inclusión en la ley de presupuesto. Pero como

quiera que los recursos mediante los cuales se realiza dicho incremento sean recursos propios, no se requiere de la autorización del gobierno nacional para ordenar el incremento y desde luego efectuar el pago. Esto se puede ordenar a través de la expedición de la correspondiente resolución del Director General de la CVC "(fls. 41-44). Circunstancias de las cuales, se colige que al Doctor DE LIMA BOHMER no se le puede endilgar responsabilidad disciplinaria, pues su actuación estuvo amparada en la buena fe y dado el desconocimiento de las disciplinas jurídicas, por no ser abogado, se sustentó en el criterio jurídico emanado de la Oficinal Jurídica, de dos abogados asesores que a la postre lo hicieron incurrir en el error para no ajustarse a las determinaciones del Gobierno Nacional que no habían sido controvertidas y a las cuales debían ajustarse, desconociendo la obligatoriedad de su cumplimiento. Así las cosas, observa el Despacho, que por los hechos denunciados y dadas las circunstancias que los rodearon, no amerita continuar con la acción disciplinaria en contra del Doctor ALEJANDRO DE LIMA BOHMER, en su condición de Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, para la época de los hechos, por ausencia de elementos estructurales para que la conducta sea sancionable disciplinariamente, esto es que se cometa a titulo de dolo o culpa. Ni lo uno ni lo otro se infiere del comportamiento del implicado. En consecuencia y como no se dan los presupuestos previstos en el art. 23 de la Ley 734 de 2002 para que se configure

falta disciplinaria en contra del Doctor ALEJANDRO DE LIMA BOHMER, la Delegada procederá a dar por terminada la acción disciplinaria y ordenará el archivo de las diligencias en su favor, conforme los dispone el art. 73 de la Ley 734 de 2002. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la presunta responsabilidad podría recaer en los abogados Asesor y Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, JAMES ORTEGA ARGOTI y LEONOR AMPARO CARDONA MONTOYA, respectivamente, y que la competencia para investigar la comisión de la falta disciplinaria a ellos atribuida corresponde a la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, se dispondrá la remisión de las diligencias a dicha dependencia para que continúe con la investigación del caso. En mérito de lo expuesto, LA PROCURADORA SEGUNDA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de las facultades que le otorga el Decreto 262 de 2000 art. 25 numeral 1 o literal c), RESUELVE PRIMERO: Ordenar la terminación de la presente acción disciplinaria, en consecuencia disponer el archivo de las diligencias radicadas con el No. 14-8486803, adelantadas en contra del Doctor ALEJANDRO DE LIMA BOHMER, en su Condición de Director de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, conforme a las previsiones del art. 73 de la Ley 734 de 2002.

SEGUNDO: Remitir las diligencias al Centro de Notificaciones de la Procuraduría a efecto de notificar la presente decisión al implicado, de acuerdo con los términos de

los arts. 103 y 109 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Por la Secretaria de la Delegada comunicar la presente decisión al quejoso, advirtiendo que contra la misma procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, dentro de los cinco días siguientes al de la comunicación.

CUARTO: Remitir las presentes diligencias por competencia a la Procuraduría Regional del Cauca, para que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva, continúe con la investigación respecto de los funcionarios JAMES ORTEGA ARGOTI y LEONOR AMPARO CARDONA MONTOYA, Asesor y Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, respectivamente.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE

LAURA GUIOMAR ECHEVERRY GARZÓN

Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

LGEG-ATT

Exp. 014-92848-03