PGN - IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - Regulación legal

IMPUESTO PREDIAL-Acto administrativo no realiza liquidación de recisión no acepta el auto avaluó sino el avalúo catastral IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO-Regulación legal IMPUESTO PREDIAL-Base gravable/AVALÚO-Vigencia A partir del año 2000, entró en vigencia un nuevo procedimiento para el establecimiento de la base gravable del Impuesto Predial; asimismo, que los avalúos se entienden notificados una vez se incorporados en los archivos de los catastros y tienen vigencia a partir del primero de enero del año siguiente a partir de la publicación e incorporación. La anterior ley fue declarada exequible bajo el entendido que representaba un avance jurídico respecto de la metodología anterior que se fundamentaba en el incremento del valor de la propiedad raíz proporcionalmente con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (inflación). IMPUESTO DE RENTA-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Concepto 096 - 2011 – 188088 Bogotá, D.C., 8 de junio de 2011 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS Referencia : 250002327000200402034 01

Radicado : 18451

Asunto : Impuesto Predial

Actor : Organización Luis Carlos Sarmiento

Angulo Ltda. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 Piso 19 Tel. 5878750 Ext.: 11932/33 www.procuraduria.gov

Expediente 18451 2 El Ministerio Público pone a consideración de la Sala su concepto dentro del trámite del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de junio de 2010. ANTECEDENTES 1.- De los hechos que presenta el libelista en la demanda se resumen los siguientes: En 1997 la ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA, solicitó la revisión del avalúo catastral por las vigencias 1-95. 1-96 y 1-97 con base en los artículos 9 de la Ley 14 de 1983 y 129 de la resolución 2555 de 1988 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de los predios que se detallan a continuación: Calle 166 No. 25 A – 45; Calle 166 No. 27 – 45; Calle 166 No. 26 – 20; Calle 168 No. 26 – 11; Carrera 29 A No. 169 – 50; y Calle 165 No. 29 A – 40. El 18 de septiembre de 1997 se profirió la Resolución 1148 del Jefe de la Oficina de Conservación Zona Norte, del Departamento Administrativo de Catastro Distrital (DACD), la cual confirmó los avalúos de los predios de la

sociedad LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA.

El 23 de octubre de 1997 bajo la radicación No. 1997-95458 la sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la Resolución No 1148, los cuales fueron decididos mediante la Resolución No. 002 de 9 de

febrero de 1998 proferida por el Jefe de la Oficina de Conservación Zona Norte, del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, y por la Resolución No. 247 del 20 de mayo de 1998 del Director del Departamento Administrativo de Catastro Distrital, confirmando la resolución inicial. Los anteriores actos fueron demandados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera, demanda admitida el 12 de mayo de 1998. No. de proceso 01-296. 3 Expediente 18451 Loa actos relativos al avalúo catastral de los predios ubicados en la calle 168 No. 29C-45 (dirección anterior) – AK 31 No. 167-54 INT. 1 (dirección actual), cédula catastral 167 29C 40 y Diagonal 165 A No. 25 A-45 (dirección anterior) – Kr. 31 No. 165 A No. 64 INT. 1 (dirección actual), cédula catastral 166 T28 43, fueron demandados a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el expediente 2001-1192. Actualmente en trámite de segunda instancia ante el Consejo de Estado. El 6 de julio de 2001 la sociedad contribuyente declaró y pagó el impuesto predial unificado correspondiente al año gravable 2001, tomando como base gravable el autoavalúo del año anterior, incrementado en la meta de inflación fijada por el gobierno. La sociedad consideró que estando impugnado el avalúo catastral por nulidad, su declaración privada no podía atenerse a ese avalúo, cuya validez se discute ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

El 26 de abril de 2002 el contribuyente declaró y pago el impuesto predial correspondiente a los predios mencionados, para la vigencia 2002. La Administración Distrital de Impuestos profirió el Requerimiento Especial No. RE – 2003PEE-21617, por medio del cual propuso modificar las declaraciones privadas del Impuesto Predial unificado de los años gravables 2001 y 2002. El 1º de septiembre de 2003, el Grupo de Unidad de Determinación de la Subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, emitió la Liquidación Oficial de Revisión No. LOR -081-2003 PEE 80009, mediante la cual modificó y liquidó oficialmente el Impuesto Predial Unificado, correspondiente a los años gravables 2001 y 2002, de los inmuebles ubicados en: Avenida Carrera 31 No. 167-54 Int. 1; Calle 165 A No. 28-56; Calle 166 No. 26 – 10; Calle 168 No. 26 – 11; Carrera 29 A No. 169 – 50; Carrera 31 No. 165 A – 64 Int. 1. Expediente 18451 4 Contra el anterior acto la sociedad interpuso recurso de reconsideración que fuer resuelto mediante Resolución No. 47755 de 7 de mayo de 2004, de la Subdirección Jurídica tributaria, Grupo de Recursos Tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. 2.- La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., por medio de apoderado presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código

