PGN - INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO - No existe ningún obstáculo para que

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., mayo ocho (8) de dos mil ocho (2008). Aprobado en Acta de Sala No. 17. Radicación 161-3766 (020-144891/06) No: Disciplinado Carlos Alfonso Sarmiento Muñoz y Héctor : González Romero Cargo: Mayor y Comisario, respectivamente, de la

Policía Nacional Quejoso: Fernando Lesmes Merchán Fecha queja: 6 de julio de 2006

Fecha 22 de mayo de 2006 hechos: Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. SILVANO GÓMEZ STRAUCH En virtud de los recursos de apelación interpuestos y sustentados en legal forma por las apoderadas de los disciplinados, miembros de la Policía Nacional Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO MUÑOZ y Comisario HÉCTOR ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO, la Sala Disciplinaria revisa la decisión del 23 de noviembre de 2007, mediante la cual la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional los sancionó disciplinariamente con multa de diez días del sueldo básico mensual. Es preciso aclarar que el quejoso, víctima dentro del presente asunto, FERNANDO LESMES MERCHÁN, a través de su apoderada interpuso igualmente recurso de apelación. ANTECEDENTES PROCESALES En queja presentada el 6 de julio de 2006, el señor FERNANDO LESMES MERCHÁN, solicita se investigue disciplinariamente a los señores Comisario HÉCTOR GONZÁLEZ ROMERO y al Comandante de la Estación 13 de Policía

Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO MUÑOZ, por los hechos ocurridos el 22 de Radicación No. 161-3766 mayo de 2006, cuando a eso de las 10.30 de la mañana fue privado de la libertad en momentos en que hacía una llamada por celular en la calle 53 con Carrera 27 de esta ciudad, cerca al almacén donde labora ubicado en el Centro Comercial Galerías. Cuenta el quejoso que el policía de apellido GONZÁLEZ, le pidió los documentos de identificación y sin verificar por radio teléfono sus antecedentes ni nada, le dijo que quedaba detenido por sospecha, le colocó las esposas y no atendió lo que éste le decía en el sentido de que era un comerciante de la zona, lo cual podía corroborar personalmente; fue subido a un camión y trasladado a la Unidad Permanente de Justicia en donde estuvo hasta las 9 y 30 de la noche, luego de que interviniera su abogada, a quien le informaron de la aplicación de la medida de retención transitoria de conformidad con lo previsto en el artículo 207 numeral 3 del Código Nacional de Policía, es decir, por el alto grado de excitación, lo cual no es cierto (folios 1 a 10). Con fundamento en lo anterior, el 12 de octubre de 2006, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional ordenó adelantar la respectiva indagación preliminar y, mediante auto del 6 de noviembre de 2007, atendiendo lo previsto en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, al considerar que estaban reunidos los requisitos sustanciales para proferir pliego de cargos, ordenó continuar el proceso disciplinario por el

procedimiento verbal por lo que citó a audiencia pública para el 14 de noviembre de 2007, al Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO MUÑOZ, Comandante de la Estación 13 de Policía de Teusaquillo de Bogotá y al Comisario HÉCTOR ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO, quien para la época de los hechos cumplía funciones de apoyo de vigilancia urbana en la jurisdicción de esa unidad policial (folio 114 C.O.1). El 14 de noviembre de 2007, en orden a practicar las pruebas ordenadas, se llevó a cabo la respectiva audiencia, cuya reanudación fue fijada para el 20 de noviembre de 2007, fecha en la que, concluidas las intervenciones procesales, se suspendió y convocó para el día 23 de noviembre de 2007, fecha en la que se profirió el fallo respectivo (folios 219, 261, 266 C.O.2). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En fallo proferido en la audiencia del 23 de noviembre de 2007, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional sancionó a los disciplinados bajo los siguientes argumentos:

1.- Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO MUÑOZ

2 Radicación No. 161-3766 “A este disciplinado se le endilgó: 1.- Que retuvo al señor LESMES MERCHÁN, sin que al parecer existiera causa que lo justificara, lo que está previsto en la ley como falta disciplinaria gravísima, según el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al privar

ilegalmente a una persona, lo que de comprobarse puede dar lugar a destitución”. Con la prueba testimonial y documental allegada al proceso, se probó que el 22 de mayo de 2006, FERNANDO LESMES MERCHÁN fue trasladado a la Estación 13 de Policía, donde el Mayor SARMIENTO, Comandante de esa Unidad, le impuso la medida prevista en el artículo 207.3 del Código Nacional de Policía, consistente en retención transitoria por 24 horas, argumentando que presentaba grave estado de excitación. Pese a que el disciplinado expresó que la medida la impuso con base en la información que por radio teléfono le dio el Comisario GONZÁLEZ ROMERO y que la misma información fue suministrada por el Intendente GARCÍA cuando llegó a la Estación con el retenido, el Despacho no encuentra justificado su actuar en razón a que no aparece probado el estado de grave excitación con inminente posibilidad de infracción a la ley penal. De otra parte, resulta un hecho cierto que por la falta de diligencia y cuidado, el Mayor SARMIENTO no se percató directamente del estado anímico de LESMES MERCHÁN, por lo que no le era dado imponerle la medida de retención, pues carecía de bases para hacerlo. De acuerdo con lo dicho por el Subintendente VALENCIA, es claro que el disciplinado no tuvo contacto directo con el quejoso, por lo que no lo oyó previamente, desconociendo el mandato previsto en el artículo 224 del Código Nacional de Policía. La falta de diligencia y cuidado que tuvo el Mayor en la imposición de la medida

policiva, hace que ésta sea arbitraria e injusta, por lo que se estima que incurrió en la falta disciplinaria que se le endilgó, al haber quebrantado el derecho fundamental consagrado en los artículos 24 y 28 de la Carta Política. “Con lo expuesto este Despacho considera, haciendo un análisis sano y crítico de las pruebas allegadas al plenario, que la conducta que dio lugar al primer reproche de este disciplinado debe calificarse definitivamente, como en efecto se hace, como FALTA GRAVE cometida a título de CULPA GRAVE, en atención a que se demostró dentro de este proceso verbal que no fue intención primordial del Mayor SARMIENTO MUÑOZ el privar ilegalmente de la libertad al señor LESMES 3 Radicación No. 161-3766 MERCHÁN, sino que su falta deriva del hecho de no observar la diligencia y cuidados requeridos al aplicar la medida, cuando además debió oír directamente al retenido, por lo que aplicó una medida en una situación en la que no está demostrado que el quejoso presentara un estado de grave excitación, de la que derivara una inminente infracción de la ley penal. En consecuencia, restringió el derecho fundamental a su libertad, sin que existiera causa legal para ello. Conducta omisiva que determinó esa restricción fundamental, que al no estar contemplada como falta disciplinaria en los artículos 34, 35 y 36 de la ley 1015 de 2006, “Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”, se haya tipificada en el artículo 37 ídem, por incumplimiento del deber funcional establecido en la Ley, la que por remisión del artículo 21 de esta misma ley, se concreta en el artículo 224 del

Código Nacional de Policía (CNP), que impone a los Comandantes y Subcomandantes de Estación, como autoridad competente para aplicar la medida del artículo 207 ídem, el deber de escuchar al contraventor previa y directamente, actuar que no ejecutó el disciplinado, lo que pudo hacer, para poder constatar que el quejoso realmente presentaba un estado de excitación que obligaba a la imposición de tal medida. En consecuencia, se le impondrá la sanción que corresponda, prevista para la falta GRAVE cometida con CULPA GRAVE “. Fue sancionado con multa de diez (10) días del sueldo básico mensual devengado para la época de los hechos. 2.- Comisario HÉCTOR ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO “(…) el registrar en el informe del 22 de mayo de 2006, por medio del cual dejó a disposición del Mayor SARMIENTO MUÑOZ al señor LESMES MERCHÁN lo acontecido de manera contraria a como al parecer sucedieron los acontecimientos, lo que está previsto como falta gravísima en el literal e) numeral 30 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al consignar de manera contraria a la verdad, los hechos denunciados por el quejoso, lo que hizo en el ejercicio del cargo y funciones asignadas y que de comprobarse puede dar lugar a destitución”. La prueba testimonial demuestra que la conducción realizada al quejoso a la Estación 13 de Policía se hizo con el fin de imponerle la medida de retención transitoria por el estado de grave excitación presentado al momento de ocurrencia de los hechos. Sin embargo, en el informe suscrito por el Comisario GONZÁLEZ

