PGN - ILICITUD SUSTANCIAL - El incumplimiento del deber funcional es el que orienta la det

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., marzo veintidós (22) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala No. 10.

Radicación No. : 161-3414 (165-105999/04)

Investigados: MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ Cargo y Entidad: Contralor Departamental de Santander Quejoso: Informe de Auditoría General de la República Fecha Hechos: Mayo 7 de 2002

Fecha Queja: Junio 25 de 2004

Asunto: Apelación fallo.

P.D. Ponente: Doctora DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ En virtud de la atribución conferida por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el propio disciplinado Miguel Ángel Pinto Hernández, quien se desempeñó como Contralor Departamental de Santander, para la época de los hechos investigados, la Sala Disciplinaria revisa la providencia del 11 de diciembre de 2006, por medio de la cual el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal lo declaró disciplinariamente responsable por el quinto cargo formulado en auto del 26 de enero de 2005, imponiéndole sanción consistente en suspensión de seis (6) meses del ejercicio del cargo, pudiéndose convertir el término de la sanción o el que faltare, según el caso, en salarios, de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, en el evento en que el disciplinado no se encuentre en la actualidad ejerciendo el cargo de Contralor Departamental, conforme al artículo 44

de la Ley 734 de 2002. ANTECEDENTES PROCESALES La actuación disciplinaria se originó del informe de auditoría suscrito por el Dr. Horacio Cristancho Torres, Gerente Seccional de la Auditoría General de la Radicado No. 161-3414 República, quien mediante oficio No. 216-2-3841 del 1 de junio de 2004, dio traslado a la Procuraduría Regional de Santander de los documentos de trabajo en los cuales se manifiesta la comisión de presuntas irregularidades de carácter disciplinario al suscribir el Contrato No. 071 del 7 de mayo de 2002 con el señor Boris Bladimir Arias Jaimes, cuyo objeto consistía en representar judicialmente a la Contraloría Departamental de Santander constituyéndose como parte civil dentro de los diferentes procesos penales que se adelantaban por delitos contra intereses patrimoniales del Estado (fls. 4 a 19 C.O. 1). En el formato de traslado interno de hallazgo, el ente de control menciona que dentro de la carpeta del mencionado contrato no se encontró el estudio de conveniencia y oportunidad para contratar, certificado sobre inexistencia de personal de planta, invitación pública, contrapropuestas, estudios de evaluación y selección, afiliación a la seguridad social, certificado de pago de derechos de publicación en el Diario Oficial, póliza de anticipo y de cumplimiento, acto de aprobación de pólizas y acta de liquidación del contrato. Con fundamento en el oficio remisorio y los documentos soportes anexos, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, a quien correspondió

por reparto el conocimiento de las presentes diligencias, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de Miguel Ángel Pinto Hernández, en calidad de Contralor Departamental de Santander (E) (fls. 20 a 24 C.O. 1), a quien le fueron formulados cargos mediante auto del 26 de enero de 2005, entre otros, por no exigirle al contratista el requisito indispensable de estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, desconociéndose con dicha omisión, el cumplimiento del deber del contratista para prestar sus servicios a nombre del Departamento de Santander, contraviniendo el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 (fls. 137 a 144 C.O. 1). La anterior decisión le fue notificada personalmente a Miguel Ángel Pinto Hernández (fls. 157 C. 1), en virtud de lo cual presentó personalmente sus descargos en los que allega pruebas y solicita la práctica de otras (fls. 159 a 165 C. 1), petición que fue resuelta favorablemente al investigado mediante proveído del 27 de junio de 2005, en el que se accedió a la práctica de pruebas, comisionando para la práctica de ellas al Procurador Regional de Santander (fls. 203 a 205 C. 1). Con auto del 6 de octubre de 2005, el a quo ordenó correr traslado al disciplinado para que presentara alegatos de conclusión (fls. 209 C.O. 1), decisión que fue notificada por estado fijado el 18 del mismo mes y año (fl. 215), luego de lo cual profirió fallo de primera instancia mediante providencia del 11 de diciembre de 2006,

