PGN - IMPEDIMENTO - La amistad como impedimento debe ser íntima es decir estrecha y notori

Dependencia: Procuraduría Primera delegada Vigilancia Administrativa Radicado No. 13-88710 de 2003

Disciplinado: José Félix Lafurie y Alba Celemín De Rosales Cargo y entidad: Superintendente de Notariado y Registro y Superintendente Delegada para el Notariado.

Quejoso: Carlos Andrés Arango Sarmiento Fecha queja: 07-07 de 2003

Fecha hechos: Marzo de 2002

Asunto: Archivo

Bogotá DC, 21 de junio de 2006 Procede el Despacho a decidir lo que en derecho corresponda respecto de las diligencias administrativas bajo el número 13-88710 de 2003, de conformidad con la competencia asignada en el artículo 25 literal a) de Decreto 262 de 2000, en concordancia con el Parágrafo tercero del artículo 19 de la Resolución 017 de 2000 del Procurador General de la Nación. HECHOS Dio inicio a la presente actuación, el escrito radicado con fecha 04-07 de 2003, enviado por CARLOS ANDRÉS ARANGO SARMIENTO a la Procuraduría General de la Nación, donde consigna presuntas irregularidades disciplinarias en las que habrían incurrido en el ejercicio de sus funciones JOSÉ FÉLIX LAFAURIE en su condición de Superintendente de Notariado y Registro y, ALBA CELEMIN de ROSALES, Superintendente Delegada para el Notariado. Irregularidades consistentes en: Haber JOSÉ FÉLIX LAFAURIE adelantado investigación disciplinaria, sin haberse declarado legalmente impedido para conocer de la misma, por vínculos de amistad o familiar con CAMILO AKL.

Reabrir una actuación disciplinaria contra varios funcionarios de la Notaría Primera de Bogotá, estando legalmente archivada y prescrita la acción disciplinaria, por el sólo hecho de atender una queja presentada por CAMILO AKL, sin prueba alguna que ameritara reiniciar la actuación. Cuestionar la legalidad de las escrituras públicas elevadas en la Notaría Primera por una mala interpretación de los hechos y del artículo 45 del Decreto 2183 de 1983. Ejecutar la providencia del 04 de abril de 2003 de la Superintendente Delegada para el Notariado, proferida en la actuación disciplinaria No.376/02, sin estar debidamente ejecutoriada.

ANTECEDENTES PROCESALES: Mediante auto de 12 de agosto de 2003, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa dispone adelantar indagación Preliminar en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

PROVIDENCIA IMPUGNADA A través de auto de 12 de febrero de 2004, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, archivó las diligencias radicadas contra JOSÉ FÉLIX LAFAURIE en su condición de Superintendente de Notariado y Registro y ALBA CELEMÍN de ROSALES en su condición de Superintendente Delegada para el Notariado, para la época de los hechos (fls.182 a 187), con los siguientes argumentos: 1.- La Sociedad Ospinas y Cía. SA, no es sujeto procesal; la indagación preliminar se inició con base en la queja presentada por CAMILO AKL MOANACK contra

quiénes ejercieron el cargo de Notario Primero para 1997, e intervinieron en la firma de las escrituras objeto de presuntas irregularidades. 2.- La etapa de indagación preliminar del proceso radicado con el No. 376-02, se adelantó atendiendo las disposiciones y formalidades legales. 3.- No existe juzgamiento por los mismos hechos, ya que la queja que había presentado con anterioridad CAMILO AKL, no había sido objeto de indagación y/o investigación formal, "lo cual deja sin valor la apreciación de Ospinas al afirmar que se violó el Principio de la Cosa Juzgada". Por tal motivo, no se violaron los derechos fundamentales al ordenar la indagación preliminar, estando los hechos prescritos, es prioridad averiguar para establecer responsabilidades”. Manifiesta que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca "resolvió en gran parte hechos que son objeto de la presente queja, sin embargo, Ospinas y Cía. SA, insiste en que el Superintendente de Notariado y Registro y su Delegada para el Notariado incurrieron en irregularidad, cuando en honor a la verdad ni siquiera los verdaderos sujetos procesales han cuestionado tanto como Ospinas y Cía. SA, quien tan solo es un tercero (…)". "Así las cosas, estamos frente a una queja anodina con muchos hechos denunciados pero sin fundamento jurídico que nos permita evaluar con seriedad y responsabilidad las conductas que presuntamente cometieron los citados funcionarios públicos y establecer con certeza faltas disciplinarias y en consecuencia dar aplicación a las normas diseñadas por el legislador para sancionar dichos comportamientos

