PGN - IMPUESTO AL PATRIMONIO - Su hecho generador es la posesión de riqueza

IMPUESTO AL PATRIMONIO-El contribuyente no era sujeto del impuesto solo había cometido un error en su declaración IMPUESTO AL PATRIMONIO-Su hecho generador es la posesión de riqueza 1.- El artículo 292 del E.T., fue modificado mediante la Ley 1111 de 2006, en el sentido de crear el impuesto al patrimonio para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, cuyos elementos y demás características se mantuvieron en los mismos términos del artículo 17 de la Ley 863 de 2003. Es decir que se mantuvo incólume como gravamen a la posesión de riqueza (hecho generador). Por lo tanto, es imperioso determinar si el contribuyente de renta, en realidad era poseedor de un patrimonio superior a $3.000’000.000, para ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. IMPUESTO AL PATRIMONIO-El contribuyente informó que había incurrido en un error al liquidar su declaración de renta/ IMPUESTO AL PATRIMONIO-La DIAN no tuvo en cuenta las pruebas allegadas por el demandante Observa el Ministerio Público que el contribuyente de renta, informó a la DIAN sobre el error de digitar un cero de más, lo cual ocasionó que los valores registrados en los renglones 34 y 36 de la Declaración de Renta por el año 2006, estaban errados y no correspondían a la realidad. Por tal razón, solicitó el 23 de diciembre de 2011, a la Administración, que procediera a hacer la corrección de dicho error, con el fin de que el renglón 34 no figurara el valor de $5.938.440.000 (errado), sino el valor correcto de $593.844.000. Así mismo, corregir

el Renglón 36, como producto de la corrección del renglón 34, el cual quedaría con $593.527.000. La anterior corrección fue negada por la DIAN, por improcedente, mediante Oficio 1-32-243435-0670 de 14 de marzo de 2012. …En esta ocasión, la Administración no tuvo en cuenta las pruebas allegadas por el demandante, con fundamento en las cuales el Tribunal concluyó que efectivamente el valor registrado por el contribuyente de renta en el renglón de patrimonio bruto estaba errado. Dichas pruebas que obran a folios 40 y s.s. del expediente (certificaciones de Davivienda y de la sociedad Learn & Practice Consultores, declaraciones de impuesto predial y declaraciones de impuesto sobre vehículos), no han sido tachadas, ni desvirtuadas por la administración y prueban que a 31 de diciembre de 2006, el señor tenía un patrimonio bruto de $593’844.433, representado en depósito en bancos, acciones y aportes, bienes raíces, vehículos y muebles y enseres. Igualmente, del contenido de las declaraciones de renta de los año 2004, 2005, 2007 y 2008, confrontado con el de la declaración de renta de 2006, se extrae que efectivamente hubo un error de digitación, pues el valor consignado en el denuncio del 2006, corresponde al valor determinado como patrimonio bruto de $593’844.433 más un cero de más, lo cual arroja el valor erradamente consignado por $5.938.440.000. Por lo anterior, no es de recibo la pretensión de la entidad demandada de revocar la

sentencia del a quo, por considerar que el balance general no genera certeza de la realidad económica del contribuyente, pues ese documento no fue fundamento de la decisión del Tribunal; por lo tanto, no desvirtúa la DIAN la realidad del valor del patrimonio bruto que a 31 de diciembre de 2006 tenía el demandante. IMPUESTO AL PATRIMONIO-Prevalece el derecho sustancial pues lo liquidado no corresponde a su realidad patrimonial Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5 87 87 50 ext. 11931 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 23190 Así las cosas, frente a la realidad patrimonial del declarante, no es dable sobreponer la firmeza de la declaración de renta por el hecho de que el contribuyente no la haya modificado, dentro del término que tenía para hacerlo, pues hacerlo implicaría inobservar el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual prevalece el derecho sustancial. Concepto 279 2017-747306 Bogotá D.C., 18 de septiembre de 2017 Señores

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctor JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ Referencia: 25000233700020150019901

Radicado: 23190

Asunto: Impuesto al patrimonio – Liquidación Aforo Actor: EVILARIO NAVARRO FERNANDEZ De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General de la Nación, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto, dentro del trámite de la segunda instancia, en el asunto de la referencia. ANTECEDENTES Procede esta agencia del Ministerio Público, a realizar una síntesis de los hechos expuesto en la demanda: 1.- El 30 de agosto de 2007, el señor EVILARIO NAVARRO FERNANDEZ presentó su declaración de renta por el año gravable 2006, en la cual por error de transcripción registró un patrimonio bruto de $5.938.440.000 y patrimonio líquido de $5.039.123.000, cuando en realidad los valores a registrar eran $593’844.000 y $593.527.000, respectivamente. 2.- El 8 de febrero de 2012, la DIAN profirió Emplazamiento para Declarar 322392012000058, por el cual solicitó al demandante presentar la declaración del 3 Expediente 23190 impuesto al patrimonio por el año gravable 2008. Este emplazamiento fue contestado por el actor, quien manifestó que se trataba de un error de transcripción de la base gravable. 3.- El 10 de mayo de 2013, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Aforo 322412013000037, por la cual liquidó al señor Navarro Fernández el impuesto de patrimonio por el año gravable 2008 e impuso sanción por no declarar. Este acto, fue

recurrido en reconsideración y el recurso resuelto desfavorablemente, mediante la Resolución 900.191 de 4 de junio de 2014. 4.- El señor EVILARIO NAVARRO FERNANDEZ, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos enunciados, solicitando su nulidad y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se estableciera que él no está obligado a pagar el impuesto al patrimonio, al no haber poseído durante el año gravable 2006 un patrimonio superior a $3.000’000.000, pues su patrimonio real era $593’844.000 y no $5.938’440.000, como lo establece la DIAN. Citó como normas violadas, los artículos 292, 683 y 742 del Estatuto Tributario. 5.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 6 de abril de 2017, declaró la nulidad de la actuación demandada y, como restablecimiento del derecho, declaró que el señor EVILARIO NAVARRO FERNANDEZ no es sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por el año gravable 2008, como tampoco de la sanción por no declarar dicho tributo. La anterior decisión obedeció a las siguientes consideraciones: 5.1.- La parte actora, afirmó que al momento de presentar la declaración de renta del año 2006, por error involuntario registró un cero de más en la parte correspondiente al valor del patrimonio bruto, lo cual le sirvió de fundamento a la DIAN para expedir la liquidación de aforo por el impuesto al patrimonio del año 2008, vulnerando el espíritu de justicia (art. 683 del E.T.), pues con las pruebas allegadas demostró el verdadero

patrimonio poseído a 31 de diciembre de 2006. 4 Expediente 23190 Al tiempo, la Administración precisa que partió de la veracidad de los datos consignados por el contribuyente en la declaración de renta del año gravable 2006, la cual goza de firmeza. La Sala considera, de acuerdo con los artículos 293 y 295 del E.T., que el hecho generador del impuesto al patrimonio es la posesión de la riqueza a 1° de enero de 2007, cuyo valor sea superior a tres mil millones de pesos ($3.000’000.000); y que la base gravable está constituida por el patrimonio líquido del contribuyente a 1° de enero del año gravable 2007, con exclusión de: (i) el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales y (ii) los primeros doscientos doce millones de pesos de la casa o apartamento de habitación, de suerte que solo estas dos exclusiones son válidas para obtener la base gravable sujeta a la tarifa. Igualmente, el artículo 292 del E.T., prescribe que el impuesto al patrimonio se encuentra a cargo de las personas naturales y jurídicas, declarantes del impuesto sobre la renta, por lo que se deben verificar los guarismos consignados por los contribuyentes en sus denuncios rentísticos, a fin de determinar si son sujetos pasivos del tributo. En armonía del criterio jurisprudencial1, la base gravable del impuesto al patrimonio, se circunscribe al valor del patrimonio líquido poseído 1 de enero de 2007, por lo cual el valor registrado en la declaración de renta de la vigencia fiscal 2006, es el referente

que lo determina. Resulta pertinente revisar el material probatorio allegado, a fin de determinar realmente si el demandante era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por el año gravable 2008. Al efecto, se debe verificar si a 1° de enero del año 2007 poseía una riqueza igual o superior a $3.000’000.000. Con el escrito de respuesta al emplazamiento para declarar, el demandante allegó las declaraciones de renta de los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en las cuales se registró un patrimonio bruto de $507’466.000, $592’199.000, $5.938.440.000, $584’516.000 y $565’183.000, respectivamente. 1 Sentencia de 4 de marzo de 2010, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Expediente 16839 5 Expediente 23190 De igual manera, presentó el contribuyente los anexos de la declaración de renta del año 2006, los cuales dan cuenta de depósitos bancarios, acciones y aportes, bienes raíces, vehículos y muebles y enseres que en total suman $593’844.433. Con arraigo en todo lo anterior, advierte la Sala que en la actuación administrativa, el actor acreditó ante la DIAN que no era sujeto pasivo del impuesto al patrimonio por el año gravable 2008, pues precisó que al presentar su declaración de renta del año gravable 2006 incurrió en un error involuntario de digitación, en el sentido de registrar como patrimonio líquido la suma de $5.938’440.000, cuando correspondía $593’844.000.

Cotejados los valores registrados en las declaraciones de renta de los años 2004 a 2008, es evidente que en el año gravable 2006, el demandante registró un patrimonio líquido con un incremento que no guarda relación de proporcionalidad con los demás valores, lo cual es indicativo del error de digitación en que incurrió. Además, la declaración privada debe ser valorada por la Administración a la luz de principio inscrito en el artículo 228 de la Constitución Política (lo sustancial debe prevalecer sobre la forma en aras de la materialización de los derechos, sin perjuicio del debido proceso). El simple registro de valores en la declaración de renta del contribuyente del año gravable 2006, no puede prevalecer sobre la realidad del patrimonio del mismo. 5.2.- En las condiciones anotadas, como la riqueza poseída por el demandante a 1 de enero de 2007, no superaba el valor prescrito por la norma tributaria ($3.000’000.000), se concluye que el demandante no es contribuyente del impuesto al patrimonio por el año gravable 2008. 6.- La Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del a quo, con fundamento en los siguientes cargos: 6.1.- El demandante, dentro de la oportunidad legal, no efectúo la corrección a su declaración de renta por el año gravable 2006. Por tal razón, los valores registrados adquirieron firmeza y gozan de veracidad y validez, al transcurrir el lapso del tiempo contemplado en la ley para ello. 6 Expediente 23190

El valor declarado como patrimonio bruto de $5.938’440.000, no fue corregido y supera los topes para ser considerado sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. No es de aceptación la argumentación del Tribunal, respecto a que debido a que el valor registrado por el demandante, en la declaración de renta del año 2006, no guarda proporcionalidad con los registrados durante los años 2004 a 2008, se establece que hubo un error de digitación. Este no puede ser el factor para determinar un supuesto error. 6.2.- Desconocer en esta instancia la firmeza de los valores registrados en la declaración de renta del año 2006, es habilitar a los contribuyentes para que pretendan modificar las confesiones echas a través de sus declaraciones tributarias, cuándo la Administración ha perdido la facultad para modificar e investigar la realidad económica y tributaria del contribuyente y dejar de lado el carácter de confesión de las declaraciones tributarias. Los documentos aportados, con ocasión de la demanda (balance general), no generan certeza alguna que lleve al convencimiento de la realidad económica del contribuyente, máxime si tales documentos debieron servir como base para el diligenciamiento y presentación de la declaración de renta correspondiente al año 2006. El mismo contribuyente elaboró la declaración de renta, de tal suerte que no puede pretender que queden desvirtuadas las confesiones hechas por él en su declaración, dicho comportamiento iría en contravía de los principios de derecho de buena fe y de la prohibición de obrar contra los actos propios, tema sobre el cual se pronunció del Consejo de Estado2.

Nadie puede alegar en contra de sus propios actos, a su favor, un error. No le es permitido al contribuyente, fundamentar su actuación en supuestos errores cometidos por él mismo, sería como generar derechos con base en su propia culpa. Aceptar tal actuación, sería darle validez a la culpa, la imprudencia o inoperancia del contribuyente, durante el término de firmeza de su denuncio rentístico. 2 Sentencia de 27 de febrero de 1981. 7 Expediente 23190 Con el fallo de 6 de abril de 2017, se deja en desigualdad de condiciones a la Administración, ya que para la época de los hechos había perdido la facultad de revisar y modificar la declaración de renta de 2006, en la cual se confesó un patrimonio bruto que fue tomado como base del impuesto al patrimonio por el año gravable 2008. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Es materia de estudio la legalidad de la Liquidación Oficial de Aforo 322412013000037 de 10 de mayo de 2013 y de la Resolución 900.191 de 4 de junio de 2014, actos mediante los cuales la División de Gestión de Liquidación de la DIAN, liquidó el Impuesto al Patrimonio por el año gravable 2008, al señor EVILARIO

NAVARRO FERNANDEZ.

Según el recurso de apelación, se debe determinar si se acepta el error de transcripción aludido por el demandante, al digitar el valor del patrimonio bruto en su declaración de renta por el año gravable 2006, pese a que la declaración de renta ha quedado en firme, para efectos de determinar si el actor es sujeto pasivo del impuesto

al patrimonio por el año gravable 2008. Precisado lo anterior, procede esta agencia del Ministerio Público a emitir concepto en los siguientes términos: 1.- El artículo 292 del E.T., fue modificado mediante la Ley 1111 de 2006, en el sentido de crear el impuesto al patrimonio para los años 2007, 2008, 2009 y 2010, cuyos elementos y demás características se mantuvieron en los mismos términos del artículo 17 de la Ley 863 de 2003. Es decir que se mantuvo incólume como gravamen a la posesión de riqueza (hecho generador). Por lo tanto, es imperioso determinar si el contribuyente de renta, en realidad era poseedor de un patrimonio superior a $3.000’000.000, para ser sujeto pasivo del impuesto al patrimonio. Observa el Ministerio Público que el contribuyente de renta, informó a la DIAN sobre el error de digitar un cero de más, lo cual ocasionó que los valores registrados en los 8 Expediente 23190 renglones 34 y 36 de la Declaración de Renta por el año 2006, estaban errados y no correspondían a la realidad. Por tal razón, solicitó el 23 de diciembre de 2011, a la Administración, que procediera a hacer la corrección de dicho error, con el fin de que el renglón 34 no figurara el valor de $5.938.440.000 (errado), sino el valor correcto de $593.844.000. Así mismo, corregir el Renglón 36, como producto de la corrección del renglón 34, el cual quedaría con $593.527.000.

La anterior corrección fue negada por la DIAN, por improcedente, mediante Oficio 132-243-435-0670 de 14 de marzo de 2012. 2.- No obstante la solicitud de corrección presentada por el contribuyente de renta, la DIAN, sin haber sido resuelta tal petición, emplazó al señor Navarro Fernández, para declarar el impuesto de patrimonio con base en el valor del patrimonio declarado en la liquidación privada de renta por el año gravable 2006, el cual había informado el demandante se encontraba errado por haber digitado de más un cero, al consignar el valor del patrimonio bruto. Al dar respuesta al emplazamiento para declarar, el actor informó a la DIAN que estaba pendiente la respuesta de su solicitud de corrección del error de digitación que cometió al diligenciar su declaración de renta del año gravable 2006; además, allegó copia del radicado a la División de Obligaciones y Correcciones, con 32 folios de la declaración de renta de 2006 y comparativos de las declaraciones de años anteriores y posteriores, con sus anexos. Sin embargo, la DIAN expidió la Liquidación Oficial de Aforo 322412013000037 de 10 de mayo de 2013, con fundamento en la firmeza de la declaración de renta presentada por el señor Navarro Fernández, por el año 2006. En esta ocasión, la Administración no tuvo en cuenta las pruebas allegadas por el demandante, con fundamento en las cuales el Tribunal concluyó que efectivamente el valor registrado por el contribuyente de renta en el renglón de patrimonio bruto estaba errado. Dichas pruebas que obran a folios 40 y s.s. del expediente (certificaciones de

Davivienda y de la sociedad Learn & Practice Consultores, declaraciones de impuesto predial y declaraciones de impuesto sobre vehículos), no han sido tachadas, ni 9 Expediente 23190 desvirtuadas por la administración y prueban que a 31 de diciembre de 2006, el señor Navarro Fernández tenía un patrimonio bruto de $593’844.433, representado en depósito en bancos, acciones y aportes, bienes raíces, vehículos y muebles y enseres. Igualmente, del contenido de las declaraciones de renta de los año 2004, 2005, 2007 y 2008, confrontado con el de la declaración de renta de 2006, se extrae que efectivamente hubo un error de digitación, pues el valor consignado en el denuncio del 2006, corresponde al valor determinado como patrimonio bruto de $593’844.433 más un cero de más, lo cual arroja el valor erradamente consignado por $5.938.440.000. Por lo anterior, no es de recibo la pretensión de la entidad demandada de revocar la sentencia del a quo, por considerar que el balance general no genera certeza de la realidad económica del contribuyente, pues ese documento no fue fundamento de la decisión del Tribunal; por lo tanto, no desvirtúa la DIAN la realidad del valor del patrimonio bruto que a 31 de diciembre de 2006 tenía el demandante. Así las cosas, frente a la realidad patrimonial del declarante, no es dable sobreponer la firmeza de la declaración de renta por el hecho de que el contribuyente no la haya modificado, dentro del término que tenía para hacerlo, pues hacerlo implicaría

inobservar el artículo 228 de la Constitución Política, según el cual prevalece el derecho sustancial. 3.- El hecho de que la DIAN ya no tenía facultad para revisar y modificar la declaración de renta de 2006, no es violatorio de su derecho de igualdad, por cuanto en este caso estamos estudiando la legalidad de los actos acusados por los cuales se liquidó de aforo el impuesto al patrimonio por el año 2008. Adicionalmente, frente a los hechos planteados por el contribuyente desde el año 2011, relacionados con su error de digitación, la DIAN tuvo oportunidad de desvirtuar la existencia del mencionado error y del verdadero valor del patrimonio del actor. Sin embargo, se escudó solo en la firmeza de la declaración de renta y no realizó ninguna actividad para probar que el valor mencionado como patrimonio bruto por el actor, no correspondía a la realidad de su situación patrimonial. 10 Expediente 23190 Por tal razón, no prosperan los cargos de la entidad apelante, contra la sentencia de primera instancia. Por lo expuesto, esta agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la Honorable Sala, proceder a confirmar la sentencia de 6 de abril de 2017, emitida en el presente asunto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De los Señores Consejeros,

MAURICIO MICHEL MOLANO CURREA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado

Proyecto: Clara Martínez