PGN - HERMENEUTICA JURIDICA - Aplicación

Dependencia: Despacho Viceprocurador General

Radicación N°: 001-47054-00

Disciplinado: Carlos Ossa Escobar, José Félix Lafaurie Rivera, y

Mauricio Casasfranco Vanegas Cargo y Entidad: Ex Contralor General de la República, Vicecontralor General y Secretario Administrativo de la Contraloría General Quejoso: De oficio e informe revista CAMBIO Fecha Hechos: 1° de septiembre de 1998 a mayo de 1999

Tema: Aceptar el Contralor General y funcionarios suyos las recomendaciones de Congresistas para nombrar sus candidatos en cargos provisionales estando prohibido por el artículo 268.10 de la C. Política y no denunciar tales hechos (art.50 Ley 200/95) Asunto: Auto Resuelve Reposición del Fallo de Única Instancia de Agosto 6 de 2003

Bogotá, D.C. 18 de septiembre de 2003 OBJETO Resolver el recurso de reposición contra el fallo de única instancia proferido por el despacho el 6 de agosto de 2003 interpuesto dentro del término legal por los apoderados de los investigados Carlos Ossa Escobar, José Félix Lafaurie Rivera y Mauricio Casasfranco Vanegas dentro del proceso 01-47054-00. FALLO IMPUGNADO En el fallo impugnado se resolvió DECLARAR PROBADOS LOS CARGOS imputados a título de DOLO, de carácter GRAVE Y DECLARAR RESPONSABLES de ellos a los doctores CARLOS OSSA ESCOBAR, ex Contralor General de la República; JOSE FELIX LAFAURIE RIVERA, ex Vicecontralor General y MAURICIO CASASFRANCO VANEGAS

ex Secretario Administrativo de la Contraloría General de la República, por las faltas disciplinarias del artículo 268.10 de la Constitución Política, 40 numerales 1 y 19 de la Ley 200 de 1995 y artículo 50 ídem por las razones de tiempo, modo y lugar expuestas en esta providencia. 1 En consecuencia se les sancionó con MULTA de noventa (90) días de sueldo devengado en el año de 1999 al Contralor General de la República, y al Vicecontralor General y al Secretario Administrativo con MULTA de sesenta (60) días ídem. Es decir, no fueron desvirtuados los cargos imputados al doctor Carlos Ossa Escobar en su calidad de Contralor General de la República por realizar su conducta en forma activa consistente en recibir personalmente a los congresistas en su propio despacho, recibir las hojas de vida que le entregaban y llamar a su asesor Alfredo Rafael Saade para que con Mauricio Casasfranco Vanegas vieran la posibilidad de asignarle una vacante de las aproximadamente 500 que encontró a su llegada a la entidad, siendo posteriormente nombrados en provisionalidad. Respecto al doctor José Félix Lafaurie Rivera los cargos fueron idénticos en relación con las mismas normas y consistentes en que como Vicecontralor General de la República designado por el Contralor General, su segundo de a bordo en la entidad, en lugar de rechazar las recomendaciones de los congresistas para nombrar a sus candidatos en cargos de la Contraloría y denunciar los hechos a la autoridad competente, los recibió y recepcionó hojas de vida por ellos presentadas y las entregaba a su jefe quien posteriormente los nombraba, inclusive sus propios candidatos. También los incluía en la