ROMERO no se hizo mención alguna a dicho estado de excitación con inminente posibilidad de infracción a la ley penal ni a lo sucedido con los vendedores ambulantes. 4 Radicación No. 161-3766 La interpretación subjetiva que el disciplinado y los demás uniformados hacen del estado de grave excitación, así como la forma en que el Comisario informó de los hechos, llevaron a que el Mayor SARMIENTO MUÑOZ impusiera la medida prevista en el artículo 207.3 del Código Nacional de Policía, a pesar de no haberse demostrado la existencia del estado de grave excitación con la posibilidad inminente de la infracción penal por parte del quejoso. El manoteo, las reclamaciones, ofuscaciones u oposiciones a ciertas órdenes o procedimientos policiales no pueden encasillarse por sí solas en el mencionado estado anímico bajo el cual se pudiera cometer inminentemente infracción penal. La falta de cuidado por parte del disciplinado en aplicar principios de razonabilidad, ponderación y proporcionalidad, sobre los cuales insiste la jurisprudencia deben tenerse en cuenta en estos casos de policía, dio lugar a registrar de manera imprecisa los hechos ocurridos. La conducta realizada por el disciplinado, se calificó definitivamente como falta grave a título de culpa grave, tipificada en el literal c) numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1015 de 2006, siendo sancionado con multa de diez (10) días del sueldo básico mensual devengado para la época de los hechos. Valga aclarar que los disciplinados fueron absueltos de los demás cargos

formulados. RECURSOS DE APELACIÓN Las apoderadas de los disciplinados y del quejoso, interpusieron recurso de apelación, bajo los siguientes argumentos: 1.- Apoderada del Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO MUÑÓZ (f.296) De las pruebas allegadas al proceso se concluye que el Mayor SARMIENTO cumplió con el procedimiento establecido para la infracción del artículo 207.3 del Código Nacional de Policía, ya que el artículo 224 Ibídem señala que “El contraventor deberá ser oído previamente” y este hecho quedó demostrado con el acta No.6091 en la que se impuso la medida de retención transitoria. “Es preciso manifestar que oír al contraventor es escucharlo en descargos, que tomaba el señor Subintendente VALENCIA a quien el contraventor no manifestó nada mucho menos refutar lo que se afirmaba sobre él”. Como se expuso en el acápite de Análisis y Valoración Probatoria realizado frente a la situación del Mayor SARMIENTO, él estuvo presente en el momento de la imposición de la medida, se encontraba abajo del camión donde se 5 Radicación No. 161-3766 hallaba LESMES. El proceso contravencional se adelantó por su pupilo en asocio del Subintendente VALENCIA, quien realizó las preguntas de rigor y puso en conocimiento la medida, fundada en la afirmación e informe rendido por el señor Comisario GONZÁLEZ, quien aseguró que el quejoso se encontraba en un alto grado de excitación. De acuerdo con lo expuesto, no se tuvo en cuenta que sí hubo un contacto directo

