PGN - INSPECCION TRIBUTARIA - Es diferente a la inspección contable pero pueden ser comple

Concepto 057 Bogotá D. C., 9 de marzo de 2007

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente: Dr. HECTOR J. ROMERO DÍAZ Referencia: 73001233100020020186701

Radicado: 15753

Asunto: IMPUESTO VENTAS

Actor: IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE

LICORES S.A. / MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 octubre de 2005; obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES  FUNDAMENTOS DE HECHO: 1.- La sociedad importadora y Productora de Licores S.A., (IPL S.A.), presentó sus declaraciones de IVA por cada uno de los seis bimestres de

1997. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 6consejo@procuraduria.gov.co Carrera 10 N° 1682 Of. 803 Tel.: 3346076-2829266 Fax: 3423609 www.procuraduria.gov.co Expediente 15753 2 2.- El 7 de octubre de 1999, la administración de Impuestos Nacionales de

Ibagué profirió en su orden los siguientes Autos de Inspección Tributaria y de Inspección Contable para cada uno de los bimestres: 0018, 0019, 0020; 0021, 0022 y 0023; notificados todos el 11 del mismo mes y año. 3.- Ocho (8) días hábiles después de la notificación de dichos Autos, el funcionario comisionado se desplazó al domicilio fiscal del contribuyente para practicar la diligencia de levantamiento de actas de libros de contabilidad, sin que fuese posible, toda vez que el contribuyente no desarrolla en ese lugar la actividad industrial y comercial. 4.- El 28 de octubre de 1999, se levantó el Acta de Libros de Contabilidad, verificando la existencia de los mismos, el registro de los libros principales en la Cámara de Comercio y el registro de operaciones hasta un término no superior a cuatro (4) meses de atraso. 5.- La práctica de las inspecciones tributarias no pudo llevarse a cabo, en relación con los soportes de contabilidad, libros auxiliares y mayores de contabilidad en la dirección fiscal del contribuyente, si bien los libros mayores de contabilidad, después de levantada el acta mencionada, fueron trasladados a Bogotá, haciendo imposible el análisis de la información contable registrada. 6.- El 13 de julio de 2000, la Administración expidió los siguientes Requerimientos Especiales para cada uno de los bimestres: 090632000000029, 090632000000030, 090632000000031, 090632000000032, 090632000000033, 090632000000034. 7.- En dichos requerimientos especiales, la Administración indicó que la

práctica de la inspección tributaria no pudo realizarse porque los libros se encontraban en Bogotá en cumplimiento de una investigación penal que adelantaba la Fiscalía General de la Nación, por lo cual no fueron Expediente 15753 3 reconocidos los impuestos descontables, proponiendo un mayor saldo a pagar. 8.- El 5 de abril de 2001, la DIAN emitió las siguientes Liquidaciones Oficiales de Revisión de IVA para cada uno de los bimestres: 90642001000020, 90642001000021, 90642001000022, 90642001000023, 90642001000024 y 90642001000025. Anotó que en la parte considerativa de cada liquidación, fue desestimada la ocurrencia de la fuerza mayor que eximiera al contribuyente de la obligación de mostrar los libros de contabilidad, toda vez que la Administración ofició a la Fiscalía con el objeto de que informara si cursaba alguna investigación en contra de aquel, obteniendo una respuesta negativa. Además confirmó el desconocimiento de las compras realizadas en cada uno de esos bimestres y el total de impuestos descontables, porque no fueron exhibidos los soportes. Finalmente confirmó los mayores saldos a pagar por cada periodo, de conformidad con lo señalado en el Requerimiento Especial. 9.- La accionante presentó el recurso de reconsideración en contra de las Liquidaciones oficiales, señalando que los requerimientos especiales en que se sustentaron fueron expedidos extemporáneamente, por cuya consecuencia, las liquidaciones privadas adquirieron su firmeza; acotando que la inspección tributaria no suspendió el término para notificar dichos

