PGN - INHABILIDAD - Cuando es por la realización de un delito, lo importante es que la sen

INHABILIDAD DE CONCEJAL-Por haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. La norma Legal que contiene la causal de inhabilidad que se le depreca al demandado, es la del numeral primero del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el numeral primero del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 De la norma transcrita se establece que ella contiene varias inhabilidades para ser inscrito y elegido Concejal Municipal o Distrital, pero la endilgada al demandado, hace referencia única y exclusivamente a la primera causal, consistente en la proscripción a quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Supuestos que deben configurarse cuando se trata de condena a pena privativa de la libertad Así pues, conforme la jurisprudencia tenemos que la inhabilidad en estudio, se configura cuando se demuestran cuatro elementos a saber: i) Que el delito se hubiere producido en cualquier época, pero antes de la inscripción o elección; ii) Que se hubiere proferido mediante sentencia judicial; iii) Que se refiera a pena privativa de la libertad y; iv) Que no se origine como consecuencia de delitos políticos o culposos. Elementos que han sido constatados por el fallo de instancia y que no fueron reprochados por el apelante, toda vez que efectivamente, se encuentra establecido que el demandado mediante fallo del 18 de septiembre de 2007, fue condenado a 25 meses de prisión, por el delito de inasistencia alimentaria, por el Juzgado Promiscuo Municipal de SoplavientoBolívar, delito que no corresponde a la categoría de delitos políticos, ni admite reproche punitivo en grado de culpa, es decir, es un delito de carácter doloso y además, esa decisión se encuentra debidamente ejecutoriada. INHABILIDAD-Cuando es por la realización de un delito, lo importante es que la sentencia se haya proferido Ahora bien, indica el apelante que el demandado no estaba incurso en la causal de inhabilidad por cuanto antes de proferirse la sentencia penal había satisfecho su obligación alimentaria, y que el sistema penal permitía el desistimiento y preclusión de la investigación penal por el pago de la obligación alimentaría. Dicha apreciación de la parte recurrente no tiene cabida dentro del caso en estudio, toda vez que lo que se debe abordar para establecer la configuración o no de la inhabilidad deprecada, es si el demandado fue o no sancionado penalmente por un delito doloso con anterioridad a la fecha de su inscripción o elección. Al operador judicial en lo Contencioso electoral, no le es dable establecer si la obligación alimentaria, fue o no fue satisfecha; o si la acción penal seguida contra el demandado era o no desistible; o si el delito investigado se podía precluir por pago total de la obligación, pues lo que se debe analizar en el sub lite, es si la causal de inhabilidad se configura o no, teniendo en cuenta los presupuestos establecidos, o por el Constituyente o por el Legislador. INHABILIDAD–Definición gramatical y jurídica Como se ha indicado por este Despacho en oportunidades anteriores, y nuevamente se reitera, la inhabilidad gramaticalmente, se entiende como el “defecto o impedimento para

obtener o ejercer un empleo”, así se consagra en la acepción segunda que trae el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. En el artículo 279 de la Ley 5ª de 1992 se dice que inhabilidad es todo acto o situación que invalide la elección de congresista o impide serlo. Como corolario de lo anterior, se puede concluir que la inhabilidad es aquella circunstancia creada por la Constitución o la Ley que impide o imposibilita que una persona sea elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio; tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. RÉGIMEN DE INHABILIDADES-Finalidad Se ha señalado que la finalidad del establecimiento de un régimen de inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. De igual forma, se ha dicho que constituyen una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función; que con su consagración lo que se busca es :impedir el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado para hacerse elegir o hacer elegir a determinadas personas;