declarando disciplinariamente responsable solamente del quinto cargo formulado a 2 Radicado No. 161-3414 Miguel Ángel Pinto Hernández, a quien le fue impuesta sanción disciplinaria consistente en Suspensión de seis (6) meses en el ejercicio del cargo de Contralor Departamental de Santander y fue absuelto de responsabilidad disciplinaria en relación con el resto de los cargos formulados (fls. 219 a 231 C.O. 1). El fallo fue notificado personalmente al disciplinado (fls. 239 C. 1), en virtud de lo cual presentó y sustentó el recurso de apelación dentro del término legal (fls. 240 a 244 y 248 a 252 C.O. 1), recurso que fue concedido en el efecto suspensivo para ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación mediante auto del 23 de enero de 2007 proferido por el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal (fls. 245 C.O. 1). DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El fallador de instancia describe en la providencia el trámite del proceso, los cargos formulados, resume los argumentos del memorial de descargos presentado por el disciplinado en su oportunidad y presenta los argumentos respecto de los cuales absolvió de responsabilidad disciplinaria en relación con los cargos primero, segundo, tercero, cuarto y sexto, así como los argumentos por medio de los cuales dedujo responsabilidad disciplinaria del quinto cargo formulado, los cuales se resumen así (fls. 219 a 231 C.O. 1): Dice el fallo que al disciplinado se le endilgó irregularidad en el quinto cargo por no

exigir del contratista el requisito indispensable de estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (fl. 141). Asevera el fallador de instancia que el señor Miguel Ángel Pinto Hernández, en su condición de Contralor del Departamento de Santander para la época de los hechos, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 071 del 7 de mayo de 2002, con el señor Boris Bladimir Arias Jaimes, con el objeto de representar judicialmente a la Contraloría Departamental, constituyéndose en parte civil de los diferentes procesos penales que se adelantan por delitos que atenten contra el patrimonio del Estado, sin exigir del contratista el requisito señalado por el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995 según el cual: “las personas naturales que contratan con el Estado en la modalidad de prestación de servicios no están obligadas a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta ley, siempre y cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a 3 meses”. 3 Radicado No. 161-3414 Menciona que el término de ejecución sería el que corresponda a cada uno de los procesos asignados, de acuerdo al desarrollo y término que conlleve la jurisdicción penal en conocer y fallar cada uno de los mismos y hasta su terminación y que para el caso bajo examen el contrato fue superior a los tres (3) meses, como se advierte en el texto del contrato, en su cláusula cuarta, la cual estableció un plazo superior a tres (3) meses, por cuanto se trataba de un contrato de representación judicial de un

sinnúmero de procesos penales que se iban a adelantar en el ente fiscal y hasta su terminación, requiriéndose en criterio del fallador de instancia del requisito de encontrarse afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral, como lo ordena la Ley 100 de 1993. Para el fallador de instancia, el requisito echado de menos en el expediente constituye un incumplimiento de las normas contractuales por parte del disciplinado, al suscribir el contrato sin que mediara la exigencia de aquél, el cual es de obligatorio cumplimiento en los contratos de prestación de servicios cuya duración sea superior a tres (3) meses, los cuales tienen un trámite reglado al tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, por cuanto la administración debe someterse a las disposiciones que regulan esta modalidad de vinculación contractual, que exige que para la celebración de un contrato de prestación de servicios, no debe implicar para el servidor público pretermisión de los requisitos y tramites que la Ley ordena en forma imperativa y que en el presente caso es claro para el a quo que el disciplinado Pinto Hernández no cumplió con lo allí preceptuado, situación que está acreditada en las pruebas que obran en el expediente. Sostiene que el disciplinado, al suscribir el referido contrato sin que se le exigiera el requisito de acreditación de afiliación a un sistema integral de salud al contratista, contravino lo establecido en el artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, en cuanto dicha conducta omisiva no se ajustó a los fines de la actividad contractual y a la protección de los intereses de la

entidad y por tanto debía ejercer en forma cabal el manejo y dirección de toda la actividad contractual, toda vez que para este tipo de contratos se debe exigir dicha afiliación, por cuanto el contrato superó los tres (3) meses de ejecución, dado que él como representante legal y ordenador del gasto del ente fiscal, no exigió la afiliación a un sistema de salud y pensiones con anterioridad a la suscripción del contrato, como lo ordena la Ley 100 de 1993, desprotegiéndose los derechos de la entidad y de los terceros que puedan verse afectados con la suscripción del respectivo acuerdo de voluntades. 4 Radicado No. 161-3414 Dice que la conducta desplegada por el disciplinado, constituye falta disciplinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002, por faltar al deber impuesto en el artículo 282 de de la Ley 100 de 1993. La falta cometida por Miguel Ángel Pinto Hernández fue calificada como grave en consideración a que si bien es cierto con la referida conducta se desconocieron los principios que rigen la contratación estatal, entre ellos el de responsabilidad, se dio aplicación a lo previsto en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, según el cual la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida a título de culpa grave, será considerada falta grave. Para el a quo la falta fue imputada a título de culpa grave, porque el disciplinado faltó al deber de actuar con diligencia y precaución en el ejercicio de sus funciones, al no implementar ningún tipo de mecanismo con el fin de establecer que toda la

