PGN - INFORMES CONTABLES - La información económica financiera y contable que se debe entr

PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA Investigación 140-7081-2007

Disciplinados GUSTAVO AHUMADA PEÑATE Cargo y Entidad Ex – Alcalde del Municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico. Quejoso Informe de servidor público – Contador General de la Nación, Contaduría General de la Nación. Fecha Queja Enero 2 de 2007 Fecha Hechos 31 de octubre de 2006 Hechos Presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento por parte del titular de la Alcaldía del Municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, en la presentación del informe final de saneamiento contable. Asunto Fallo de Segunda Instancia Bogotá D.C. 18 de noviembre de 2008 Al despacho se encuentran las presentes diligencias con el objeto de evaluar y decidir sobre el recurso de apelación que interpusiera el profesional del derecho JAVIER CRESPO MUÑOZ, apoderado del Ex – Alcalde del municipio de Puerto Colombia, doctor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE, contra el fallo de primera instancia proferido dentro del proceso verbal 140-7081-2007.

1. ANTECEDENTES El doctor JAIRO ALBERTO CANO PABON, Contador General de la Nación, mediante oficio No. 200612-84737, del 19 de diciembre de 2006 y oficio No. 2007185759, del 2 de enero de 2007, pone en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, la existencia de un presunto incumplimiento en la presentación del informe final de saneamiento contable con corte a 30 de septiembre de 2006, por parte de

diferentes entes territoriales, establecimientos y entidades del departamento del Atlántico, entre los que se encuentra el Municipio de Puerto Colombia. (folios 5 al 8 y 53 al 54, Cuad. Original No. 1).

2. DE LA ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en la queja la Procuraduría Regional del Atlántico mediante oficio 00559 del 6 de febrero de 2007, dispuso remitir por competencia el oficio No. 2007185759 a la Procuraduría Provincial de Barranquilla.

En razón a lo anterior, mediante auto del 26 de marzo de 2007, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, dispuso la adopción del procedimiento verbal y citó a audiencia para formular en principio cargos contra los doctores GUSTAVO AHUMADA PEÑATE y WALBERTO FRANCISCO SANJUAN ALTAMAR, Alcalde Municipal y Secretario de Hacienda del municipio de Puerto Colombia, departamento del Atlántico, por el incumplimiento de lo establecido por la resolución 550 del 19 de diciembre de 2005, mediante la cual se establecieron los plazos, requisitos y otras Página 1 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203 www.procuraduria.gov.co obligaciones relacionadas con la presentación de la información financiera, económica y social a la Contaduría General de la Nación, encuadrando este comportamiento en lo descrito en el artículo 48, numeral 52 de la Ley 734 de 2002. (folios 9 al 16, Cuad. Original No. 1).

Con auto del 27 de abril de 2007, el despacho de la Procuradora Provincial de Barranquilla, mediante decisión motivada dispuso variar el cargo formulado a los doctores GUSTAVO AHUMADA PEÑATE y WALBERTO FRANCISCO SANJUAN ALTAMAR, por considerar el despacho que de acuerdo a la queja que formulara el Contador General de la Nación, doctor JAIRO ALBERTO CANO PABON, se anexa un listado en el que se relaciona en primer término las entidades que no reportaron la información contable, financiera, económica y social a 30 de septiembre de 2006, y de otra parte un listado de las entidades que no reportaron el informe final de saneamiento contable a 30 de septiembre de 2006, en el que se encuentra el municipio de Puerto Colombia, en razón a lo anterior el despacho de la Procuradora Provincial de Barranquilla, varió el cargo en los siguientes términos (…) “por consiguiente el cargo se modifica única y exclusivamente en relación al no envío del mencionado informe, lo anterior indica que encada aparte del auto de citación audiencia cuando se refiera al no envío de la información contable, económica y social con fecha de presentación corte a 30 de septiembre del 2006, se leerá informe final de saneamiento contable a 30 de septiembre de 2006” (…). (folios 31 y 32, Cuad. Original No. 1). Surtido el trámite del proceso y agotada la etapa procesal, la Procuradora Provincial de Barranquilla, mediante auto del 12 de marzo de 2008, dispuso dar por agotado el periodo probatorio y en consecuencia fijó como fecha el 10 de abril de 2008 para la