mantener la igualdad de condiciones entre quienes aspiran al favor popular en la elección popular. De igual manera, se ha dicho que su fin teleológico es cautelar de nocivas influencias y desigualdades incompatibles con el diáfano y equitativo discurrir democrático, los procesos electorales, garantizando así la independencia de los electores y la libertad de los elegidos o nombrados. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Límites al interprete en el tema electoral Ahora bien, una de las reglas de hermenéutica jurídica enseña que “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, además el intérprete debe tener que “en la interpretación de las leyes prohibitivas no deben buscarse analogías o razones para hacerlas extensivas a casos no comprendidos claramente en la prohibición”, según expresión tradicional de la H. Corte Suprema de Justicia (Casación de diciembre de 1898, XIV, 92), toda vez que según expuso la misma Corporación (Acuerdo, 29 de septiembre de 1917. XXVI, 154) el principio de hermenéutica jurídica estatuye que las disposiciones de carácter excepcional, en materias que no sean penales, deben interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud para efectos de no extender una excepción más allá de los límites indicados en ella o para no reducirla hasta el punto de sustraer de su imperio casos que deben quedar comprendidos en su ámbito. Lo anterior significa que las prohibiciones contenidas en la Constitución o en la ley, deben interpretarse con estricta sujeción a la descripción que las contenga, buscando que su

aplicación se circunscriba al ámbito de su comprensión gramatical, sin modificar su espectro en ninguna dirección, pues de así hacerlo, se estaría usurpando por parte del operador judicial, funciones propias del Constituyente y del Legislador. Así pues, se concluye, los reproches efectuados por el apelante a la Sentencia penal ejecutoriada que existe contra el demandado, por el delito de inasistencia alimentaria, no son de recibo en este proceso Contencioso Administrativo Electoral, pues esta no es la instancia, ni el procedimiento para ellos; esos son argumentos que debieron debatirse dentro del proceso penal que dio origen a la condena, o mediante los recursos o acciones pertinentes para desvirtuar el fallo de un Juez de la República.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Octubre 01 de 2012 Concepto No. 076 Doctora Susana Buitrago Valencia

H. Consejera Ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 8

Proceso número: 130012331000201100781 02

Radicado interno número: 2011-0781

Actor: Hernando Domingo Trucco Puello.

Demandado: Jaime Domingo de Ávila Fernández.

Contenido: Apelación de la sentencia del 12 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se decretó la nulidad

del acto de elección del señor Jaime Ávila Fernández, como Concejal del Distrito de Cartagena-Bolívar, periodo 2012-2015.

Respetada doctora: Como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia, de la manera más atenta procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión dispuesto mediante proveído del 05 de septiembre de la cursante anualidad y, por ello, presento a consideración de la H. Sala los siguientes argumentos.

IAntecedentes  La demanda y sus pretensiones

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co El ciudadano Hernando Domingo Trucco Puello, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad de contenido electoral, demandó la nulidad del acto de elección del señor Jaime Domingo de Ávila Fernández como Concejal del Distrito de Cartagena-Bolívar para el periodo constitucional 20122015. Las pretensiones formuladas por el actor son las siguientes: «1. Que se declare la NULIDAD PARCIAL del acta de DECLARATORIA DE ELECCIÓN (E-26 CO) de fecha 24 de Noviembre de 2011, correspondiente a la elección de concejo del municipio de Cartagena (Bolívar) realizada el 30 de octubre de 2011, expedida por la Comisión Escrutadora Departamental de

Bolívar, mediante la cual se declaró la elección de los diecinueve (19) miembros que conforman el Concejo Distrital de Cartagena para el periodo constitucional y legal comprendido del 1° De Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2015; declarándose la NULIDAD DE LA ELECCIÓN del señor JAIME DOMINGO DE AVILA FERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.098.873 de Cartagena, con código de lista 001011, como concejal del Distrito de Cartagena, por el partido político PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, para el periodo constitucional y legal 2012-2015, en consideración a que el antes mencionado resultó elegido como miembro de esta corporación pública, para el periodo antes referido, con contravención del régimen de inhabilidades previsto en la Ley 136/94, modificada por la ley 617 de 2000, en lo atinente a los concejales.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene la cancelación de la credencial de Concejal, expedida por la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar, al señor JAIME DOMINGO DE AVILA FERNANDEZ, para el periodo constitucional y legal 2012-2015.