lista CONTACTOS en su computador personal. Es decir, participó activamente en la prohibición que conocía con amplitud. En cuanto a Mauricio Casasfranco Vanegas los cargos formulados fueron iguales con las mismas normas que los anteriores porque como Secretario Administrativo de la Contraloría General de la República designado por el Contralor General, funcionario de entera confianza del mismo, también recibió las hojas de vida que provenían de los congresistas para nombrar a sus candidatos en la entidad; recibió uno que otro congresista y las hojas de vida por ellos presentadas o dejadas en su despacho las entregaba a su jefe quien posteriormente los nombraba y previa y personalmente visaba las resoluciones de nombramiento. DE LA NULIDAD PLANTEADA El apoderado de los sancionados Lafaurie Rivera y Casasfranco Vanegas planteó una NULIDAD constitucional por violación a las formas propias de cada juicio la que pretende hacer consistir en que no se podía seguir el procedimiento ordinario de única instancia porque para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 734 de 2002, el cinco de mayo, no se había proferido el auto de cargos, pues según el artículo 223 sobre transitoriedad del C.D.U., encontró que la ritualidad tramitada no era la aplicable porque debían continuar hasta el fallo definitivo con el procedimiento anterior. Es decir, el verbal. 2 Con la Ley 200 de 1995 el artículo 66.2 indicaba que el procedimiento ordinario de única instancia era de competencia del Procurador General tratándose de investigación contra los congresistas. En ninguna parte se le dio competencia sobre el Vicecontralor. Si por razón de la infracción (art.268.10 C.P.) por razones de conexidad el Procurador podía

juzgar disciplinariamente al Vicecontralor, incurrió en error porque si la causal era la del artículo 278.1 de la C. Política (infracción manifiesta de la Constitución) el proceso era verbal como lo consagra el artículo 182 de la Ley 734 de 2002. Lo anterior indica una nulidad, según su dicho, por irregularidad de orden sustancial que vulnera el debido proceso porque el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 enseña que "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecerán sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir". En la apertura de investigación no se dijo el procedimiento a seguir violando la ritualidad esencial del debido proceso, y tampoco fue modificado como correspondía cual era el verbal de competencia del Procurador General. El impugnante alega que debió continuar un Procurador ad-hoc y no el Viceprocurador.

Se Considera: A lo alegado por el recurrente se le responde que el argumento de que hay nulidad por inobservancia formal y material de las normas que determinan la ritualidad del proceso, es equivocado.

El artículo 7° numeral 22 del Decreto 262 de 2000 fijó la competencia así: "El Procurador General de la Nación cumple las siguientes funciones: "Conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra……,el Contralor General de la República…, por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, en este último caso aunque haya dejado de ejercer el cargo". Es evidente que al Contralor General y a sus colaboradores inmediatos se les juzgó con el procedimiento ordinario de única instancia, no el verbal.

Ante todo olvida el recurrente que el proceso llegó por competencia al despacho por impedimento del Procurador General (folios 291 y 292 c. 4) y de conformidad con el Decreto 262 de 2000 artículo 17 numeral 3° en concordancia con los artículos 67 y 68 de la ley 200 de 1995, estableció que en tales casos asume como tal la competencia el Viceprocurador General y no un Procurador Ad-hoc. Finalmente el artículo 60 de la Ley 200 de 1995 estableció que dentro de los factores de competencia está el de conexidad "…Cuando varios servidores públicos de la misma 3 entidad participen en la comisión de una falta o de varias que sean conexas, se investigarán y fallarán en el mismo proceso, por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía". De manera que de dicha norma resulta la competencia respecto al Vicecontralor General y el Secretario Administrativo de la misma Contraloría General de la República, dada la competencia por atracción del funcionario de mayor jerarquía, el Contralor General, respecto de los otros dos de la misma entidad. De ello resulta, irrefutablemente que el competente para tramitar y fallar este proceso es el Viceprocurador General de l Nación en reemplazo del Procurador General de la Nación. En lo que hace relación al procedimiento por el que se tramitó este expediente, el ordinario de única instancia, no se presentan causales con entidad de invalidar lo actuado o parte de las diligencias, en razón a que no se observan irregularidades sustanciales que puedan socavar las bases del debido proceso ni el derecho a la defensa. Las nulidades proceden

