PGN - INDEBIDA VALORACION PROBATORIA - El daño se probó con base en los documentos allegad

DERECHOS COLECTIVOS-Vulneración de la Contraloría General de la República-Regional Santander frente a personas en situación de discapacidad ACCIONES POPULARES-Su objeto principal es proteger derechos colectivos El artículo 88 CP las regula… En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 cuyo artículo 2º define las acciones populares Ahora bien, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales a, c, d, e, f) g), h) j), m) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante el ejercicio de la acción popular. Derechos referentes a: goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las disposiciones reglamentarias; La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad públicas; El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; El acceso a los servicios públicos y a que su presentación sea eficiente y oportuna; La realización de las construcciones, edificaciones

y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; Los derechos de los consumidores y usuarios; y La libertad de locomoción. Si bien es cierto que el actor indica una cantidad de derechos colectivos conculcados, el Tribunal de Instancia por su parte señala de manera general en la parte considerativa del fallo acusado que se constató la vulneración de los derechos colectivos invocados por el accionante-lo que pareciere entender que el fallador de instancia hubiere hecho un análisis de fondo de todos y cada uno de ellospero lo que efectivamente se resolvió fue la vulneración específica de los derechos a la utilización de los bienes de uso público, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como el derecho a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, tal como se consagró en el numeral primero de la parte resolutiva del fallo apelado. INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA-El daño se probó con base en los documentos allegados por la propia accionada en la contestación de la demanda Para ésta Agencia del Ministerio Público la sentencia impugnada no se encuentra viciada de una indebida valoración probatoria, puesto que si bien es cierto, el demandante no aportó material fotográfico que permita establecer la vulneración de los derechos invocados en su demanda, como tampoco se practicó una inspección judicial a las Instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República, por la negativa por parte del Tribunal para el efecto, lo cierto y definitivo es que con base en los documentos allegados por la propia accionada en la

contestación de la demanda se puede constatar la vulneración de los derechos colectivos de la población con limitación visual.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co DERECHOS COLECTIVOS-Se vulneraron pues no se habían tomado las medidas necesarias para atender a las personas con limitación visual …De acuerdo con el material probatorio arriba señalado se establece que con posterioridad a la fecha de presentación de ésta acción popular, la accionada se encontraba vulnerando los derechos colectivos de la población con limitaciones visuales, derechos a la utilización de los bienes de uso público, acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, así como el de accesibilidad de las personas en discapacidad e igualdad, pues no había adoptado las medidas necesarias para atender dentro de sus instalaciones a las personas con limitación visual, como categóricamente se indica en el documento referido. DISCAPACIDAD-Se propende por la igualdad material de los discapacitados/ DISCAPACIDAD-Se debe garantizar la accesibilidad física de todas las personas Ahora bien, constitucional y legalmente se propende por la igualdad material de los discapacitados, generando beneficios, prebendas o garantías que faciliten a la población con movilidad disminuida o personas con cualquier limitación una adaptación plena a la vida en sociedad. Por tal motivo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías, espacios públicos, mobiliario urbano, así como en la construcción o

modificación de edificios de uso público, permitiendo la accesibilidad de las personas con cualquier discapacidad, disponiendo su adecuación de manera progresiva. HECHO SUPERADO-Se debe demostrar que entre la iniciación de la acción popular y el fallo de instancia se cesó la amenaza o peligro Ahora bien, por otra parte, indica la apelante que los hechos señalados como probados por parte del A Quo indican que las acciones emprendidas por la accionada para efectos de garantizar y proteger los derechos de la población con limitaciones visuales se iniciaron con anterioridad a la presentación de ésta acción. Ésta afirmación no es compartida toda vez que, aunque existen documentos en el expediente tales como los visibles de folios 49 al 51, en donde se pide información sobre el servicio de atención al ciudadano por parte del Contralor Delegado para la Participación Ciudadana a la Gerente Departamental de Santander, documentos de ida y vuelta que fueron suscritos con anterioridad a la presentación de la acción, de ellos no se puede establecer acciones efectivas para garantizar la protección e inclusión de la vida en sociedad de la población con limitaciones visuales; medidas que sí pueden ser determinadas con precisión en el documento aludido con anterioridad, pues en él efectivamente se evidencia que se da inicio a gestiones para contrarrestar las violaciones a los derechos colectivos invocados en la demanda. Es tal el impacto de dicho documento en el sentido de indicar la afectación de los derechos reclamados en la demanda, así como la urgente necesidad de empezar a adoptar medidas efectivas para su protección con posterioridad al inicio de la presente acción que, además de indicar tal compromiso, se precisó que ello era de vital importancia

