PGN - ILICITUD SUSTANCIAL - Implica el desconocimiento de los principios que rigen la func

NOTA DE RELATORIA: Se eliminan los datos relativos a direcciones personales en garantía de los derechos a la intimidad y seguridad CONTRATACIÓN ESTATAL-Falta disciplinaria al suscribir convenio con organismo internacional desconociendo las normas y principios de la ley 80 de 1993

DESTITUCIÓN-De la Gobernadora del Vaupés al violar los principios de transparencia y responsabilidad previstos en la contratación estatal No cabe duda, entonces, que el convenio 001 de 2005 no podía someterse al reglamento interno de la OEI, sino que debía celebrarse y ejecutarse conforme a las reglas de la Ley 80 de 1993 y, concretamente, que debía adjudicarse previo el adelantamiento de una licitación pública, dados su cuantía y su objeto, pues en realidad éste tuvo por objeto la simple administración de recursos públicos. En estas condiciones y vistos los antecedentes normativos y jurisprudenciales citados, considera esta colegiatura que el primer cargo, tal como se razonó en el fallo de primera instancia, debe ser confirmado. En efecto, el convenio mencionado se celebró el 21 de diciembre de 2005, cuando el inciso cuarto del artículo 13 de dicha ley ya había sido declarado exequible pero de manera condicionada por la Corte Constitucional, lo que supone entender que la opción primigenia prevista en dicho inciso no podía utilizarse. Lo expresado resultó más claro aún con la expedición del Decreto 2166 de 2004, que dispuso, expresamente, que no podrían entenderse como contratos o convenios de cooperación y asistencia técnica internacional aquéllos cuyo objeto fuera la administración de recursos.

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS-Discrecionalidad condicionada según jurisprudencia constitucional/JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL-Los contratos de administración de recursos públicos no pueden someterse a los regímenes de los organismos internacionales “…la Corte Constitucional, mediante sentencia C-249 de 16 de marzo de 2004, declaró la exequibilidad condicionada del inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80, «en el entendido de que la discrecionalidad allí prevista sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales». Con el fin de señalar criterios claros en relación con la aplicación de la sentencia citada, el Procurador General de la Nación expidió la Directiva 10 de 21 de mayo de 2004, por la cual consideró, entre otras cosas, que el artículo 15 del Decreto 2170 de 2002 no podría seguir aplicándose, por resultar contrario a la interpretación que, del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, hizo la Corte Constitucional, por ello dispuso en su artículo quinto: Todo convenio o contrato en donde exista aporte de dineros públicos del Estado Colombiano con entidades y organismos internacionales a ejecutarse en el territorio colombiano, sin importar el porcentaje del mismo, ha de sujetarse a los principios y normas de la Ley 80 de 1993. En

consecuencia, las entidades públicas no podrán en este evento, someterse a los reglamentos de contratación de tales entidades, en todo lo relacionado con los procedimientos de formación, adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, pago y ajustes». (Subrayado de la Sala). PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA-Jurisprudencia contenciosa administrativa Radicación n.° 161 – 4789 Más recientemente el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en sentencia de 22 de marzo de 2012, siguiendo este presente jurisprudencial expresó lo que a continuación se transcribe: Este pronunciamiento permite señalar que la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer la potestad disciplinaria, se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa, esto es, el que contiene la decisión principal o primigenia y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa. De esta manera, si el fallo de primera instancia fue proferido por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública el día 19 de noviembre de 2010, decisión que fue notificada los días 9 y 13 diciembre de esa misma anualidad (fols. 284 y 271 cuad. 4), no hay duda que para ésta última fecha el Estado se encontraba dentro del término legal para ejercer la potestad disciplinaria, pues el convenio de cooperación 001 fue suscrito el 21 de diciembre de 2005; por lo tanto, no existe razón para declarar la prescripción de la acción disciplinaria. ILICITUD SUSTANCIAL-Implica el desconocimiento de los principios que rigen la

función pública/CULPABILIDAD-Falta gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental pues se omitió el deber de cuidado La ilicitud sustancial de una conducta se configura cuando se infringe el deber funcional, pero siempre y cuando ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública, como los que se enuncian en el artículo 209 de la Carta Política, y en el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, norma que se refiere a los principios de la función pública (titulados en esa norma como principios de la función administrativa), entre los cuales se destaca, por ser relevante para el presente caso, el de responsabilidad y transparencia En cuanto a la forma de culpabilidad, el a quo atribuyó la falta disciplinaria a título de culpa gravísima por desatención elemental, pues se omitió el deber de cuidado que le era exigible en su condición de ordenadora de gasto del ente territorial, lo que implicaba verificar, previo a la suscripción del convenio, que el mismo estuviera de acuerdo con las normas jurídicas aplicables, deber de cuidado que no cumplió. Contrario a lo sostenido por la defensa, tampoco se está sancionando con responsabilidad objetiva, sino con culpabilidad culposa en la modalidad gravísima, pues lo que se le reprocha es que haya optado por la atípica alternativa de suscribir un convenio con un organismo internacional, en el cual en realidad se delegó la contratación en ese caso concreto y se permitió que tal organismo administrara recursos del Estado. Es decir, que sin justificación alguna se acudió a la figura del convenio con un organismo internacional, la OIT, para permitir la innecesaria intervención de un tercero, y de esta manera

eludir la aplicación del estatuto contractual colombiano. Es claro entonces que la investigada no fue diligente en el ejercicio de sus funciones públicas, pues a pesar de que el convenio tenía un valor superior a los trescientos millones de pesos, desconoció que desde el año 2004 el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación, luego de la expedición de la sentencia C-249 de 2004, había fijado criterios claros con relación a la contratación con organismos internacionales, verbigracia, la Directiva 10 de 2004 y el Decreto 2166 del 7 de 2004. En consecuencia, el fallo de primera instancia, en lo relativo a este primer cargo, será confirmado. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS-Su esencia es la entrega de recursos Pero debe tenerse en cuenta que el anticipo es un préstamo que las entidades estatales realizan a favor del contratista para invertir en la ejecución de un contrato, generalmente, de tracto sucesivo, en tanto el pago anticipado se presenta, como norma general, en los contratos 2 Radicación n.° 161 – 4789 de ejecución instantánea e implica abonar por parte de la entidad contratante al contratista parte del valor total del contrato, pero es claro que en los contratos de administración de recursos públicos, la esencia de los mismos es la entrega de los recursos, por lo que la interpretación de la norma en cita debe entenderse no en el sentido tradicional. En consecuencia, el fallo de primera instancia, en lo relativo a este segundo cargo, será revocado. DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-La revocatoria del segundo cargo no puede tener efectivos reductores La sanción disciplinaria para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima es la

destitución del cargo sumada a una inhabilidad general (num. 1° del art. 44 del CDU), que implica la terminación de la relación del servidor público con administración y la imposibilidad de ejercer la función pública (art. 45 ejusdem) por un periodo no inferior a diez ni superior a veinte años (art. 46 ejusdem); el a quo, luego de verificados los criterios de graduación de la sanción, tasó la inhabilidad general por el término de diez (10) años que, por ser la mínima, la revocatoria del segundo cargo no puede tener efectivos reductores. En consecuencia, la responsabilidad disciplinaria de la funcionaria sustentada en el fallo de primera instancia será confirmada, y la sanción disciplinaria se mantendrá incólume. 3 Radicación n.° 161 – 4789

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012) Aprobado en Acta de Sala n°. 35 Radicación Nº: 161 - 4789 (IUS 2008 – 41138)

Disciplinados: María Eugenia Jaramillo Hurtado y Wilson Ladino Vigoya Cargos y entidad: Gobernadores del departamento de Vaupés

Origen: Informe Informante: Contraloría Departamental de Vaupés Fecha del informe: 29 de septiembre de 2006

Fecha de las conductas: Vigencia 2005

Asunto: Apelación interpuesto fallo de primera instancia que impuso sanción disciplinaria P.D. Ponente: Dr. JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación desata el recurso de

apelación interpuesto por la señora María Eugenia Jaramillo Hurtado, por medio de su defensora, en contra del fallo de primera instancia proferido el 19 de noviembre de 2010 por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, decisión que tras declararle responsable de las acusaciones formuladas en el pliego de cargos, le impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años.

I. ANTECEDENTES PROCESALES El 29 de septiembre de 2006 la Contraloría Departamental del Vaupés allegó a esta entidad copia del control de advertencia realizado a la Gobernación de ese departamento; en donde se cuestionaba la presunta ocurrencia de irregularidades en varios convenios celebrados con la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello

(SECAB), con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y con la Red de Universidades del Eje Cafetero (Alma Mater). 4 Radicación n.° 161 – 4789 Agotada la etapa de indagación preliminar ordenada mediante auto del 8 de febrero de 2007 (folios 11 y 12 cuad. 1), el 27 de julio de 2009 la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor Wilson Ladino Vigoya y la señora María Eugenia Jaramillo Hurtado, personas que en diferentes momentos fungieron como gobernadores del departamento de Vaupés (folios 222 a 245 cuad. 3). El 16 de diciembre de 2009 la delegada instructora les formuló pliego de cargos a los

dos investigados (fols. 63 a 88 cuad. 4), acusaciones que fueron declaradas probadas el 19 de noviembre de 2010 cuando se expidió el fallo de primera instancia (fols. 239 a 268 cuad. 3). Inconforme con la decisión, la señora Jaramillo Hurtado, por medio de su defensora, interpuso recurso de apelación el 10 diciembre de 2010 (fols. 286 a 293 cuad. 3), recurso que fue concedido por la delegada, mediante auto de 28 de enero de 2011 (fol. 295 cuad. 3), para que fuera resuelto por la Sala Disciplinaria. El señor Ladino Vigoya no apeló.

II. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En la parte resolutiva del fallo de primera instancia, con relación a la apelante, se consignó lo siguiente: «SEGUNDO: Declarar PROBADOS LOS CARGOS formulados a la señora MARÍA EUGENIA JARAMILLO HURTADO, identificada con la CC. No.30.281.390, en su calidad de Gobernadora (E) del departamento del Vaupés, en el año 2005, por los hechos investigados en este expediente, declarándola RESPONSABLE de los mismos, y en consecuencia SANCIONARLA CON DESTITUCIÓN en el ejercicio del cargo, e INHABILIDAD GENERAL POR 10 AÑOS para ejercer cargos públicos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia». (Las negrillas y las mayúsculas son del texto original).

Para sustentar esta decisión, el a quo expuso la siguiente argumentación:

Afirmó que el primer cargo formulado a la señora Jaramillo Hurtado consistió en que ésta presuntamente vulneró los principios de transparencia y de responsabilidad al suscribir, el 21 de diciembre de 2005, el convenio de cooperación 001 con la OEI, convenio que tuvo por objeto la ejecución de ocho (8) proyectos del Plan Departamental «Para volver a creer», por un valor de $339.122.276.00. Acreditó que en la actuación disciplinaria se encuentra probado que el 21 de diciembre de 2005 la señora Jaramillo Hurtado, en su condición de gobernadora encargada del departamento del Vaupés, suscribió con el representante y director regional (e) de la 5 Radicación n.° 161 – 4789 OEI el precitado convenio (folios 7 a 13 cuad. 2), para lo cual la entidad territorial recibiría de la OEI cooperación y asistencia técnica (folio 83 y 233 cuad. 1). Adicionó que en dicho acuerdo de voluntades también se pactó que el plazo de ejecución del convenio sería de seis meses, que la OEI aportaría la suma de $27.700.000 y que el aporte de la entidad estatal ascendería a $339.122.276, recursos que debían ser entregados a la OIE dentro de los ocho días siguientes al perfeccionamiento del convenio (folios 86 y 236 cuad.1). Agregó que la entidad territorial transfirió a la OEI la cifra comprometida de la siguiente manera: a) $339.122.276 (sin fecha definida); b) el 30 de diciembre de 2005,

$170.974.006 (folio 138 cuad.1); c) el 30 de diciembre de 2005, $132.120.000 (folios 217 y 249 cuad. 1); y d) el 29 de diciembre de 2005, $36.028.270 (folio 60 cuad. 1), tal como lo reconoció la ahora investigada mediante oficio DGV828 de 19 de diciembre de 2005 (folios 62 y 63 cuad. 2 y 227 y 228 anexo 1). Adujo que el artículo 2º del Decreto 2166 de 2004 estableció que «No se entenderán como contratos o convenios de cooperación y asistencia técnica internacional aquellos cuyo objeto sea la administración de recursos», por lo que considera que el convenio suscrito por la gobernadora con la OIE no fue de cooperación, sino de administración de recursos públicos. Arguyó que en el acápite denominado «antecedentes y justificaciones» del convenio se estableció que éste sería ejecutado de acuerdo con los reglamentos y procedimientos de la OEI, sin tener en cuenta que la menor cuantía en el departamento del Vaupés, en el año 2005, era de $95.375.000, y que a partir de esta suma se requería adelantar un proceso de licitación pública, tal como lo certifica la Secretaría Jurídica de esa entidad territorial (folio 61 cuad. 4). Añadió que la entidad contratante le entregó a la OEI unos recursos por valor de $339.122.276 con el fin de que los administrara y ejecutara los siguientes ocho proyectos:

1. Compra y dotación para el personal administrativo y docente a que tienen derecho por mandato de la Ley 70 de 1998, correspondiente a la segunda y tercera entrega de

2005, por $95.345.000 (folio 218 cuad. 1).

2. Suministro de luminarias, materiales, transformadores y demás elementos para ampliar y mejorar la cobertura en la prestación del servicio de energía eléctrica, en el municipio de Mitú, por $42.089.000 (folio 142 cuad. 1).

6 Radicación n.° 161 – 4789

3. Suministro de postes, herrajes, cable y luminarias para conectar la ciudadela estudiantil al sistema de distribución eléctrica pública y tender redes para el suministro de energía a sus instalaciones, por $36.775.000 (folio 221 cuad. 1).

4. Adquisición de elementos dirigidos a la implementación del programa departamental de prevención, vigilancia y control de la rabia humana y desratización, por valor de $19.269.270 (folios 228 a 232 cuad.2).

5. Adquisición de equipos de cómputo y equipos audiovisuales con apoyo al área de salud pública, por $16.759 (folios 276 a 279, del anexo 2).

6. Fomento del sector agropecuario a través de la entrega de un kit como apoyo a las comunidades indígenas del municipio de Mitú, por valor de $21.330.900 (folio 148 cuad.1).

7. Fomento a la producción agrícola mediante el manejo y acondicionamiento de suelos para la siembra de chagra, por valor de $18.617.500 (folio 145 cuad.1).

8. Mantenimiento y reparación de las instalaciones de los edificios de la Gobernación, por valor de $72.162.358 (folios 139 y 151 cuad.1).

Advirtió, con relación al segundo cargo, esto es, la presunta vulneración de los principios de transparencia y de responsabilidad previstos en la ley de contratación estatal, que está probado que al suscribir el convenio específico de cooperación 001 de 2005 se desconocieron las normas y principios de la Ley 80 de 1993, pues el convenio no podía someterse a los reglamentos de contratación de la OEI. Adujo que el inciso cuarto del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 establece que «los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes». Explicó que dicha normativa fue declarada condicionalmente exequible por parte de la Corte Constitucional, mediante sentencia C-249 de 2004, «en el entendido de que la discrecionalidad allí prevista sólo puede ejercerse válidamente en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales». Aclaró que en virtud de ello la Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 10 del 22 de mayo de 2004, en la cual se expresó «Que en el mencionado fallo se determinó que el inciso final del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, según el cual las entidades estatales podrán someterse a los reglamentos de los organismos 7 Radicación n.° 161 – 4789

internacionales en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes es inaplicable en relación con aquellos contratos relativos a recursos del Presupuesto General de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan a donaciones o empréstitos». (Subrayado fuera del texto original). Constató que en el auto del 16 de diciembre de 2009 la falta endilgada a la señora Jaramillo Hurtado, por el primer cargo, fue calificada provisionalmente como gravísima, por desconocimiento de los principios de transparencia y de responsabilidad previstos en la contratación estatal e imputada a título de culpa gravísima, en tanto para el segundo cargo la calificación de la falta fue grave, por el grado de culpabilidad, por la jerarquía de la investigada y por la trascendencia social, y fue enrostrada a título de culpa gravísima; tales calificaciones fueron corroboradas en el fallo de primera instancia. Consignó que el artículo 44 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único (en adelante CDU) establece que la sanción para las faltas disciplinarias gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima es la destitución del cargo y la inhabilidad general, en tanto para la comisión de las faltas gravísimas culposas tiene como consecuencia la suspensión del cargo, y que el literal a) del numeral 2 del artículo 47 ejusdem consagra que «si la sanción más grave es la destitución e inhabilidad general, esta última se incrementará hasta en otro tanto», pero que considerando que la disciplinada no registraba antecedentes disciplinarios y que con la conducta no se había