3. Que en virtud de la declaratoria de Nulidad de la elección del señor JAIME DOMINGO DE AVILA FERNANDEZ, como concejal del Distrito de Cartagena, para el periodo constitucional y legal 2012-2015, se declare electo como concejal del citado Distrito y para el periodo antes señalado, al señor HERNANDO DOMINGO TRUCCO PUELLO, en consideración a que es el candidato que al

reorganizar la lista, co el voto preferente, del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO, ocupa el lugar subsiguiente a los elegidos que corresponde a la cuarta casilla en el número de votos obtenidos.

4. Que se comunique a la Organización Nacional Electoral (Delegación Departamental de Bolívar y Registraduría Especial de Cartagena) así como a la mesa Directiva del Concejo Distrital de Cartagena, la declaratoria de Nulidad de la elección del señor JAIME DOMINGO DE AVILA FERNANDEZ y la declaratoria de elección del señor HERNANDO DOMINGO TRUCCO PUELLO como concejal del Distrito de Cartagena, para el periodo constitucional y legal 20122015, para lo de sus competencias.» Hechos de la demanda

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Señala el actor, que el señor Jaime Domingo de Ávila Fernández fue avalado e inscrito como candidato al Concejo Distrital de Cartagena, dentro de la lista única con voto preferente que para la referida corporación presentó el Partido Liberal Colombiano para las elecciones del 30 de octubre de 2011. Que una vez realizadas las votaciones del 30 de octubre de 2011 y practicados los escrutinios definitivos por parte de la Comisión Escrutadora Central del Distrito de Cartagena y la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar, se declaró la elección del señalado señor como Concejal del Distrito de Cartagena, periodo

2012-2015, mediante acta del 24 de noviembre de 2011, con un total de 4.411 por el Partido Liberal Colombiano. Que sobre el señor De Ávila Fernández, al momento de ser elegido como concejal del Distrito de Cartagena por el Partido Liberal Colombiano, periodo 2012-2015, pesaba la inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, por existir en su contra, Sentencia condenatoria con pena de prisión de fecha 18 de septiembre de 2007, proferida por el Juez Promiscuo Municipal de Soplaviento-Bolívar, dentro del proceso radicado No. 13-001-4004-003-2003-0095, por el delito de inasistencia alimentaria, incurriendo, en la causal establecida en el numeral 5° del artículo 223 del C.C.A.  Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 137, 223, 227 y 227 del Código Contencioso Administrativo.  El artículo 43-1 de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000.  El artículo 312 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante:

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Que el demandado al inscribirse como aspirante y hacerse elegir como Concejal del Distrito de Cartagena en las elecciones del 30 de octubre de 2011, habiendo sido condenado el 18 de septiembre de 2007 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Soplaviento-Bolívar a pena de prisión, actúo en contravía del artículo 43, numeral primero de la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000. Que indiscutiblemente la finalidad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, es garantizar la imparcialidad, igualdad y transparencia de quienes participan en los procesos electorales, además, la de asegurar en los candidatos la probidad moral y ética requerida para detentar con dignidad la investidura de concejal, por lo cual, la actuación del señor Jaime Domingo de Ávila Fernández, al estar condenado por un Juez de la República, estaba impedido para ser Concejal por expresa prohibición legal. Que en razón a lo expuesto, la conducta asumida por el demandado, encaja plenamente en la norma referida, pues fue condenado por un delito con carácter de intemporalidad y que no es político, ni culposo, como lo es la inasistencia alimentaria, inhabilidad que se encuentra plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico.  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 3, en sentencia del 12 de julio de 2012, dispuso declarar la nulidad de la elección del señor Jaime Domingo de Ávila Fernández como Concejal del Distrito de