requerimientos. 10.- El 2 de abril de 2002, la DIAN resolvió los recursos de reconsideración de cada bimestre a través de las siguientes resoluciones: 090662002000006, 090662002000007, 090662002000008, 900.012, 090662002000009, 090662002000010, todas notificadas el 22 de abril de 2002. Expediente 15753 4  FUNDAMENTOS DE DERECHO:  NORMAS VIOLADAS: o Artículo 29 de la Constitución Política, concordante con el artículo 781 del Estatuto Tributario; o artículos 683, 703, 705, 706, 714, 779 y 730, numeral 3° del Estatuto Tributario.  CONCEPTO DE VIOLACIÓN: A.- Artículos 703, 705, 706, 714 y 779 del Estatuto Tributario Nacional. Señaló que la declaración de renta y complementarios por el año gravable de 1997, se encontraba en firme cuando se produjeron los requerimientos especiales para cada bimestre; añadiendo que la Administración tiene la obligación de enviar los requerimientos conforme lo dispone el artículo 703 del Estatuto Tributario, concordante con el artículo 705 ibidem. Recordó que si la declaración de renta por el año gravable de 1997, fue presentada el 16 de abril de 1998, la DIAN debió notificarle cualquier Requerimiento Especial antes del 16 de abril de 2000. Reseñó que los Autos de Inspección tributaria proferidos por la Administración de Impuestos de Ibagué, fueron notificados el 11 y el 21 de

octubre de 1999. El 28 de octubre de 1999, la Administración levantó el Acta de Libros correspondiente, verificando la existencia de los mismos, el registro de los libros principales en la Cámara de Comercio y registro de operaciones hasta un término no superior a cuatro (4) meses de atraso. Expediente 15753 5 Expuso que la práctica de la Inspección Tributaria no pudo realizarse, porque posteriormente los libros se trasladaron a Bogotá. Trajo a colación la sentencia proferida el 3 de marzo de 2000, por el Honorable Consejo de Estado; expediente 9872; M.P., Dr. Delio Gómez Leyva, cuyo tenor señala: “…en abundante jurisprudencia, (…), en donde se dejó claro, que la suspensión opera ‘mientras dure la inspección’ con la limitación temporaria de la última parte del precepto, esto es, ‘hasta por tres meses’ cuando es de oficio (subrayado del demandante) B.- Numeral 3° del artículo 730 del Estatuto Tributario Recordó que la norma invocada establece que los actos de liquidación de impuestos y la resolución de los recursos proferidos por la Administración Tributaria son nulos, cuando no se notifiquen dentro del término legal. Estimó que las liquidaciones oficiales de revisión del IVA, de 5 de abril de 2001, practicadas con fundamento en los requerimientos especiales de 13 de julio de 2000 - cuando debieron serlo el 16 de abril de 2000 -, nacieron nulas a la vida jurídica por estar fundamentadas en requerimientos extemporáneos. Retrotrajo el siguiente aparte de la sentencia citada con anterioridad:

“A su vez, el mismo estatuto contempla términos perentorios para expedir tanto el requerimiento especial, como la liquidación de impuestos; de suerte que, la notificación por fuera del término legal, además de la nulidad, genera la consecuencia legal de la firmeza de la liquidación privada, tal como lo prevé de manera expresa el artículo 174 ibidem, en virtud de la cual, no puede la Administración con posterioridad a ese vencimiento acto administrativo encaminado a modificarla” (Negrilla y subrayados del demandante) Expediente 15753 6 C.- Artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 781 del Estatuto Tributario. Citando el artículo 29 de la Constitución Política, recordó la prescripción del artículo 781 del Estatuto Tributario, que acepta como única causal de justificación para la no presentación de libros, la plena comprobación de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. Dijo que la misma Administración admitió en los requerimientos especiales, que al momento de efectuar la primera visita, los libros se encontraban en Bogotá a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, con motivo de una investigación penal que ésta llevaba a cabo en contra de algunos funcionarios de la compañía. Empero, los libros fueron enviados de Bogotá a Ibagué y la Administración pudo levantar el acta de libros el 28 de octubre de 1999; precisando que el demandante presentó los libros a términos de lo prescrito en el artículo 781 del Estatuto Tributario, pudiendo comprobar su existencia. Acotó que en la contestación de cada uno de los Requerimientos Especiales, el representante legal de la sociedad demandante, confirmó