presentación de los correspondientes alegatos de conclusión. (folio 83, Cuad. Original No. 1). Llegada la fecha y hora de la audiencia para proferir fallo dentro del expediente de la referencia, el apoderado de los doctores GUSTAVO AHUMADA PEÑATE y WALBERTO FRANCISCO SANJUAN ALTAMAR, realizó la correspondiente exposición de sus argumentos mediante los cuales solicitaba al despacho lo siguiente: (…) “se decrete el Archivo de la actuación hasta ahora adelantada, conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 734 de 2002, pues el investigado no es responsable de la infracción de los cargos elevados en su contra en el plenario de cargos. Como pretensiones subsidiarias, que deberán ser tenidas en cuenta sólo en caso que la principal no sea aceptada, las siguientes: 2. Solicito la declaratoria de nulidad de todo lo actuado, inclusive hasta la expedición del auto que declara la procedencia del procedimiento verbal y la citación a audiencia, en razón de los argumentos expuestos en estos alegatos, y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 143 del C.D.U, o 3. En caso que la primera de las peticiones subsidiarias no llegare a ser de beneplácito de la Procuraduría, solicitamos se disminuya el grado de culpabilidad de la conducta de dolosa a culpa grave, y en consecuencia se modifique la calificación de la gravedad de la falta” (…). (folios 84 al 94, Cuad. Original No. 1). En razón a lo anterior, la Procuraduría Provincial de Barranquilla dispuso suspender la audiencia para resolver la solicitud de nulidad que interpusiera la defensa, fijando

como fecha para reanudarla el 21 de abril de 2008, fecha que a su vez fue aplazada para el 16 de mayo de 2008, en razón a compromisos de orden laboral ineludibles por parte de la titular de la Procuraduría Provincial de Barranquilla. (folio 96, Cuad. Original No. 1). En desarrollo de la audiencia pública citada para el 16 de mayo de 2008, el despacho de la Provincial de Barranquilla, decidió darle trámite y aceptar la nulidad impetrada Página 2 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203 www.procuraduria.gov.co por la defensa dentro de los alegatos de conclusión presentados con ocasión al proceso verbal 140-7081-2007, y en consecuencia, decretó la nulidad de todo lo actuado inclusive el auto del 26 de marzo de 2007, el cual declaró la procedencia del procedimiento verbal y citó a audiencia, dejando claridad que las pruebas que fueron legalmente aportadas al procesos conservan su vigencia y valor probatorio, argumentando para ello (…) “toda vez que se advierte que a pesar de la falencia del auto de citación a audiencia y de la variación de los cargos pluricitada, las pruebas legalmente allegadas al disciplinario versan exactamente sobre rendición de información de saneamiento Contable con corte a 30 de septiembre de 2006” (…). (folio 99, Cuad. Original No. 1). Seguidamente en la misma audiencia del 16 de mayo de 2008, el despacho de la

Provincial de Barranquilla, procedió a decretar la procedencia del procedimiento verbal y a citar a audiencia al doctor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE, como alcalde del municipio de Puerto Colombia «Atlántico» y responsable de no darle cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la presentación de la información contable correspondiente al corte de 30 de septiembre de 2006, endilgándole una presunta responsabilidad disciplinaria en los siguientes términos: (folio 103, Cuad. Original No. 1). (…) “La esencia de la falta disciplinaria como ilicitud es la infracción de un deber, por acción u omisión, que en el caso sub examine, constituye la conducta ya descrita, desplegada por el señor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE, en cuanto omitió remitir informe final de saneamiento contable con corte a 30 de septiembre de 2006 a la Contaduría General de la Nación dentro del plazo señalado por la entidad para ello. – La falta es considerada como gravísima por disposición expresa del numeral 52 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 y (sic) imputada a título de dolo, teniendo en cuenta que era un deber, una obligación del señor alcalde municipal, la de remitir el informe final de saneamiento contable, o depuración contable necesaria para revelar la realidad económica, financiera y patrimonial del ente público a su cargo” (…) Termina el referido auto manifestando (…) “Como quiera que la nueva citación a audiencia implica una nueva defensa, en este estado de la diligencia se suspende la audiencia, fijándose nueva fecha para el día miércoles once (11) de junio de 2008 a las ocho y media (8:30 A.M) de la mañana” (…).

Una vez evacuadas todas la pruebas ordenadas por el despacho y solicitadas por la defensa en esta nueva citación a audiencia, el despacho de la Procuradora Provincial de Barranquilla, en audiencia del 6 de agosto de 2008, accedió a la solicitud del apoderado de la defensa en el sentido de suspender la misma para presentar los correspondientes alegatos de conclusión, fijando en consecuencia para el día 13 de agosto de 2008.

3. DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Llegado el día y la hora señalados en el auto del 6 de agosto de 2008, la Provincial de Barranquilla procedió a escuchar los argumentos planteados por la defensa en desarrollo de sus alegatos de conclusión, defensa que centró una petición principal y dos subsidiarias, en los siguientes términos: Página 3 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública

Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203 www.procuraduria.gov.co En primer término, ataca el cargo desde la perspectiva de que el comportamiento endilgado a su prohijado si fue justificado, advirtiendo además que en el plenario no obra prueba que demuestre lo contrario. (folio 139, Cuad. Original No. 1). (…) “En este orden de ideas, se presentaron decisiones de inexequibilidad de las normas regulatorias de la materia del saneamiento contable, dudas sobre la continuidad del proceso, nuevas disposiciones sobre la forma como debía desarrollarse, anticipación de la fecha de entrega, situaciones estas que indudablemente generaron traumatismos para la presentación del informe, que se potenciaron por la reducción significativa de los términos de entrega del mismo (el plazo

que estipulaba el artículo declarado inexequible por la Corte Constitucional era mas amplio), lo que obligó a reajustar la cronología de actividades dispuesta con antelación al fallo de la corte y de esta forma permitir que el informe se presentara en el término comentado, sin embargo, a pesar del esfuerzo superlativo que implicó variar toda la programación de actividades previamente concebida, aparejándola con las acciones propias del informe contable de corte 30 de septiembre de 2006, nuestro reducido equipo de trabajo logró entregar las dos (2) tareas asignadas” (…) “Por último, destacamos del acervo probatorio, y con el fin de demostrar los efectos dañosos que produjo las modificaciones de los procedimientos y del tiempo para la entrega del informe de saneamiento contable por parte del Municipio de Puerto Colombia, cual era el porcentaje de avance del municipio en las tareas a diciembre de 2005, lo que constituye un hecho indicativo de la buena marcha de las acciones de este, y como de haberse conservados las condiciones iníciales, se hubiese logrado cumplir con el cometido de entregar el informe en tiempo, y como a partir de las situaciones descritas, éste propósito se vio seriamente afectado. Así las gestiones del Municipio por la elaboración y presentación oportuna de los informes requeridos en materia contable, se pueden constatar, en el oficio No. SCE – 4000 suscrito por el Sub-Contador de Centralización de la Información de la Contaduría General de la Nación, el cual señaló que para el mes de septiembre de 2005, el Municipio de Puerto Colombia había entregado

el 56% del informe de saneamiento contable, documento que no sólo sirve de prueba del buen avance que tenía el municipio en las tareas del saneamiento contable, y que dicho sea de paso, se utilizó como referente para establecer la programación del año 2006, teniendo siempre como fecha límite el 31 de diciembre de 2006”. (…) Como se dijo en antecedencia, la defensa en sus alegatos presenta un argumento principal y en subsidio plantea una nulidad de una parte y de otra revaluar o aminorar la calificación de la culpabilidad de su defendido, argumentos subsidiarios que presenta en los siguientes términos: (folios 140 al 141, Cuad. Original No. 1). (…) “La presente solicitud de nulidad se expone por cuanto no existieron, ni existen los presupuestos señalados en el artículo 175 de la ley 734 de 2002 para iniciar el procedimiento verbal, puesto que en ningún momento se acreditó el presupuesto señalado en el artículo 48 numeral 52 que dispone el carácter injustificado del incumplimiento de las directrices emanadas por la Contaduría General de la Nación. Lo anterior plantea desde un principio una imposibilidad de imputación de esta falta ante la ausencia de prueba sobre el cumplimiento de este ingrediente subjetivo al que hace mención el tipo disciplinario, lo que daba lugar a la utilización del procedimiento ordinario, como vía procesal expedita para ventilar esta controversia probatoria, incurriéndose así, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 143 del C.D.U., que a la letra reza”. Página 4 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203

www.procuraduria.gov.co (…) En cuanto a la solicitud de aminorar la calificación de la culpabilidad de su poderdante, el doctor JAVIER ENRIQUE CRESPO MUÑOZ, para darle sustento argumentativo a su pedimento, transcribe apartes de lo que han dicho diferentes tratadistas sobre el dolo, para concluir: (folios 142 al 143, Cuad. Original No. 1) (…) “En conclusión de lo expuesto, es claro que una persona obra a título de dolo bajo estos presupuestos básicos de la Teoría de la culpabilidad resaltados en el recuento doctrinario y jurisprudencial que antecede, cuando respecto de su conducta se integran el conocimiento de todos los elementos objetivos del tipo, así como la correspondiente voluntad realizadora del tipo objetivo; luego, le corresponde al funcionario investigador evaluar el conjunto probatorio obrante en la actuación, a efectos de corroborar o infirmar la existencia de estos elementos integradores del denominado tipo subjetivo en su expresión de dolo, posibilitándose así su atribución o desestimación. En este orden de ideas ha de decirse que, del análisis al acervo probatorio practicado de la presente investigación, así como las propias deducciones de la Procuraduría, jurídicamente no es posible señalar que respecto de la conducta desplegada por mis defendidos confluyen los elementos cognoscitivo y volitivo inherentes a la categoría culpabilista del dolo, y en esa medida, no se reporta posible el proferimiento de un fallo sancionatorio en su contra, mas aún con la gravedad de la sanción que se pretende, no habiéndose estructurado el denominado tipo subjetivo”. (…) “Ahora bien, en el entendido que el investigado pudo haber infringido ciertos preceptos legales a

sabiendas de la existencia del mismo, cuya transgresión constituye falta disciplinaria, pero sin la voluntad o intención de hacerlos, la conducta del disciplinado, en razón de la ausencia del aspecto volitivo, ha de ser considerada y graduada como máximo bajo los preceptos de la culpa grave [5], calificación no menos, de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 9 del artículo 43 y 3 del artículo 44 de la ley 734 de 2002,”. (…) “Se colige entonces, que en razón a la indebida graduablidad (sic) de la culpabilidad que realizó el investigador, al considerar que la conducta se cometió a título de dolo, cuando la misma se efectuó con culpa grave, corresponde al superior adecuar la gravedad o levedad de la sanción de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 3º del artículo 44 ibidem, disponiendo la sola suspensión de los investigados dentro de los términos previstos en el artículo 46 de la ley disciplinaria, para los casos en que el sancionado con suspensión ya no ocupe su cargo al momento de su imposición”. (…) En razón a los argumentos anteriormente transcritos, la defensa le solicitó a la Procuraduría Provincial de Barranquilla que: (i) Se decrete el archivo de las diligencias a favor de su representado; (ii) Se decrete la nulidad de todo lo actuado, en la que se debe incluir también el auto que declaro la procedencia del procedimiento verbal y la citación a audiencia; y, (iii) Se varíe la calificación del grado de culpabilidad de su prohijado de dolo a culpa grave. (folio 143, Cuad. Original No.

1). Una vez escuchados y valorados los argumentos expuestos por la defensa, el despacho de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediante auto No. 000032 Página 5 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203 www.procuraduria.gov.co del 28 de agosto de 2008, profirió fallo de primera instancia, en el que se dio respuesta a cada uno postulados presentados por el doctor JAVIER ENRIQUE CRESPO MUÑOZ, en los siguientes términos: Antes de entrar el a quo a pronunciarse sobre la responsabilidad que le pudiera asistir al doctor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE, en su condición de Ex – Alcalde del municipio de Puerto Colombia, el despacho de la Procuradora Provincial de Barranquilla, consideró importante aclarar dentro de la audiencia que fue lo acontecido con el doctor WALBERTO FRANCISCO SANJUAN ALTAMAR, quien para la época de los hechos se desempeñara como Secretario de Hacienda del municipio de Puerto Colombia, servidor público que inicialmente fuera vinculado a la actuación mediante auto del 26 de marzo de 2007, posteriormente y como se dijo en el acápite “2. DE LA ACTUACIÓN PROCESAL”, mediante auto del 16 de mayo de 2008, en audiencia para proferir fallo de instancia, la señora Procuradora Provincial de Barranquilla, resolvió decretar la nulidad de todo lo actuado, inclusive el auto del 26 de marzo de 2007, por medio del cual se decretó la procedencia del proceso

verbal y se citó a audiencia a los presuntamente responsables de las conductas investigadas. Como quiera que se había decretado la nulidad de todo lo actuado retrotrayendo la actuación hasta el instante en que se recibe la queja por parte del doctor JAIRO ALBERTO CANO PABON, Contador General de la Nación, lo anterior quiere decir que, hasta ese momento no se había vinculado a ningún servidor como presunto responsable de los hechos denunciados por el doctor CANO PABON, ahora bien, como quiera que dentro de la prueba que se recaudara en desarrollo de la investigación se pudo establecer en que servidor público recaía la obligación de presentar el informe final de saneamiento contable a corte 30 de septiembre de 2006, lo que hizo la Procuraduría Provincial de Barranquilla fue que en la audiencia del 16 de mayo de 2008, vinculó única y exclusivamente al responsable de dicho informe, es decir, al doctor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE, en su calidad de Ex – Alcalde del Municipio de Puerto Colombia «Atlántico», dejando por fuera de la investigación al doctor WALBERTO FRANCISCO SANJUAN ALTAMAR, y así lo expuso en la audiencia del 28 de agosto de 2008, ordenando el archivo de las diligencias en su favor, pronunciamiento que por demás no era necesario, puesto que una vez decretada la nulidad, el doctor SANJUAN ALTAMAR quedó desvinculado del proceso y dejó de tener la calidad de sujeto procesal, en razón a ello mal podría ordenarse el archivo de unas diligencias a favor de una persona que no se encontraba vinculada a una investigación de carácter disciplinario. (folio 146, Cuad. Original No. 1).

Dicho lo anterior, el a quo procedió a pronunciarse en primer término sobre la solicitud de nulidad, es importante aclarar que la defensa solamente impetró la nulidad respecto de la improcedencia del proceso verbal, pero el despacho de la Provincial de Barranquilla, tomó adicionalmente como solicitud de nulidad la indebida gradualidad de la culpabilidad, es así que, frente a la improcedencia del proceso verbal dijo: (folios 146 al 148, Cuad. Original No. 1). (…) “1.-En cuanto a la inaplicabilidad del procedimiento verbal para el trámite de la presente investigación, aludida por la defensa en razón a que el ingrediente subjetivo “injustificado” Página 6 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203 www.procuraduria.gov.co contenido en la conducta gravísima descrita en el numeral 52 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, señalada como norma violada en el auto de citación a audiencia y fundamento para la aplicabilidad del procedimiento especial verbal previsto en el artículo 175 ídem en la presente diligencia, no se encuentra probado; es del caso precisar que tanto el pliego de cargos en el procedimiento ordinario como el auto de citación a audiencia, constituyen piezas fundamentales para el proceso, en tanto concreta la imputación jurídico-fáctica reprochada al investigado.- Esta decisión tiene como presupuesto probatorio la demostración objetiva de la existencia de la falta y la presencia de los medios de convicción que comprometan la responsabilidad del investigado; es una imputación de lo objetivamente probado, es en la etapa del fallo cuando el operador jurídico

debe hacer una valoración definitiva que involucre los elementos cognoscitivos y volitivos de la conducta, en los que imperen los principios de legalidad y culpabilidad, como presupuestos de la aplicación de la responsabilidad objetiva, que finalmente le lleven a colegir si la conducta estuvo o no justificada”. (…) “Así las cosas, resulta claro que en el caso que nos ocupa, cuando se decide adelantar la averiguación disciplinario por el procedimiento especial, se encontraba demostrada objetivamente la falta y existía prueba que comprometía la responsabilidad del señor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE como Alcalde de Puerto Colombia, es decir conforme lo previsto en el artículo 162 ídem, estaban dados los requisitos para proceder a la formulación de cargos, y además, la conducta objeto de reproche estaba encuadrada dentro del numeral 52 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, prevista como de las gravísimas susceptibles por el legislador que habilitan la aplicación del procedimiento verbal; en cuanto al análisis del carácter de injustificado de la conducta imputada, como ya se explicó, el mismo se hará al momento de entrar a fallar las presentes diligencias, cuando se haga valoración integral de la conducta para determinar el grado de certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad o no del disciplinable y será presupuesto para la absolución o para la graduación de la sanción si ha esta hubiere lugar.- Por las razones expuestas, este primer argumento de irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, prevista como causal de nulidad en el numeral 3 del artículo 143 ídem, no es aceptable para este Despacho”. (…) Ahora bien, en lo que tiene que ver con la variación del grado de culpabilidad que

solicitó la defensa en sus alegaciones, y que el a quo trató dentro de sus consideraciones como otra nulidad interpuesta por la defensa, la Procuraduría Provincial de Barranquilla manifestó: (folios 148 al 150, Cuad. Original No. 1). (…) “2.-Se plantea una segunda causal de nulidad fundada, según la defensa, en la indebida gradualidad de la culpabilidad, al considerar en el auto de citación a audiencia que la conducta se cometió a título de dolo, cuando para la defensa, la misma se efectuó con culpa grave, y esboza tesis conceptuales de reconocidos tratadistas sobre el dolo y la culpa y los argumentos jurídicos que considera demuestran que su defendido, frente a la conducta imputada, no actuó con dolo; finalmente concluye al respecto que, ‘en el entendido que el investigado pudo haber infringido ciertos preceptos legales a sabiendas de la existencia del mismo, cuya transgresión constituye falta disciplinaria, pero sin la voluntad o intención de hacerlo, la conducta del disciplinado, en razón de la ausencia del aspecto volitivo, ha de ser considerada y graduada como máximo bajo los preceptos de la culpa grave’.- El despacho no acepta la nulidad planteada por cuanto el inciso 6º del artículo 165 de la ley 734 de 2002 permite la variación del pliego de cargos luego de concluida la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviviente; es decir en caso de error, se le permite al operador jurídico rectificar, sin necesidad de decretar la nulidad, pues la decisión de cargos no es absoluta; la

finalidad del procesos disciplinario es buscar la verdad real y formular un reproche en tal sentido, y así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-1076 de septiembre 5 de 2002 cunado señaló respecto de la constitucionalidad del referido inciso ‘En primer lugar, la calificación que se realiza en el pliego de cargos es provisional, y es de su esencia que así sea. En efecto, la finalidad Página 7 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203 www.procuraduria.gov.co del proceso disciplinario es la de esclarecer lo ocurrido, buscar la verdad real y formular un reproche en tal sentido. De lo anterior se desprende que el funcionario o corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se dio principio al proceso. En segundo lugar, el carácter provisional de la calificación de una falta disciplinaria se aviene con la garantía del debido proceso, toda vez que mantiene la presunción de inocencia del procesado en cuanto a la falta por la cual se le acusa, presunción únicamente desvirtuable mediante el fallo disciplinario por medio del cual se impone una determinada sanción.’.- Otro momento procesal como lo ha señalado la misma Corte, en que la calificación provisional de la falta también puede variar es en el fallo, pero en este caso, como resultado de la valoración integral del acerbo (sic) probatorio y lo subjetivo, según el grado de certeza de la existencia de la falta y la responsabilidad del disciplinado a que se

lleve al operador jurídico del conocimiento.- Ahora, el caso que nos ocupa, cuando se decidió adoptar por el procedimiento especial y se hizo citación a audiencia, la calificación provisional se hizo fundamentado en un valoración objetiva de las pruebas hasta ese momento allegadas que compromete la responsabilidad del disciplinado, en la tipificación de la conducta prevista en el ordenamiento disciplinario como falta gravísima y existe prueba que compromete la responsabilidad del disciplinado, a la fecha las pruebas allegadas no ameritan la variación de cargo en la calificación de la falta; por lo que se desestima la nulidad planteada y será en el momento procesal del fallo que se hará una valoración integral de las pruebas allegadas, incluyendo las de descargos y de los argumentos exculpatorios, para hacer una calificación definitiva de la culpabilidad.- Por lo antes expuestos no se aceptan la nulidad planteada por el apoderado del disciplinado.” (…) Por último dentro de las consideraciones tenidas en cuenta por el a quo para llegar a la certeza de la existencia de la falta y la responsabilidad del doctor GUSTAVO AHUMADA PEÑATE, en su condición de Ex – Alcalde del municipio de Puerto Colombia «Atlántico», se destacan: (folio 150, Cuad. Original No. 1). (…) “Del análisis sistemático del acerbo (sic) probatorio allegado al proceso se tiene como hecho cierto e incuestionable que llegado el 31 de octubre de 2006 y hasta la dejación del cargo del señor AHUMADA PEÑATE como Alcalde de Puerto Colombia, no se presentó ante la Contaduría General de la Nación, el informe final de saneamiento contable, tal como lo exigían la circular y el

instructivo referido, así lo corrobora la misma Contaduría no sólo en el listado de entidades que no reportaron el informe final de saneamiento contable a 30 de septiembre de 2006, recibido en la Procuraduría General de la Nación en enero 10 de 2007, sino por información allegada como prueba de descargos, contenida en el oficio SCE – 4000 de fecha 28 de septiembre de 2008 remitido a la Procuraduría y signado por el Subcontador de Centralización de la información de la Contaduría General de la Nación, en el que señala ‘En la base de datos de informes de saneamiento contable no hay registro que indique que la citada entidad presentó el Informe Final de Saneamiento Contable para el corte 30 de septiembre de 2006’”. (…) Continuando con el análisis de la prueba arrimada al proceso por parte del despacho de la Procuradora Provincial de Barranquilla, resalta la declaración que rindiera el señor FERNANDO ARTURO MARTINEZ ORTEGA, funcionario de la Secretaría de Hacienda del municipio de Puerto Colombia, para la época en que ocurrieron los hechos, en le referida declaración manifiesta que fue la persona encargada de alimentar el sistema con los informes enviados a la Contaduría General de la Nación, también afirmó que desconoce el formato IFSCGN 0012006 «formato en el que al parecer debía ser presentado el informe final de saneamiento contable», de otra parte el a quo resaltó el hecho de que en la misma declaración, el señor MARTINEZ Página 8 de 41 Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública Carrera 5 No. 15-80, Piso 12, PBX 5878750 – Ext. 11203

www.procuraduria.gov.co ORTEGA, manifiesta que periódicamente le correspondía ayudar a