contrarios a cualquier ordenamiento jurídico". A folio 188, se encuentra el Oficio No. 0276 de 23 de febrero de 2004, donde se le comunica a CARLOS ANDRÉS ARANGO SARMIENTO el auto de archivo de las diligencias radicadas con el número 013-88710, de 12 de febrero de 2004. No se acredita en el expediente constancia de recibo por parte de la Oficina de correos, o por la entidad quejosa. A folios 194 a 199, CARLOS ANDRÉS ARANGO SARMIENTO actuando en nombre y representación de la Sociedad Ospinas y Cía. SA, a través de escrito de 9 de febrero de 2005, interpuso recurso de apelación, el cual debía sustentar dentro del término legal. El aquo rechazó por extemporáneo el recurso de apelación. Como consecuencia del anterior pronunciamiento, el quejoso interpuso el recurso de queja. La Sala disciplinaria en auto de 17 de marzo de 2005 (fls.214 a 218), concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación, por advertir la inexistencia de constancia de entrega a la Oficina de correos del Oficio 0276 del 23 de febrero de 2004, violando lo estipulado en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002. 2 Mediante auto de 21 de abril de 2005, la Sala Disciplinaria ordena devolver el proceso a esta Procuraduría, para que se surta la notificación por estado respecto de los investigados JOSÉ FÉLIX LAFAURIE y ALBA CELEMIN DE ROSALES.(fl. 223). RECURSO DE APELACIÓN CARLOS ANDRÉS ARANGO SARMIENTO en su calidad de Representante Legal de

la Sociedad Ospinas y Cía. SA, el 9 de febrero de 2005, interpuso recurso de apelación contra la providencia de 12 de febrero de 2004, adoptada por el Procurador Primero Delegado Vigilancia Administrativa, con fundamento en los siguientes argumentos: 1.- Que nunca se cumplió la comunicación al quejoso ordenada en el auto de archivo del aquo, motivo por el cual el 25 de enero de 2005, se solicitó información a este Despacho sobre el estado del expediente (quien actúa como quejoso es Ospinas y Cía. SA, no CARLOS ANDRÉS ARANGO SARMIENTO como aparece en la mencionada providencia). 2.- Que el aquo, no tuvo en cuenta ni consideró las pruebas allegadas y solicitadas al proceso por el quejoso ni, las ordenadas por este Despacho en auto de 12 de agosto de 2003, como las de adelantar indagación preliminar contra los acusados, sin escucharlos en versión libre y espontánea, sin escuchar en diligencia de ampliación y ratificación a Ospinas y Cía. SA. 3.- Que no existe congruencia entre la queja y los hechos y las consideraciones consignadas en la providencia objeto de impugnación. Siendo los motivos reales: la decisión contraria a derecho adoptada por parte de ALBA CELEMÍN de ROSALES y ratificada por JOSÉ FÉLIX LAFAURIE; los lazos de amistad que unen al quejoso CAMILO AKL con los encartados, generando impedimento para conocer de la queja (fls 107 y 108); la violación a la reserva de la actuación disciplinaria (art. 95 Ley 734