que al momento de la visita de la Administración, los soportes y los libros de contabilidad se encontraban en Bogotá, a instancias de la Fiscalía General de la Nación; dejando sentada la explicación del porqué, no se pudo disponer de los libros en la segunda visita practicada por la Administración. De la misma manera, en la contestación a los requerimientos el actor le ofreció a la Administración, poner a su disposición, los soportes y libros contables, por la finalización del proceso penal; solicitándole a renglón seguido a la DIAN, oficiar a la Fiscalía para que informase acerca de la investigación enunciada, para demostrar la fuerza mayor invocada. Expediente 15753 7 Advirtió que la Fiscalía en su respuesta, manifestó que la investigación radicada bajo el número 098, se seguía contra los señores Albert Sterling y Francisco Vergara, con lo cual la Administración descartó que contra la sociedad contribuyente se estuviese adelantando alguna investigación; explicando que las investigaciones penales sólo pueden instaurarse contra personas naturales. D.- Artículo 683 del Estatuto Tributario. Arguyó que al contribuyente se le ha exigido más de lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación. OPOSICIÓN DE LA DIAN El accionante insiste en esta etapa en considerar que hubo firmeza de la liquidación privada. Recordó que la inspección tributaria según lo dispone el artículo 779 del Estatuto Tributario, no es sinónima de revisión de libros, toda vez que aquella involucra una multiplicidad de actuaciones. Para sustentar la actuación adelantada por la Administración, transcribió la

sentencia del Honorable Consejo de Estado de 7 de diciembre de 2000, citando el siguiente extracto: “El debate en la instancia se contrae o la inconformidad de la recurrente con la sentencia del tribunal que decidió declarar la nulidad de los actos acusados, al establecer extemporánea la notificación del requerimiento especial, y que la apelante controvierte al estimar que en el sub lite se practicó inspección tributaria que tuvo como consecuencia la suspensión de términos a que se refiere el artículo 706 del E.T., para la notificación del requerimiento especial. Así mismo con arreglo a lo resuelto en el punto, se procederá al análisis de fondo de los actos de determinación del impuesto de renta a cargo del contribuyente por el año de 1994. La inspección es un medio de prueba personal, en el que predomina la actividad directa del funcionario e implica que ésta examine Expediente 15753 8 directamente los hechos que interesan al proceso, para verificar su existencia y demás circunstancias, que deban establecerse con su inmediación. A la finalización de la inspección debe extenderse un Acta, de la que no requiere notificación o traslado, si media requerimiento especial, pues en dicha oportunidad su surten su publicidad y contradicción. Los funcionarios autorizados para la práctica de dicha prueba diligencia, están facultados para iniciarla y llevarla hasta su conclusión, pudiendo en su desarrollo, practicar o realizar todas las visitas, investigaciones, verificaciones, cruces de información, testimonios, requerimientos, etc., que además de modo general consagra el artículo 684 del E.T., dentro de “amplias facultades de fiscalización e investigación” . Los artículos

779 y 782 a su vez prevén la realización en el curso de la inspección de la exhibición y examen parcial o general de los libros, documentos, comprobantes, etc., tanto del contribuyente como de terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para ‘verificar la exactitud de las declaraciones o establecer la existencia de hechos gravados o no “ Expuso que el 9 de septiembre de 1997, se dictó el auto de inspección tributaria 00268, notificada a la “dirección procesal” informada por el contribuyente. Al día siguiente, el comisionado se trasladó a dicha dirección, en la que se le indicó que “el contribuyente no tiene en esta oficina algún documento o libro de contabilidad y que Don Rafael no trabaja aquí ni viene continuamente, sino muy esporádicamente.” Recordó que como consta en el Acta, la verificación directa no fue posible porque no fue posible localizar por ningún medio a algún representante del contribuyente. Explicó que en el asunto sub examine, las diligencias autorizadas no se contraían a la revisión de los libros de contabilidad del contribuyente, sino a adelantar otras, tales como las visitas a la firma comisionista de bolsa con la que el contribuyente sostuvo transacciones comerciales, así como, a diversas empresas y bancos con los que pudo haber tenido vínculos comerciales; del mismo modo que, a la recepción de testimonios o la práctica de interrogatorios, de las que da cuenta el Acta, lo cual implicó la presencia directa de los funcionarios en las distintas actividades de dicha diligencia. Expediente 15753 9 Dedujo que la inspección tributaria sí tuvo la virtualidad de suspender el