entre el quejoso y el Mayor SARMIENTO, ya que el procedimiento se realizó en presencia de éste. Culmina su escrito solicitando la absolución de su defendido. 2.- Apoderada del Comisario HÉCTOR ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO (f.298) En versión libre su pupilo manifestó que para la fecha de los hechos se encontraba patrullando el sector de Galerías, ejerciendo actividades relacionadas con la prevención y garantías de seguridad para los ciudadanos, por lo que, al observar al quejoso y su acompañante evitar la presencia de la policía, los requirió para una requisa. Efectuado el procedimiento verificó por radio sus antecedentes y posteriormente se percató que uno de ellos portaba en el cuello unos documentos de una moto que no era de su propiedad y que al indagársele por el paradero de la misma, empezaron a comportarse de manera grosera, negándose a suministrar la información requerida y la actividad que desempeñaban; optó por preguntarle a unos vendedores ambulantes que si conocían a los dos individuos, a lo cual respondieron que no, momento en que el quejoso y su acompañante agredieron verbalmente a los vendedores e intentaron agredirlos físicamente, a la vez que mostraron su inconformidad por el procedimiento adelantado. Esa situación fue informada al Comandante de Estación, solicitándole el envío de un móvil para trasladarlos a la estación, para que allí se decidiera si se aplicaba o no la medida correctiva correspondiente. Lo afirmado por el Comisario tiene sustento probatorio en lo dicho por los uniformados GARCÍA, VALENCIA y CARVAJAL, quienes coincidieron en afirmar que

ciertamente el quejoso presentaba un estado anímico que denotaba un grave estado de excitación, que hacía necesario su traslado a la Estación para evitar la posible comisión de una infracción penal. Incluso el mismo Mayor SARMIENTO corroboró en su versión libre que se le había informado por radio la anomalía que se venía presentando con el señor FERNANDO LESMES MERCHÁN. Aunque el informe escrito presentado al Comandante de la Estación no tenga detalladamente la narración de los hechos, no quiere decir que los hechos no sucedieron como se han comentado y que el ciudadano no se encontrara en estado de grave excitación, circunstancias de las que tuvo pleno conocimiento el Mayor SARMIENTO, pues, como se dijo, se le estaba informando por radio. 6 Radicación No. 161-3766 Sorprende a la defensa que el a-quo afirme que no se encuentra probado que el quejoso se encontraba en estado de grave excitación, cuando las probanzas demuestran lo contrario. Al no estar enumerados los comportamientos que puedan considerarse encajan en lo previsto en el artículo 207.3 del Código Nacional de Policía, la evaluación le corresponde hacerla al Comandante acudiendo a las reglas de la experiencia. Los hechos hubieran podido tener un desenlace diferente si al no tomarse la medida alguien hubiera salido lastimado, máxime teniendo en cuenta que la retención transitoria policiva es un mecanismo jurídico que tiene su fundamento en la prevención, que lo que buscaba el disciplinado, prevenir mayores resultados negativos. Seguidamente la recurrente trae algunas citas referidas a la presunción de inocencia

y solicita el archivo definitivo de las diligencias atendiendo al hecho que en la indagación preliminar transcurrieron más de doce meses, superando el establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, esto es, el de seis meses, término perentorio cuya vulneración afecta el debido proceso. Como fundamento de ello, trae a colación las sentencias de la Corte Constitucional C-181 de 2002 y C-728 de 2000. 3.- Apoderada del quejoso víctima FERNANDO LESMES MERCHÁN (f.308) Señala que es menester no pasar por alto la excelente conducta del quejoso, a quien se le vulneró el derecho a la libertad, que nunca eludió la acción de la justicia, que no cometió acto contrario a la ley, que no se encontraba en estado de excitación, que se le violó el principio de presunción de inocencia, que se le ocasionó un grave daño moral y que el fallo de primera instancia en parte hace justicia por ello. Los desaciertos cometidos en el operativo y en los documentos firmados, no pueden ser atribuidos al quejoso. La hora anotada en el acta deja serias dudas; jamás aparecieron los vendedores ambulantes que se señalan; no se requirió de la fuerza para que subiera al camión. Las consideraciones de hecho y de derecho que hace el Despacho frente al derecho a la libertad y a la dignidad humana son acordes con lo expuesto en la queja, por lo tanto al existir certeza por los hechos manifestados por el quejoso, las sanciones impuestas deben confirmarse, pero también debe sancionarse por la totalidad de los cargos endilgados.

