PGN - INDEBIDA DESTINACION DE DINEROS PUBLICOS - Jurisprudencia del consejo de estado sobr

PÉRDIDA DE INVESTIDURA-Causales taxativas La Corte Constitucional respecto de las causales de pérdida de investidura ha reconocido que estas son taxativas , y por ello, no pueden ser extensivas a otras conductas aún cuando con ellas se incumplan los deberes o se incurran en prohibiciones o en la comisión de delitos, salvo que dichas conductas puedan ser tipificadas dentro de las causales mencionadas. INHABILIDAD DE CONGRESISTA-Causales taxativas y de aplicación restrictiva En relación con las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 179 de la Constitución Política, se tipifica en el numeral 2º, la conducta de “quien hubiere ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses a la fecha de la elección”. Esta causal contiene circunstancias de tiempo y modo, la primera, el periodo de doce meses, y la segunda, el haber ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política civil, administrativa o militar antes de la fecha de la elección. Dichas circunstancias permiten señalar que la causal de inhabilidad se refiere específicamente a la elección de curules del Congreso de la República y no para otras corporaciones, en la medida en que el texto inicial del artículo 179 señala concretamente como autor a los congresistas, ya sean estos senadores o representantes a la cámara. Por otra parte, se puede afirmar que la voluntad del Constituyente en el artículo 179 de la Constitución Política no fue la de contemplar como causal de inhabilidad la pérdida de investidura de manera general, sino que la circunscribió a la curul de congresista para ser aplicada a las personas que tuvieran la intención de ser senadores o representantes de la

Cámara, lo cual no se puede desconocer al momento de aplicar dicha causal dado que ellas son taxativas y de aplicación restrictiva, aplicable. INHABILIDAD DE CONGRESISTA-La nulidad de la elección y la pérdida de investidura son procesos distintos y tienen distinta finalidad En relación con la causal de inhabilidad por cuanto la nulidad de la elección repercute en la pérdida de investidura, es de anotar, que la declaración de nulidad de una elección contenida en una sentencia y realizada por la autoridad jurisdiccional correspondiente no genera en sí misma que la persona afectada con dicha decisión pierda la investidura de la curul por la cual se declaró la nulidad de la elección. Por ello, el argumento de la parte actora, referente a que la declaración de nulidad se convierte en una causal de pérdida de investidura, porque los dos procesos tienen como efecto el que el congresista deje de ejercer como tal, no es válido porque mediante el proceso de nulidad se ataca el acto de la elección para restablecer el orden jurídico y el proceso de pérdida de investidura tiene como finalidad sancionar al congresista por haber incurrido en determinadas conductas constitutivas de causales de inhabilidad o incompatibilidades expresamente señaladas por la Constitución o la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que unas mismas causales sirvan para adelantar los dos procesos, (nulidad y pérdida de investidura), pero sin perder de vista que cada uno de ellos tiene finalidad diversa, son autónomos y se tramitan ante funcionarios judiciales diferentes. 1 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la tipificación de la causal Para determinar la tipificación de la causal, válido es tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado contenida en la sentencia de 13 de noviembre de 2001, radicación 11001 - 03 - 15 - 000 - 2001 - 0101 - 01(PI), mediante la cual expresó “su postura interpretativa, del concepto jurídico de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la actividad pública” y en la cual señaló los supuestos para configurar la causal de “indebida destinación de dineros públicos” , así: • Cuando el Congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional, al ejercer las competencias, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento. • Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados. • Cuando aplica los recursos a materias expresamente prohibidas, no necesarias o justificadas, o cuando la finalidad es obtener un incremento patrimonial propio o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o de

terceras personas. En términos generales esta causal aplica en aquellos eventos en los cuales el congresista no tiene la autorización para realizar o disponer de determinado gasto o cuando teniendo la autorización la emplea para fines o propósitos distintos a los pretendidos por el ordenamiento jurídico. A juicio de esta Delegada no se configura la causal de indebida destinación de dineros públicos, porque el dinero recibido por el diputado hasta el momento de la aceptación de la renuncia fue una retribución por las funciones que desempeñó en la Asamblea Departamental. 2 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado Bogotá D. C., 7 de diciembre de 2010 Honorables Magistrados Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejera Ponente Dra. Ruth Stella Correa Palacio E.S.D.

Ref: Concepto No. 10 -204

Pérdida de investidura Expediente No. 11001031500020100099000

Demandante: CESAR JULIO GORDILLO NUÑEZ Y OTRO.