por cuanto: “es fundamental mencionarle que en el Tribunal Administrativo de Santander, se adelanta una acción popular interpuesta contra la CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, por el señor, por la amenaza y vulneración de los derechos e intereses colectivos de la población en situación vulnerable como lo son las personas con discapacidad visual”.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Lo señalado le permite concluir a ésta Procuraduría Delegada que las labores encaminadas a garantizar los derechos colectivos de la población con limitaciones visuales por parte de la accionada, en efecto, se comenzaron a adelantar con posterioridad a la presentación de la demanda. HECHO SUPERADO-El decretarlo no es óbice para considerar que no hubo responsabilidad de la entidad accionada En última medida, indicó la apelante que el Tribunal incurre en una incongruencia al señalar la existencia del hecho superado puesto que si así fuere la acción constitucional pierde su objeto y torna en inadmisible declarar la responsabilidad de la entidad, aseveración que no es de recibo toda vez que la declaratoria del hecho superado consiste en indicar que si bien es cierto el derecho fue conculcado, con posterioridad a la presentación de la demanda, la accionada tomó las acciones necesarias para restablecer el derecho o hacer cesar el peligro. Así mismo, la declaratoria del hecho superado no es óbice para considerar que no hubo

responsabilidad de la entidad accionada, ni mucho menos que un derecho fue vulnerado, por el contrario, el operador jurídico al realizar tal declaración tiene la obligación se señalar que sí hubo tal vulneración, pero que ella cesó en el trámite procesal, tal como ocurrió en el sub lite. …En éste estado, se repite que en materia de la declaratoria del hecho superado la entidad accionada debe demostrar que entre la iniciación de la acción popular y el fallo de instancia cesó la amenaza o peligro, circunstancia que no impide que el Juez declare que ellos existieron o que existió en efecto la vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda, por lo que la consecuencia de dicha declaratoria es la no adopción de acciones para la protección de los derechos conculcados. AGENCIAS EN DERECHO-Para su fijación se deberá tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte/AGENCIAS EN DERECHO-Solo podrá reclamarse o controvertirse mediante la objeción a la liquidación de costas/AGENCIAS EN DERECHO-No se pueden controvertir en el recurso de apelación Sobre el particular es preciso indicar que tal petición ha de ser denegada, por razón de que como lo indica el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a la materia por expresa disposición del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, para la fijación de las agencias en derecho el Juez deberá tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la parte. En el caso en estudio no se observa calidad o duración de la gestión por parte del actor popular, toda vez que éste ni siquiera asistió a la audiencia de pacto de cumplimiento, tal

como se observa en el acta respectiva (folio 119) y del auto de folio 125 y 126. Adicional a lo anterior, la norma en comento es enfática en aseverar que solo podrá reclamarse o controvertirse la fijación de las agencias en derecho mediante la objeción a la liquidación de costas. Lo cual indica que la fijación de las agencias en derecho no se puede controvertir en el trámite del recurso de apelación contra la sentencia impugnada, pues, se repite, ella puede controvertirse después de la liquidación de las costas y dentro del término de traslado correspondiente.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Agosto 13 de 2014 Concepto No. 35 Doctor

GUILLERMO VARGAS AYALA

H. Consejero Ponente

Sección Primera Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 68001-23-33-000-2012-00115-01

Radicado interno número: 2012-00115

Actor: Jaime Orlando Martínez García.

Accionado: Contraloría General de la República.

Asunto: Impugnación de la providencia del 11 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se declaró a la accionada como responsable de la vulneración de los intereses y derechos colectivos alegados en la demanda y declaró el fenómeno

jurídico del hecho superado.

Respetado Señor Consejero: De la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante auto del 09 de julio de 2014.

IAntecedentes

1. La demanda El señor Jaime Orlando Martínez, en nombre propio y en ejercicio de la acción popular demandó a la Contraloría General de la República, Regional Santander, en busca de la protección de los derechos e intereses colectivos de que tratan los literales a), c), d), e), f), g), h), j), m) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.  Pretensiones Las pretensiones fueron precisadas como a continuación se transcribe:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «1) se ordene a la accionada la inmediata instalación y/o modificación de los AVISOS INFORMATIVOS de las RUTAS DE EVACUACIÓN e INFORMACIÓN EN GENERAL, los cuales deben contener textos en el lenguaje de BRAILE, información primordial para la población con 2DISCAPACIDAD VISUAL”. 2) Que se declare a través de sentencia que la parte demandada, mediante la omisión y/o inexistencia de los AVISOS INFORMATIVOS de las RUTAS DE EVACUACIÓN e INFORMACIÓN EN GENERAL, vulnera ampliamente derechos constitucionales en especial los de

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y

DESASTRE, como también viola adicionalmente la reglamentación consignada en el capítulo de derecho. 3) Que se ordene a través de la sentencia a la parte demandada debido a la importancia del tema, que en un término prudencial no mayor a dos (02) meses, realice las obras requeridas en esta Acción Constitucional. 4) Se aplique la Ley 472 DE 1998, por la violación del Título I capítulo II artículo 4; capítulo III artículos 5, 6, 7; Título II capítulo IV artículo 17; si es el caso. 5) Se condene en costas y agencias en derecho al demandado de acuerdo a los artículos 292 y 392 del C. de P.C., por remisión expresa del Art. 38 de la Ley 472 de 1998, en armonía con los artículos 1005 y 2360 del Código Civil y teniendo en cuenta el acuerdo 1887 de 2003 del consejo Superior de la Judicatura artículos 2 y 3; en Salarios Mínimos Mensuales Vigentes (SMMV). 6) Se dé cumplimiento a los artículos 1005 y 2360 del Código Civil vigentes, estando igualmente vigente con fuerza y todo rigor para el momento de radicación de la presente demanda, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.»  Hechos de la demanda Señala el accionante que la Contraloría General de la República es a diario visitada por centenares de personas, por lo cual se hace necesario que se instalen avisos que contemplen las rutas de evacuación de las instalaciones locativas, información que sirva no solo para las personas que puedan ver correctamente sino también para aquellas personas con discapacidad visual, tal como lo impone

el artículo 2 de la Ley 1346 de 2009.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Afirma que son claras las obligaciones que la sociedad en general tiene, y más aún, las empresas, instituciones o entidades como la demandada para facilitar la información vital y/o la comunicación en sus instalaciones locativas a las personas con discapacidad visual.  Derechos e intereses colectivos amenazados y concepto de la amenaza Señaló como derechos e intereses colectivos amenazados los siguientes:  El goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las disposiciones reglamentarias.  La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.  El goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público.  La defensa del patrimonio público.  La defensa del patrimonio cultural de la Nación.  La seguridad y salubridad públicas.  El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad

pública.  El acceso a los servicios públicos y a que su presentación sea eficiente y oportuna.  La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.  Los derechos de los consumidores y usuarios.  La libertad de locomoción.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como fundamento de derecho invocó los artículos 13, 24, 72, 80, 82 y 102 de la Constitución Política; así como los literales a, c, d, e, f) g), h) j), m) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998; igualmente invocó la Ley 16 de 1972 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  Admisión de la demanda Mediante auto del 27 de agosto de 2012 el Tribunal Administrativo de Santander admitió la acción popular instaurada por el ciudadano Jaime Orlando Martínez García y dispuso las notificaciones de rigor (folios 14 y 15).  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Santander mediante providencia del 11 de septiembre de 2013, folios 185 al 193, declaró que la Contraloría General de la República-Regional Santander, hoy Gerencia Departamental Colegiada de Santander, es responsable por la vulneración de los derechos e intereses

colectivos a la utilización de los bienes de uso público, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y al derecho a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, declarando además la ocurrencia del hecho superado. Como argumentos de su decisión indicó el Tribunal de Instancia que la Constitución Política le impone al Estado no solo la obligación de promover las condiciones para que la igualdad de las personas sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas a favor de grupos discriminados o marginados, sino la de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta, tópicos dentro de los cuales se encuentra las personas con limitaciones visuales. Señaló que en torno a la protección de los derechos de las personas con discapacidades o limitaciones, las instalaciones de la accionada no eran adecuadas para el uso eficiente de las personas con limitaciones visuales,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co circunstancia que fue aceptada por ella cuando da inicio a la toma de medidas necesarias para cumplir con la normativa pertinente al instalar avisos de emergencia y capacitando a su personal en el trato, relación y guía de usuarios con dificultad visual. Precisó el Tribunal de Instancia que quedó probado que en las instalaciones de la Contraloría General de la República, Regional Santander, se vulneraron los

derechos colectivos invocados por el accionante con ocasión a la falta de avisos en sistema Braille para las personas con discapacidad visual, pues no existían avisos para conocer las rutas de escape en una situación de emergencia, pero además se demostró que la demandada tomó las medidas necesarias para contrarrestar dicha vulneración, por lo que se configura el hecho superado.  Recurso de apelación. Por parte de la Contraloría General de la República Esta entidad por intermedio de apoderado judicial interpuso recurso de apelación contra el fallo de instancia mediante escrito de folios 195 al 198, solicitando se revoque la decisión recurrida toda vez que el Tribunal de Instancia, en su sentir, no probó la violación de los derechos invocados por el actor, pues más allá de establecer la gestión de la Contraloría General en aras de garantizar los derechos de la población con discapacidad visual, dentro del plenario no prueba la conculcación alegada en la demanda razón por la cual el fallador incurre en una indebida valoración probatoria. Aseveró igualmente que los hechos señalados como probados por parte del A Quo indican que las acciones emprendidas por la accionada para efectos de garantizar y proteger los derechos de la población con limitaciones visuales se iniciaron con anterioridad a la presentación de la acción.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Finalmente indica que el Tribunal incurre en una incongruencia ya que al señalar

la existencia del hecho superado la acción constitucional pierde su objeto, y huelga declarar la responsabilidad de la entidad. Por parte del accionante El señor Jaime Orlando Martínez García, en nombre propio interpuso recurso de apelación contra el fallo del Tribunal Administrativo de Santander (folios 199 y 200), en el sentido de solicitar que se aumenten las agencias en derecho que le fueron asignadas; en lo demás no plantea argumentos en contra de la sentencia sino razones para que se confirmen los demás puntos de ella.  Admisión del recurso de apelación La Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto del 11 de junio del año en curso admitió los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de la Contraloría General de la República y por el accionante contra la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

II. Consideraciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de

Estado. Verificados los presupuestos procesales no se observa ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido; se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada. El artículo 88 CP dispone: «Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un

número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos». En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 cuyo artículo 2º define las acciones populares así: «Artículo 2. Las acciones populares son los medios procésales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible». Ahora bien, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales a, c, d, e, f) g), h) j), m) y n) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante el ejercicio de la acción popular. Derechos referentes a: goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las disposiciones reglamentarias; La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; La conservación de las

especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público; La defensa del patrimonio público; la defensa del patrimonio cultural de la Nación; la seguridad y salubridad públicas; El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; El acceso a los servicios públicos y a que su presentación sea eficiente y oportuna; La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; Los derechos de los consumidores y usuarios; y La libertad de locomoción. Si bien es cierto que el actor indica una cantidad de derechos colectivos conculcados, el Tribunal de Instancia por su parte señala de manera general en la parte considerativa del fallo acusado que se constató la vulneración de los

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co derechos colectivos invocados por el accionante-lo que pareciere entender que el fallador de instancia hubiere hecho un análisis de fondo de todos y cada uno de ellospero lo que efectivamente se resolvió fue la vulneración específica de los derechos a la utilización de los bienes de uso público, al acceso a los servicios

públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, así como el derecho a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, tal como se consagró en el numeral primero de la parte resolutiva del fallo apelado. Por su parte, esta Agencia del Ministerio Público para efectos de desarrollar los temas a dilucidar en el presente pronunciamiento lo hará de manera específica respecto de los argumentos expuestos por los apelantes en la forma indicada en el acápite denominado “recurso de apelación”, así: 1) Por parte de la Contraloría General de la República Esta entidad señaló que el Tribunal de Instancia no probó la violación de los derechos invocados por el actor, pues más allá de establecer la gestión de la Contraloría General en aras de garantizar los derechos de la población con discapacidad visual, dentro del plenario no existe prueba de la conculcación alegada en la demanda, razón por la cual el fallador incurre en una indebida valoración probatoria. Para ésta Agencia del Ministerio Público la sentencia impugnada no se encuentra viciada de una indebida valoración probatoria, puesto que si bien es cierto, el demandante no aportó material fotográfico que permita establecer la vulneración de los derechos invocados en su demanda, como tampoco se practicó una inspección judicial a las Instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República, por la negativa por parte del Tribunal para el efecto, lo cierto y definitivo es que con base en los documentos allegados por la propia accionada en la contestación de la demanda se puede

constatar la vulneración de los derechos colectivos de la población con limitación visual.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Ahora, mediante documento suscrito el 10 de octubre de 2012 (folios 87 y 88) suscrito por la doctora Carmen Leonor Rodríguez en su calidad de Gerente Departamental de Santander, peticiona colaboración a la Directora de la Oficina de capacitación, producción de tecnología y cooperación técnica internacional de la Contraloría General de la República, para efectos de realizar un programa de capacitación en el sistema Braille con el fin de proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de las personas con limitaciones visuales. Conforme lo anterior el día 10 de octubre de 2012, esto es, con posterioridad a la presentación de la acción popular (28 de junio de 2012), la Gerencia Departamental Colegiada de Santander de la Contraloría General de la República no había dado inicio al programa de capacitación de sus funcionarios para efectos de garantizar atención eficaz y eficiente a la población con disminución visual, expresando categóricamente que “nos asiste el compromiso de adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos, tanto en la convención como en la Ley mencionada, con el fin de atender las personas con Discapacidad visual, razón por la cual, reiteramos su colaboración y apoyo, teniendo en cuenta que la Gerencia no cuenta con recursos, que nos permita

atender el mencionado requerimiento”. De acuerdo con el material probatorio arriba señalado se establece que con posterioridad a la fecha de presentación de ésta acción popular, la accionada se encontraba vulnerando los derechos colectivos de la población con limitaciones visuales, derechos a la utilización de los bienes de uso público, acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, así como el de accesibilidad de las personas en discapacidad e igualdad, pues no había adoptado las medidas necesarias para atender dentro de sus instalaciones a las personas con limitación visual, como categóricamente se indica en el documento referido. Ahora bien, constitucional y legalmente se propende por la igualdad material de los discapacitados, generando beneficios, prebendas o garantías que faciliten a la población con movilidad disminuida o personas con cualquier limitación una adaptación plena a la vida en sociedad.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Por tal motivo se busca suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías, espacios públicos, mobiliario urbano, así como en la construcción o modificación de edificios de uso público, permitiendo la accesibilidad de las personas con cualquier discapacidad, disponiendo su adecuación de manera progresiva. Ahora bien, por otra parte, indica la apelante que los hechos señalados como probados por parte del A Quo indican que las acciones emprendidas por la

accionada para efectos de garantizar y proteger los derechos de la población con limitaciones visuales se iniciaron con anterioridad a la presentación de ésta ac