término para la práctica del requerimiento especial. Trajo en cita, el siguiente aparte del Concepto 013606 del 14 de septiembre de 1999, proferido por la Oficina Jurídica de la DIAN, del que destacó, “De la practica de la inspección tributaria se levanta un acta que contenga los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha cierre de investigación, debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.” (Comillas y resaltado de la accionada). Advirtió que la Administración Tributaria, realizó distintas actuaciones tendientes a demostrar la veracidad de los datos consignados en las declaraciones, como la visita al contribuyente en procura de verificar los datos plasmados en la contabilidad con sus respectivos soportes internos y externos, como un elemento adicional a las actuaciones adelantadas bajo la inspección tributaria, siendo imposible por la renuencia del demandante a suministrar los libros de contabilidad durante el término de la visita. Estos fueron exhibidos un día, para ser trasladados posteriormente a Bogotá, bajo el argumento del acaecimiento de fuerza mayor por una investigación de la Fiscalía. Señaló que pesar de la insistencia de la Administración, la constatación directa no fue posible, resultando inapropiado escudarse en su propia falta para impedir la suspensión de términos, máxime si el artículo 781 del Estatuto Tributario señala, que la falta de presentación de libros de contabilidad por parte del contribuyente se constituirá en indicio en su contra. Indicó que se llevó a cabo la verificación para constatar el hecho de que los libros se encontraban en la Fiscalía General de la Nación, encontrando

que si bien la citada entidad admitió estar adelantado una investigación Expediente 15753 10 penal en contra del representante legal de la sociedad y de otros de sus miembros, negó la posibilidad de que los libros se encontraran en su poder. LA PROVIDENCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2005, denegó las pretensiones de la demanda. LA APELACIÓN A.- inexistencia de la Inspección tributaria Controvirtió la sentencia proferida por el a quo, al haber aceptado como realizada la inspección tributaria al contribuyente por parte de la Administración, sin que a su juicio obrase prueba que sustentara dicha afirmación; con menor razón, sin que se hubiese llevado a efecto la revisión de los libros de contabilidad. Cuestionó además la afirmación del tribunal que alude a las visitas a los comisionistas de bolsa, cuando dentro del acervo probatorio no aparece ninguna documentación que haga relación a ello, confundiendo la inspección tributaria con otro tipo de inspección que realizan otras entidades. Recordó que la sentencia proferida el 3 de marzo de 2005, por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado; expediente 13978, prescribió que la inspección tributaria no es asimilable a inspección contable y que la sola notificación del auto que decreta la “inspección tributaria” no implica que hubiera practicado ni operado la suspensión del término de tres meses para notificar un requerimiento especial; añadiendo que es necesaria la realización de dicha diligencia o su verificación para que opere la suspensión del término.

Expediente 15753 11 En relación con la suspensión de dicho término, citó el aparte de la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, el 3 de marzo de 2000, Expediente 9872; M.P., Delio Gómez Leyva, cuyo tenor expone: “…en abundante jurisprudencia, (…), en dónde se dejo claro, que suspensión opera “mientras dure la inspección” con la limitación temporaria de la última parte del precepto, esto es, ‘hasta por tres meses’ cuando es de oficio” (Subrayado del demandante). B.- Fuerza mayor en la no presentación de los libros de contabilidad Expuso que el a quo mal interpretó la respuesta proferida por la Fiscalía General de la Nación, toda vez que dicha entidad, respondió negativamente a la pregunta de si contra la sociedad demandante cursaba investigación penal; respuesta que en criterio del tribunal, resultó suficiente para desvanecer la justificación del eventual acaecimiento de la fuerza mayor. Aclaró que las investigaciones penales recayeron sobre funcionarios de la sociedad en calidad de personas naturales, que no sobre la sociedad, por cuya virtud, la respuesta dada fue correcta, lo que no obstaba para que los libros de contabilidad estuviesen en poder de dicha entidad.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta Delegada del Ministerio Público procede a emitir concepto en relación con la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos administrativos expedidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Ibagué, contenidos en los Requerimientos Especiales 0029, 0030, 0031, 0032,

0033 y 0034, todos de 13 de julio de 2000; así como las Liquidaciones Oficiales 090642001000020, 090642001000021, 090642001000022, 090642001000023, 090642001000024 y 090642001000025, todas de 5 Expediente 15753 12 de de abril de 2001, y; las resoluciones mediante las cuales estas fueron confirmadas, de números 90662002000006, 90662002000007, 90662002000008, 900.012, 090662002000009 y 090662002000010, todas de 2 de abril de 2002. A los efectos anotados, habremos de señalar que la litis planteada en el asunto sub examine, se reduce a establecer si la práctica de la inspección tributaria ordenada por la DIAN de Ibagué, tuvo la virtualidad de suspender el término para notificar los distintos requerimientos especiales relacionados en precedencia, proferidos por la misma entidad. En ese contexto resulta necesario recordar que la citada entidad, profirió el Auto de Inspección Tributaria 090631999000024 de 7 de octubre de 1999; así como, el Auto de Inspección Contable 090631999000002, expedido en la misma fecha, notificados ambos el 11 de octubre de 1999. Al respecto, conviene recordar la disposición del artículo 779 del Estatuto Tributario, que consagra la Inspección Tributaria, cuyo tenor literal previene: Art. 779. Reformado. L 223 /95, art. 137. Inspección Tributaria. Inspección Tributaria.- La administración podrá ordenar la práctica de

