PGN - INHABILIDAD - Límite temporal

NULIDAD ELECTORALCongresista/ INHABILIDAD POR PARENTESCO -Con funcionario con autoridad civil y política INHABILIDAD DE CONGRESISTA-Por parentesco con servidor con autoridad civil y política/INHABILIDADLímite temporal En las decisiones de unificación de la Sección Quinta desde el año 2015, se indicó que la inhabilidad del artículo 179, numeral 5 de la Carta Política, se cuenta desde el momento de la inscripción de la candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, … , por tal razón, el funcionario que ejerce autoridad para no inhabilitar a su consanguíneo, debe renunciar antes de la inscripción de la respectiva candidatura. Del cotejo de la fecha de inscripción de la candidatura con la de renuncia del señor… como Director de Departamento Administrativo de Planeación, código 055, grado 03, el 14 de septiembre de 2017, se colige que este se retiró del ejercicio de la función mucho antes de la inscripción de la demandada, por lo que se concluye que el presupuesto relacionado con el elemento temporal de esta causal no se configuró. AUTORIDAD CIVIL-Concepto Está consiste en la potestad para producir actos de poder y mando, que se expresan y se hacen cumplir sobre los ciudadanos y la comunidad en general, con posibilidad incluso de compulsión o de coerción por la fuerza. Igualmente, se ha identificado esta autoridad con la capacidad que se le reconoce a quien ejerce el cargo de tener el poder nominador. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

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1 Bogotá D.C., agosto 30 de 2018 Concepto No. 00055 Doctora

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 1100103280002018-0002300

Actor: LUIS ANTONIO SOLER GÁMEZ Asunto: Nulidad de la elección de MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de La Guajira. Período 2018-2022.

Respetada señora Consejera: Dentro del término de traslado y como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en lo que hace a los cargos de la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES I.1. La demanda El ciudadano LUIS ANTONIO SOLER GÁMEZ, actuando en su propio nombre y representación, en ejercicio del medio de control de nulidad de contenido electoral solicitó la nulidad parcial del acto por medio del cual se declaró electa como Representante a la Cámara por la circunscripción electoral del departamento de La Guajira, período 20182022 -, a la ciudadana MARIA CRISTINA SOTO DE

GÓMEZ. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

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2 El acto demandado parcialmente, es el formulario E-26 CA, suscrito por los

miembros de la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira, el 17 de marzo de 2018. I.2. Hechos I.2.1. La ciudadana MARIA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ, fue electa como representante a la Representante a la Cámara por la circunscripción de Nariño. I.2.2. El señor JUAN LORETO GÓMEZ SOTO es hijo de la representante electa. I.2.3. El señor JUAN LORETO GÓMEZ SOTO se desempeñó como Director del Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira, cargo que desempeñó hasta el 14 de septiembre de 2017. I.3. Normas violadas y concepto de violación 1.3.1. Manifiesta el demandante que, conforme al artículo 179, numeral 5 de la Constitución Política, no podrá ser electo congresista quien tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. 1.3.2 Esta inhabilidad, dice el actor, exige para su configuración que i) exista parentesco entre el funcionario que ejerce o ha ejercido el cargo que comporta autoridad civil y el electo congresista; ii) que el ejercicio de autoridad se suceda en la circunscripción en la cual se dio la elección y, “iii) que el cargo haya sido ejercido dentro del espacio temporal suficiente ( no menos estricto que el de los demás cargos de elección territoriales) que permita deducir el desequilibrio con los demás aspirantes al mismo cargo de elección popular, en este caso de