cuando se ha afectado de manera importante y trascendente los derechos enunciados, lo cual no ocurrió en este proceso, en el que los sujetos procesales gozaron de amplias garantías sustantivas y procesales para el ejercicio pleno del contradictorio, habida consideración del desarrollo a cabalidad del principio de publicidad. Tan cierto es lo acabado de decir que el mismo recurrente que pugna por la nulidad no la fundamentó con argumentos relevantes a las ofensas causadas al debido proceso o al derecho de defensa; no pudo indicar la trascendencia de las irregularidades que anota en relación con estos derechos, quedándose sólo en eso, en informalidades intrascendentes respecto de los derechos fundamentales protegidos por el artículo 29 de la Constitución Política. Es cierto que el artículo 278 de la Constitución le asigna al Procurador General de la Nación la función de desvincular del cargo a quienes infrinjan de manera manifiesta la Constitución o la ley y el artículo 182 de la Ley 734 de 2002 ordena que los procesos por las conductas previstas en ese artículo superior se tramitan por el proceso verbal, pero debe observarse que es únicamente cuando la conducta del servidor público amerita destitución o como lo dice la misma norma de la Carta Política "Desvincular del cargo". En el caso que nos ocupa las normas infringidas por los investigados no prevén esa consecuencia del injusto disciplinario, los cargos no se refirieron a conducta de tal naturaleza y lógicamente a ello no se llegó, como se patentiza con la lectura y comprensión del fallo que hoy es objeto de recurso. No obstante que lo anterior es suficiente para responder la inquietud del impugnante,

agreguemos que, si en gracia de discusión, el procedente fuera el proceso verbal, habiéndose tramitado por ordinario de única instancia los sujetos procesales gozan de mayores garantías, mayor debate probatorio y oportunidades mas amplias que en aquél. En procesos de única instancia como éste, tampoco se puede hablar de irregularidad alguna por cuanto el único recurso previsto por la ley es el de reposición y todos los 4 interpuestos fueron resueltos oportunamente, luego no se puede predicar violación del debido proceso ni del derecho de defensa. El argumento expuesto en el caso presente no tiene validez legal porque no se ha recortado ningún derecho fundamental ni se ha conculcado el debido proceso y la defensa expedita, por el contrario, tales privilegios sustanciales y procesales se han magnificado en la práctica a favor de los sujetos procesales. Por ello no se accede a la petición de nulidad propuesta. A continuación se resolverán las impugnaciones planteadas por los doctores Luis Fernando Nuñez Rincón, representante legal del ex Contralor General de la República doctor Carlos Ossa Escobar, y Jaime Lombana Villalba apoderado de José Félix Lafaurie Rivera ex Vicecontralor General y Mauricio Casasfranco Vanegas ex Secretario Administrativo de la Contraloría General, de la manera en que fueron expuestas con el riego de incurrir en repeticiones. ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES A) Del apoderado del ex Contralor General Ossa Escobar, quien solicitó el archivo de la investigación por no existir certeza sobre la ocurrencia de conducta contraria a los deberes funcionales por parte de su representado. El recurrente basó su inconformidad en los siguientes argumentos:

1.- Existió violación al principio de legalidad por inexistencia de tipicidad en la conducta por cuanto el artículo 268.10 consagró fue una prohibición para los congresistas y no para el Contralor. Que es falso que hubiera nombrado a recomendados de los congresistas y que las referencias personales no pueden confundirse con las recomendaciones personales, por eso al aparecer el nombre de un congresista en la referencia personal esto no constituye recomendación. Que no existe prueba que el Contralor haya nombrado como funcionarios de la Contraloría a personas recomendadas por los congresistas que lo eligieron como Contralor General de la República.

Se Considera: Respecto de la falta de tipicidad del artículo 268.10 de la Constitución Política respecto del Contralor General, su representado, cuestión que también inquietó al apoderado de los demás investigados, nos referiremos a ello en la sección B punto 1a) por ser común.