inspección tributaria, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravables declarados o no, y para verificar el cumplimiento de las obligaciones formales. Se entiende por inspección tributaria, un medio de prueba en virtud del cual se realiza la constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la administración tributaria, para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias. La inspección tributaria se decretará mediante auto que se notificará por correo o personalmente, debiéndose en él indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. La inspección tributaria se iniciará una vez notifique el auto que la ordene. De ella se levantará un acta que contenga todos los hechos, pruebas y fundamentos en que se sustenta y la fecha de cierre de Expediente 15753 13 investigación debiendo ser suscrita por los funcionarios que la adelantaron.” De otra parte, traeremos a colación el precepto del artículo 782 ibidem, que consagró la Inspección Contable, en los siguientes términos: Art. 782. L. 223/95, ART. 138. Inspección Tributaria.- La administración podrá ordenar la practica de la inspección contable al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el

cumplimiento de obligaciones formales. De la diligencia de inspección contable, se extenderá un acta de la cual deberá entregarse copia una vez cerrada y suscrita por los funcionarios visitadores y las partes intervinientes. Cuando alguna de las partes intevinientes, se niegue a firmarla, su omisión no afectará el valor probatorio de la diligencia, En todo caso se dejará constancia del acta. Se considera que los datos consignados en ella, están fielmente tomados de los libros, salvo que el contribuyente o responsable demuestre su inconformidad. Cuando la práctica de la inspección contable, se derive una actuación administrativa en contra del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, o de un tercero, el acta respectiva deberá formar parte de dicha actuación. De la lectura de las normas traídas en cita, se colige con facilidad que se trata de instituciones jurídicas distintas, que no obstante, pueden resultar complementarias, como lo preceptuó la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2004, por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado; radicado 66001 23 31 000 2001 0893 01 (13977); M.P., Dra., Ligia López Díaz, que en lo pertinente expuso: (…) “….En efecto, la “inspección tributaria” antes de la expedición de la Ley 223 de 1995, se asimilaba, desde el punto de vista conceptual y práctico a la “inspección contable”, que se entendía como la inspección física a los libros de contabilidad del contribuyente, por estar definida

en el artículo 779 del Estatuto Tributario. Con base en la interpretación dada a las precitadas disposiciones, esta Sección sentó el criterio según el cual la sola notificación del auto que decretaba la “inspección tributaria” de oficio, no implicaba que ella se hubiera practicado y menos aun que por ello operara la Expediente 15753 14 suspensión del término de tres meses para notificar el Requerimiento Especial, sino que se requería de la realización efectiva de la diligencia o verificación directa de los libros contables, para que operara la suspensión del término y sólo durante el lapso de su duración. Conforme a las anteriores definiciones, se tiene que después de la Ley 223 de 1995, la inspección tributaria tiene como finalidad recaudar distintos medios de prueba, tales como testimonios y documentos, pero en desarrollo de la misma también puede decretarse una “inspección contable”, en cuyo caso esta última prueba debe sujetarse a las formalidades que le son propias; pero en todo caso, lo que suspende el término para notificar el Requerimiento Especial, es la notificación del auto que decreta la “inspección tributaria” y no la práctica de la inspección contable, por así disponerlo expresamente el artículo 706 en su versión modificada por la citada Ley 223. (…) La lectura del aparte de la sentencia pretranscrita, nos permite arribar a las siguientes conclusiones: (i) La sola notificación del auto que ordena la práctica de la inspección tributaria, no implica la iniciación automática de la diligencia y, por consiguiente, menos puede significar la suspensión del