representantes a la cámara” . Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 3 1.3.3. Manifiesta el actor que entre el acto de renuncia del JUAN LORETO GÓMEZ y la inscripción de la candidatura de MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ no transcurrieron tres (3) meses. Ni tampoco seis (6) meses para la fecha de la elección. 1.3.4. Señala que el cargo ejercido por el hijo de la demandada JUAN LORETO GÓMEZ SOTO, como director del Departamento Administrativo de Planeación y gobernador encargado comportó el ejercicio de autoridad civil que impedía la elección de su madre. 1.3.5. No obstante que la norma constitucional no señala término a partir del cual se configura la inhabilidad, el demandante considera que, en aras de la igualdad, se debe aplicar el término que el legislador ha impuesto para los cargos de elección popular a nivel territorial. Por tanto, considera que el término de la inhabilidad debe ser igual al previsto para gobernador, diputado, alcalde o concejal frente a los cuales se señala que no podrán inscribirse cuando uno de sus parientes dentro de los grados señalados en la ley ha ejercido autoridad dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección. 1.3.6. En ese sentido, considera que “el nexo entre el cargo ejercido con autoridad civil y administrativa por el pariente del candidato debe haber finalizado, con no

menos de seis (6) meses de anticipación a la fecha que se produce la inscripción, aunque intereses superiores basados en el derecho a la igualdad reclaman el mismo tratamiento que está establecido para los cargos uninominales y corporativos de las entidades territoriales, es decir, 12 meses…”. 1.3.7. En consecuencia, manifiesta que entre el acto de renuncia del cargo del JUAN LORETO GOMEZ, hijo de la demandada, y la inscripción de la candidatura de ésta, no transcurrieron ni tres (3) meses y ni tan siquiera seis (6) meses para la fecha de la fecha de la elección. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 4 1.3.8. Señala que el cargo ejercido por JUAN LORETO GÓMEZ SOTO como director del Departamento Administrativo de Planeación y gobernador encargado comportó el ejercicio de autoridad civil que se manifiesta en actos de dirección y mando sobre los empleados de su dependencia y sobre los habitantes del departamento. 1.4. Contestación de la demanda 1.4.1. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL El apoderado judicial de esta entidad, luego de señalar los presupuestos que se exigen para la configuración de la causal de inhabilidad del artículo 179, numeral 5°, concluye que los mismos, en el caso en examen no se cumplen.

En relación con el elemento temporal de la inhabilidad, señala que el mismo de ser

considerado a la luz del criterio expuesto por la Sección Quinta, en el fallo de unificación de 9 de abril de 2015, en donde se determinó que el retiro del servidor que ejercía autoridad civil e inhabilitaba al pariente o a la persona con la cual tenía vínculo por razón del matrimonio o de la unión permanente debía darse antes de la inscripción de la candidatura. Por tanto, como el hijo de la demandada renunció al cargo de Director de Departamento Administrativo de Planeación del departamento de La Guajira, del cual se predica el ejercicio de autoridad civil, el 14 de septiembre de 2017, no hay lugar a la configuración de la inhabilidad por cuanto el retiro del servicio se presentó con anterioridad a la inscripción de la candidatura que según el formulario E-6 CT se dio el 9 de diciembre de 2017, a las 12 horas 11 minutos. 1.4.2. MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ El apoderado judicial de la demandada manifestó su oposición a la pretensión de nulidad del acto de elección. Afirma que no se configuran los elementos de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 5 inhabilidad del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, en especial el referido al elemento temporal, que fue objeto de una sentencia de unificación por

la Sección Quinta. Para sustentar su aserto, hace referencia a la posición jurisprudencial que se ha desarrollado tanto por la Sala Plena como por la Sección Quinta en torno al

elemento temporal que debe ser considerado para efectos de la configuración de la inhabilidad del artículo 179, numeral 5° de la Carta Política. Manifiesta que tanto una y otra Sala de manera reiterada han considerado que para efectos de la inhabilidad del numeral 5°, debe demostrarse que el pariente el día de las elecciones ejerció autoridad civil o política, por manera que resulta suficiente que el funcionario que ejerce cargo del cual se predica el ejercicio de autoridad civil renuncie al cargo antes de la elección para enervar los efectos de la inhabilidad del numeral 5° del artículo 179 constitucional. Se refiere, igualmente, al criterio unificado de la Sección Quinta en relación con el elemento temporal que se exige para la configuración de la inhabilidad alegada en la demanda, sentencia de 26 de marzo de 20151, en donde se indicó que “La inhabilidad del numeral 5º del artículo 179 Constitucional, se entenderá configurada desde el día de la inscripción de la candidatura al cargo de elección popular y hasta el día en el que efectivamente se declare la elección” y además “que las consideraciones expuestas en esta providencia respecto del entendimiento del factor temporal de la inhabilidad contemplada en el numeral 5º del artículo 179 Constitucional tendrán aplicación desde las próximas elecciones de Senado y Cámara de Representantes, es decir, las concernientes al período 2018-2022”. Concluye que la inhabilidad del numeral 5° del artículo 179 no se configura en el asunto en examen por cuanto resulta evidente que para la fecha en que se aceptó la renuncia del doctor GÓMEZ SOTO al cargo de Director de Planeación del 1 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 26 de marzo de 2015. Demandantes: Guillermo Palacio Vega y otro