En cuanto a que no existe prueba en el proceso de la recepción de hojas de vida a los congresistas ni de que el Contralor General hubiera nombrado a recomendados de estos 5 en la Contraloría General, sí existe prueba que conduce a tal afirmación: es la propia versión del doctor Carlos Ossa Escobar cuando en su versión (folio 193 y 194 c. 7) dijo: " A la Contraloría llegaron muchísimas hojas de vida enviadas por Congresistas por ciudadanos amigos míos o conocidos míos o conocidos del nuevo equipo directivo de la Contraloría….De acuerdo con las necesidades de incorporación de nuevos profesionales con mejores perfiles y garantizando el cumplimiento de todos los requisitos, se

seleccionaban las mejores hojas de vida para llenar las vacantes correspondientes. Yo me reunía con el señor SAADE y el doctor CASASFRANCO y seguía, mas o menos este procedimiento: preguntaba, para este cargo profesional 10 por ejemplo, cuál es la hoja de vida por ustedes seleccionada que cumpla con los requisitos para dicho cargo. Me contestaban la hoja de vida seleccionada es la hoja de fulano de tal. Luego yo preguntaba cómo llegó esa hoja de vida aquí, me contestaban, la envió el Representante tal, y yo anotaba el nombre del representante. Yo registraba con mi puño y letra todo este procedimiento con el ánimo de llevar una especie de bitácora de todo el proceso….". Como se dijo, el eje central de prueba estuvo en la propia versión del investigado Ossa Escobar al confesar la aceptación de sus manuscritos donde le pedía a Saade y a Casasfranco le dijeran a qué congresista pertenecía el candidato y la aceptación de que el Comité ad-hoc era para el estudio de perfiles de todas las hojas de vida llegadas, incluidas las de los congresistas, que fue la manera como trató el Contralor General de justificar la llegada de las hojas de vida de los mismos, y la afirmación de que como Constituyente debatió y contribuyó a la creación de la norma del artículo 268.10 de la Constitución Política de 1991. Frente a esa conducta prohibida a los congresistas, se imponía necesariamente la correcta, lícita y obligatoria del Contralor General de rechazar la hoja de vida del candidato seleccionado y no tenerla en cuenta para nombrarlo provisionalmente, porque la Constitución se lo prohibía.

Si como lo dijo arriba, a la entidad llegaron muchas hojas de vida inclusive la de sus propios amigos y conocidos a la vez que la de los congresistas, respecto de estos debió devolverlas u ordenar devolverlas y poner en conocimiento de las autoridades correspondientes la irregularidad de orden constitucional que estaban cometiendo los congresistas, o, cuando hizo nombramientos al saber de que congresista provenía, debió optar por igual procedimiento indicativo de probidad y transparencia en el desempeño de su cargo. Y si de prueba documental se trata, por echarla de menos el apoderado impugnante, baste con observar los folios 7 a 12 del cuaderno anexo 1 donde aparecen la lista de Senadores y Representantes a quienes favoreció con nombramientos a sus recomendados colocando al frente de sus nombres los cargos con que los favoreció, pues las hojas de vida estaban en poder de la entidad, nombres y cargos que no se reproducen por lo extensos pero a los que se puede remitir el abogado recurrente. 6 También está la lista elaborada por la Procuraduría en el pliego de cargos en donde aparecen relacionados los nombres de los favorecidos con provisionalidades en frente del nombre de cada congresista, resumen de las listas nombramientos Ossa Escobar y Contactos cruzada con los manuscritos de puño y letra del doctor Carlos Ossa Escobar. Y todo el haz probatorio incluidas las versiones de los investigados y las declaraciones de Saade y Pineda, y las resoluciones de nombramiento . 2.- a) Dice que hay inexistencia de material probatorio sobre la conducta investigada porque no hay prueba de cuál congresista llevó la hoja de vida y que la afirmación del fallo

sobre que la entrega de ella por el parlamentario con referencias a su nombre es porque existe con el aspirante una relación personal o política, un conocimiento, un trato, una comunicación, así no sea permanente, es apenas una hipótesis que no constituye plena prueba. b) Finalmente expresa que en un Estado Social de Derecho no existe la hermenéutica cuando expresó el abogado qué dónde está escrito que en caso de aparentes vacíos o lagunas de la Ley deba acudirse a ella para desentrañar el contenido material de la norma, pasando por alto el principio de legalidad para que el investigador interprete la misma.

