PGN - INHABILIDAD DE CONCEJAL - Causal dentro del año anterior a la elección

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Inhabilidad de Concejal por gestión de negocios en la entidad municipal donde resulto electo INHABILIDAD DE CONCEJAL-Regulación legal INHABILIDAD DE CONCEJAL-Causal dentro del año anterior a la elección De la norma en cita se tiene que la inhabilidad se presenta por razón de i) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o, ii) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, lo anterior ii) dentro del año anterior a la elección. (Negrillas de la delegada) INHABILIDAD DE CONCEJAL-Causales son restrictivas no por extensión o analogía En consideración de esta Agencia del Ministerio Público resulta acertado lo señalado por el a-quo en cuanto a la regla de hermenéutica aplicada para efectos de interpretar el régimen de inhabilidades conforme a la cual estas causales de inhabilidad se han de interpretar de manera restrictiva y no es posible al intérprete hacer interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía para adecuar la norma a situaciones no señaladas por el legislador, por ello acierta igualmente al considerar que para efectos de la inhabilidad el operador debe atender a su tenor literal y en ese entendido considerar que el año que refiere la norma se comprende desde el momento de la elección y no como lo pretenden los demandantes a partir de la inscripción, es el momento de la elección el que se ha de considerar porque así lo estableció el legislador y no es posible aplicar o hacer una

interpretación extensiva de la norma como lo pretenden los demandante para comprender dentro de ella supuestos que el legislador no consideró, es la elección y no otro momento el punto de partida que se ha de atender para establecer el término de un año. INHABILIDAD DE CONCEJAL-Gestión de negocios según jurisprudencia del Consejo de Estado GESTIÓN DE NEGOCIOS-Influencia electoral según jurisprudencia del consejo de Estado GESTIÓN DE NEGOCIOS-Definición Conforme a lo señalado en esta decisión se puede concluir que la gestión es un acto previo a la celebración o suscripción del contrato y que no se puede considerar gestión “el desarrollo de los negocios gestionados o la ejecución de los contratos celebrados, que bien podría ocurrir que se desarrollen o ejecutaran dentro de ese término. Lo que constituye causa de inhabilidad es la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos dentro de los seis meses anteriores a la inscripción, no el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co desarrollo o la ejecución consiguientes dentro de ese término de los negocios o contratos correspondientes”, como lo indicará el a-quo la jurisprudencia ha señalado que tradicionalmente el alcance de la causal derivada de la intervención en la gestión de negocios se ha identificado con actuaciones previas al contrato dirigidas a lograr su consolidación. CONTRATO ADICIONAL-Es un contrato nuevo/ADICIÓN DE CONTRATO-Es

una modificación de un contrato en ejecución Además, se ha de precisar que en el caso en examen lo que se sucede es una adición del contrato en cuanto al tiempo de duración, una prórroga que no puede confundirse con un contrato adicional pues uno y otro término son distintos , son diferentes los conceptos de contrato adicional y adición de contratos. Aquel es un nuevo contrato, mientras ésta es una modificación de un contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado y su realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la entidad estatal al contratar, en el caso en examen lo referido con el término de duración del contrato el cual se adiciono en unos días más a instancia de la contratista y con el ánimo de cumplir en debida forma con la pactado con el ente de la administración municipal. Pues bien, conforme a lo señalado la adición en el tiempo del contrato inicial no es más que una modificación de un contrato en ejecución y como se dijo los actos de ejecución no son los que generan la inhabilidad, la misma la ha referido el legislador a la celebración del contrato entendida por tal la suscripción del mismo y no se comprenden dentro de ella los actos de ejecución.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 05 agosto de 2016 Concepto No. 089 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 66001 23 33 000 2015 00475 01

Radicado interno: 2015 0475

Actor: Gerardo Bernal Montenegro y John Harold Gómez Giraldo Demandado: Carolina Giraldo Botero Asunto: Recurso de apelación contra la sentencia de fecha 6 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda contra el acto de elección de la señora Carolina Giraldo Botero como concejala del municipio de Pereira (Risaralda) para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 21 de julio de 2016, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos.

I. ANTECEDENTES  La demanda Los ciudadanos Gerardo Bernal Montenegro y John Harold Gómez Giraldo, actuando en su propio nombre y representación en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandaron el acto por medio del cual se declaró electa como

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co concejala del municipio de Pereira – Risaralda - período 2016 – 2019 a la señora

Carolina Giraldo Botero.  Pretensiones En los escritos de demanda los actores son coincidentes en solicitar que se declare la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección como concejala del municipio de Pereira – Risaralda, período 2016 - 2019 a la señora Carolina Giraldo Botero, por cuanto consideraron que la citada se encontraba incursa en causal de inhabilidad que la hacía inelegible, en concreto los actores manifestaron que de la elegida se predicaba la inhabilidad que consagra el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 del 2000 por haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades del nivel municipal.  Supuesto fáctico De conformidad con lo señalado por los actores en el acápite denominado hechos de sus respectivas demandas la electa concejal se encontraba incurso en la causal de inhabilidad que señala el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 a cuyo tenor no podrá ser elegido concejal quien “haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio distrito…” . Sostienen los actores que la elegida concejala el 20 de enero de 2014 celebró con el Instituto Municipal de Cultura y Turismo un contrato de prestación de servicios profesionales, que iniciaría a ejecutarse el 28 de enero de 2014 y se terminaría el 27 de noviembre de 2014 (ver Acta de inicio – fl. 35 cd. ppal 1).

Este contrato señalan los demandantes se prorrogó a instancia de la contratista quien por medio de escrito calendado a 18 de noviembre de 2014 solicitó al

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Instituto una ampliación del plazo de terminación hasta el 15 de diciembre, prórroga que fue autorizada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. El demandante John Harold Gómez Giraldo manifiesta que esta adición es configuradora de la causal de inhabilidad por cuanto de ella se infiere claramente una celebración, suscripción y firma del contrato, en su defecto se presenta una intervención en la gestión de negocio ante una entidad del orden municipal. El demandante Gerardo Bernal Montenegro alude a esta adición y dice que la misma implicó un acuerdo de voluntades entre el contratista y el Instituto de Fomento al Turismo. De igual manera informan que la elegida concejala se inscribió como candidata al concejo municipal de Pereira (Risaralda) el 25 de julio de 2015, fecha que consideran determinante dentro de la Litis planteada, porque tomando en consideración esta calenda se configura la causal del numeral 3°.  Normas violadas y concepto de la violación Se indicaron como normas transgredidas las siguientes: i) Numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000. Al explicar el concepto de la violación manifestaron que la elegida concejala se encontraba incursa en la causal de inelegibilidad que consagra el numeral 3 ° por

razón de la suscripción del contrato con el Instituto y por la adición que de él se hizo en cuanto al término de duración del mismo.

2. Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo de Risaralda en su decisión de primera instancia dispuso no acceder a las pretensiones señaladas por los demandantes y denegó la nulidad de la elección que demandaron.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Para arribar a esa decisión consideró como argumentos centrales los siguientes:  Que las inhabilidades son de interpretación restrictiva y no admiten aplicación analógica y por lo tanto para efectos de la configuración de la inhabilidad se debe considerar no la fecha de inscripción de la candidatura sino de la elección pues así lo dispone el numeral 3° indicado por los demandantes como fundamento de su pretensión.  En cuanto a la adición del contrato consideró que de este acto no es posible la configuración de la causal de inhabilidad por cuanto que se trata de un acto de ejecución que es posterior a la celebración del contrato y del cual no es posible deducir la configuración de la inhabilidad.  Señala que la adición del contrato sólo se dio en relación con el término de duración del mismo y por lo tanto no es procedente considerar que se está frente a un nuevo contrato por modificación del objeto contractual.  La intervención en la gestión de negocios no se configura por razón de la prórroga del contrato, citando a la H. Sección se indica que la intervención

gestión de negocios como causal de nulidad de la elección se ha identificado con actuaciones previas al contrato dirigidas a lograr su consolidación.

3. Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el actor Gerardo Bernal Montenegro interpuso recurso de apelación contra la misma, se destaca como argumentos en contra de la decisión de primera instancia los siguientes:  Que la inhabilidad no se planteó por razón de la celebración del contrato sino porque dentro de los doce (12) meses anteriores a la inscripción de la candidatura de la elegida concejala suscribió una adición al contrato de prestación, el 26 de noviembre de 2014, que la hacía estar incursa en la causal de inelegibilidad.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que es de la suscripción de la adición del contrato que se deriva la inhabilidad, de ella es que se deriva la intervención en la gestión de negocios ante la administración municipal.  Trámite del recurso de apelación El Tribunal Administrativo de Risaralda por auto del 23 de mayo de 2016 concede el recurso para ante el H. Consejo de Estado. Por auto del 21 de julio de 2016 se admite el recurso.

4. Alegatos de conclusión Por conducto de apoderada judicial interviene en esta oportunidad procesal la Registraduría Nacional del Estado Civil, la que solicita la confirmación de la

sentencia apelada “en el entendido que se DESVINCULE a la Registraduría Nacional del Estado Civil de cualquier responsabilidad en el presente asunto, por cuanto que lo que se discute es un asunto completamente ajeno a sus funciones”.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto ante esta H. sección por razón del recurso de apelación que fuera interpuesto por el demandante señor Gerardo Bernal Montenegro, quien precisa que en el escrito de demanda no consideró como causal de nulidad la celebración del contrato de prestación de servicios que suscribió la elegida concejala con el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo sino la intervención en la gestión de asuntos, la cual se deriva de la solicitud de adición del término del contrato que fuera aceptada por el Instituto.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co La norma que se indicó por los actores como fundamento de su pretensión y que fuera objeto de análisis en la sentencia de primera instancia es del siguiente tenor: “ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: "Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: (…)

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de

negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. De la norma en cita se tiene que la inhabilidad se presenta por razón de i) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o, ii) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, lo anterior ii) dentro del año anterior a la elección. (Negrillas de la delegada) En consideración de esta Agencia del Ministerio Público resulta acertado lo señalado por el a-quo en cuanto a la regla de hermenéutica aplicada para efectos de interpretar el régimen de inhabilidades conforme a la cual estas causales de inhabilidad se han de interpretar de manera restrictiva y no es posible al intérprete hacer interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía para adecuar la norma a situaciones no señaladas por el legislador, por ello acierta igualmente al considerar que para efectos de la inhabilidad el operador debe atender a su tenor literal y en ese entendido considerar que el año que refiere la norma se comprende desde el momento de la elección y no como lo pretenden los

demandantes a partir de la inscripción, es el momento de la elección el que se ha de considerar porque así lo estableció el legislador y no es posible aplicar o hacer

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co una interpretación extensiva de la norma como lo pretenden los demandante para comprender dentro de ella supuestos que el legislador no consideró, es la elección y no otro momento el punto de partida que se ha de atender para establecer el término de un año. Como en el caso que se estudia es claro que el contrato se sucede por fuera del término inhabilitante no resulta procedente concluir en la nulidad de la elección por razón de la celebración del contrato. Ahora bien en el texto del escrito de apelación el actor sostiene que no es la celebración de contrato la que se ha de considerar para efectos de la inhabilidad, para él la misma se configura por razón de la intervención en la gestión de negocios que hace la elegida concejala ante una entidad del orden municipal, entendiendo por tal gestión la solicitud que hace de adición al término del contrato de prestación de servicios que suscribiera con el Instituto municipal. La gestión de negocios ante entidades públicas como causal de inhabilidad ha sido objeto de estudio por la H. Sección en múltiples oportunidades y sobre este tema , ha manifestado: “El propio constituyente, al redactar la constitución Política de 1991, identificó algunos factores que podrían distorsionar los resultados electorales,

quebrantando el principio de la igualdad (C.N. Art. 13), al igual que el derecho fundamental a participar en la conformación del poder político al postularse para cargos de elección popular (C.N. Art. 40), elevándolos a la calidad de inhabilidades para acceder a la dignidad de congresista, destacándose entre ellos la intervención en la gestión de negocios de que habla el numeral 3 del artículo 179 de la carta fundamental. Es decir, el constituyente era consciente del desbalance generado a favor de aquellos candidatos que habían participado en la gestión de negocios dentro de un término inmediatamente anterior a la contienda electoral, puesto que la proximidad con el tesoro público, del cual y con base en el cual se podían obtener recursos para ejecutar obras de interés social, se erigía en un factor indudable de poder que frente al candidato común y corriente, o si se prefiere, Esta jurisprudencia debe ser considerada a la luz del pronunciamiento que efectuara la Sala en el caso del Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá en donde se consignó que la causal se configura cuando el candidato participa o realiza ante entidades públicas, diligencias tendientes a obtener para sí o para un tercero un propósito con o sin carácter lucrativo. Ver sentencia de septiembre 13 de 2007. Expedientes 3979 y 3986. Consejera Ponente doctora: Susana Buitrago Valencia. Ver Jurisprudencia y Doctrina Diciembre de 2007, páginas 2214 y siguientes.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co al margen de esos manejos, le otorgaba una ventaja que sin duda se hacía sentir en las urnas. La gestión de negocios, resulta ser, sin duda, un factor contaminante que le resta pureza al sufragio y de contera al proceso electoral, en la medida que los partidos o movimientos políticos, en la senda de alcanzar las corporaciones de elección popular, deben competir en pie de igualdad, sin el auxilio de factores de poder que colocan en desventaja al adversario, tales como los vínculos jurídicos que surgen de la gestión de negocios con la administración, situación que permite al candidato gestor realzar su imagen respecto de sus oponentes, no al amparo de sus propias calidades, sino valiéndose para ello de los recursos del mismo Estado, que por supuesto no deben servir para promover o promocionar indirectamente a uno de los candidatos. Ya la Sala Plena del Consejo de Estado tuvo la oportunidad de referirse a la influencia electoral que tiene la gestión de negocios. “La celebración de contratos supone la realización de una gestión previa; la gestión de negocios busca la celebración o ejecución de contratos y en general, un beneficio particular a favor de la persona que lo adelanta o de un tercero, así el cometido no se concrete efectivamente. El artículo 179-3 busca que quienes aspiran a integrar las corporaciones públicas no tengan ventaja frente a los demás candidatos, por utilizar factores como los vínculos jurídicos creados por la gestión de negocios

o la celebración de contratos con el Estado; ni pueda influir en el electorado al haber administrado recursos públicos, durante los seis meses anteriores a la elección. 1 Sin embargo, no todas las diligencias que se adelanten ante las entidades públicas pueden ser asimiladas como “gestión de negocios” porque no necesariamente implican el rompimiento de la equidad frente a los demás candidatos a corporaciones públicas o frente a los particulares que también aspiran a obtener algún convenio con el Estado. Como lo señaló el Ministerio Público, actuaciones como los reclamos por facturación, resultan ajenos a esta causal, porque es fundamental que de las mismas emanen ventajas electorales. En cada caso se deben examinar las circunstancias y sobre todo los fines de las actividades desarrolladas, para establecer si existe la 1 Respecto del régimen de inhabilidades dijo la Asamblea Nacional Constituyente en el informe ponencia para primer debate en la plenaria de la asamblea del 16 de abril de 1991, lo siguiente: “Inhabilidades. 1.1. Objeto: evitar que se utilicen factores de poder del Estado con fines electorales e impedir que personas indignas puedan llegar al Congreso. (...) Por otra parte, quien mantiene relaciones particulares y específicas con el gobierno, como contratista o gestor ante las autoridades públicas, debe ser objeto de una norma especial, puesto que si en el régimen de incompatibilidades se establece la prohibición de contratar con el Estado y hacer gestione en nombre de terceros, una persona que fuere elegida mientras mantiene la condición de contratista o de gestor quedaría por el solo hecho de la elección incurso en la causal de incompatibilidad y sometido a la pérdida de la investidura. Conviene, además,

establecer un tiempo antecedente durante el cual opera la inhabilidad para evitar que ocurran situaciones de última hora con las que se pretenda burlar la inhabilidad, y que la misma candidatura a una corporación sirva para obtener ventajas adicionales en la gestión frente al gobierno. (Gaceta Constitucional No. 51 del 16 de abril de 1991)

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co posibilidad de dejar en desventaja a otras personas o si el interés público resulta afectado en beneficio del privado” 2 Ahora bien, según el Diccionario de la Lengua Española por gestionar debe entenderse “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera” , lo cual necesariamente debe distinguirse de la celebración del contrato o de su ejecución, puesto que una vez suscrito el contrato estatal su ejecución no puede tenerse como soporte para la gestión de negocios, ya que no emplearía el legislador dos expresiones diversas para significar lo mismo; por tanto, la gestión de negocios corresponden a todas aquellas actividades desplegadas para sí o para un tercero, con el propósito de obtener un beneficio, sin importar si el beneficio se obtiene o no”.1 Ahora bien, en relación con el sentido y alcance del verbo gestionar, la Sala Plena del Consejo de Estado tiene establecido que “Dicho término, según el Diccionario de la Academia Española, consiste en “Hacer diligencias