Demandado: León Darío Ramírez Valencia. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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6 Departamento de La Guajira, la electa Representante a la Cámara no se había inscrito. 1.4.3. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL El apoderado de esta entidad propuso la excepción previa denominada falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual se aceptó en la audiencia inicial. 1.5. Fijación del litigio En la audiencia inicial celebrada el 18 de julio, el litigio se fijó de la siguiente manera: “Determinar si el acto de elección de la ciudadana MARÍA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ como Representante a la Cámara por el departamento de La Guajira para el período 2018-2022, contenido en el formulario E-26CA del 17 de marzo de 2018 emanado de la respectiva Comisión Escrutadora Departamental, es nulo por estar la elegida incursa en la causal de inhabilidad contenida en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, al tener vínculo de consanguinidad en primer grado con Juan Loreto Gómez Soto quien había ejercido autoridad civil y administrativa en el período previo a la inscripción de la candidatura de aquella, de acuerdo con el concepto de violación reseñado en la presente audiencia inicial, y a partir de las razones de hecho y de derecho presentadas oportunamente por las partes

e intervinientes”

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado, determinar si la Representante a la Cámara, MARIA CRISTINA SOTO DE GÓMEZ, electa por el departamento de La Guajira para el período 2018-2022, según el formulario E-26

CA de 17 de marzo de 2018, se encontraba incursa en la inhabilidad consagrada en el artículo 179, numeral 5° de la Constitución Política, porque su hijo ejerció autoridad civil en el período previo a la inscripción de la candidatura. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

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7 Para resolver este problema, es necesario analizar i) el concepto de autoridad civil, ii) las discusiones jurisprudenciales sobre el elemento temporal y iii) análisis del caso concreto. Sobre estos temas es importante indicar que esta delegada ya se había pronunciado a propósito de una demanda similar contra otro Representante a la Cámara, que actualmente se encuentra para fallo2. En consecuencia, en esta oportunidad se reitera lo expuesto en ese caso. 2.2. El concepto de autoridad civil En relación con el concepto de autoridad civil no ha sido uniforme el criterio que se ha elaborado en torno a la forma en que esta se debe entender, así, en algunas épocas se ha asimilado a la autoridad administrativa, entendiendo que una

contiene a la otra –especie y géneroy en otras, se ha abogado por su diferenciación y se predica que la misma es una forma autónoma distinta y diferenciada de la autoridad administrativa no obstante ser manifestación una y otra de la autoridad. En este punto, esta agencia del Ministerio Público considera que dicho el concepto de inhabilidad que contempla el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, no puede hacerse similar o igual al concepto de autoridad administrativa. Es por ello, que llama la antención sobre la fijación del litigio en donde se indicó que se analizaría si la demandada estaba incursa en la inhbilidad por el ejercicio de autoridad civil y administrativa de su hijo. Lo anterior, por cuanto se considera que no posible para efectos de la inhabilidad en comento esa asimilación, como ya la había expresado en concepto anterior3, 2 PROCURADURIA GENERAL. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado. Concepto No.00049 de agosto 16 de 2018. Expediente: 11001-03-28-000-2018-00031-00. Actor: Dora Marcela Chamorro Chamarro. Demandado: Calvache Estupiñan. Representante a la Cámara por el departamento de Nariño. Período 2018-2022. 3 PROCURADURIA GENERAL. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado. Concepto No.00030 de mayo 10 de 2018. Medida Cautelar. Expediente: 11001-03-28-000-2018-00017-00. Actor: Claudia Patricia Rentería Trejo.