Se Considera: a) Nadie en absoluto ha negado que en la Contraloría y por diferentes funcionarios se recibieron hojas de vida de parte de los congresistas y otras personas. Sin embargo vale la pena anotar que ninguno quiso dar nombres para no comprometerse, pero aparecen en los listados y en la misma relación de CONTACTOS.

Para contestar la supuesta falta de pruebas que alega el apoderado recién llegado al proceso y que no ha tenido tiempo de examinar el voluminoso expediente, están las pruebas arriba citadas y si el apoderado se toma el trabajo de ver la Visita especial practicada por la Institución a la Dirección de Talento Humano, encontrará en ellas las referencias de los congresistas que autorizaron incluir sus nombres en 95 hojas de vida de esos candidatos, y en ella observará los apuntes y las firmas abreviadas del Contralor General dando instrucciones y las copias de resoluciones de nombramiento de tales personas, obviamente en consideración a las referencias. Si no fuere así por qué el propio Contralor General, como lo confesó en su versión libre

colocaba en frente del nombre del congresista el cargo dado a la hoja de vida enviada o entregada por aquellos, en lugar de rechazarlos. De manera que la prueba es abundante y el argumento por lo mismo no prospera. b) Aplicación de la hermenéutica: Sostuvo que la hermenéutica no está establecida en un Estado Social de Derecho. En cuanto se relaciona con la afirmación del defensor del Excontralor OSSA ESCOBAR de que no es aplicable a efectos de fijar el significado y 7 contenido de las normas de derecho, hemos de decir, en primer lugar que quedó en el solo enunciado porque ninguna fundamentación hizo y, por consiguiente, no pudimos conocer sus razones y, en segundo lugar, porque ello no es cierto. Veamos. El vocablo hermenéutica, según el diccionario de la lengua española, es el arte de interpretar textos; en su tercera acepción dice: “en la filosofía de Hans George Gadamer, teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno interpretativo desde la concreta y personal historicidad”. En el campo del derecho la hermenéutica jurídica hace referencia a los principios y métodos o sistemas aceptados universalmente por la ley, la doctrina y la jurisprudencia en la interpretación de las normas. El artículo 5º de la Ley 153 de 1987 prevé y establece criterios de interpretación al consagrar que: “dentro de la equidad y la doctrina constitucional, la crítica y la hermenéutica servirán para fijar el pensamiento del legislador y aclarar o armonizar las disposiciones oscuras o incongruentes”. El Código Civil siempre ha dedicado un capítulo (el IV) del Título preliminar a la

“interpretación de la ley” en el cual fija criterios para tal fin, siendo antiquísimo recurrir a la hermenéutica jurídica para desentrañar el contenido de las normas. Mírese que desde 1912 la Corte Suprema de Justicia aludió a ella así: “la hermenéutica legal no permite al juez establecer limitaciones a un principio que la ley formula de un modo general, comprensivo a todos los objetos de un mismo orden” y en sentencia del 17 de mayo de 1968, sobre la misión de la jurisprudencia en la interpretación de la ley expresó que “Habiendo de considerarse el ordenamiento como un sistema completo y armónico, y de entenderse como un medio para absolver las dificultades y necesidades múltiples y cambiantes de la praxis, la jurisprudencia actualiza permanentemente el derecho y logra su desarrollo y evolución, para lo cual no ha menester de específico cambio legislativo, bastándole un entendimiento racional y dúctil de ellas a concepciones, ambiente, organización social, necesidades nuevas, distintas de las que las originaron, posiblemente contrarias a ellas en armonía con la equidad y los requerimientos vitales”. Se debe observar que todos los códigos se refieren a la interpretación de sus normas. El Código de Procedimiento Civil en el artículo 4º, el Penal artículo 15 y el Procedimiento Penal artículo 24, en la Ley 200 de 1995 en el artículo 13 y en la Ley 734 de 2002 en el artículo 20; todo ello sin dejar de mencionar el artículo 230 de la Carta Política que fija criterios auxiliares para la aplicación de las normas en la labor de administrar justicia por el