de 2002); el cumplimiento de la decisión de compulsar copias sin encontrarse ejecutoriada la providencia y sin permitirle el derecho de defensa a los acusados; los vicios de fondo que se encuentran en la investigación del expediente adelantada por la Superintendencia de Notariado y Registro, como haber iniciado investigación "a sabiendas de la prescripción (…)", y las actuaciones que se derivan de la misma. 4.- Que el aquo "saca de contexto algunos de los hechos que permiten probar los motivos de la queja, convirtiéndolos en sus únicos fundamentos, procediendo a declarar tales hechos como ajustados a la ley, exonerando a los acusados y descalificando la queja y a Ospinas y Cía. SA". 5.- Que al proceso no se aportaron las providencias definitivas de los funcionarios de la Superintendencia, exonerando a los Notarios de las presuntas irregularidades endilgadas, sin embargo, el Procurador Delegado, encontró que no se trataba de una indagación o investigación a pesar de no tener pruebas, pues no ordenó aquellas que acreditaran la existencia de esas decisiones, así las cosas no podía afirmar que no hubo indagación o investigación. 6.- Que en la actuación de la Superintendencia, en escrito de apelación adhesiva, uno de los encartados al rendir declaración en enero de 2003, encontró dentro de los documentos dos autos de archivo de las diligencias realizadas por AMPARO 3 QUINTERO y BLANCA RODRÍGUEZ, Superintendentes Delegadas, mientras que en mayo de 2003 no encontró los mencionados documentos. Si el Procurador Delegado estima que le competía al Superintendente verificar la actuación previa de los

funcionarios que habían exonerado a los Notarios, entonces por qué el Superintendente antes de iniciar investigación no obtuvo los expedientes completos al igual que no los solicitó el Procurador Delegado y sí concluyó que no hubo investigación o indagación. 7.- Que la prescripción se establecía simplemente con la fecha de los hechos objeto de investigación, solo tenía que hacer una operación aritmética. 8.- Que la presunción de culpabilidad, se opone al principio constitucional de que nadie es culpable hasta que sea vencido y condenado en juicio. 9.- Que la naturaleza y gravedad de la queja no pierde valor por el hecho de haber sido presentada por un tercero. Es deber constitucional y legal de la Procuraduría investigar de oficio o a petición de parte las conductas de los funcionarios públicos. Por último, en el evento de que no se revoque la providencia impugnada, solicita tener como hechos nuevos, todos los documentos allegados con la queja y los que se anexaron posteriormente, y así abrir una investigación disciplinaria tanto en contra de JOSÉ FÉLIX LAFAURIE, y de su subalterna ALBA CELEMIN de ROSALES. En auto de 9 de junio de 2005, la Sala Disciplinaria ordena revocar el auto de 12 de febrero de 2004, proferido por el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, y en su lugar ordena abrir investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa, bajo el entendido de que la inexistencia del hecho solo es aplicable cuando está plenamente probado que el

hecho imputado no existió, situación que no ocurre en este caso. De la inspección practicada al expediente No. 376 de 2002, por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, el 04 de febrero de 2004, adelantado por ALBA CELEMIN DE ROSALES en su condición de Superintendente Delegada para el Notariado, contra los Notarios HERMANN PIESCHACÓN, HERMANN PIESCHACÓN NIGRIS y GONZALO L. DELGADO CASTRO, se establece que ALBA CELEMIN, ordenó indagación preliminar con la "finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, (…)"; relacionadas con posibles irregularidades en los trámites o procesos de perfeccionamiento de " las escrituras públicas 2323 de 30 de abril de 1997, 3123 de 27 de 30 de mayo de 1997 (Sic) y 3870 de 27 de junio de 1997, todas de la Notaría primera (1) de Bogotá, DC, cuyas fotocopias aporta el interesado quejoso". Además agrega que, el artículo 29 de la Ley 734 de 2002, dispone: "Causales de Extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes: 1.- La muerte del investigado. 2.- La prescripción de la acción disciplinaria". En este sentido, el artículo 30 ibídem, dispone que "La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto 4

(…)". La prescripción de la acción es un instituto de orden público, por virtud del cual el Estado cesa su potestad punitiva-ius puniendi-por el cumplimiento del término señalado en la ley. Para la fecha en que la Superintendente Delegada para el Notariado ALBA CELEMIN DE ROSALES, adelantó apertura de la indagación preliminar por faltas que tuvieron su ocurrencia el 27 de junio de 1997 (fecha de suscripción de la escritura No. 3870), contra los notarios, el 21 de enero de 2003, ya había prescrito la acción (27-06 de 2002). Como consecuencia de lo anterior, y teniendo la funcionaria antes mencionada conocimiento de este hecho, pudo haber incurrido en falta disciplinaria por extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, al tenor del artículo 27 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 23 ibídem y 6 de la Carta política. Además, a folio 107, aparece el escrito enviado por CAMILO AKL al Superintendente de Notariado y Registro en términos muy familiares y haciendo alusión al inconformismo acerca del contenido de la reclamación, previa a la apertura de la indagación preliminar. A través de auto de 24 de noviembre de 2005, este Despacho ordenó abrir investigación disciplinaria contra JOSÉ FÉLIX LAFAURIE y ALBA CELEMÍN DE ROSALES en sus calidades de Superintendente de Notariado y Registro y Superintendente Delegada para el Notariado respectivamente para la época de los hechos.