Demandado: RUBEN DARIO RODRIGUEZ GONGORA Procede esta Delegada a emitir concepto en el trámite relacionado con la Pérdida de Investidura del Congresista Rubén Darío Rodríguez Góngora, conforme a las facultades que le son atribuidas al Ministerio Público para intervenir en estos

asuntos.

ANTECEDENTES

Demanda. Los ciudadanos Cesar Julio Gordillo Núñez y Pablo Bustos Sánchez, con fundamento en la ley 144 de 1994, presentaron demanda mediante la cual solicitaron de manera individual la pérdida de investidura del Representante a la Cámara, 3 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Rubén Darío Rodríguez Góngora, las que fueron acumuladas al expediente de la referencia mediante auto de fecha 20 de octubre de 2010 proferido por la Magistrada Ponente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por la supuesta infracción al artículo 183 de la Constitución Política, numerales 1º, violación del régimen de inhabilidades ( en razón de la representación legal de entidades públicas que administren tributos o contribuciones parafiscales dentro del semestre anterior a la elección, y de la pérdida de investidura); y 4º, indebida destinación de dineros públicos. La petición se sustenta en síntesis en los siguientes hechos: El dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora se inscribió como candidato la Asamblea Departamental del Tolima para el periodo 2001-2003 resultando elegido como diputado. Previo a dicha inscripción dentro de los seis meses anteriores, el Dr. Rodríguez Góngora ejerció un cargo de autoridad administrativa como empleado público en dos

municipios del Tolima, y por ello, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró la nulidad de la elección como diputado. Posteriormente, ante el Consejo de Estado se tramitó el proceso de pérdida de investidura contra el dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora, por el motivo antes señalado, siendo ésta declarada por esa Corporación. No obstante, la Corte Constitucional mediante sentencia T-1285 de 7 de diciembre de 2005 ordenó dejar sin efectos el fallo que contenía tal decisión. El dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora se inscribió como candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento del Tolima para el periodo 2010-2014, resultando elegido. Consideran los demandantes que al haberse anulado la elección como diputado de la Asamblea del Tolima al señor Rubén Darío Rodríguez Góngora, “por sí sola lo 4 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 inhabilita de por vida para volver a ejercer cargo público de elección popular y al inscribirse para tal efecto de manera renuente, le violó a los demás aspirantes el derecho fundamental a la igualdad, de rango constitucional y legal, situación que lo habilita en causal de mala conducta investigable disciplinariamente. La sanción aquí impuesta no es menos benigna ni de menor jerarquía que una sanción penal o una

sanción disciplinaria, (…)”. En relación con la pérdida de investidura manifiesta que “la causal de inhabilidad invocada es de carácter y rango constitucional, (…), cual es un resultado que puede ser generado como se ha expresado por varios caminos jurídicos, uno de ellos pero solo uno es la acción de pérdida de investidura, otro lo es la acción de nulidad electoral, interpretación contraria llevaría un contrasentido de confundir la acción con el resultado, el mecanismo procesal con la consecuencia material”. “Al producirse la nulidad electoral en virtud de sentencia ejecutoriada del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo se perdió la condición o investidura de diputado como resultado de la flagrante violación de idéntica causal constitucional de inhabilidades predicable o sancionable por ambas acciones – nulidad electoral y pérdida de investidura-.” El congresista “(…) esta incurso en el régimen de inhabilidades para ser congresista, por violación al numeral 4 del artículo 179 de la Constitución Política de Colombia, por haber perdido la investidura como diputado y no ser menos estricto que el de congresista, (…). El Consejo de Estado aplicó el artículo 179 de la Constitución Política de Colombia y decretó la pérdida de investidura del diputado del Tolima, por tal razón debe aplicar este mismo artículo en la pérdida de investidura del hoy Representante a la Cámara Rubén Darío Rodríguez Góngora, dándole el alcance prescrito en el numeral cuatro del artículo 179 de a Constitución Política de Colombia, porque si se pierde la

investidura de diputado por violación del régimen de inhabilidades de los congresistas con mayor razón siendo congresista debe decretarse la pérdida de 5 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 investidura de congresista en concordancia con el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política”. Respecto del numeral cuarto, indebida destinación de dineros públicos, lo sustenta “en el hecho de que el demandado en su condición de servidor público con su conducta positiva distorsionó o cambio los fines y cometidos estatales consagrados en la Constitución y en la Ley, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados, como es el pago de la remuneración de honorarios y prestaciones múltiples y por varios años cuando se hallaba plenamente inhabilitado para ejercer tal cargo – diputado – como servidor público, por inhabilidad Constitucional predicable antes y después de la vigencia de la Ley 617 de 2000”. Contestación De La Demanda Dentro de la oportunidad procesal correspondiente el dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora a través de apoderado contestó la acción de pérdida de investidura interpuesta en su contra. Respecto de los hechos, aceptó unos y negó los otros. En relación con las pretensiones se opuso y presentó las excepciones de cosa juzgada y

de atipicidad e inexistencia constitucional y legal de la causal de indebida destinación de recursos públicos que se propone. Las excepciones las fundamenta así: Cosa juzgada: “Si bien es cierto que la inhabilidad constitucional se refiere a quienes han perdido la investidura de congresista y no menciona a los diputados y concejales, y que las inhabilidades y causales de pérdida de investidura no pueden ser de creación jurisprudencial pues en materia sancionadora se impone una interpretación restrictiva, lo que excluye aplicar una interpretación extensiva o analógica, en el presente caso la pérdida de investidura de diputado, decretada por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2004, adicionada mediante providencia del 20 de agosto proferida por la sección primera del Consejo de Estado, fue dejada sin efectos como aparece en el punto segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-1285 de 7 de diciembre de 2005, proferida por la Corte Constitucional (…) mediante la cual concedió el amparo solicitado respecto de los derechos fundamentales al debido proceso, 6 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 acceso a cargos y funciones públicas y elegir y ser elegido en cabeza del ciudadano Rubén Darío Rodriguez Góngora. La referida sentencia hizo tránsito a cosa juzgada, el fallo al que alude el denunciante perdió sus efectos jurídicos y no se puede desconocer la decisión

de la Corte Constitucional la que debe ser respetada y acatada por toda autoridad administrativa y judicial. Atipicidad e inexistencia constitucional y legal de la causal de indebida destinación de recursos públicos: “(…) “los actos de la administración se presumen legales, esto es, ajustados a las reglas cuyo cumplimiento les es obligatorio” (…). En ese sentido actuó Rubén Darío Rodríguez Góngora, quien devengó como diputado a la Asamblea del Tolima la remuneración a que tenía derecho de acuerdo a la Ley 617 de 2000 hasta cuando se le aceptó la renuncia de su investidura el 31 de enero de 2002 fecha en la que aún no se tenía conocimiento de las resultas de la acción de nulidad interpuesta cuya sentencia de primera instancia que fue fallo absolutorio se produjo el 2 de diciembre de 2002. Es decir que la renuncia se presentó año y medio antes de la sentencia de nulidad que como aparece fue el 5 de junio de 2003” Por las anteriores razones no es consistente la invocación de causales constitucionales de inhabilidad ni de indebida destinación de recursos públicos que originen la pérdida de investidura de Rubén Darío Rodriguez como Representante de la Cámara.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico Determinar sí los hechos que dieron lugar a declarar la nulidad de la elección del dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora como Diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, para el periodo 2001 – 2003, la sentencia que ordenó la pérdida de investidura como miembro de esa corporación y el recibo de los emolumentos

salariales y prestacionales por el ejercicio del citado cargo permiten configurar las causales de pérdida de investidura como Representante a la Cámara por el periodo 2010-2014 por violación al régimen de inhabilidades e indebida destinación de dineros públicos. Análisis Fáctico Probatorio 7 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Los elementos de convicción que obran en el proceso permiten determinar la existencia de los siguientes aspectos: El dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora fue elegido como Representante a la Cámara por el Departamento del Tolima en el periodo 2010 - 2014 cargo que ejerce actualmente. Para el periodo 2001-2003 el dr. Rodríguez Góngora, fue elegido como diputado para la Asamblea Departamental del Tolima y ejerció como tal hasta el 31 de enero de 2002, fecha en la que se aceptó su renuncia mediante decreto 0094 de 31 de enero de 2002. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, mediante sentencia de 5 de junio de 2003, declaró “la nulidad de la elección del señor Rubén Darío Rodríguez Góngora como diputado de la Asamblea del Departamento del Tolima, para el periodo 2001-2003 contenida en el Acta General de Escrutinio Departamental de votos para diputados de la Asamblea del

Departamento del Tolima, de fecha 5 de noviembre de 2000 de la Comisión Escrutadora Departamental –Formulario E-26-“ La nulidad de la elección del señor Rodríguez Góngora como diputado se originó en el hecho de que “(…) ejerció autoridad administrativa como empleado público en dos municipios del departamento del Tolima, circunscripción en la cual se efectuó la elección como diputado. Luego, es claro que el demandado pudo influir en la decisión del electorado y, por lo tanto, se configur(ó) la causal de inhabilidad objeto de estudio”. Posteriormente y con fundamento en el mismo hecho generador de la inhabilidad como causal de nulidad se instauró acción de pérdida de investidura contra el señor Rodríguez Góngora en su calidad de diputado, la cual fue declarada por la Sección 8 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 21 de julio de 2004 y adicionada mediante providencia de 20 de agosto de 2004. El señor Rodríguez Góngora, presentó acción de tutela contra la sentencia y la providencia adicional, ambas proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, la cual fue revisada por la Corte Constitucional, en virtud de la acción de tutela incoada contra el fallo mencionado, Corporación que decidió mediante

sentencia T1285 de 7 de diciembre de 2005 dejar sin efectos la sentencia que declaró la pérdida de investidura y su adición. Análisis Jurídico Violación del Régimen de Inhabilidades La parte actora argumenta como causales de pérdida de investidura las señaladas en los numerales 1º por violación del régimen de inhabilidades (…), y 4º por indebida destinación de dineros públicos, contenidos en el artículo 183 de la Constitución Política. Considera que se tipifica el numeral primero por dos razones, i) el haber ejercido autoridad administrativa como empleado público dentro de los doce meses a la elección de diputado (numeral 2, artículo 179) hecho éste que motivó la declaración de nulidad de la elección como diputado, y ii) la pérdida de investidura como congresista (numeral 4, artículo 179) en virtud de que las causales para determinar la inhabilidad aplicadas en el proceso de declaración de nulidad de la elección como diputado por remisión del artículo 299 de la Constitución Política estaban consagradas en el artículo 179 ibidem el cual es aplicable a los congresistas. La Corte Constitucional respecto de las causales de pérdida de investidura ha reconocido que estas son taxativas1, y por ello, no pueden ser extensivas a otras 1 Corte Constitucional, sentencia T544 de 28 de mayo de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño. “El proceso de pérdida de la investidura debe surtirse con el pleno respeto y acatamiento de las

instituciones que conforman la garantía del debido proceso y del derecho de defensa de las personas sujetas a investigación, pues según lo prescribe el artículo 29 superior, nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 9 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 conductas aún cuando con ellas se incumplan los deberes o se incurran en prohibiciones o en la comisión de delitos, salvo que dichas conductas puedan ser tipificadas dentro de las causales mencionadas. En relación con las causales de inhabilidad contempladas en el artículo 179 de la Constitución Política, se tipifica en el numeral 2º, la conducta de “quien hubiere ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses a la fecha de la elección”. Esta causal contiene circunstancias de tiempo y modo, la primera, el periodo de doce meses, y la segunda, el haber ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política civil, administrativa o militar antes de la fecha de la elección. Dichas circunstancias permiten señalar que la causal de inhabilidad se refiere específicamente a la elección de curules del Congreso de la República y no para otras corporaciones, en la medida en que el texto inicial del artículo 179 señala

concretamente como autor a los congresistas, ya sean estos senadores o representantes a la cámara. Si bien es cierto, por virtud del artículo 299 de la Constitución Política se dispuso que el régimen de inhabilidades para los diputados no puede ser menos estricto que el de los congresistas y que por ello se aplicó esta causal en el proceso de nulidad de la elección como diputado adelantado contra el demandante, también lo es, que esto no significa que no se deba guardar la correspondencia entre las causales señaladas en el artículo 179 de la Constitución Política y la curul respecto de la cual se realiza la elección. En relación con los Senadores de la República y los Representantes a la Cámara, la Constitución consagra las conductas que dan lugar a la pérdida de su investidura como congresista. A ello da lugar, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses; la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura; el no tomar posesión del cargo antes de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse; la indebida destinación de dineros públicos y el tráfico de influencias debidamente comprobados; así mismo, la violación de la prohibición de hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley. Estas son las causales de pérdida de investidura aplicables a los miembros del Congreso de la República, consagradas taxativamente en los artículos 183 y 110 de la Constitución; frente a estos

servidores públicos, la Corte ha manifestado que el legislador no dispone de competencia para ampliar o restringir las causales establecidas en la Carta Política ?”. 10 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Al aplicarse la causal de inhabilidad para los “diputados”, la redacción del artículo se debía entender que no podían ser “diputados” quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la “elección para diputados”, y no como lo señala la parte actora. Por ello, para configurar la causal contenida en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política, se debe supeditar los hechos a las circunstancias de tiempo y modo señaladas en ella y que se cuentan desde la fecha de la elección y no se puede convertir en una causal de inhabilidad intemporal. En el acervo probatorio no hay elementos de convicción que indiquen que el dr. Rubén Darío Rodríguez Góngora haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección como Representante a la Cámara para el periodo 20102014. Los que obran en el proceso, entre ellos, la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, permiten inferir que

el señor Rodríguez Góngora, ejerció como empleado público autoridad administrativa en dos municipios del Departamento del Tolima dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección como diputado para el periodo 2001-2003, la cual es una elección independiente a la de Representante a la Cámara para el periodo 20102014. Pérdida de Investidura como Diputado. En relación con la causal de inhabilidad por cuanto la nulidad de la elección repercute en la pérdida de investidura, es de anotar, que la declaración de nulidad de una elección contenida en una sentencia y realizada por la autoridad jurisdiccional correspondiente no genera en sí misma que la persona afectada con dicha decisión pierda la investidura de la curul por la cual se declaró la nulidad de la elección. 11 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Por ello, el argumento de la parte actora, referente a que la declaración de nulidad se convierte en una causal de pérdida de investidura, porque los dos procesos tienen como efecto el que el congresista deje de ejercer como tal, no es válido porque mediante el proceso de nulidad se ataca el acto de la elección para restablecer el orden jurídico y el proceso de pérdida de investidura tiene como finalidad sancionar al congresista por haber incurrido en determinadas conductas constitutivas de

causales de inhabilidad o incompatibilidades expresamente señaladas por la Constitución o la Ley. Lo anterior, sin perjuicio de que unas mismas causales sirvan para adelantar los dos procesos, (nulidad y pérdida de investidura), pero sin perder de vista que cada uno de ellos tiene finalidad diversa, son autónomos y se tramitan ante funcionarios judiciales diferentes. Adicionalmente, la parte actora señala que se tipifica la causal de pérdida de investidura por violación del régimen de inhabilidades puesto que el señor Rodríguez Góngora perdió la investidura como diputado de la Asamblea del Departamento del Tolima. Respecto a este argumento, es necesario traer a colación que efectivamente se adelantó en contra del señor Rodríguez Góngora un proceso de pérdida de investidura por el mismo hecho por el que se declaró la nulidad de la elección como diputado para la Asamblea del Tolima, el cual culminó en el Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, con sentencia de 21 de julio de 2004, adicionada mediante providencia del 20 de agosto del mismo año, declarando la pérdida de investidura como diputado. No obstante, La Corte Constitucional mediante sentencia de tutela T-1285 de 7 de diciembre de 2005 dejó sin efectos la sentencia proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511 Al quedarse sin efectos la sentencia de pérdida de investidura como diputado de la Asamblea del Departamento del Tolima, aunado al hecho de que no era una sentencia sobre pérdida de investidura como congresista, se puede aseverar, sin dubitación alguna que la causal de inhabilidad sustentada en el hecho de haber perdido la investidura como diputado a la Asamblea del Tolima no se configura en el subexamine. Por otra parte, se puede afirmar que la voluntad del Constituyente en el artículo 179 de la Constitución Política no fue la de contemplar como causal de inhabilidad la pérdida de investidura de manera general, sino que la circunscribió a la curul de congresista para ser aplicada a las personas que tuvieran la intención de ser senadores o representantes de la Cámara, lo cual no se puede desconocer al momento de aplicar dicha causal dado que ellas son taxativas y de aplicación restrictiva, aplicable. Indebida destinación de dineros públicos Argumenta la parte demandante que el numeral cuarto del artículo 183 de la Constitución Política se tipifica porque mientras se resolvía el proceso de nulidad de la elección como diputado del dr. Rodríguez Góngora, él fungió como tal y devengó los emolumentos salariales y prestacionales correspondientes a dicha curul. Para determinar la tipificación de la causal, válido es tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado contenida en la sentencia de 13 de noviembre de 2001, radicación 11001 - 03 - 15 - 000 - 2001 - 0101 - 01(PI), mediante la cual

expresó “su postura interpretativa, del concepto jurídico de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la actividad pública” y en la cual señaló los supuestos para configurar la causal de “indebida destinación de dineros públicos”2, así: 2 “…La Sala ha adoptado una postura interpretativa, del concepto jurídico de dineros públicos que permite, dentro de la vocación constitucional, hacer efectivas las acciones e instituciones que buscan imprimirle transparencia a la actividad pública. La Sala considera entonces que los dineros públicos, es decir, el caudal del Estado conformado por los impuestos, las tasas, las contribuciones y los recursos del capital deben cumplir la destinación prevista en el respectivo Presupuesto, de suerte que se haga efectivo el mandato del artículo 345 de la Constitución Política. 13 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 11001031500020100099000 5aCdeE/AGM/Almv IUS-2010-372511  Cuando el Congresista, en su condición de servidor público, con su conducta funcional, al ejercer