Cartagena para el periodo 2012-2015, contenida en el formulario E-26 CO de la Comisión Escrutadora Departamental de Bolívar de fecha 24 de Noviembre de 2011; ordenar la cancelación de la respectiva credencial que acredita al señalado señor como Concejal; comunicar una vez ejecutoriada la sentencia a la autoridades respectivas; e inhibirse frente a las demás pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que para que se configure la causal de inhabilidad objeto de estudio, es necesario demostrar la existencia de la condena que reúna los siguientes supuestos: i) que se hubiere producido en cualquier época, pero antes de la inscripción o elección; que se hubiere proferido mediante sentencia judicial; iii) que se refiera a pena privativa de la libertad; y iv) que no se origine como consecuencia de delitos políticos o culposos. Que para la Sala es claro que se encuentran demostrados todos los presupuestos para la configuración de la inhabilidad invocada, pues la condena impuesta fue antes de la elección y mediante sentencia judicial, tal como se observa del fallo proferido el 18 de septiembre de 2007 por el Juez Promiscuo Municipal de Soplaviento-Bolívar, además dicha providencia se encuentra debidamente ejecutoriada, pues fue notificada el 30 de enero de 2008 y no obra constancia dentro del expediente que contra ella se hayan interpuesto los recursos de Ley.

Que se encuentra probado que la pena allí impuesta fue privativa de la libertad, en cuanto consistió en 25 meses de prisión, y además se originó como consecuencia del delito de inasistencia alimentaria, el cual no corresponde a la categoría de delito ni político, ni culposo. Que en el presente caso no se puede invocar el artículo 28 de la Constitución Política que establece la no imprescriptibilidad de las penas y medidas de seguridad, pues la finalidad de esa causal es la de garantizar y hacer prevalecer el interés general, en cambio la inhabilidad en comento, no es una sanción, sino un mecanismo establecido por el Constituyente y el Legislador para garantizar que las personas designadas en un cargo público de elección popular, hayan tenido toda su vida una conducta integra y respetuosa de la Ley, la cual es desvirtuada por cualquier sentencia penal privativa de la libertad por delitos comunes. Que resulta irrelevante que al demandado, por omisión o negligencia de las autoridades a quienes les corresponde el registro de antecedentes, no le figuren ellos, pues es un hecho cierto e indiscutible que él fue condenado a pena privativa de la libertad por sentencia ejecutoriada, y tal circunstancia constituye una

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co violación al régimen de inhabilidades, sin que al efecto se exija el registro de tales antecedentes, como presupuesto indispensable para éste último reconocimiento.

Que en cuanto a los argumentos del demandado de que, en el proceso penal donde se originó la sentencia condenatoria se violó el principio de proscripción de la responsabilidad objetiva y el debido proceso, porque se le condenó a pesar de haber cumplido y satisfecho la obligación alimentaria, lo cual pretende demostrar a través de procesos que se surtieron ante los Jueces de Familia; no son de recibo para la Sala, pues tales inconformidades debieron ser alegadas en su oportunidad, ante los jueces de conocimiento, y no en esta instancia procesal.  Apelación de la sentencia de primera instancia El apoedrado en su escrito de apelación manifiesta su inconformidad con la decisión proferida por el Tribunal de instancia, aduciendo que el señor Jaime de Ávila Fernández, no estaba incurso en la causal de inhabilidad por cuanto antes de proferirse la sentencia penal, había satisfecho su obligación alimentaria, que llegar a la conclusión contraria como lo hizo el Tribunal Administrativo de Bolívar, no obstante el abundante material probatorio que demuestra que el hecho objeto de reproche no estaba presente al momento del fallo, y que el sistema penal permitía el desistimiento y preclusión de la investigación penal por el pago de la obligación alimentaría, sería tanto como declarar la inhabilidad del algún concejal elegido por una sentencia penal que lo ha condenado por la muerte del alguien cuyo cadáver no ha aparecido, quien además aparece declarando dentro del proceso electoral donde se persigue la nulidad de su elección, por tal sentencia penal. Que contrario a la tesis del Tribunal de Instancia, debió estudiarse en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, todos los elementos probatorios