CONSIDERACIONES

Este Despacho siguiendo los parámetros fijados por la Sala Disciplinaria, en cuanto a las presuntas irregularidades cometidas por los disciplinados JOSÉ FÉLIX LAFAURIE y ALBA CELEMÍN DE ROSALES en sus condiciones de Superintendente de Notariado y registro y Superintendente Delegada para el Notariado, los cuales se sintetizan así: ALBA CELEMÍN DE ROSALES: Pudo haber incurrido en falta disciplinaria por extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, al tenor del artículo 27 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 23 ídem, y el artículo 6 de la Constitución Política; al haber iniciado indagación preliminar estando ya extinguida la acción.

JOSÉ FÉLIX LAFAURIE: Pudo haber incurrido en falta disciplinaria por la presunta amistad que tenía con el quejoso CAMILO AKL, de tal suerte que pudo influir para la decisión de apertura que adoptó la Superintendencia, pues, en el mencionado auto del 21 de enero de 2003, se citó como pruebas la queja, (sic), y el escrito remitido por CAMILO AKL al Superintendente con el saludo de apreciado pepe, advirtiendo que provenía del Despacho del Superintendente.

Agrega la Sala la importancia de establecer “por qué medio obtuvo CAMILO AKL MOANACK el conocimiento previo del proyecto de respuesta que conoció. Procederá a analizar cada una de las conductas, de acuerdo a las diligencias y pruebas allegadas en la etapa de la investigación disciplinaria. 5 A folio 303, aparece la declaración jurada de HENRY GUTIÉRREZ MUÑOZ, quien

ante en interrogante de la clase de amistad existente entre LAFAURIE y AKL, responde: “Sí, son amigos por lo que he podido saber desde hace varios años, el tiempo no sabría precisarlo, pero si he sabido que en algunas ocasiones han tenido reuniones familiares, que han compartido ambos (…).No es una amistad íntima, es una amistad común y corriente”. En cuanto al interrogante de si estuvo presente en la reunión celebrada entre los disciplinados con el quejoso, para tratar el asunto relacionado con la querella contra los funcionarios de la Notaría 1 de Bogotá, ¿Hubo más reuniones entre ellos, de qué clase? ¿Qué asuntos trataron para la época de los hechos? Contestó: “Sí estuve presente, como había estado presente en diversas reuniones con los anteriores Superintendentes de Notariado y Registro y con diversos funcionarios de tal Dependencia, (…), sobretodo en procura que se nos definiera una situación que se nos había presentado con la Notaría Primera de Bogotá y con la Superintendente anterior al Señor LAFAURIE, (…). PREGUNTADO: En esas reuniones antes mencionadas, qué respuesta dio el Señor LAFAURIE o a qué acuerdo llegaron? CONTESTÓ: En dicha reunión de nuevo explicamos amplísimamente, todo lo acontecido y el Señor LAFAURIE nos remitió primero a la Señora CELEMÍN quien era Superintendente Delegada y por intermedio de ella a un abogado con el cual nos seguimos entendiendo a lo largo de varios meses. Nunca más tuvimos relación alguna con el Señor LAFAURIE al respecto de este caso. Ante