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera, y comúnmente se entiende como el adelantamiento de trámites en procura de una finalidad concreta”. La gestión, independientemente de su resultado, entraña una conducta dinámica, positiva y concreta del gestor, que debe estar comprobada y no ser el resultado de inferencias subjetivas o suposiciones perspicaces”, la gestión de negocios es una actividad dinámica y externa que no puede presumirse. Entonces, quien gestione un negocio ante una entidad del orden municipal, para efectos de la inhabilidad, independientemente de su resultado, debe realizar una conducta dinámica, positiva y concreta que tiene que estar adecuadamente comprobada, que permita determinar el elemento temporal que contiene la inhabilidad y precisar el momento en el que se lleva a cabo la intervención, porque a partir de este preciso momento opera la inhabilidad que se comprende dentro del tiempo durante el año anterior a la elección. Así lo precisó el máximo juez de lo contencioso administrativo, cuando señaló que “Es la intervención tanto en la gestión de negocios como en la celebración de contratos, lo que ha de tener lugar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la inscripción, no el desarrollo de los negocios gestionados o la ejecución de los contratos celebrados, que bien podría ocurrir que se desarrollen o ejecutaran dentro de ese término. Lo que constituye causa de inhabilidad es la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos dentro de los seis meses anteriores a la inscripción, no el desarrollo o la ejecución consiguientes dentro de ese término de los negocios o contratos correspondientes” 2 (resaltado del Despacho)

Conforme a lo señalado en esta decisión se puede concluir que la gestión es un acto previo a la celebración o suscripción del contrato y que no se puede 2 2 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. Sentencia de Octubre 22 de 2002. Radicación 11001-03-15-000-2002-0504 (PI-046). Actor: Carlos Enrique Campillo Parra. Demandado: Alexander López Maya. 1 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Consejera Ponente: MARIA NOHEMÍ HERNÁNDEZ PINZÓN. 29 de julio de

2004. Radicado interno 3413.

2 Consejo de Estado – Sección Quinta – Sentencia del 27 de julio de 1995. Anales del Consejo de Estado, Tomo CXLIV, segunda parte, págs. 844 y 845.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co considerar gestión “el desarrollo de los negocios gestionados o la ejecución de los contratos celebrados, que bien podría ocurrir que se desarrollen o ejecutaran dentro de ese término. Lo que constituye causa de inhabilidad es la intervención en la gestión de negocios o en la celebración de contratos dentro de los seis meses anteriores a la inscripción, no el desarrollo o la ejecución consiguientes dentro de ese término de los negocios o contratos correspondientes”, como lo indicará el a-quo la jurisprudencia ha

señalado que tradicionalmente el alcance de la causal derivada de la intervención en la gestión de negocios se ha identificado con actuaciones previas al contrato dirigidas a lograr su consolidación. Además, se ha de precisar que en el caso en examen lo que se sucede es una adición del contrato en cuanto al tiempo de duración, una prórroga que no puede confundirse con un contrato adicional pues uno y otro término son distintos , son diferentes los conceptos de contrato adicional y adición de contratos. Aquel es un nuevo contrato, mientras ésta es una modificación de un contrato en ejecución cuando se requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado y su realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la entidad estatal al contratar, en el caso en examen lo referido con el término de duración del contrato el cual se adiciono en unos días más a instancia de la contratista y con el ánimo de cumplir en debida forma con la pactado con el ente de la administración municipal. Pues bien, conforme a lo señalado la adición en el tiempo del contrato inicial no es más que una modificación de un contrato en ejecución y como se dijo los actos de ejecución no son los que generan la inhabilidad, la misma la ha referido el legislador a la celebración del contrato entendida por tal la suscripción del mismo y no se comprenden dentro de ella los actos de ejecución.

III CONCLUSIÓN

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Con fundamento en las consideraciones anteriores esta Agencia del Ministerio Público de manera respetuosa le solicita a la H. Sección Quinta que confirme la sentencia de fecha 6 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en cuanto en ésta se dispuso “ NIEGANSE LAS SUPLICAS DE LA DEMANDA que pretendía se declarara nula la elección de la señora Carolina Giraldo Botero como concejal del municipio de Pereira (Risaralda) para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019 . De los HH.MM.,

JUAN CLÍMACO JIMÉNEZ CASTRO

Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado

JCJC/GASC

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