relacionados en la sentencia, y conforme a la regla de la valoración probatoria, denegarse las pretensiones de la demanda por no existir los hechos primarios que constituyeron el delito por el cual fue condenado el señor Jaime De Ávila Fernández, y no darse una solución fácil y simple como se hizo.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Que la sentencia impugnada desconoció el mandato constitucional de la primacía de lo sustancial sobre lo formal, el derecho al debido proceso, la proscripción de la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria, toda vez que está suficientemente probado que el demandado no se encontraba inhabilitado por cuanto estaba cumpliendo con la obligación alimentaria; hasta el punto que tanto el proceso penal, como el de alimentos fueron terminados por esa situación, lo que conllevaría a una situación de falta de ilicitud sustancial que no fue analizada ni estudiada con el argumento que no era la sede procesal para ello, sin importar que con la decisión se estuvieren afectando derechos fundamentales. Que al momento de hacerse la inscripción del señor Jaime de Ávila Fernández como Candidato al Concejo Distrital de Cartagena, el partido liberal, verificó no solo el cumplimiento de los requisitos del candidato, sino que él no se encontrare en causales de inhabilidad, tal como lo hizo la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación.

Que todos estos filtros los superó el señalado señor, lo cual, si bien no constituye una exoneración como tal de la inhabilidad, no es una simple y aislada irrelevancia, sino una prueba, por lo menos indiciaria, que no se conocía por nadie, incluido el demandado, de la existencia de la sentencia condenatoria y por ello, las circunstancias irregulares en que se profirió. Que no existía la ilicitud, ni el delito al momento de proferirse el fallo, además que el delito se extinguía por el pago; que el fin de la inhabilidad es sancionar y hacer un juicio de reproche a quien ha sido sancionado penalmente por cometer en realidad un delito, no como lo demuestran las pruebas, que el demandado no estaba incurso en delito, pues estaba al día con su obligación alimentaria, el delito era desistible y con el solo aporte de la constancia de pago, procedía su preclusión, por ello, se estaría cometiendo un grave perjuicio y agravio, tanto al demandado, como a todas las personas que sufragaron por él en el debate electoral.  Admisión del recurso

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Mediante auto del 05 de septiembre de 2012 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de julio del mismo año, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 3.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Verificados los presupuestos procesales y no habiendo observado ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido, se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada.

En el caso en estudio, haremos alusión precisa a los argumentos esbozados por el apelante mediante los cuales solicita se proceda a revocar el fallo impugnado y, por ende, se nieguen las pretensiones de nulidad del acto acusado, toda vez, que en su sentir, el demandado no se encontraba inhabilitado para aspirar y ser elegido como Concejal Distrital de Cartagena de Indias, por cuanto aunque existe un fallo penal que lo condenó por el delito de inasistencia alimentaria, la verdad real es que éste para ese momento, se encontraba al día en su obligación. La norma Legal que contiene la causal de inhabilidad que se le depreca al demandado, es la del numeral primero del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que modificó el numeral primero del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor literal señala: «Artículo 40. De las inhabilidades de los Concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: "Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la

investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas. (Subrayas del Despacho) (…)»

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co De la norma transcrita se establece que ella contiene varias inhabilidades para ser inscrito y elegido Concejal Municipal o Distrital, pero la endilgada al demandado, hace referencia única y exclusivamente a la primera causal, consistente en la proscripción a quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Sobre la causal de inhabilidad estudiada, la Sección Primera del Consejo de Estado, como causal de perdida de investidura, ha señalado: «Se tiene que el demandado sustenta su defensa en el hecho de que la pena que le fue impuesta fue declarada prescrita por el juez penal del conocimiento, incluso en relación con sus efectos de inhabilidad, por lo que tal inhabilidad se encuentra prescrita, además de que no hay penas imprescriptibles, por mandato del artículo 28 de la Constitución Política. Este tema está resuelto por el Consejo de Estado, en el sentido de que dicha inhabilidad es intemporal y escapa a la prescripción de la pena, por cuanto la inhabilidad no es una sanción, sino un mecanismo para garantizar que las personas que accedan a