la pregunta por parte del apoderado del señor LAFAURIE acerca de los hechos que conoce este Ministerio Público que puedan tener relación con el interrogatorio, y cuáles los funcionarios investigados (…)?; responde que :” En abril, mayo y junio de 1997, la Notaría Primera de Bogotá, corrió tres escrituras violando todos los principios relacionados con la reglamentación de la función notarial (…), procedimos a finales del año 2000 a poner en conocimiento de la Superintendencia de Notariado y Registro los hechos para que se investigaran y se establecieran las sanciones del caso. (…), a raíz de lo cual nos enteramos de que la Superintendente AMPARO QUINTERO ARTURO y una Delegada BLANCA C. RODRÍGUEZ BELTRÁN, se habían pronunciado diciendo que no existía ninguna irregularidad y que los notarios habían procedido correctamente. Posteriormente, nos llegaron las respectivas comunicaciones donde nos ratificaban lo mismo y que por ello no habían adelantado ninguna investigación de fondo. En cuanto al desarrollo de la conducta procesal de los investigados, argumenta: “(…).La conducta que se acusaba era inicialmente la de los notarios y posteriormente la de las señoras Superintendentes AMPARO QUINTERO y BLANCA RODRÍGUEZ. En segundo lugar como antes expliqué, a raíz de los memoriales y de la conversación con el señor LAFAURIE, se nos remitió a un abogado que trató de iniciar la investigación, pero unos meses más adelante se nos informó que la acción estaba prescrita. (…).Los señores LAFAURIE Y CELEMIN ya no tenían nada que ver en el asunto, puesto que ellos se limitaron a confirmarnos

mediante una providencia que la acción estaba prescrita. En lo que hace referencia a la comunicación enviada por AKL al Superintendente en términos afectuosos de querido pepe, responde: “(…). Por ello yo preparé el mensaje en el cual se le acompañaba tal escrito al doctor LAFAURIE haciéndole hincapié en los detalles relacionados con las funciones notariales y comentando que de pronto la señora CELEMÍN no tenía claridad sobre los asuntos planteados. Por eso llevamos personalmente el escrito que me ha puesto de presente ante la Secretaria del doctor LAFAURIE, pero él con el mismo desparpajo que había mostrado antes remitió el escrito que consideró que no era personal para el trámite del asunto e inclusive fue a parar al expediente (…). Nosotros en cierta forma entendimos como desatención personal la actitud asumida por el Señor LAFAURIE, puesto que él directamente no 6 hizo nada distinto a oírnos, nos remitió a otros funcionarios e inclusive al escrito que le hicimos llegar le dio curso como a cualquier papel. Finalmente prescribió la acción, según auto firmado por la CELEMÍN como Superintendente Delegada para Notariado”. A folio 365 a 378, aparece la versión libre rendida por ALBA CELEMÍN DE ROSALES, quien en unos apartes de la misma responde respecto de los hechos objeto de esta investigación lo siguiente. “(…) Como primera medida no es cierto que esta ex superintendente Delegada para el Notariado, es decir, mi persona haya tenido conocimiento que la acción disciplinaria seguida contra los Notarios señalados en la queja del Señor CAMILO AKL, se encontraba prescrita, para la época en que

se ordenó la misma. Al interior de la Delegada para el Notariado se tenían múltiples profesionales que conocían de las actuaciones o quejas, las cuales estudiaba y proyectaba las Resoluciones de sustanciación, para la firma y aprobación de esta funcionaria. En el citado caso de la denuncia o queja del Señor AKL, se tramitó en igual forma que todas las demás actuaciones, en que de acuerdo con los fines de la naturaleza jurídica de las indagaciones preliminares o investigaciones previas, se le tenía que dar curso y más aún para comprobar lo que decía el quejoso, que con anterioridad había realizado quejas en contra de los Notarios de la Notaría Primera de Bogotá, y que no se les había dado trámite, (…). Es así que se recopilaron las actuaciones pertinentes mediante una indagación preliminar, es decir, entre estas, las escrituras aducidas por el quejoso y la queja que había presentado con anterioridad a la Superintendencia, la cual aducía no le habían dado trámite. Por consiguiente al momento de la apertura de la indagación preliminar, que era la actuación procedente y conducente conforme a la ley, para determinar, si efectivamente existía otra queja del denunciante; si la misma se había tramitado con anterioridad a mi llegada al cargo, es decir, por la otra Superintendente Delegada para la fecha de la queja y establecer si se daban los requisitos de procesabilidad de la acción disciplinaria (…). Es así que conforme a la naturaleza jurídica de las indagaciones y de acuerdo a la ritualidad del debido proceso, se estableció que la