documentación previa a la suscripción del contrato, estuviera soportada en forma completa, entre ellas, el requisito de afiliación del contratista a un sistema de seguridad social. Finalmente al dosificar la sanción, el fallador de instancia impuso a Miguel Ángel Pinto Hernández, en condición de Contralor del Departamento de Santander, una sanción disciplinaria consistente en suspensión del cargo por el término de seis (6) meses, de conformidad con lo expuesto en los artículos 44 numeral 3 y 46 ibidem, en atención a que se trata de una falta grave culposa, especificando que en el evento en que el mencionado disciplinado no se encontrare en el ejercicio de funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante la ejecutoria del mismo, el término de suspensión se puede convertir en salarios de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, conforme al artículo 44 de la Ley 734 de 2002. RECURSO DE APELACIÓN Una vez notificado en debida forma del fallo de instancia, el disciplinado presentó personalmente el recurso de apelación dentro del término legal, el cual fue sustentado en los siguientes términos (fls. 248 a 252 C.O. 1): Afirma el disciplinado en su recurso que la Contraloría Departamental de Santander, al igual que todas las entidades oficiales, tiene un manuel de funciones para todos sus empleados, pero que si bien es cierto el Contralor Departamental es el jefe o representante legal de la entidad, cada empleado tiene asignadas unas funciones específicas que debe cumplir y por las que tiene que responder y que para el caso que ocupa la atención de esta investigación, era la Oficina Jurídica la encargada de

5 Radicado No. 161-3414 adelantar y revisar todos los trámites de las actuaciones precontractuales, contractuales y postcontractuales y la Secretaría General la encargada de verificar el cumplimiento del desarrollo del contrato. Describe el proceso contractual al interior de la Contraloría Departamental durante su administración, señalando a la Oficina Jurídica como la dependencia a la que le correspondía verificar que se cumplieran todos los requisitos precontractuales de ley para la celebración de un contrato, elaboraba posteriormente la minuta del contrato para la firma del Contralor Departamental y posteriormente verificaba que el contratista aportara los documentos exigidos por la ley, como la cédula, antecedentes disciplinarios, judiciales, publicaciones, pólizas, afiliación a la seguridad social, esa misma oficina aprobaba las pólizas y el cumplimiento de los demás requisitos para que el contrato pudiera entrar en ejecución. Menciona que al despacho del Contralor Departamental solo llegaba la minuta del contrato para su firma que había sido previamente elaborada y revisada por a Oficina Jurídica y agrega que una vez firmada por el Contralor, se enviaba el contrato nuevamente a la Oficina Jurídica para que continuara con su trámite y hasta ahí llegaba la función del Contralor Departamental. Prosigue su relato diciendo que la Oficina Jurídica entregaba la copia del contrato al contratista para que éste procediera a publicarlo, a solicitar pólizas y se lo devolviera con todos los soportes de ley, como el recibo de pago de la publicación, pólizas con sus recibos de pago, a la seguridad social, antecedentes disciplinarios y judiciales,

etc, documentos que en criterio del disciplinado debían acreditarse ante la Oficina Jurídica y no ante el Contralor Departamental y que era aquella dependencia la que debía velar porque estos documentos fueran aportados, verificados y aprobados y que cualquier omisión de estos requisitos solo pude ser endilgada al funcionario encargado y de manera alguna al Contralor Departamental. Aduce que en la actuación contractual hay unas funciones específicas radicadas en cada funcionario, por ejemplo, el jefe de la oficina de presupuesto expide la disponibilidad presupuestal, el Contralor firma el contrato, la Oficina Jurídica verifica que los documentos sean allegados, aprueba la póliza, la Secretaría General verifica el cumplimiento de los contratos, el tesorero paga, pero que cada uno es responsable por el cumplimiento de sus funciones y que el Contralor no puede ni debe responder por las acciones u omisiones de cada uno de sus funcionarios porque para eso existe el manual de funciones que cada uno debe cumplir. Asevera que si el contratista no aportó o la Contraloría no le exigió la afiliación a la seguridad social, ésta era una responsabilidad del Jefe de la Oficina Jurídica quien 6 Radicado No. 161-3414 debe responder por la omisión del referido requisito y no el Contralor Departamental, por cuanto dicha función se radicó en cabeza de un funcionario específico. Alega que la Procuraduría le endilga el cargo argumentando que en el texto del contrato no se contempló, como una de las obligaciones del contratista, el allegar dicha obligación, para lo cual trascribe el artículo 282 de la Ley 100 de 1993,