Demandado: Néstor Leonardo Rico Rico. Representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca. Período

2018-2022. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 8 en tanto ella vacía de contenido la causal del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución, que expresamente se refirió a dos modalidades de autoridad a saber: la civil y la política, excluyendo a la administrativa como elemento estructurante de esta inhabilidad, asunto que no puede considerarse como una mera omisión del constituyente, pues en otros apartes de la norma, expresamente se refirió a la autoridad administrativa como inhabilitante.

El concepto de autoridad civil que ha acogido la jurisprudencia del Consejo de Estado, tanto en su Sala Plena Contenciosa Administrativa, como la de Consulta y la Sección Quinta, hace referencia al ejercicio del poder que ostenta un funcionario para adoptar o tomar decisiones que pueden ser implementadas tanto interna como externamente. Es decir, la potestad de autoridad frente a los ciudadanos. Está consiste en la potestad para producir actos de poder y mando, que se expresan y se hacen cumplir sobre los ciudadanos y la comunidad en general, con posibilidad incluso de compulsión o de coerción por la fuerza. En otros términos, la capacidad de imponer mediante los recursos coercitivos de los que puede dotarlo la administración –sancionatorio, disciplinario, etc.- las decisiones que a él le corresponden. Igualmente, se ha identificado esta autoridad con la capacidad que se le reconoce a quien ejerce el cargo de tener el poder nominador. Estas características se han perfilado a partir del texto del artículo 188 de la Ley

136 de 1994, que establece lo siguiente: “ARTICULO 188. AUTORIDAD CIVIL: Para efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:

1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.

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2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por sí o por delegación.

3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.” Sobre estas características se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo al indicar que: “ la autoridad civil, para los efectos del artículo 179.5 CP., es una especie de la autoridad pública –como lo es la jurisdiccional, la política, la militar, la administrativa, entre otras-, y consiste en el ejercicio de actos de poder y mando, que se desarrollan mediante típicos actos de autoridad, así como a través de la definición de la orientación de una organización pública, y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general –expresión exógena de la autoridad civilcomo al interior de la organización estatal –expresión endógena

de la autoridad civil-. “En esta medida, es claro que si bien el artículo 188 ayuda bastante en la tarea de hallar el sentido mismo de esta forma de autoridad, también es cierto que dicho concepto es algo más que eso, aunque la norma contiene el reducto mínimo de aquella. En tal caso, para la Sala, este tipo de autoridad hace referencia, además de lo que expresa dicha norma, a la potestad de dirección y/o mando que tiene un funcionario sobre los ciudadanos, lo que se refleja en la posibilidad –no necesariamente en el ejercicio efectivode impartir órdenes, instrucciones, o de adoptar medidas coercitivas, bien de carácter general o particular, de obligatorio acatamiento para éstos.”4 En el mencionado fallo, se agregó: “…la autoridad civil suele expresarse a través de i) la toma de decisiones, o su injerencia efectiva en ellas, o ii) de la ejecución de las mismas. Las primeras deben denotar la idea de mando, poder, dirección, coordinación y control que se tiene sobre los ciudadanos, los bienes que posee o administra el Estado, o sobre los sectores sociales y económicos; pero no se trata de cualquier clase de decisión -las cuales adopta, incluso, un funcionario del nivel operativo de una organización, en la labor diaria que tiene a cargo-, sino de aquella que determina originariamente el modo de obrar mismo del Estado. La segunda supone la realización práctica de las tareas que desarrolla la entidad, y su puesta en práctica demuestra el control que se tiene sobre la administración, los funcionarios y los ciudadanos destinatarios de las políticas que se trazan desde un vértice de la administración pública”5.

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CONSEJO DE ESTADO. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia de febrero 15 de 2011.

Ref.: 11001-03-15-000-2010-01055-00. En la que se reitera la tesis unificada expuesta por la Sala Plena en la sentencia de 8 de mayo de 2007. Exp. 00016. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. 5 Cita original de la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2008, expediente 00287-00.