juez. De lo anterior se establece con claridad la aplicación de la hermenéutica jurídica en la aplicación de la ley en general y en particular en los diversos códigos que regulan las diversas materias y por consiguiente aplicable en materia disciplinaria sancionatoria para 8 desentrañar el contenido material de las normas, por lo tanto no le asiste razón al profesional del derecho en la crítica enunciada. El mismo C.D.U. anterior en su artículo 18 como el vigente en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, establecen dicho criterio hermenéutico, así: "En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán los Tratados Internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia y lo dispuesto en los Códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho Disciplinario". Y en cuanto a la Constitución Política debe anotarse en relación con ella cuál fue la voluntad del legislador o del constituyente como en efecto se revisó en el anexo 1 del cuaderno 12 y folio 11 del cuaderno 11 sobre la redacción de la norma, en la cual influyó en forma decisiva con sus luces el propio doctor Carlos Ossa Escobar, quien como constituyente supo muy bien qué se pretendió con la norma: acabar con la influencia política en la Contraloría, pues ese fue el fin perseguido con la norma. De manera que no tiene prosperidad el argumento.

3.- Finalmente pide el representante legal del Doctor Ossa Escobar que se corrija y modifique la suma que se estipuló como multa, ya que hubo error en la tasación porque su sueldo fue de $1934.666.oo anexando una certificación de la Dirección de Talento Humano de la entidad, en tal sentido, de agosto de 2003.

Se Considera: En relación a este punto para el despacho la petición tiene fundamento parcialmente porque es evidente que el apoderado del doctor Ossa aportó una certificación de la Dirección de Talento Humano, referida únicamente a la asignación básica del ex Contralor General correspondiente al año de 1999 y la cantidad allí indicada corresponde a $1934.666.oo, certificación expedida el 19 de agosto de 2003.

Dicha suma es igual a la certificada por la misma oficina el 16 de diciembre de 2001 como asignación mensual básica, la cual hace parte de lo que constituye salario (folio 161 anexo 17). La Ley 200 de 1995 en su artículo 32 habló del "…salario devengado al tiempo de cometerlas…" y la Ley 734 de 2002 en su artículo 46 expresa el límite de las sanciones refiriendo que dicha sanción de carácter pecuniario "…no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta ". El Código Laboral en su artículo 127 (Ley 50/90 art. 14) dice: "Elementos integrantes. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe

9 el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones". El Consejo de Estado en concepto del Consejero Flavio Augusto Rodríguez Arce de la Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 1393 del 18 de julio de 2002, al referirse al régimen salarial y prestacional de los empleados públicos por consulta del Ministro del Interior a solicitud del Alcalde Mayor de Bogotá, dijo que había que distinguir entre salario, sueldo, asignación básica y factores de salario. Al referirse al primero citó el artículo 127 del Código laboral ya transcrito y expresó además que de conformidad con el artículo 42 del Decreto 1042 de 1978( Del Alcalde Distrital) "además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios" (resaltado nuestro). De otra parte el sueldo es una noción restringida que coincide con la asignación básica fijada por la ley para los diversos cargos de la administración pública, mientras que el salario es una noción amplia que comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. La asignación básica correspondiente a cada empleo, según el artículo 13 del decreto