subrogado por el artículo 114 del Decreto No. 2150 de 1995, para argumentar que la ley exige a las personas naturales la acreditación de la afiliación al sistema de la seguridad social, cuando la duración del contrato sea superior a tres (3) meses, si dicha exigencia no se contempla en el contrato, lo cual no quiere significar que se exima al contratista de la obligación de acreditar dicha afiliación, dado que ésta es una exigencia de ley y no contractual. Reitera que era al Jefe de la Oficina Jurídica a quien le correspondía exigir la acreditación al Sistema General de Seguridad Social, alegando que este documento se acredita ante esa dependencia, junto con los antecedentes disciplinarios, publicaciones, pólizas y demás, con posterioridad a la firma del contrato por parte del Contralor Departamental, toda vez que en su criterio para eso existe una oficina encargada de dichos trámites y que en este evento, como corolario de lo expuesto, no incumplió sus deberes, ni abusó o se extralimitó en el ejercicio de derechos y funciones, ni incurrió en prohibiciones, inhabilidades o conflictos de intereses como Contralor Departamental, como para que su actuar constituya falta disciplinaria y que en ese orden no existe conducta alguna que le pueda ser reprochada, por cuanto la posible omisión de sus funciones no existió en cuanto la función se encontraba asignada a otro funcionario de la entidad. Expresa que si bien es cierto no existió la falta disciplinaria, considera como exagerada la dosificación de la falta para sancionarla con seis (6) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, toda vez que no existió dolo ni daño patrimonial

alguno a la entidad, además que ni siquiera está probado dentro del expediente que el contratista no acreditara dicha afiliación al sistema general de seguridad social, pues simplemente que dicho requisito no aparece aportado por la Contraloría y que si ésta entidad de control fiscal no aportó este requisito echado de menos, no implica en manera alguna que el contratista no lo haya acreditado, por cuanto ni la Procuraduría ni él mismo disciplinado pueden probar el hecho por la cantidad de documentos que desaparecieron en la Administración de Amilkar Coronado y como la carga de la prueba le corresponde a la Procuraduría y no al disciplinado, dice que debe reconocérsele el beneficio de la duda razonable, no obstante que en uno u otro caso no existió falta disciplinaria alguna. 7 Radicado No. 161-3414 Por último menciona que no existiendo conducta alguna que pueda ser reprochada al Contralor Departamental, solicita la revocatoria del fallo proferido en primera instancia por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y se le exima de responsabilidad disciplinaria. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA COMPETENCIA Teniendo en cuenta que de acuerdo con la naturaleza del asunto, la calidad y jerarquía del Servidor Público investigado, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal conoció y falló en primera instancia el presente proceso disciplinario, es competencia de la Sala Disciplinaria entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 11 de diciembre de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1o. del artículo 22 del Decreto 262 de

2000.

CARGOS FORMULADOS: A MIGUEL ANGEL PINTO HERNÁNDEZ, identificado con la cédula ciudadanía No. 91.216.951 de Bucaramanga, en condición de Contralor del Departamento de Santander (E), para la época de los hechos investigados, cargo que desempeñó entre el 24 de mayo de 2001 al 10 de junio de 2002, según consta en la certificación expedida por el Coordinado del Grupo de Administración de Documentos de la Contraloría Departamental de Santander (fls. 41 vto. C.1), fue hallado responsable en fallo de instancia por el quinto cargo (fls. 242 a 246 C.O. 1): “QUINTO CARGO: “Se señala igualmente que no se exigió del contratista el requisito indispensable de estar afiliado al Sistema de Seguridad Social integral. “Con tal omisión, se desconoció el cumplimiento de un deber inaplazable por parte del contratista para prestar sus servicios a nombre de la NaciónDepartamento de Santander”.