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10 La autoridad civil, entonces, se encamina a la definición de la orientación de una organización pública y de sus objetivos y tareas, la cual ejerce un servidor público o un particular que cumple función pública; poder que se expresa tanto sobre los ciudadanos y la comunidad en general –expresión exógena de la autoridad civilcomo al interior de la organización estatal –expresión endógena de la autoridad civil-. En esta sentencia, igualmente se indicó que era afortunado el criterio que expresara la Sala Plena cuando dijo que resultaba claro que si el Constituyente, para efectos de establecer la prohibición, hubiese querido que el ejercicio de la jurisdicción y de la autoridad administrativa hiciera parte del numeral 5º del artículo 179 constitucional, así expresamente lo hubiera prescrito. "En tal sentido, tenía razón esta Sala, en 1998, al decir que: ‘… resulta claro

entonces que si el constituyente mencionó a la ‘jurisdicción’ y a la ‘autoridad administrativa’, en el No. 2 del artículo 179, para efectos de establecer la prohibición, y hubiese querido que ambas categorías fueran parte también del ordinal 5º, así expresamente lo hubiera prescrito. Pero, al no hacerlo, le dijo claramente al intérprete que en materia de inhabilidades e incompatibilidades una es la autoridad jurisdiccional, otra es la autoridad civil, otra la autoridad militar, otra la autoridad administrativa y otra la autoridad política. Fuera de ese contexto, sin tener en cuenta la finalidad prohibitiva de la norma constitucional, y en un escenario jurídicamente poco relevante, resulta aceptable la tesis de que el Presidente de la República, los Ministros, los Jueces y Fiscales, Procuradores, Gobernadores, Inspectores de Policía pasen por autoridades civiles, sólo para distinguirlas de las militares y eclesiásticas, científicas, etc. (…) La Sección Quinta del Consejo de Estado, acogiendo los criterios de la Sala Plena consideró la autoridad civil en los términos que se transcriben a continuación: “Sea lo primero advertir, que la noción de autoridad civil ha sufrido grandes trasformaciones, pues a lo largo del tiempo la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dotado con diverso contenido a esta acepción. No obstante lo anterior, en el año 2011 la Sala Plena de esta Corporación zanjó la discusión existente. “… Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C.

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Correo electrónico: notidel7cedo@procuraduria.gov.co 11 “En otras palabras, la autoridad civil implica la posibilidad de tomar decisiones en materia de policía administrativa, materializadas en actos administrativos, y de hacerlas cumplir incluso en contra de la voluntad de los destinatarios6.”7

Conforme con lo anterior, para saber si se incurre o no en la causal de inhabilidad estudiada, se hace necesario conocer de manera específica en cada caso concreto las funciones que ejerce el servidor público, el grado de autonomía que tiene, como la capacidad de poder frente a la comunidad, para que de esta manera se pueda determinar si ejerce autoridad civil, aspectos estos que de ser necesario, para resolver el caso de la referencia serán analizados en otro aparte de este concepto. 2.3. El extremo temporal de la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política: posturas opuestas El texto del artículo 179 numeral 5° es: “ARTICULO 179. No podrán ser congresistas: (…)

5. Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan autoridad civil o política. (…)” Una lectura desprevenida del texto del numeral en cita, permite afirmar que el Constituyente no señaló para esta causal el elemento temporal, como sí lo hizo en relación con otras causales. 6 Esta Corporación, en sentencia del 15 de febrero 2011 radicado nº11001-03-15-000-2010-01055-00 (PI)- señaló que no es cualquier clase de decisión la que configura la autoridad civil, sino solamente aquellas que “determinan el obrar mismo del

Estado” y que su ejecución o puesta en práctica demuestra el control que se ejerce sobre la administración, los ciudadanos y los demás funcionarios. 7 CONSEJO DE ESTADO. Sección QuintaSentencia de 19 de febrero de 2015. Radicación Número: 11001-03-28-0002014-00045-00. Demandante: José Julio Arboleda Sierra - Demandado: Oscar de Jesús Hurtado Pérez. Consejero

Ponente: Alberto Yepes Barreiro.