término de tres (3) meses, para la notificación del Requerimiento Especial; dicho de otra forma, para que se entienda surtida efectivamente la inspección tributaria, no basta con la notificación del auto que la ordene, sino que requiere la práctica de las distintas pruebas que se ordenen en su desarrollo, y; (ii) Delimita el marco de las consecuencias jurídicas atribuidas tanto a la inspección tributaria, como a la inspección contable; precisando que la primera se configura con la recaudación de distintos medios de prueba, dentro de los que podría decretarse la propia inspección contable. En ese contexto, hemos de reseñar que conforme lo dispone el artículo 705 del Estatuto Tributario, la DIAN contaba con un término de dos (2) años para proferir el Requerimiento Especial, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar; hecho que en el presente caso aconteció el 16 de abril de 1998, de lo cual resulta apenas lógico colegir, que dicho termino vencería el 16 de abril de 2000. Expediente 15753 15 Retrotrayendo el criterio expuesto en la sentencia del Consejo de Estado atrás citada, resulta lógico deducir que la inspección contable puede practicarse de manera independiente en uso de las amplias facultades de fiscalización atribuidas a la DIAN; sin embargo, si la practica de la misma se hace con motivo de una inspección tributaria, ésta hace parte integrante de la misma conforme lo aclaró el alto tribunal. En el asunto sub examine, el actor consideró que la práctica de la inspección tributaria no pudo llevarse a cabo por razones de fuerza mayor,

soportado en el argumento de que los libros de contabilidad se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, lo que trajo como consecuencia la imposibilidad de realizar la inspección tributaria, impidiendo de contera, la suspensión del término de tres (3) meses conferido a ésta. Bajo esa perspectiva, habremos de analizar el argumento esgrimido por el actor, en relación con el supuesto acaecimiento del hecho constitutivo de la fuerza mayor a la luz del artículo 781 del Estatuto Tributario, como causal eximente para la presentación de los libros de contabilidad, que en lo pertinente señala: “…Únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.” (…) De la lectura del aparte de la norma pretranscrita se desprende, que la invocación de la fuerza mayor o el caso fortuito se encuentra supeditado a la comprobación plena de su ocurrencia. Pues bien, a folio 366 del cuaderno segundo del expediente – pruebas –, obra copia del oficio CU 29579 (84.09.64.0378), dirigido el 13 de diciembre de 2000, por el Jefe de la División de Liquidación de la DIAN de Expediente 15753 16 Ibagué, al señor Fiscal Décimo Delegado de Bogotá de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la Administración Pública, en cuyos numerales 2° y 3°, le solicita informar: (…)

2. Si de tal investigación se realizó aprehensión de los libros de contabilidad, de los libros auxiliares, de los recibos de caja de las

facturas de venta, de los comprobantes de pago, de las notas de contabilidad, de los comprobantes de egresos, de las facturas de compras.

3. En caso de haberse llevado a cabo la aprehensión de los documentos antes enunciados, se nos indique la fecha inicial de la diligencia y la fecha de finalización de la misma. (…) Mediante oficio 003, de 22 de enero de 2001, la señorita Sandra B.

Herrera, técnico judicial II adscrita a la citada Fiscalía, respondió en los siguientes términos: “Comedidamente me permito informar que revisados uno a uno los cuadernos y anexos que conforman el expediente N° 098 de investigación penal en contra de los señores ALBERT STERLIN VIÑA y otros, no se encontró datos relacionados con sus integrantes en el sentido que esta delegada tenga en su poder los libros y comprobantes de contabilidad, de egresos, recibos de caja, facturas de compra y venta, notas de contabilidad, que correspondan a la firma

IMPORTADORA Y PRODUCTORA DE LICORES S.A. I.P.L.

Sin embargo es del caso anotar que durante el periodo de investigación se realizaron gran número de Inspecciones Judiciales a la sede de la firma y se retiraron fotocopias de recibos de caja y declaraciones de impuestos.”(Comillas y resaltado fuera del texto original) De la lectura de la respuesta dada, se abstrae con claridad que dicha entidad no tuvo los mencionados libros y documentos relacionados en la pregunta; aclarando que las diligencias adelantadas se contrajeron, de un lado, a la realización de Inspecciones Judiciales “en la sede de la firma”, lo cual las sitúa en la sede del contribuyente, y de otro, éstas se limitaron

al retiro de fotocopias de recibos de caja y declaraciones de impuestos. Expediente 15753 17 Lo anterior, en primer lugar desvirtúa la presunta confusión que según el actor, generó la pregunta mal formulada en relación a si en dicha Fiscalía, cursaba una investigación en contra de la sociedad demandante, lo cual – según élcondujo indefectiblemente a la respuesta equivocada de que contra la misma no existía investigación alguna, toda vez que las investigaciones en materia penal sólo pueden adelantarse en contra de personas naturales. En segundo lugar, desmiente de plano la posibilidad de que dicha entidad hubiese tenido a disposición los