Como normas presuntamente violadas por el disciplinado con la anterior conducta le fueron citados los artículos 3 y 26.1 de la Ley 80 de 1993, 282 de la Ley 100 de 8 Radicado No. 161-3414 1993, lo cual “constituye falta disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 48.31 por la vulneración del deber consagrado en el artículo 34.1 de la Ley 734 de 2002, la cual ya había entrado en vigencia para la época de ocurrencia del hecho cuestionado”. La falta fue calificada inicialmente en el auto de cargos como gravísima y finalmente

en fallo de primera instancia como grave con el argumento según el cual si bien es cierto que con dicha actuación fueron desconocidos los principios que rigen la contratación estatal, entre ellos el de responsabilidad, el a quo dio aplicación a lo previsto en el numeral 9 del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, el cual establece que la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida a título de culpa grave, será considerada falta grave. La falta fue imputada a título de culpa grave, por faltar al deber de actuar con diligencia y precaución en el ejercicio de sus funciones, al no implementar ningún tipo de mecanismo con el fin de establecer que toda la documentación previa a la suscripción del contrato, estuviera soportada en forma completa. ANÁLISIS Y VALORACIÓN JURÍDICA DE LA PRUEBA Y LOS ALEGATOS PRESENTADOS POR EL RECURRENTE Dentro del plenario se encuentran debidamente allegadas las pruebas que acreditan la existencia de los siguientes hechos: El 7 de mayo de 2002, el Contralor Departamental de Santander (E) Miguel Ángel Pinto Hernández suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 071 con el abogado Boris Bladimir Arias Jaimes, con el objeto que este ejerciera la representación judicial de la Contraloría Departamental de Santander, constituyéndose en parte civil dentro de los diferentes procesos penales que se adelantaban por delitos que atentaban contra intereses patrimoniales del Estado en veintiséis (26) procesos penales repartidos en diferentes municipios dentro del Departamento, por valor de veintiséis millones de pesos ($26000.000,oo), con un

plazo de ejecución correspondiente al tiempo que corresponda a cada uno de los procesos asignados y de acuerdo al desarrollo y término que conlleve la jurisdicción penal en conocer y fallar cada uno de los mismos y hasta su terminación, contado a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución (fls. 65 a 67). Entre el 18 y 28 de noviembre de 2003, la Auditoría General de la República realizó visita de auditoría especial a la Contraloría Departamental de Santander en la que el ente de control evidenció la existencia de presuntas irregularidades de tipo disciplinario en la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 9 Radicado No. 161-3414 con el profesional del derecho Boris Bladimir Arias Jaimes. En el formato de traslado interno de hallazgo se mencionó expresamente que dentro de la carpeta del referido contrato no se encontró, entre otros requisitos, la afiliación a la seguridad social, el cual es necesario e indispensable para la suscripción y el perfeccionamiento del contrato (fls. 4 a 8). Con la remisión del hallazgo a la Procuraduría Regional de Santander se allegó por parte de la Auditoría General la cuenta de cobro, informe de gestión por parte del contratista y firma de poderes, entre otros (fls. 14 a 19). El 13 de octubre de 2004, la Procuraduría realizó visita especial a la Oficina Jurídica de la Contraloría Departamental de Santander en la que se puso de presente la carpeta contentiva de los documentos del contrato 071 del 7 de mayo de 2002, entre los cuales se destacan el Contrato referido, la hoja de vida del contratista con sus

respectivos anexos, certificado de responsabilidad fiscal, del Consejo Seccional de la Judicatura, la Resolución por medio de la cual se reconoce el anticipo del cincuenta por ciento (50%), la disponibilidad y el registro presupuestal, dejándose expresa constancia que una vez revisada la carpeta del referido contrato no se observa el requisito de encontrarse el contratista afiliado a la seguridad social (fls. 63 a 129). En versión libre y espontánea rendida el 15 de octubre de 2004 por el disciplinado Miguel Ángel Pinto Hernández, señala que posteriormente a la celebración de los contratos, los contratistas llevaban sus contratos para cumplir los requisitos de póliza y publicación en el diario oficial y estampillas, pero que esos documentos eran presentados a la Oficina Jurídica a cargo del doctor Oscar Tellez, quien procedía a elaborar el acta de aprobación de pólizas, no obstante advierte la Sala en este caso que pese a indagársele al disciplinado sobre la omisión del requisito de afiliación a la seguridad social del contratista, no hizo mención alguna al respecto (fls. 130 a 133). En relación con el contrato de prestación de servicios, la Sala considera pertinente precisar que es un acuerdo de voluntades mediante el cual el Estado, en este caso la Contraloría Departamental de Santander, vincula a una persona natural en forma excepcional, para suplir actividades o labores relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar actividades especializadas que no puede asumir el personal de planta; si bien con él se materializa una relación contractual entre la entidad estatal que contrata y la persona natural que no admite