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12 En efecto, a diferencia de otras causales de inhabilidad establecidas para los congresistas en donde el extremo temporal está señalado de manera precisa, así, por ejemplo, los 12 meses antes de la elección, numeral 1; o los 6 meses, numeral 2; o el mismo día, para el caso de la causal de presentarse por un mismo partido a las elecciones que se deben realizar el mismo día, numeral 6. Sin embargo, en el caso de causal del numeral 5, no se fijó fecha. En una primera época de la jurisprudencia, se optó por señalar que la conducta que se reprochaba en la mencionada causal debía presentarse el día de la elección y por lo mismo se debía demostrar que ese día el pariente o la persona con la cual se tiene el vínculo por matrimonio o unión permanente había ejercido autoridad, civil o política. Sin embargo, la Sección Quinta, en sentencia de 20158, decidió modificar dicha

interpretación, para considerar que, si lo que se pretendía era dar cumplimiento a la teleología de las inhabilidades, carecía de razón mantener la exégesis según la cual la conducta objeto de la inhabilidad debía entenderse solo para el día de las elecciones y, por consiguiente, bajo la preeminencia de los principios democrático y efecto útil, se señaló que aquella debía contarse a partir del momento de la inscripción de la respectiva candidatura. En los términos de la providencia que unificó el extremo temporal para esta inhabilidad, se afirmó que carecería de sentido permitir que el pariente del candidato en los grados señalados en la norma o la persona con la cual el candidato tiene vínculos por matrimonio o unión permanente permanezca en ejercicio del cargo del cual se deriva el ejercicio de autoridad hasta el día anterior a la elección. 8 CONSEJO DE ESTADO. Sección Quinta. Sentencia de 26 de marzo de 2015. Demandantes: Guillermo Palacio Vega y otro. Demandado: León Darío Ramírez Valencia. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, reiterada en el fallo de 9 de abril de 2015. Radicación: 11001032800020140006100. Actor: Juan Luís Pérez Escobar. Demandado: Inti Raúl Asprilla

Reyes. Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia.

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13 Entender la inhabilidad en este sentido, se dijo, era hacer que las finalidades que buscan las inhabilidades no se cumplan y, por el contrario, se desconozcan. Para esta Delegada, el criterio del efecto útil que utilizó la Sección para efectos motivar la modificación y, por ende, tener un nuevo criterio de interpretación de la causal del numeral 5° del artículo 179 Superior no puede ser objeto de reproche, pues es claro que el juez electoral está llamado a garantizar de manera objetiva los principios que rigen el proceso electoral. En donde frente a las varias interpretaciones de un determinado precepto, aquel debe hacer primar aquella que permita consecuencias jurídicas razonables y no superfluas o innecesarias, como aquella que se desprendía de entender que la inhabilidad contemplada en el numeral 5 solo aplicaba para el día de las elecciones. La exégesis que hizo la Sección Quinta de la causal del numeral 5° del artículo 179 Constitucional resulta por demás garantista, pues asumió como término a partir del cual opera la prohibición de ejercer la autoridad el de la inscripción de la candidatura cuando bien ha podido optar por términos mucho más amplios que contempla el mismo texto constitucional, como el del numeral 2º de doce (12) meses o el del numeral 3° de seis (6) meses; estos dos términos bien le hubieran podido servir de referente a la Sala, sin embargo optó por una limitación que siguiendo la regla de interpretación de los regímenes restrictivos era la que menos límites al derecho a elegir y ser elegido imponía, pues permitía la permanencia en el cargo hasta antes de la inscripción de la candidatura.

En ese sentido, esta Delegada considera que la Sección en la mencionada providencia no amplió el marco material de la causal constitucional, en tanto en esta no se contempló ningún extremo temporal y, por ende, era imprescindible fijar uno razonable y acorde con los derechos tanto de los aspirantes, de los electores y del mismo sistema democrático que a través del régimen de inhabilidades busca la moralización, la idoneidad, la probidad, la imparcialidad y la eficacia. Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 No 1580 Piso 24 – Bogotá D.C. Teléfono 5878750 Ext. 12409

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14 En consecuencia, en aplicación de este principio no es posible aceptar la exégesis expuesta por el demandante en el sentido de interpretar el extremo temporal de esta inhabilidad en los plazos fijados para otra