acción disciplinaria estaba prescrita. (…9. Respecto a que los Notarios habían sido investigados previamente por los mismos hechos, esta afirmación del quejoso en la Investigación de la referencia, carece de todo fundamento tanto fáctico como jurídico, porque se encuentra comprobado tanto por la dependencia de la Oficina Jurídica como de las entonces Delegadas para el Notariado hoy denominada Dirección de Notariado, que nunca había existido otra investigación disciplinaria o indagación preliminar en contra de esos notarios. (…). En lo que respecta a la mencionada carta que le allegó el citado Señor AKL, al Superintendente de Notariado y Registro en la fecha 19 de Diciembre de 2002, me permito darle claridad a lo siguiente: La citada carta fue tramitada por el señor Superintendente (…) JOSÉ FÉLIX LAFAURIE, a la Superintendente Delegada para el Notariado, ALBA CELEMÍN DE ROSALES, como cualquier otra actuación que le llegase a su Despacho, a la que le colocaba en manuscrito Dra. ALBA CELEMÍN y le colocaba su sigla. Es así que el citado documento fue tramitado por el Despacho del Señor Superintendente con la orden interna del asesor en que señalaba mi nombre, el asunto, y las observaciones. (…). El expediente no se encontraba en mi Despacho lo tenía a su cargo un profesional de la dependencia … y por ello para esa fecha mal podría yo haber emitido un proyecto de decisión y habérselo dado a conocer al quejoso AKL, y que aduce sin ningún sustento legal lo referente al proyecto de respuesta que conoció y que no

contestaba sus reclamaciones, …, es completamente falso, toda vez que para esa fecha de diciembre 19 de 2002, que tiene la mencionada carta, no se había abierto siquiera una indagación preliminar (…)”. 7 A folios 379 y 380, reposa carta remitida por ALBA CELEMÍN al Superintendente de Notariado y Registro, donde consigna la situación presentada el 10 de septiembre de 2003, en la Emisora WFM Estéreo, respecto a una carta que supuestamente el Señor AKL le dirigió al Superintendente, donde aduce una inconformidad del peticionario, “con un borrador de una decisión de la Delegada (…), y el desconocimiento del paradero de la misma y la imposibilidad de que se le den a conocer los proyectos de decisiones a los sujetos procesales. A folio 381 a 383, aparece oficio No. 003541 de 16 de septiembre de 2003, donde se relaciona todo el trámite dado al memorial del Señor AKL de fecha 19 de diciembre de 2002. A folio 384, aparece copia de orden interna proveniente del Despacho del Superintendente para la Dra. ALBA CELEMÍN, dentro de las observaciones escribe: “En tanto vuelve la Dra. ALBA sería conveniente que los especializados miren el asunto y antecedentes para tenerle un análisis”. Orden mencionada por la disciplinada en la versión libre y aportada por ella, donde le remiten el memorial encabezado con el apreciado pepe”. Copia del auto de 4 de abril de 2003, “Por el cual se declara la terminación y archivo definitivo de la presente indagación”, proferido por la Superintendencia Delegada

para el Notariado. (fls. 419 a 425). A folios 426 a 433, existe correspondencia entre CAMILO AKL y la Superintendencia de Notariado y Registro de 2001 por inconformidad en la actuación de la Notaría Primera de este Círculo. Consecuencia de lo anterior, ante la queja presentada por CAMILO AKL, se inició formalmente la etapa de la indagación preliminar el 21 de enero de 2003. La etapa procesal de la indagación preliminar ha sido definida como una instancia inicial del proceso, que se caracteriza por diligencias previas de instrucción que adelantan los funcionarios competentes para practicar y allegar pruebas que ameriten la apertura de una investigación. Se caracteriza por ser una actividad unilateral y reservada y se hace así con el fin de adelantar un procedimiento eficaz, dirigido no solo a buscar los medios de convicción que soporten la existencia de la imputación, considerada en sus extremos fácticos y jurídicos, sino, además, en reconocer y declarar la existencia de responsabilidad disciplinaria. Esta etapa, se presenta en caso de duda sobre la procedencia de investigación disciplinaria, con unos fines perfectamente delimitados, cuales son: Verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad (art. 150 de la Ley 734 de 2002). Con base en lo anterior, la disciplinada ALBA CELEMIN, actuó conforme a derecho, respetando el debido proceso al iniciar indagación preliminar de la queja presentada por AKL y recolectando todas las pruebas pertinentes y conducentes relacionadas a