el elemento de subordinación de parte del contratista, por cuanto éste actúa como parte autónoma e independiente sujeta a los términos del contrato y de la ley contractual, las características de las labores que a ellos se encomiendan, que tienen una relación directa con el servicio público, exigen de la Administración un 10 Radicado No. 161-3414 minucioso control sobre sus calidades y condiciones, similar al que debe adelantar cuando selecciona a las personas que vincula como servidores públicos. La vinculación como contratistas o como servidores públicos, encuentra justificación en las necesidades mismas de la Administración, ante lo cual el Estado está en la obligación de seleccionar aquellas personas naturales que acrediten las mejores condiciones profesionales, éticas y morales, haciendo indispensable contar con instrumentos técnicos eficaces para el efecto. El artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto No. 2150 de 1995, establece que las personas naturales que contraten con el Estado en la modalidad de prestación de servicios, no están obligadas a acreditar afiliación a los sistemas de salud y pensiones previstos en esta ley, siempre y cuando la duración de su contrato sea igual o inferior a 3 meses. Conforme al acervo probatorio que obra dentro del proceso y a las disposiciones anteriormente señaladas, para la Sala es claro que el señor Boris Bladimir Arias Jaimes no allegó la totalidad de los documentos requeridos para la suscripción y legalización del contrato, pues no se acreditó la afiliación al sistema de seguridad social integral (salud y pensiones) previamente a la suscripción y/o legalización del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 071, siendo un deber cumplir

con este requerimiento, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el objeto del contrato su ejecución se extendió más de tres (3) meses, prueba de ello es que habiéndose suscrito el acuerdo de voluntades el 7 de mayo de 2002, la Secretaria General de la Contraloría Departamental le envía al contratista el oficio No. 1647 del 4 de junio de 2003, es decir, más de un (1) año después, invitándolo a que se acerque al despacho de la Secretaría General con el fin de procurar un acuerdo de terminación del vínculo contractual y se proceda a la liquidación del mismo. Así mismo era perfectamente previsible desde la misma justificación o estudio de conveniencia del contrato que si lo pretendido por la Contraloría Departamental a cargo del disciplinado Pinto Hernández era contratar la prestación de servicios profesionales de un abogado para que representara judicialmente a la entidad, constituyéndose en parte civil dentro de 26 procesos penales repartidos en diferentes municipios del departamento y que de conformidad con la cláusula cuarta del plazo y ejecución, el término sería el empleado por la jurisdicción ordinaria para conocer y fallar los procesos penales, para la Sala es claro que la entidad ni el contratista podían prever que veintiséis (26) procesos penales se podían investigar y fallar en tan solo tres (3) meses, razón por la que sí era deber del disciplinado prever y exigir del contratista la acreditación de la afiliación a la seguridad social integral 11 Radicado No. 161-3414 (salud y pensiones), como lo señala el artículo 282 de la Ley 100 de 1993,

subrogado por el 114 del Decreto No. 2150 de 1995. Contrario a lo señalado por el propio disciplinado en su escrito de recurso en el sentido que no existe prueba de la conducta omisiva reprochada como falta disciplinaria en el quinto cargo, para la Sala son suficientes pruebas de la omisión las visitas realizadas por la Auditoría General de la República (fls. 4 a 8) y la Procuraduría General de la Nación a las dependencias de la Contraloría Departamental de Santander, en las que se advierte que una vez revisada la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios No. 071 del 7 de mayo de 2002, no se encontró, entre otros, el requisito o documento que acreditara la afiliación del contratista Boris Bladimir Arias Jaimes al sistema general de seguridad social integral, dejándose constancia en esta última visita en el sentido que según información suministrada por la funcionaria que atendía la visita, en la Oficina Jurídica no reposan más archivos del contrato materia de investigación (fls. 63 y 64). Cabe señalar que el contratista no allegó ni el disciplinado exigió con anterioridad o al momento de la celebración del contrato de prestación de servicios, la documentación que soportara la afiliación al régimen de pensión y salud como lo exige el artículo 282 de la Ley 100 de 1993 (Régimen de S