causado detrimento patrimonial, le impuso la sanción de destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general por el término de diez años. III.RECURSO DE APELACIÓN La defensora de la señora Jaramillo Hurtado solicitó que se revoque en su integridad el fallo de primera instancia y que en su lugar se absuelva de responsabilidad disciplinaria a su representada. Las razones que invoca se describen a continuación: Arguyó que se debe tener en cuenta que el principio de «pacta sunt servanda» consiste en que todo tratado que entra en vigor debe cumplirse de buena fe, y que al firmarse el convenio en ningún momento la intención de la disciplinada fue contravenir las disposiciones establecidas en la Constitución y la ley. La Sala de Consulta del Consejo de Estado, en concepto de 29 de enero de 2004, con relación al alcance del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, manifestó que «(…) En virtud de la disposición expresa se autoriza a las entidades estatales colombianas para someter el contrato estatal a celebrarse a las normas contenidas en los reglamentos de 8 Radicación n.° 161 – 4789 entidades extranjeras en cuanto a los procedimientos de formación y adjudicación, y a las cláusulas sobre ejecución, cumplimiento, pago y ajustes (arts. 13, 21 y 40)». Argumentó que dicha especial facultad encuentra su fundamento en la necesidad y en el deber que tiene el Estado (art. 9 Superior) y, por su conducto, las entidades estatales, de incorporarse al concierto de la contratación internacional para aprovechar todos sus recursos y las disponibilidades financieras y tecnológicas dentro de la

regulación general prevista para todos los estados, que, por su generalidad y espíritu de cooperación y solidaridad internacional, son uniformemente más favorables y benéficas, las cuales suelen encontrarse recogidas en los llamados «reglamentos». Tal autorización se encuentra limitada claramente a los siguientes grupos de contratos: a) por el origen de la financiación (a cualquiera clase de contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito); y b) por la calidad del contratista (a los contratos celebrados con personas extranjeras de derecho público y organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales), con independencia de la clase de contrato. En relación con los convenios celebrados con organismos de cooperación supranacional, la oficina jurídica de la Contraloría General de la República, en oficio 80112-4068 de diciembre de 2001, manifestó que la OEI, como organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos, para su contratación observa la normatividad del derecho privado de las personas naturales o jurídicas con quienes contrata, y que la expresión «podrán someterse a los reglamentos de tales entidades», contenida en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, debe entenderse en el sentido que las partes están en libertad para sujetar el acto jurídico a las disposiciones de los organismos internacionales. La Contraloría General de la República por intermedio de su Oficina Jurídica, en comunicación 80112-EE 20377 de 18 de abril de 2005, también expresó que de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 13 del Estatuto de Contratación Administrativa, en armonía con el Decreto 2166 de 7 de julio de 2004, las

entidades estatales pueden sustraerse de la aplicación del Estatuto de Contratación Pública y someterse a los reglamentos de los organismos internacionales. Con la suscripción del convenio por parte de la disciplinada se adquirieron compromisos con fundamento en los principios esenciales del Derecho Internacional, los cuales derivan su aplicación del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, Decreto 1896 de 2004 y los decretos 2166 de 2004 y 2170, que se encontraban vigentes para la época de la celebración del convenio. Para la fecha en que se dio el encargo de la ahora disciplinada como gobernadora del departamento de Vaupés, ante los bajos niveles de ejecución contractual, estando a 9 Radicación n.° 161 – 4789 punto de cerrarse la vigencia fiscal 2005 (principio de anualidad presupuestal) y ad portas del inicio de la ley de garantías, se tomó la determinación de suscribir el acuerdo de voluntades con la OEI, pues dicha entidad ofrecía varias ventajas para el ente territorial, como su amplia experiencia, la agilidad en la ejecución, los beneficios tributarios y el descongestionamiento. La calificación de grave de la falta disciplinaria y presuntamente realizada con culpa gravísima no es consecuente con la realidad, pues la suscripción del convenio se hizo con acatamiento de lo dispuesto en la normatividad colombiana, lo que excluye de plano cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria, sobre todo cuando la misma delegada reconoce que no existió detrimento patrimonial. Enfatizó que la Corte Constitucional, en la sentencia C155 de 2002, con relación al

principio de culpabilidad ha expresado que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, y que siendo el derecho disciplinario una modalidad de derecho sancionatorio, los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales y para controlar la potestad sancionadora del Estado. Ese mismo tribunal también ha sostenido reiteradamente que la Constitución proscribe las formas de responsabilidad objetiva y exige un derecho penal de culpabilidad, pues el hecho punible, para ser sancionable, debe ser imputable a la persona no solo de manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva (culpabilidad), como expresión del reconocimiento al sujeto de su dignidad y libertad en los artículos 1º y 16 de la Constitución, que no es más que un análisis de responsabilidad plena, la cual comporta un juicio de exigibilidad en el marco de un debido proceso y del ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste al imputado.

IV.CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

1. Competencia de la Sala Disciplinaria-.

El numeral 1° del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 establece que es función de la Sala Disciplinaria: Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que adelanten en primera los procuradores delegados y el Veedor, salvo los que sean de competencia del Viceprocurador General de la Nación, cuando lo delegue el procurador General. 10 Radicación n.° 161 – 4789

Por lo tanto, esta colegiatura resulta competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la sancionada, en razón a que la decisión de primera instancia fue proferida por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública en virtud de las atribuciones que le son propias.

2. Cargos formulados a la señora María Eugenia Jaramillo Hurtado.- 2.1. Primer cargo.-

(Usted) violó los principios de transparencia y responsabilidad, previstos en la contratación estatal, al suscribir con la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, el CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN N° 001 de 21 de diciembre de 2005, para la ejecución de ocho (8) proyectos por un valor de $339.122.276.00, toda vez, que, de conformidad con el análisis de la parte motiva de la providencia y teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes para la época de los hechos, los contratos que celebren las entidades estatales con entes y organismos internacionales, financiados con recursos del presupuesto de la entidad territorial, deben sujetarse a los principios y normas de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones que regulan la actividad contractual, y en consecuencia, no pueden someterse a los reglamentos de contratación de dicha entidades, en lo relacionado con los procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento de pagos (Las negrillas y las mayúsculas son del texto original). Como normas presuntamente infringidas se citaron las siguientes: a) los artículos 24

(numerales 1° y 8°), 26 (numeral 2°) y 13 (inciso 4°) de la Ley 80 de 1993; b) el artículo 2° del Decreto 2166 de 2004; y c) los artículos 48 (numeral 31) y 34 (numeral 1° y 2°) del CDU. La falta disciplinaria fue calificada de forma provisional como gravísima e imputada a título de culpa gravísima, calificación que fue confirmada en el fallo de primera instancia. 2.2. Segundo cargo.- (Usted) pactó el giro a favor de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, OEI, de manera anticipada, del 100% de los recursos objeto del Convenio Específico de Cooperación N° 001 suscrito el 21 de diciembre de 2005, por un total de $339.122.276.00 como en efecto la Gobernación del Vaupés los giró, contrariando lo dispuesto en disposiciones legales vigentes, según las cuales, en los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%), del valor del contrato. (Las mayúsculas son del texto original). 11 Radicación n.° 161 – 4789 Como normas presuntamente vulneradas se citaron el parágrafo único del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 1° y 2° del artículo 34 del CDU. La falta disciplinaria fue calificada de forma provisional como grave e imputada a título de culpa gravísima, calificación que fue confirmada en el fallo de primera instancia.

3. De la solicitud de prescripción de la acción disciplinaria.- La defensora, con posterioridad a la radicación del escrito de apelación, también expresó que el convenio de cooperación 001 fue suscrito el 21 de diciembre de 2005 y como el artículo 30 del CDU establece que el Estado tiene cinco años para ejercer la acción disciplinaria, ésta ha prescrito.

Al respecto la Sala Disciplinaria considera que es cierto que el Estado tiene cinco (5) años para imponer la sanción disciplinaria, pero tal cometido se logra con la expedición y notificación del fallo de primera instancia, y no con el fallo de segunda instancia, dado que en éste sólo se desatan los recursos impuestos en la vía gubernativa. Así lo ha considerado la Sala Plena del Consejo de Estado1 desde el a