7 Radicación No. 161-3766 CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA En punto a resolver en forma definitiva la situación disciplinaria de los investigados, precisemos inicialmente lo siguiente, para dar respuesta en parte a lo expuesto por la apoderada del Comisario HÉCTOR ARMANDO GONZÁLEZ ROMERO, en relación con el término de indagación preliminar: Pese a que sobre este tema el Procurador Delegado para la Policía Nacional se pronunció en la audiencia del 20 de noviembre de 2007 (folio 261 C.O.2), la Sala reitera que ciertamente, como lo demanda el recurrente, la Corte Constitucional en la sentencia C-728 del 21 de junio de 2000, fue enfática en señalar que el término de indagación preliminar contenido en ese entonces en el artículo 141 de la Ley 200 de 1995, era perentorio, es decir, de obligatorio cumplimiento por parte de la Administración, a cuyo vencimiento sólo procedería abrirse la investigación o archivarse definitivamente, consideración que tiene plena vigencia en la actual legislación disciplinaria, en tratándose de la misma situación de derecho. Sin embargo, también es claro que de conformidad con el mismo pronunciamiento constitucional “el lapso de los seis meses no comprende el tiempo necesario para la evaluación de las pruebas recopiladas durante el período de indagación, lo que permite que ese período sea utilizado íntegramente para la recopilación de las pruebas”, tal como sucedió en el presente asunto. En efecto, el 12 de octubre de 2006, la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional ordenó indagación

preliminar y, el 6 de noviembre de 2007, ordenó continuar el proceso, bajo el procedimiento verbal, por lo cual citó a audiencia pública a los servidores públicos comprometidos con su actuar, empero, la práctica real de pruebas dentro de la etapa de indagación preliminar, se llevó a cabo hasta el día 31 de enero de 2007, fecha en que se escuchó en declaración al señor JULIO ERNESTO MONTAÑA SERRATO, (folio 94 C.O.1). Lo anterior significa que el término de indagación preliminar, el cual vencía el 6 de abril de 2007, no fue violado, presentándose eso sí una tardanza en la evaluación de la indagación preliminar, pues sólo se hizo hasta el día 6 de noviembre de 2007, período que como ya se precisó, no hace parte de la indagación preliminar y, por consiguiente, no ha afectado la validez de la misma. Sobre dicha tardanza, no es resorte de esta Sala hacer pronunciamiento alguno, en razón a que el Procurador Delegado para la Policía Nacional explicó los motivos de la misma en la audiencia del 20 de noviembre de 2007. Ahora bien, definido lo anterior, precisemos igualmente en relación con el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del quejoso, que los argumentos expuestos 8 Radicación No. 161-3766 en orden a que se revoque la decisión absolutoria frente a los cargos que fueron motivo de dicha decisión por parte del a-quo, no controvierten o confrontan lo expuesto por éste, es decir, no se dice con claridad con cuál o cuáles de las

consideraciones del fallador de primera instancia no se está de acuerdo y cuál o cuáles son los fundamentos que sustentan tal afirmación, pues simplemente se limita a hacer un recuento de situaciones fácticas expuestas por el quejoso o repetición de aspectos probados por el a-quo. La falta de planteamientos concretos que permitan entablar la controversia jurídica, entre lo que eventualmente pudiera haber afirmado el quejoso y lo considerado por el a-quo, impiden a la Sala entrar en el examen específico de aspectos relacionados con los cargos por los cuales los disciplinados fueron absueltos. En lo que atañe a los cargos por los cuales los disciplinados fueron sancionados, digamos lo siguiente: 1.- Situación disciplinaria del Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO MUÑOZ. A este disciplinado se le endilgó como falta disciplinaria: “1.- El hecho de retener al señor LESMES MERCHÁN, sin que al parecer existiera causa que lo justificara, lo que está previsto en la ley como falta disciplinaria gravísima, según el numeral 1° del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, al privar ilegalmente de la libertad a una persona, lo que de comprobarse puede dar lugar a destitución” (folios 117 y 278). Lo anterior, acorde con lo precisado en el auto de citación a audiencia publica, cuando al hacer el análisis de responsabilidad del Mayor SARMIENTO, el a-quo consideró que pudo haber incurrido en falta disciplinaria al aplicar al quejoso la medida de retención transitoria contenida en el artículo 207.3 del Código Nacional de