folios 419 a 420, para llegar a la terminación de la actuación y el consiguiente archivo definitivo por el fenómeno de la prescripción. 8 En lo referente a la amistad del disciplinado con el Señor AKL, es conveniente ver hasta qué punto ésta deriva impedimento. Según el doctrinante GILBERTO MARTÍNEZ RAVÉ, en su obra Procedimiento Penal Colombiano, edición 2002, página 281, consigna: “Pero como claramente lo dice la norma, la amistad debe ser íntima, es decir, estrecha y notoria, que en verdad pueda desviar el criterio del juzgador. Por tanto, debe tenerse cuidado con una errónea calificación de la causal. Siendo la amistad un elemento subjetivo, debe ser de tal envergadura que afecte la imparcialidad del funcionario, en el caso que nos ocupa si bien existe una amistad entre el Superintendente de Notariado y Registro y CAMILO AKL, reconocida por el declarante HENRY GUTIÉRREZ MUÑOZ, esta amistad no es de tal magnitud que haya comprometido el buen juicio del disciplinado, por cuanto el oficio memorial de 19 de diciembre de 2002 remitido por AKL a LAFAURIE en los términos de apreciado pepe fue enviado mediante orden interna a la Superintendente Delegada para su trámite respectivo, queja que se envió para que sea analizada por la dependencia correspondiente, como se hace con cualquier queja que se presente. Estudio de la queja que derivó en archivo de la misma, por presentarse el fenómeno de la prescripción. En un aparte de la providencia argumenta: “Ahora bien, prevé el artículo

30 de la Ley 734 de 2002 que la acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el caso subexamine, se tiene que las escrituras públicas 2323, 3123 y 3870 fueron autorizadas por los respectivos Notarios los días 30 de abril, 30 de mayo y 27 de junio de 1997. Pese a ser constitutivas de faltas disciplinarias las conductas aquí encontradas, la Superintendencia Delegada para el Notariado se ve precisada a declarar la prescripción de la acción disciplinaria (…)”. En cuanto al conocimiento del proyecto de respuesta que conoció AKL según consigna en el oficio memorial el 19 de diciembre de 2002, no aparece al plenario copia de ese proyecto, por lo que le asiste razón a la disciplinada al manifestar la imposibilidad de que éste conozca el precitado proyecto, cuando la indagación solo se inició el 21 de enero de 2003 y concluyó con auto de terminación y archivo definitivo el 4 de abril de 2003. El artículo 73 de la Ley 734 de 2002, preceptúa: “En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, (…), el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias. Así las cosas, este Despacho observa que no se quebrantó el deber funcional por parte de los aquí disciplinados, actuaron conforme a derecho, razón suficiente para que se proceda con base en lo estatuido en el artículo 73 ibídem a archivar las

presentes diligencias. En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que la conducta atribuida a los disciplinados JOSÉ FÉLIX LAFAURIE y ALBA CELEMIN DE ROSALES en sus calidades de Superintendente de Notariado y Registro y Superintendente Delegada para el Notariado 9 respectivamente, para la época de los hechos no existió. En consecuencia, ordénese el archivo definitivo de las presentes diligencias.

SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al quejoso CARLOS ANDRÉS ARANGO SARMIENTO, informándole que contra la misma procede el recurso de apelación debidamente sustentado ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría, dentro del término de tres (3) días contados a partir de los cinco (5) siguientes a la fecha de entrega de la presente comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 90, en concordancia con los artículos 109, 110 y 115 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Notificar de la presente decisión a los disciplinados, haciéndoles saber que contra la misma no procede recurso alguno.

CUARTO: Por Secretaría, háganse las constancias y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUE