PGN - INSPECCION TRIBUTARIA - Puede considerarse medio probatorio autónomo según sentencia

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra liquidación oficial de revisión confirmando rechazo de costos INSPECCION TRIBUTARIA-Puede considerarse medio probatorio autónomo según sentencia del Consejo de Estado INSPECCION TRIBUTARIA-Su acta contiene valor probatorio otorgado a pruebas recaudadas en el marco de diligencia REQUERIMIENTO ESPECIAL-El término para notificarlo es de diez años contabilizados desde la fecha de vencimiento del plazo para declarar ADMINISTRACION TRIBUTARIA-Usó la práctica de inspección tributaria en uso de facultad excepcional Para el Ministerio Público, la administración tributaria usó una facultad excepcional, como es la práctica de la inspección tributaria, con el ánimo de suspender el término para notificar el requerimiento especial y se limitó a requerir información del contribuyente respecto del denuncio fiscal auditado, asumiendo una posición pasiva frente a la inspección tributaria, con el fin de desconocer el contenido de la liquidación privada objeto de auditoría. CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-No es viable en el sub examine En lo atinente a no condenar en costas en los procesos en que se ventile un interés público, se advierte que en los procesos en que se discuten impuestos, tal interés queda reafirmado por lo que representa en las finanzas del Estado percibir un menor impuesto. En efecto, ese interés público, entendido como un concepto que conlleva atender el interés general o el bien común, no solo consideraciones de interés patrimonial, es inherente a la labor de fiscalización de la Administración, por virtud de las facultades

otorgadas en el Estatuto Tributario para verificar la correcta determinación de los tributos y asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales Lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política que impone el deber de contribuir a las cargas del Estado y porque el artículo 343 ibídem tiene en cuenta los impuestos en la conformación del presupuesto para cumplir sus fines orientados al bien común de todos los asociados. Por lo tanto, este despacho considera que no procede en este caso la condena en costas. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5 87 87 50 ext. 11931 www.procuraduria.gov.co Expediente 25055 2 Concepto 0592020-112269 Bogotá D.C., 6 de marzo de 2020 Señores

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejero Ponente: Doctora STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO Referencia: 05001233300020180230401

Radicado: 25055

Asunto: Impuesto de renta para la equidad - CREE Actor: AVON COLOMBIA S.A.S De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y las Resoluciones 371 de 2005, 425 y 460 de 2019, expedidas por el Procurador

General de la Nación, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente concepto, en el trámite de la segunda instancia. ANTECEDENTES 1.- La sociedad AVON COLOMBIA S.A.S. presentó el 10 de abril de 2014 la declaración del CREE por el año gravable 2013, con saldo a pagar de $6.749.308.000, la cual fue corregida el 27 de febrero de 2015, aumentando el saldo a pagar. El 26 de mayo de 2015, la Administración realizó visita de verificación y solicitó el movimiento de las provisiones para inventarios y las correspondientes destrucciones por la vigencia fiscal 2013. El 16 de octubre de 2015 entregó a la DIAN la información solicitada mediante requerimiento ordinario notificado el 25 de septiembre de 2015. Así mismo, el 12 de abril de 2016, la sociedad respondió el requerimiento ordinario notificado el 28 de marzo de 2016, por el cual solicitó la Administración conciliación contable-fiscal por el año 2013 y la determinación de la base gravable. El 30 de junio de 2016, la DIAN levantó acta de inspección tributaria. 2.- El 5 de julio de 2016, la DIAN notificó a la sociedad el Requerimiento Especial 900024 del 30 de junio de 2016, proponiéndole modificar la liquidación Expediente 25055 3 privada del CREE por el año 2013, rechazando costo de ventas por $16.994.406.000; deducción por provisión para la protección de inventarios

$3.288.715.000 y por impuestos pagados $631.491.000. 3.- El 23 de junio de 2017, la Administración notificó a la sociedad la Liquidación Oficial de Revisión 501-900004 del 22 de junio de 2017, confirmando el rechazo de los costos por $16.994.406.000, por considerar que los bienes no hacían parte del inventario y no eran de fácil destrucción o pérdida. 4.- La sociedad AVON COLOMBIA S.A.S., mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, demandó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión 900004 del 22 de junio de 2017 y de la Resolución 004999 de 27 de junio de 2018 que resolvió el recurso de reconsideración. A título de restablecimiento del derecho, solicitó la sociedad que se declarara la firmeza de la liquidación privada, que no hay lugar a desconocer costos de venta por $16.994.406.000 y que la sociedad no está obligada a pagar suma alguna por concepto de sanción por inexactitud. Invocó como normas violadas, los artículos 710 y 714 del Estatuto Tributario. 5.- El Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia el 9 de octubre de 2019, con la cual declaró la nulidad de los actos demandados, la firmeza de la declaración privada y la devolución de lo pagado. La anterior decisión obedeció a las siguientes consideraciones: .- Extemporaneidad en la notificación del requerimiento especial. Corresponde a la Sala verificar si la realización de la inspección tributaria

decretada de oficio por la DIAN, tuvo la virtualidad de suspender el término de notificación del requerimiento especial. El 19 de febrero de 2016, se profirió el auto de inspección tributaria 112382016000021, notificado el 23 de febrero del mismo año y, el 30 de junio de 2016, se suscribieron dos actas de inspección tributaria. El mismo 30 de junio de 2016, se emitió el requerimiento especial que propuso la modificación de la declaración privada, el cual fue notificado el 5 de julio de 2016. De conformidad con el artículo 705 del Estatuto Tributario, las declaraciones tributarias presentadas oportunamente quedan en firme, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar, la Administración no notifica el requerimiento especial. Expediente 25055 4 En este caso, el 11 de abril de 2014 fue la fecha límite para que la sociedad presentara la declaración de renta del año 2013 (Decreto 2971 de 2013, artículo 12); es decir, el término para notificar el requerimiento especial vencía el 11 de abril de 2016. Sin embargo, el 23 de febrero de 2016 se notificó el auto de inspección tributaria 112382016000021. La inspección tributaria fue ordenada por auto 112382016000021 del 19 de febrero de 2016 y dentro de los tres meses siguientes a su notificación se llevaron a cabo diligencias en desarrollo de la dicha inspección y el 30 de junio de 2016 se realizaron las actas en las que se discriminaron los hechos y

pruebas examinadas. No obstante, la inspección no tuvo la virtualidad de suspender el término de los dos años para la notificación del requerimiento especial, por las siguientes razones: .- La DIAN utilizó la inspección tributaria para ampliar el término de firmeza de la declaración privada, pues cuando ésta se decretó, la entidad contaba con la información necesaria para soportar las glosas propuestas en el requerimiento especial y las pruebas decretadas en la inspección no fueron tenidas en cuenta como sustento de los rechazos. Entonces, como lo ha considerado el Consejo de Estado1, la inspección tributaria puede considerarse medio probatorio autónomo en donde predomina la constatación personal de los hechos objeto de prueba por parte del funcionario comisionado, pero también configura un vehículo a través del cual se incorporan y recaudan otros medios probatorios. A juicio de la Sala, para decretar las pruebas que interesen al proceso de gestión tributaria, no hace falta ordenar la práctica de inspección tributaria y ésta no puede implementarse como mecanismo para prorrogar los términos a favor de la administración.2 En el presente caso, se cuenta con dos actas de inspección tributaria, expedidas el 30 de junio de 2016 en las que consta que se enviaron requerimientos ordinarios a la sociedad. Se narra en el acta de inspección tributaria (folio 218 vuelto), que el 16 de mayo de 2016, mediante autos de verificación o cruce del 2 de mayo, se realizaron visitas a sociedades proveedoras de la demandante, en las cuales se

establecieron las compras y devoluciones realizadas por la sociedad AVON COLOMBIA S.A.S., en el año 2013 y que las destrucciones de los inventarios 1 Sentencia de 31 de mayo de 2018, Sección Cuarta, C.P. Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez, Expediente 20558. 2 Sentencias de 10 de diciembre de 2015, 18 de mayo de 2018 y 31 de mayo de 2018, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, Dres. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Julio Roberto Piza Rodríguez; expedientes 21336, 21043 y 20558, respectivamente. Expediente 25055 5 no corresponden a las devoluciones de mercancías por los proveedores seleccionados. Ha dicho el Consejo de Estado3 que el acta de inspección tributaria, contiene el valor probatorio otorgado a las pruebas recaudadas en el marco de la diligencia, en la medida que el análisis resultante, constituye la base del posible acto administrativo a emitir y será parte de ese último. En las actas de inspección, se consignó que las pruebas recaudadas conllevaron a establecer (i) que AVON disminuyó el valor de sus inventarios por obsolescencia afectando el costo de la mercancía vendida y (ii) que las destrucciones no correspondían a devoluciones de mercancías por parte de los proveedores. Estos aspectos, por los que se propusieron las glosas en el requerimiento especial, se encontraban acreditados en el proceso con las pruebas practicadas con anterioridad a la notificación del auto que decretó la inspección tributaria. En el requerimiento especial se hizo referencia a que, por igual período, por el

impuesto de renta y complementarios se le profirió requerimiento especial desconociendo costos y deducciones, habida cuenta de que para este impuesto CREE se aplican las mismas condiciones que para el impuesto de renta. Así mismo, en la liquidación oficial de revisión, se consignó que las conclusiones a que llegó la administración tributaria se fundaron en los hechos que se reflejaron en los informes contables y en la disposición legal sobre el manejo del inventario que deben observar quienes están obligados a llevar contabilidad. Concluye la Sala, que no había lugar a la suspensión del término para notificar el requerimiento especial por tres meses, como consecuencia de la práctica de oficio de una inspección tributaria. En este caso, la notificación del Requerimiento Especial 9000024 del 30 de junio de 2016, realizada el 5 de julio de 2016, fue extemporánea, pues la Administración debió realizar dicha actuación a más tardar el 11 de abril de 2016 y, en consecuencia, la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, presentada por la sociedad, por el año gravable 2013, adquirió firmeza. 6.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes puntos: 6.1.- El fallo del a quo constituye un yerro jurídico al concluir que hubo firmeza de la declaración de la actora, pese a que se practicó inspección tributaria para constatar hechos. 3 Sentencia de 31 de mayo de 2018, C.P. Dr. Julio Roberto Piza Rodríguez, Expediente 20558.

Expediente 25055 6 Al mediar dicha diligencia, el término para notificar el requerimiento especial propuesto sobre la renta para la equidad CREE por el año gravable 2013, ya no vencía el 10 de abril de 2016, sino el 10 de julio de 2016 (artículo 779 del E.T.). Como la notificación del requerimiento se efectuó el 5 de julio de 2016, ésta fue oportuna. Por lo tanto, la corrección de la declaración presentada el 27 de febrero de 2015, no adquirió firmeza. 6.2.- El fallo del a quo incurre en un defecto fáctico por la valoración inadecuada de la inspección tributaria practicada, la cual cumplió con los requisitos dispuestos en los artículos 743 y 778 del E.T. La inspección tributaria se practicó y por ello suspendió el término para notificar el requerimiento especial, en la forma que lo dispone el artículo 706 del E.T., lo que impidió la firmeza de la declaración privada. Lo informado por el contribuyente en sus respuestas, en relación con la disminución del valor de inventarios por obsolescencia, no era suficiente y dejaba una estela de duda, por eso no había razones plenas y contundentes para tomar hasta ese momento la decisión. Durante la inspección tributaria se adelantaron visitas de verificación, cruces de información y requerimientos ordinarios, necesarios y pertinentes, en aras de constatar la verdad real de lo acontecido. El fallo del Consejo de Estado en el que soportó su decisión el Tribunal, se aparta de las circunstancias que rodearon los hechos y presupuesto fácticos y

de derecho tratados. Contrario a la posición del fallador, el artículo 684 del E.T., consagra las facultades y competencias de la División de Fiscalización de la Administración de Impuestos, consistentes en adelantar labores de verificación e investigación de fondo, con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. A su vez, el artículo 688 del mismo ordenamiento establece la competencia para la actuación fiscalizadora de la respectiva de la respectiva División de Gestión. Así las cosas, es de manifestar que la inspección tributaria es un mecanismo probatorio dentro de los procesos de discusión y determinación de impuestos, con ella se persigue una constatación directa de los hechos que interesan a un proceso adelantado por la Administración Tributaria. Haciendo un comparativo de la información existente y de las diligencias surtidas en el proceso antes del 16 de febrero de 2016, con las actuaciones Expediente 25055 7 proferidas desde la fecha de notificación del Acta de Inspección el 23 de febrero de 2016 y hasta antes de notificar la expedición del requerimiento especial el 5 de julio de 2016; se realizaron requerimientos ordinarios a la sociedad demandante, autos de verificación y cruce y visitas a algunos proveedores para establecer si las devoluciones coinciden o difieren de las destrucciones de los inventarios realizadas. Es equivocada la apreciación del demandante y del juez de primera instancia, al querer restringir y ceñir la investigación de fiscalización, por cuanto la administración solicitó una información referente a productos que no se reflejaban en el movimiento del kárdex para determinar el movimiento del inventario y el costo de venta que fue la glosa propuesta. No significa que los

resultados de toda solicitud de información conduzcan siempre, a afirmar la ocurrencia de hechos en contra del investigado o que sean generadores de obligaciones tributarias. Adicionalmente, los cruces con terceros que se realizaron con los proveedores, llevaron a constatar las compras y transacciones realizadas con ellos, incluidas las devoluciones, pues precisamente se estaba verificando los inventarios de la sociedad. No se puede restar validez a los argumentos de la Administración por concluir que las verificaciones realizadas y las pruebas recolectadas a los diferentes proveedores de AVON S.A.S., no arrojaron nuevos puntos sobre inconsistencias en la declaración de renta de la compañía. La Autoridad Fiscal hizo uso legalmente de un mecanismo efectivo, aliado para la lucha contra la evasión fiscal; en ningún momento lo hizo para extender los términos para la formulación y expedición del requerimiento especial. La inspección tributaria era el medio de prueba idónea y necesaria para verificar directamente los hechos materia de prueba, Se trataba de verificar por qué la sociedad actora disminuyó el valor de sus inventarios por concepto de obsolescencia, afectando de manera directa el costo de la mercancía vendida; y establecer si las destrucciones de los inventarios no correspondían a las devoluciones de mercancías por parte de los proveedores seleccionados. De manera que la inspección tributaria practicada tuvo la virtud de suspender el término para expedir el requerimiento especial y, de firmeza de la declaración CREE año gravable 2013. 6.3.- El fallo incurre en un defecto material o sustantivo porque el Tribunal desconoce el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado4 sobre la

práctica de la inspección tributaria y la suspensión del término para notificar el requerimiento especial, con lo cual viola el principio de seguridad jurídica. 4 Sentencia de 23 de noviembre de 2018, 28 de julio de 2017, 5 de diciembre de 2003, 7 de diciembre de 2000; expedidas dentro de los procesos 23512, 15238, 13598 y 11080, respectivamente, entre otros. Expediente 25055 8 El fallo del a quo, se sustentó en providencia del Consejo de Estado de 31 de mayo de 2018 (20558), que parte de grandes diferencias en circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos. 6.4.- Improcedencia de la condena en costas por no estar demostradas y ventilarse un interés público. No existen pruebas aportadas al proceso para demostrar las costas y ante la falta de comprobación no era procedente que el fallador ordenara liquidar sumas por este concepto. Además, no hay lugar a condenar en costas a la Administración de Impuestos, en consideración a que lo debatido es una cuestión de interés general, al involucrar recursos públicos que procuran el sostenimiento del Estado colombiano. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En los términos del recurso de apelación, con relación a los actos administrativos demandados, respecto de la declaración de renta para la equidad del año gravable 2013, se debe establecer (i) si la inspección tributaria practicada suspendió el término para notificar el requerimiento especial; (ii) si la notificación del requerimiento especial fue oportuna o extemporánea y (iii) si procede la condena en costas a cargo de la DIAN.