Contencioso Administrativo, pretendiendo se declare la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión No. LOR -081-2003 PEE 80009 de 1º de septiembre de 2003, proferida por la Unidad de Determinación, subdirección de Impuestos a la Propiedad de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá y de la Resolución No. 47755 de 7 de mayo de 2004, de la Subdirección Jurídica tributaria, Grupo de Recursos Tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá, que confirmó la primera. En cuanto a las normas violadas citó el artículo 143 de la Resolución 2555 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo; el artículo 829 del Estatuto Tributario; el artículo 3º de la Ley 44 de 1990; el numeral 1º del artículo 155 del Decreto 1421 de 1993; y el artículo 101 del Decreto Distrital 807 de 1993. En el concepto de violación adujo que la entidad demandante no esta obligada a tomar como base gravable el Impuesto Predial Unificado, un avalúo catastral, que ha sido discutido por erróneo y excesivo en la vía gubernativa desde 1997, en un caso que cobija siete inmuebles de la sociedad Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., y desde 1999 en otro caso que cobija las dos restantes de la sociedad Viviendas Planificadas S.A., todos pertenecientes a la misma urbanización, y cuya legalidad esta siendo actualmente estudiada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en el Consejo de Estado.

Manifestó que de acuerdo con el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 143 de la Resolución 2555 de 1988 del IGAC, la 5 Expediente 18451 ejecutoriedad de los actos administrativos esta expresamente suspendida mientras se deciden los recursos gubernativos o se resuelve definitivamente sobre su legalidad en la vía contenciosa administrativa. Explicó que la Liquidación Oficial de Revisión optó por la base gravable catastral para efectos de liquidar el Impuesto Predial y no por el avalúo libre del contribuyente, establecido de acuerdo con el valor comercial de los inmuebles e incrementado año tras año según lo establece la ley; tampoco considera que el avalúo catastral esta siendo discutido por exagerado e ilegal. Afirmó que la sanción por inexactitud impuesta es improcedente porque la obligatoriedad de tomar como base gravable el avalúo catastral, que está en discusión, configura una diferencia de criterio. 3.- En sentencia del 23 de junio de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación. Advirtió la Sala a quo que existen dos procesos contra los actos que establecieron los avalúos de los predios, no obstante es procedente emitir pronunciamiento de fondo, señalando que en el evento en que las decisión del Consejo de Estado dentro del proceso 2001-0296 tenga un sentido favorable al actor, en cuanto se revoquen los actos administrativos mediante los cuales se determinó el avalúo catastral de los predios ubicados en la Calle 168 No. 26-11,

KR 29 A No. 169 - 50, Calle 166 No. 26 -10, Calle 165 A No. 28 – 56 de ésta ciudad, el efecto de tal decisión sería el decaimiento de los actos administrativos objeto de esta litis, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. En cuanto al cargo, según el cual la sociedad no estaba obligada a tomar como base del Impuesto Predial el avalúo catastral fijado por el DACD, debido a que los actos que establecieron dicho avalúo no se ajustan a las normas legales, porque no estaban en firme al tiempo de presentar su liquidación privada por los Expediente 18451 6 años gravable 2001 y 2002, ni constituían actos definitivos, porque su legalidad esta siendo discutida en la vía contenciosa administrativa; explicó la Sala del Tribunal que existe un fallo emitido por dicha Corporación en el expediente 2001-0296 que negó las suplicas de la demanda, y que fue apelado, sin que a la fecha de su pronunciamiento haya sido modificado por parte del Consejo de Estado, lo que mantiene incólume la presunción de legalidad sobre los mismos. Resaltó que en relación con el expediente 2001-0296, la vía gubernativa quedó agotada con la notificación de los actos que resolvieron los recursos; esto es, con la Resolución No. 247 del 20 de mayo de 1998 del DACD que resolvió el recurso de apelación; es decir, antes del 1º de enero de 2001 y 1º de enero de 2002, fechas en que entraron en vigencia los avalúos para cada vigencia fiscal,

de los inmuebles que son objeto de la presente acción. Citó la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 4 de septiembre de 2003, radicación No. 25000232700020010049901 (13429) para concluir que a la autoridad catastral le corresponde el manejo y la determinación de los actos de inscripción y avalúo catastral con fundamento en los cuales se determina posteriormente la liquidación del impuesto predial; de manera que el avalúo catastral es determinado por resolución motivada emanada de la autoridad catastral y si el administrado tiene algún reparo o inconformidad con el mismo debe proceder a su impugnación a través de los recursos de vía gubernativa establecidos en la ley y de las acciones contencioso administrativas a afectos de establecer la legalidad de los mismos. Explicó que no le corresponde al contribuyente controvertir la legalidad del avalúo a través de los recursos de la vía gubernativa contra los actos de liquidación oficial del tributo. Precisó que las actuaciones de formación, actualización y conservación del catastro se encuentran reguladas por la Ley 14 de 1983, Decreto 3496 de 1983 y Resolución 2555 del IGAC, procedimientos especiales que posibilitan al propietario del inmueble para solicitar la revisión del avalúo e intentar los recursos pertinentes. 7 Expediente 18451 Señaló que la administración aportó como pruebas los avalúos catastrales por las vigencias 2001 y 2002 los formularios de información catastral, en los cuales se observa una reducción sustancial del avalúo ente los años 2000 y 2001, lo que indica una transición de un ciclo catastral que finalizó en el 2000 a otro que

inició en el 2001. En consecuencia, no tiene sustentó los argumentos de la demandante que insiste en que los avalúos catastrales de 2001 y 2002 dependen de lo que se decida en los procesos contenciosos administrativos en los que se controvierten las resoluciones que determinaron el avalúo catastral por el año 1995 y siguientes, pues el ciclo de formación catastral que inició en el año 1995 culminó en el 2000, y allí inició uno nuevo, tal como se aprecia en los datos aportados por la Administración. Reiteró que la base gravable declarada debió ser determinada acatando los lineamientos del anticuo 155 del Decreto 1421 de 1993, norma que establece que se puede utilizar el autoavalúo, cuando no es inferior al avalúo catastral o al autoavalúo del año inmediatamente anterior, incrementado en la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al consumidor del año calendario inmediatamente anterior, certificado por el DANE. Asimismo debió considerarse que no es la Administración Tributaria la entidad competente para determinar el avalúo o el autoavalúo y; por ello, las pruebas allegadas no resultan pertinentes, pues, el acto de liquidación del tributo, es diferente al de determinación del avalúo; además, las pruebas aportadas hacen referencia a períodos fiscales que comprenden un ciclo de formación distinto al que es objeto de esta litis. De esta manera lo que se decida en los procesos 01-0296 y 01-01192 no tiene incidencia en las liquidaciones del Impuesto Predial para las vigencias comprendidas entre 1995 y 2000, porque no se extiende a vigencias

posteriores, en aplicación de lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto Reglamentario 3496 de 1983. Expediente 18451 8 En cuanto a la sanción por inexactitud resulta claro para el Tribunal que al haber declarado la sociedad contribuyente un menor valor de la base gravable, al que legalmente correspondía, procede la aplicación de la sanción, sin que se observe la diferencia de criterios, porque no le esta autorizado al intérprete apartarse de tenor legal so pretexto de una diferencia de criterios. 4.- Por medio de apoderado judicial, la Sociedad demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, presentando los mismos argumentos expuestos en la demanda. En particular afirmó que los actos acusados utilizan como base los mismos avalúos catastrales de formación, con los ajustes al índice de propiedad previstos en los decretos de cada año, y que los avalúos de formación y los subsiguientes de actualización han sido discutidos en la jurisdicción contenciosos administrativa. Agregó que la accionante no esta obligada a tomar como base gravable el avalúo catastral actualmente cuestionado ante la jurisdicción administrativa. Afirmó que es evidente que el Tribunal llega a una conclusión errada respecto de la vigencia del avalúo catastral, que los lleva a desestimar el valor probatorio de los avalúos técnicos que obran en el expediente. Contrario a lo dicho por el Tribunal, la administración no realizó un nuevo avalúo de formación catastral posterior al avalúo de 1995, por lo que no puede decirse que a partir de 2000 se

inició un nuevo período de formación catastral. Adujo que es un hecho notorio que el proceso de formación fracasó en Bogotá por diversas circunstancias técnicas y políticas, y que si no hay un nuevo avalúo de formación posterior a 1995, es evidente que los avalúos de actualización (incluyendo 2001 y 2002) parten de éste, lo que demuestra la incidencia del resultado del juicio de legalidad sobre las liquidaciones oficiales que se basan en éste. Reiteró que la sanción por inexactitud es manifiestamente improcedente, porque la diferencia de criterios es clara y la parte accionante en ningún 9 Expediente 18451 momento desconoció lo establecido por el artículo 155 del Decreto 1421 de 1993. Concluyó que la sentencia impugnada pretende que se dejen las cosas en su estado al tiempo de presentar la declaración privada, aceptando el avalúo impugnado y, en caso de salir avante una revisión judicial del acto del avalúo, pedir el decaimiento del acto liquidatorio subsiguiente, pero esa afirmación no se compadece con la consolidación de la situación y por ende, de la obligación tributaria, que se presentaría en caso de no provocar litigio sobre la base. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO De acuerdo con los motivos de inconformidad expresados por la parte apelante, el problema jurídico se concreta en determinar si en el presente caso, la sociedad contribuyente debía tomar como base gravable para la declaración del Impuesto Predial de sus inmuebles, el avalúo catastral establecido por el DACD, para los años 2001 y 2002; o si por el contrario, como lo hizo la

contribuyente podía tomar el autoavalúo, considerando que había impugnado los actos que determinaron los avalúos catastrales correspondientes a sus predios por las vigencias 1996 a 1999. 1.- Sea lo primero exponer los preceptos legales pertinentes contenidos en la Ley 601 de 2000 “Por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del Impuesto Predial Unificado en el Distrito Capital”. “ARTÍCULO 1o. A partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto predial unificado para cada año será el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de causación del impuesto. Sin embargo, el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la base gravable en un valor superior al avalúo catastral, caso en el cual no procede corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese año gravable. ARTÍCULO 2o. Los avalúos catastrales determinados en los procesos de formación y/o actualización catastral se entenderán notificados una vez publique el acto administrativo de clausura, y se incorpore en los archivos de los catastros. Su Expediente 18451 10 vigencia será a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que se efectuó la publicación e incorporación. PARAGRAFO. Los avalúos catastrales producto del proceso de formación y actualización, se deberán comunicar por correo a la dirección del predio. La no comunicación no invalida la vigencia de los avalúos catastrales.” ARTÍCULO 3o. Los avalúos catastrales de conservación se reajustarán

anualmente en el porcentaje que determine y publique el Gobierno Distrital en el mes de diciembre de cada año, de acuerdo con los índices de valoración inmobiliaria urbana y rural, previo concepto del Consejo de Política Económica y Fiscal, Confis del periodo comprendido entre el primero de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior. ARTÍCULO 4o. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Para efectos tributarios, el propietario o poseedor podrá hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable, solicitar revisión a las autoridades catastrales de los avalúos de formación, actualización o conservación de acuerdo con los procedimientos que regulan la materia. PARAGRAFO. Los contribuyentes podrán, dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria de la decisión de revisión de que trata el presente artículo, corregir la declaración inicialmente presentada sin necesidad de trámite adicional alguno. (Subrayados fuera de texto) De las anteriores normas se puede colegir que a partir del año 2000, entró en vigencia un nuevo procedimiento para el establecimiento de la base gravable del Impuesto Predial; asimismo, que los avalúos se entienden notificados una vez se incorporados en los archivos de los catastros y tienen vigencia a partir del primero de enero del año siguiente a partir de la publicación e incorporación. La anterior ley fue declarada exequible bajo el entendido que representaba un avance jurídico respecto de la metodología anterior que se fundamentaba en el incremento del valor de la propiedad raíz proporcionalmente con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda (inflación). En Sentencia C-1251/01 que analizó la exequibilidad de los artículos 1°, 2°, 4°,

5° y 8° de la Ley 601 de 2000, se explicó: “Ciertamente, aún admitiendo que el impuesto de renta es un impuesto de período y que como tal le sería aplicable el mandato del artículo 338 Superior, en virtud del cual las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen sus aspectos estructurales sólo pueden aplicarse a partir del período que comience después de iniciar su vigencia, no existe ningún problema en que la medida contenida en el artículo 1° de la Ley 601 de 2000 sea aplicada en el periodo fiscal en el cual comenzó a regir este ordenamiento legal, toda vez que al haber eliminado la actualización automática del avalúo catastral con referencia al índice de precios al consumidor, el impuesto a pagar a partir del año gravable de 2000 resulta ser más equitativo, dada la actual situación del mercado inmobiliario. 11 Expediente 18451 Así pues, siendo favorable la medida que se examina bien podía aplicarse desde el período fiscal en el cual comenzó la vigencia de la Ley 601 de 2000, sin que con ello se esté desconociendo el canon 338 Fundamental. Respecto al segundo inciso del artículo 1° de la Ley 601 de 2000, tampoco se observa vicio alguno de inconstitucionalidad, por cuanto su presunta contradicción con las normas superiores deriva de una interpretación equivocada que hace el actor del texto legal acusado, según pasa a explicarse: Según los antecedentes legislativos, cuando el inciso acusado autoriza al contribuyente propietario o poseedor para determinar la base gravable en un valor superior al avalúo catastral y señala que en este evento no procede corrección por

menor valor de la declaración inicialmente presentada por ese año gravable, no se busca perjudicar a los sujetos pasivos del impuesto predial que optan por declarar el valor del predio sin el ajuste a la inflación proyectada, impidiéndoles corregir su declaración tributaria, toda vez que el objetivo de la medida es evitar que acumulen un doble beneficio en perjuicio del fisco: aquél que se genera en el impuesto de ganancia ocasional y la devolución de la diferencia producto de la corrección. Además, la norma bajo análisis no resulta perjudicial para los contribuyentes del impuesto predial, porque la facultad que tiene el propietario o poseedor de determinar como base gravable un valor superior al avalúo catastral sin lugar a corrección por menor valor, no se fundamenta en la existencia de un error cometido por el sujeto pasivo en la declaración tributaria, sino en su decisión libre y voluntaria de aumentar la base impositiva del mencionado impuesto. Por ello, si de lo que se trata es de aumentar voluntaria y conscientemente la base imponible del impuesto predial no es razonable que hubiera lugar por parte del contribuyente a una corrección por menor valor de la declaración inicialmente presentada para el correspondiente año gravable. De esta forma no se presenta infracción alguna al canon 338 Fundamental, por cuanto el fin de la disposición bajo análisis es el de garantizar la estabilidad de la base gravable del impuesto predial. No obstante, la situación es distinta cuando al presentar la declaración tributaria se incurre en una equivocación en la determinación de la base gravable del impuesto predial, que acarrea consecuencias fiscales desfavorables como la de asumir el

pago de una mayor tarifa a la que realmente le correspondería por concepto de dicho tributo. En este evento, es claro que si al contribuyente se le impide corregir por menor valor la declaración inicialmente presentada por ese año gravable se está incurriendo en una flagrante violación de los mandatos constitucionales. Por tanto, entiende la Corte que la exequibilidad de la norma que se revisa debe condicionarse en el sentido de que la facultad del contribuyente propietario o poseedor para corregir por menor valor la declaración inicialmente presentada procede únicamente cuando se refiere a errores distintos a la determinación voluntaria del impuesto predial en un valor superior al avalúo catastral. (…) Pero si se entiende que por administración distrital la norma acusada está haciendo referencia al Concejo Distrital, como corporación administrativa de elección popular, no se presentaría quebranto alguno a los dictados de la Carta Política, por cuanto conforme a lo dispuesto en el artículo 338 de la Ley Fundamental dicho organismo es competente para imponer contribuciones en el Expediente 18451 12 distrito capital, fijando cada uno de los elementos que integran la obligación tributaria. Así pues, la Corte aplicando el principio constitucional de la conservación del derecho procederá a declarar la exequibilidad del artículo 5° de la Ley 601 de 2000, bajo el entendido de que la facultad otorgada a la administración distrital para fijar la base gravable mínima del impuesto predial está referida al Concejo del Distrito Capital, como organismo administrativo de representación popular competente para ejercer la potestad impositiva en los términos del artículo 338 de

la Constitución Política. (Subrayados fuera de texto) Por su parte en sentencia de la Corte Constitucional C-032/05 que resolvió sobre demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º de la Ley 601 de 2000. “1. Como se ha indicado, el problema jurídico sometido a consideración de la Corte está relacionado con la metodología seguida para efectos de la liquidación del impuesto predial correspondiente a bienes inmuebles urbanos y rurales en el distrito capital. Para su adecuada contextualización hay que tener en cuenta que en vigencia del Decreto 1421 de 1993, la base gravable para la determinación del impuesto predial estaba determinada por el valor que mediante autoavalúo establecía el contribuyente y no podía ser inferior al avalúo catastral o autoevalúo del año anterior, incrementado en la variación porcentual del índice nacional de precios al consumidor certificado por el DANE. Esta metodología pretendía guardar una relación de equilibrio entre el progresivo incremento del costo de los inmuebles y la determinación de la base gravable para la liquidación del impuesto predial, evitando que este tributo se congelara no obstante el incremento del valor de los predios. Con todo, ese sistema se mostró desafortunado en los momentos de desaceleración que afectaron la economía nacional a mediados de la década del noventa. Esto fue así porque la desaceleración económica evidenció que el valor de la propiedad inmueble no se incrementaba de manera correlativa a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, determinada con el IPC, y que a pesar de ello los avalúos catastrales, los autoavalúos y el impuesto predial se incrementaban de

manera automática cada año en un porcentaje igual a la inflación. Esa falta de correspondencia entre el incremento del valor de la propiedad raíz y la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, hizo que los contribuyentes terminaran liquidando y pagando el impuesto predial a partir de unas bases gravables que en muchos casos excedían el valor comercial de los inmuebles, desvertebrándose así los principios de justicia y equidad del sistema tributario.

2. Ante ese panorama, en el Congreso de la República se tramitó un proyecto de ley mediante el cual se establecía una nueva metodología para la determinación de la base gravable del impuesto predial en el distrito capital. Tal metodología se concibió de tal manera que se mantuviera la correspondencia entre el valor efectivo de los inmuebles, el autoavalúo y el impuesto predial a pagar por el contribuyente. Ese proyecto fue debatido y aprobado, con algunas modificaciones, correspondiendo su texto a la Ley 601 de 2000. Mediante esta ley: - Se dispuso que a partir del año fiscal 2000 la base gravable del impuesto predial unificado para cada año será el valor que mediante avalúo establezca el contribuyente, valor que deberá corresponder como mínimo al avalúo catastral vigente al momento de la causación del tributo.

13 Expediente 18451 - Se ordenó que los avalúos catastrales de formación y/o actualización se entenderán notificados una vez se publique el acto administrativo de clausura y se incorpore en los archivos de los catastros. - Se fijó la metodología para el reajuste anual de los avalúos catastrales de conservación. - Se facultó al propietario o poseedor del bien raíz para solicitar la revisión de los

avalúos de formación, actualización o conservación. - Se estableció la manera como debían determinar la base gravable los responsables del tributo a los que no se les haya fijado avalúo catastral. - Se dispuso que la información de identificación de los predios registrada en las declaraciones tributarias del impuesto predial unificado que no se encuentren en las bases catastrales servirá de base para los procesos que realice la autoridad catastral y, finalmente, - Se estableció que el Distrito Capital podrá mantener o establecer sistemas preferenciales y optativos de liquidación y recaudo del impuesto predial unificado. (…) Para comprender el sentido de la norma hay que tener en cuenta que la base gravable para la determinación del impuesto predial fue fijada en el artículo 1º de la Ley 601 de 2000 al indicar que ella estará constituida por “ el valor que mediante autoevalúo establezca el contribuyente, - valor - que deberá corresponder, como mínimo, al avalúo catastral vigente al momento de la causación del impuesto”. En ese contexto, la disposición cuestionada, le concede al gobierno distrital una facultad precisa consistente en señalar el porcentaje en el cual se deben reajustar anualmente los avalúos catastrales de los predios del distrito”. (Subrayados fuera de texto) De acuerdo con lo anterior queda establecido que a partir del año 2000 operó otro sistema y metodología para establecer la base gravable del avalúo catastral en el Distrito Capital; en consecuencia, los avalúos correspondientes a los años 2000 y siguientes deben aplicar las normas correspondientes sin que sea permitido continuar con la normatividad anterior que se considera

derogada. Tampoco se puede afirmar que los procesos de determinación catastral en el Distrito aplicaron normas a