esos cargos públicos hayan tenido en su vida una conducta intachable e integra frente al ordenamiento jurídico. Síguese de lo expuesto que el demandado se encontraba incurso en inhabilidad para ser elegido diputado con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia condenatoria en su contra por el delito de falsedad documental, atendiendo el artículo 33, numeral 1, de la Ley 617, de allí que se configure la causal de pérdida de investidura respectiva, prevista en el artículo 48, numeral 1, de la Ley 617 de 2000. Por contera, el artículo 28, inciso tercero, de la Constitución, que ahora invoca el apelante, como principio que rige la aplicación del artículo 299 en mención al establecer que no habrá pena imprescriptible en Colombia, resulta inaplicable en este caso, por cuanto, como se ha dicho, la inhabilidad en comento no es una sanción, sino un mecanismo establecido por el Constituyente y el legislador para garantizar que las personas designadas para un cargo público de representación popular hayan tenido toda su vida una conducta íntegra y respetuosa de la ley, la cual es desvirtuada por cualquier sentencia penal privativa de la libertad por delitos comunes. Finalmente, la aplicación del artículo 38, numeral 1, de la Ley 734 de 2002, que por favorabilidad reclama el apelante en cuanto fija una pena mayor de 4 años de pena privativa de la libertad, en la configuración de la inhabilidad respectiva, cabe decir que se trata de una norma general, como lo advierte el Ministerio Público y el a quo, referida a los servidores públicos, frente a la cual priman las normas especiales, como es el caso del artículo 299 de la Constitución Política, que no

fija cuantum alguno, y el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 617 de 2000, pues ambas son específicas para diputados, y es sabido que frente a las normas generales priman las especiales, más si alguna de éstas es de rango constitucional. No es cierto, entonces, que el primer artículo citado hubiera modificado el precitado 33, numeral 1, de la Ley 617 de 2000. »1 1 Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero ponente, Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Fallo del veintidós (22) de abril dos mil nueve (2009). Radicación número: 25000-23-15-000-2008-00132-01(PI)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Sobre este mismo tema, la sección quinta del Consejo de Estado, ha aseverado: «Para que se configure la causal de inhabilidad objeto de estudio es necesario demostrar la existencia de la condena que reúna los siguientes supuestos: i) que se hubiere producido en cualquier época, pero antes de la inscripción o elección, ii) que se hubiere proferido mediante sentencia judicial, iii) que se refiera a pena privativa de la libertad y, iv) que no se origine como consecuencia de delitos políticos o culposos. La condena judicial que puede originar inhabilidad para acceder al cargo pudo haberse producido en cualquier época, pero antes de la inscripción o elección. En relación con el

segundo supuesto, esto es, que la condena sea impuesta en sentencia judicial es indispensable averiguar a partir de qué momento puede decirse que hay condena judicial. En virtud de lo dispuesto en el artículo 248 de la Constitución, sólo las condenas proferidas en sentencia judicial definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales. En igual sentido lo regula, el artículo 7º de la Ley 600 de 2000 o Código de Procedimiento Penal. Ahora, al tenor de lo dispuesto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal, “las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes”. En consecuencia, por regla general, sí en desarrollo del derecho de defensa y contradicción se interpusieron los recursos señalados en la ley, la sentencia no se encuentra en firme y, por ende, aún no existe condena judicial definitiva. De lo anterior es posible deducir dos conclusiones. La primera, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la expresión “ejecutoriada” contenida en los artículos 205 del actual Código de Procedimiento Penal y 218 del Decreto 2700 de 1991, modificado por el artículo 1º, de la Ley 553 de 2000, las sentencias de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial que son objeto de casación penal no están ejecutoriadas cuando se int