Precisado lo anterior, la Procuraduría Sexta Delegada procede a rendir concepto, previas las siguientes consideraciones: 1.- Es de suma importancia precisar que el presente asunto está relacionado con la declaración de la renta para la equidad – CREE, correspondiente al año gravable 2013. Realizada esta precisión, es necesario concretar que la Administración Tributaria inició su investigación con el Auto de Apertura 112382016000144 de 15 de febrero de 2016 y que, con el fin de verificar la correcta depuración de la Renta para la Equidad CREE, ordenó una inspección tributaria por auto 112382016000021 del 19 de febrero de 2016, notificado el 23 de febrero de 2016. De la inspección tributaria, se levantó el acta de 30 de junio de 2016, obrante a folio 107 del expediente, de la cual se desprende que la única actuación realizada fue el envío del Requerimiento Ordinario 900012 del 18 de marzo de 2016, a la sociedad demandante. 2.- El artículo 705 del Estatuto Tributario establece, como término para notificar el requerimiento especial, el de dos (2) años contabilizados desde la fecha del Expediente 25055 9 vencimiento del plazo para declarar, cuando la declaración se presente oportunamente, como lo fue en el caso que nos ocupa. Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término mencionado se suspende por un periodo de tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que decreta la inspección, conforme al artículo 706 ibídem. Sobre este tema, el Consejo de Estado5 ha precisado que el término de notificación del requerimiento especial se suspende a partir de la fecha de

notificación del auto que decreta la inspección, por tres meses, siempre y cuando ésta efectivamente se realice. Es decir, la suspensión del término se condiciona a la realización de la inspección tributaria; entonces, mientras los comisionados no inicien las actividades propias de su encargo en los términos del artículo 779 del E.T., no puede entenderse realizada la diligencia, ni suspendido el término de notificación del requerimiento especial. En el presente asunto, el 10 de abril de 2014, la sociedad contribuyente presentó la declaración del impuesto de la renta para la equidad “CREE” por el año gravable 2013, la cual fue corregida el 27 de febrero de 2015. De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 2972 del 20 de diciembre de 2013, el plazo para presentar la demandante su declaración de renta para la equidad era hasta el 11 de abril de 2014; por tal razón, la presentación de la declaración privada fue oportuna y, por ende, el requerimiento especial debió ser notificado a más tardar el 11 de febrero de 2016. Como consta en el acta de cierre de la Inspección Tributaria del 30 de junio de 2016, se profirió un requerimiento ordinario por el cual se solicitó a la sociedad demandante que enviara la conciliación contable – fiscal y la determinación de la base gravable sobre el impuesto de renta para la equidad CREE, año gravable 2013. Para el Ministerio Público, la administración tributaria usó una facultad excepcional, como es la práctica de la inspección tributaria, con el ánimo de suspender el término para notificar el requerimiento especial y se limitó a

requerir información del contribuyente respecto del denuncio fiscal auditado, asumiendo una posición pasiva frente a la inspección tributaria, con el fin de desconocer el contenido de la liquidación privada objeto de auditoría. De la actividad desplegada por la autoridad tributaria, se desprende que el único objeto de decretar la inspección tributaria debió ser ampliar el término para notificar el requerimiento especial, pues la administración tuvo tiempo para requerir al contribuyente, sin necesidad de la mencionada inspección. 5 Sección Cuarta, sentencias de 26 de marzo de 2009, Exp. 16727, C.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 17 de junio de 2010, Exp. 16604, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Expediente 25055 10 Así las cosas, la administración no practicó la inspección tributaria, pues no ejecutó, ni llevó a cabo, actividad probatoria alguna respecto del denuncio fiscal auditado, solo se limitó a trasladar la carga probatoria al contribuyente. La administración podía, dentro de la inspección tributaria, realizar cruces de información, exigir documentos, proferir requerimientos, ordenar inspecciones contables, etc., no solo al contribuyente sino a terceros, más aun cuando contaba con la información exógena. Por tal razón, la Procuraduría Delegada observa el uso de un recurso excepcional con el aparente y probable fin de extender un proceso fiscal, sin justificación alguna. La entidad apelante sostiene que en el desarrollo de la inspección tributaria adelantó visitas de verificación, cruces de información y recolectó pruebas a los

proveedores. Sin embargo, esto no es cierto, pues tales actividades las realizó en la inspección tributaria ordenada en auto 112382016000022 de 19 de febrero de 2016, con el fin de verificar la declaración de renta y complementarios del año gravable 2013, cuya investigación fue iniciada por auto de apertura 112382014001526 de 15 de octubre de 2014. Por tal razón, esas diligencias fueron adelantadas en una inspección tributaria ordenada en otro proceso y que para nada incide en la suspensión del término para notificar el requerimiento especial en el presente asunto, en el cual los actos administrativos fueron dictados respecto del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE por el año gravable 2013. En consecuencia, como lo expuso el a quo, la Inspección Tributaria no suspendió el término y el plazo para notificar el requerimiento especial venció el 11 de febrero de 2016, quedando en firme la liquidación privada del año gravable 2013, toda vez que el Requerimiento Especial 900024 del 30 de junio de 2016 se profirió y notificó por fuera del término establecido para ello. 3.- En cuanto a la condena en costas, El artículo 188 del C.P.A.C.A. dispone que, salvo en los procesos sobre un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, para cuya liquidación y ejecución se remite al Código de Procedimiento Civil, actual Código General del Proceso. De la expresión resaltada, se desprende que la norma no impone condenar obligatoriamente en costas a la parte vencida, simplemente prevé que se disponga lo relacionado con ellas, es decir, si hay lugar o no a esa condena, y

en caso afirmativo condenar, siempre y cuando en el expediente aparezca que se causaron (arts. 365 y 366)6. En lo atinente a no condenar en costas en los procesos en que se ventile un interés público, se advierte que en los procesos en que se discuten impuestos, 6 Código General del Proceso aplicable por remisión de los artículos 188 y 306 del C.P.A.C.A. Expediente 25055 11 tal interés queda reafirmado por lo que representa en las finanzas del Estado percibir un menor impuesto. En efecto, ese interés público, entendido como un concepto que conlleva atender el interés general o el bien común, no solo consideraciones de interés patrimonial7, es inherente a la labor de fiscalización de la Administración, por virtud de las facultades otorgadas en el Estatuto Tributario para verificar la correcta determinación de los tributos y asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales Lo anterior tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política que impone el deber de contribuir a las cargas del Estado y porque el artículo 343 ibídem tiene en cuenta los impuestos en la conformación del presupuesto para cumplir sus fines orientados al bien común de todos los asociados. Por lo tanto, este despacho considera que no procede en este caso la condena en costas. Por lo expuesto, esta agencia del Ministerio Público, solicita a la Honorable Sala revocar el punto CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de 9 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquía y en lo demás confirmar la decisión, en los términos expuestos en el presente concepto.

De los Señores Consejeros,

ANTONIO JOSÉ NÚÑEZ TRUJILLO

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado Proyectó: Clara Martínez 7 Sentencia T-517 de 2006 de la Corte Constitucional. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.