comentado, está determinada por sus funciones y responsabilidades, así como por los requisitos de conocimientos y experiencias requerido para su ejercicio, según la denominación y el grado establecidos en la nomenclatura y escala del respectivo nivel. Los factores de salario son la retribución o contraprestación directa por los servicios que presta el trabajador entre los cuales está la asignación básica y demás retribuciones como los incrementos por antigüedad, la prima técnica los gastos de representación etc., Sin embargo el Decreto 065 de 8 de enero de 1999 que fijó las escalas de remuneración de la Contraloría General de la República dijo en su artículo 2 que el Contralor General tendrá una remuneración mensual de $ 5374.071.oo distribuidos así : $ 1934.666.oo como asignación básica y $ 3439.405.oo como Gastos de representación. La ley 4 de 1992 en su artículo 15 creó para los magistrados de las altas cortes, para los titulares de los entes de control, para el Defensor del Pueblo y para el Registrador Nacional del Estado Civil , la prima especial de servicios, sin carácter salarial. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 873 de 1992 en su artículo 4 y el decreto de aumento referido así lo dijo en el artículo antes mencionado. 10 De manera que es parcialmente de recibo la solicitud del apoderado del doctor Ossa pero no solamente en cuanto al valor de la asignación básica mensual al aportar certificación del sueldo devengado por el Contralor General en el año de 1999, que es sólo uno de los factores salariales, sino que también se incluirán los gastos de representación según la certificación que posee la Procuraduría de su salario, como lo dispone la Ley 734 de 2002

en su artículo 46, en la que se incluye además de la asignación básica mensual ($ 1'934.666.oo), los gastos de representación ($3439.405.oo), lo que suma la cantidad de $ 5374.071.oo multiplicado por tres meses, (90) días de sanción, para un total de $16 122.213.oo. La Prima Especial de Servicios ($ 5840.342.oo) del Contralor General no se incluirá como salario según los términos del propio precitado decreto. Tampoco lo será la prima técnica del Vicecontralor y del Secretario Administrativo (artículo 2 ídem) por lo que se les hará el descuento respectivo. Respecto del Vicecontralor Lafaurie Rivera y del Secretario Administrativo la sanción de sesenta (60) días de multa equivaldrá a la suma de su asignación mensual básica mas los gastos de representación y la prima de alta gestión, así: Del primero: $ 1973.947.oo mas $ 1973. 947.oo mas $ 1496.044.oo para un total de $ 5 443.938.00 multiplicado por 2 meses (60 días) de multa, equivalen a $ 10887.876.oo.

Del segundo: $ 2997.797.oo mas $ 599.559.oo para un gran total de $ 3 597.356.oo multiplicado por 2 meses (60) días de multa, equivalen a la cantidad de $ 7 194.712.oo.

B) Del apoderado del ex Vicecontralor General Lafaurie Rivera y del ex Secretario Administrativo Casasfranco Vanegas quien solicitó respecto del primero la revocatoria del fallo y que en su lugar se profiera absolución porque no incurrió en

falta disciplinaria. El impugnante fundamentó su alegación en los siguientes argumentos: En la primera parte de su presentación del recurso (hoja 1) argumentó lo mismo que repite en el punto 2 literal a) de violación de los principios fundamentales del derecho disciplinario y coincide con la primera parte del punto 1 del apoderado del doctor Ossa Escobar. Expresó en él que el fallo recogió interpretaciones que no permite nuestro sistema legal desconociendo los principios de legalidad y tipicidad de las conductas. El ente instructor desconoció las garantías normativas al realizar el juicio de valor sobre una acción que no es típica. Es contrario a la ley que la Procuraduría recurra a interpretaciones analógicas para poder desarrollar una hipótesis normativa que no posee el numeral 10 del artículo 268 de la 11 Constitución Política violando referencias normativas internacionales y los artículos 29 inciso 2° y 6 de la misma Carta. En la segunda parte (hoja segunda) expresó que en el proceso disciplinario se vulneró el principio de im