Policía “sin que al parecer al momento aparezca causa que la justificara” (folio 118). La medida de retención transitoria, conforme lo prevé el artículo 192 del Código Nacional de Policía, consiste en mantener al infractor en una estación o subestación de policía hasta por 24 horas, siendo aplicable entre otras, a la contravención regulada en el artículo 207.3 Ibídem, esto es, “Al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente infracción a la ley penal”. En lo que atañe al contenido del artículo 192 del Código Nacional de Policía, es necesario advertir que mediante sentencia C-720/07 de la Corte Constitucional, fue declarado inexequible, pero los efectos de dicha decisión fueron diferidos hasta el 20 de junio de 2008, bajo el siguiente condicionamiento: “En todo caso, y hasta tanto el Congreso de la República regule la materia de conformidad con lo resuelto en el 9 Radicación No. 161-3766 ordinal anterior, la retención transitoria sólo podrá aplicarse cuando sea estrictamente necesario y respetando las siguientes garantías constitucionales: i) se deberá rendir inmediatamente informe motivado al Ministerio Público, copia del cual se le entregará inmediatamente al retenido; ii) se le permitirá al retenido comunicarse en todo momento con la persona que pueda asistirlo; iii) el retenido no podrá ser ubicado en el mismo lugar destinado a los capturados por infracción de la ley penal y deberá ser separado en razón de su género, iv) la retención cesará cuando el retenido supere el estado de excitación o embriaguez, o cuando una persona

responsable pueda asumir la protección requerida, y en ningún caso podrá superar el plazo de 24 horas; v) los menores deberán ser protegidos de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia; vi) los sujetos de especial protección constitucional sólo podrán ser conducidos a lugares donde se atienda a su condición”. Si bien esta sentencia fue proferida en fecha posterior a la de ejecución de los hechos que comportan la presente investigación, se trae a colación, simplemente para advertir que el artículo 192 del Código Nacional de Policía, se encuentra vigente, por lo menos, hasta el 20 de junio de 2008. Ahora bien, respecto de la aplicación de la medida de retención transitoria por las contravenciones previstas en los numerales 2 y 3 del artículo 207 del Código Nacional de Policía, valga traer como referencia las consideraciones que sobre el particular hizo la Corte Constitucional en sentencia C-199 del 13 de mayo de 1998, para poner de relieve que al concedérsele un amplio margen de apreciación a la autoridad de policía para imponer la medida y con el fin de evitar que se incurra en actuaciones arbitrarias e injustas que conculquen los derechos y garantías de los ciudadanos, es indispensable justificar la retención en motivos fundados, objetivos y ciertos. Dijo la Corte: “5. Examen del cargo contra los numerales 2 y 3 del artículo 207 del Decreto 1355 de 1970. Finalidad preventiva: La retención transitoria aplicada a quien "deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompañado a su domicilio" (numeral 2°) y "al que por estado de grave excitación pueda cometer inminente

infracción a la ley penal (numeral 3°). A juicio de la Corte, las anteriores previsiones constituyen verdaderas medidas de protección y no contrarían la Constitución, por las siguientes razones: En primer lugar, dicha medida correccional tiene una finalidad legítima, pues pretende salvaguardar valores constitucionales como la vida o la integridad personal. Es evidente, que una persona en un estado momentáneo de debilidad, puede llegar 10 Radicación No. 161-3766 a afectar intereses de terceros que ella misma estima valiosos cuando se encuentra en pleno uso de sus facultades; porque es un hecho ineludible, que el consumo de alcohol, y los estados de intensas emociones, en un elevado número de personas, "ocasionan el relajamiento de lazos inhibitorios y la consiguiente exteriorización de actitudes violentas".1 Pero además, esta medida también protege al sujeto sobre el cual recae, porque en un estado transitorio de incompetencia para tomar decisiones libres, puede él mismo atentar contra su vida o su salud, o provocar a otros para que lo hagan. Por ejemplo, en el caso de la embriaguez, según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 1996 el 58% de las víctimas por muerte violenta, el 58% de los suicidas, el 51% de las víctimas por accidentes de tránsito y el 31% por otros accidentes, presentaban altos índices de consumo de alcohol.2 Por otra parte, es una medida correctiva eficaz, ya que el retenido está bajo la protección de las autoridades, quienes pueden actuar de manera inmediata, frente a eventuales perjuicios contra valores esenciales del ordenamiento, y no existen

medios eficaces menos onerosos, para lograr la finalidad constitucional planteada, pues es claro que la multa, la promesa de buena conducta o la conminación, no modifican el estado actual de incompetencia transitoria del sujeto, que es el supuesto fáctico en el que se funda y justifica esta medida de protección. Además, y en el caso de la embriaguez, la norma contempla que las autoridades de policía ya han intentado acompañar a la persona a su lugar de residencia, pero ante su renuencia, no les queda otro camino que conducirla a la estación. Así mismo, es evidente que la carga que se impone a la persona es mínima, pues el tiempo de la retención no puede exceder las 24 horas, mientras que el beneficioproteger la vida y la integridad de las personas-, es significativamente mayor. De igual manera, es claro que esta medida correctiva de carácter transitorio comporta la formulación de un reproche por la ingestión de bebidas alcohólicas, o por el estado de grave excitación. Simplemente, descansan en predicciones o cálculos de riesgo, sobre las consecuencias indeseables que pueden producirse a raíz de las alteraciones psicosomáticas, momentáneas, en el individuo. Por lo tanto, estima la Corte que la retención en el comando, de acuerdo con los numerales 2° y 3° de la disposición acusada, es una medida eficaz, que encuentra justificación en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, cabe advertir que en la apreciación de las circunstancias que la motivan, las autoridades de policía, como 1 Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1994. Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

2 Gloria Inés Suarez, Mónica María García y Wilson Hernandez. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Centro Nacional de Referencia para la Violencia. En Boletín Epidemológico Distrital. 1997. 11 Radicación No. 161-3766 autoridades administrativas, no pueden excederse en el ejercicio de sus funciones en relación con los objetivos perseguidos por la norma, pues con el argumento de que una persona se encuentra embriagada o en estado de grave excitación, no puede eliminarse el ejercicio legítimo de sus derechos. Por ello, la autoridad de policía al ejercer esta función preventiva, deberá justificar la retención en motivos fundados, objetivos y ciertos. En consecuencia, estima la Corte que las medidas consagradas en los numerales 2° y 3° de la disposición acusada, no equivalen propiamente a privación de la libertad sino a la adopción de una medida correctiva razonable, que no comportan una carga excesiva para el afectado, dada su corta duración, ni limitan la realización de los proyectos de vida individuales; en cambio, garantizan otros valores reconocidos constitucionalmente, como la prevalencia del interés general y la preservación del orden público. Ahora bien, no obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que dado el amplio margen de apreciación que se le reconoce a la autoridad de policía para imponer la medida de retención en el comando, en ocasiones puede hacerse uso indebido de esta potestad, e incurrir en actuaciones arbitrarias en detrimento de los derechos y garantías ciudadanas. Por ello, la Corte entiende, que tratándose de una medida correctiva como la examinada que en cierto modo restringe el ejercicio de la libertad

personal reconocida como un valor esencial en el ordenamiento, es indispensable que en su aplicación las autoridades de policía actúen dentro de un marco razonable y prudente sin que puedan ocasionar lesiones de cualquier orden en contra de la integridad física de quien se encuentra en los estados previstos en las normas sub examine. Por consiguiente se declararán exequibles los numerales 2o y 3o del artículo 207 del Decreto 1355 de 1970”. Frente al caso que nos ocupa, lo primordial del asunto en orden a definir la situación disciplinaria del Mayor CARLOS ALFONSO SARMIENTO, es si éste cometió o no falta disciplinaria, según lo imputado en el pliego de cargos, “…al privar ilegalmente de la libertad a una persona…”, es decir, si el señor FERNANDO LESMES MERCHÁN se encontraba bajo las circunstancias anímicas previstas en el artículo 207.3 del Código Nacional de Policía, esto es, en estado de grave excitación por el cual pudi