PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - Está en la obligación de vigilar y controlar las f

Dependencia: Procuraduría Segunda Delgada para la

Contratación Estatal Radicación: 165-121496-2005

Investigado: Pedro Nel Ospina Santa María y Benjamín Alonso

Correa.

Cargo: Presidente y Vicepresidente de Gestión Humana de Bancafè.

Quejoso: Anónimo

Fecha Hechos: 2002

Asunto: Presuntas irregularidades en la Contratación con Bo la firma ARISTOS.

Bogotá D.C., 30 de abril de 2007 Procede el despacho a proferir fallo de primera instancia dentro del proceso de la referencia adelantado en contra de PEDRO NEL OSPINA SANTA MARÍA, en su condición de Gerente de Bancafé, relacionadas con el pago de las actividades desarrolladas por la empresa ARISTOS, sin que existiera contrato escrito.

1. ANTECEDENTES: 1.1. Tramite procesal Una vez resuelto por la Sala Disciplinaria el conflicto de competencia suscitado entre este Despacho y la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, para asumir el conocimiento de las presentes diligencias (fls. 257 – 263 del cuaderno dos), este Despacho en auto de 11 de julio de 2005 (fls. 266 - 269 del cuaderno dos), avocó el conocimiento de las mismas y profirió apertura de investigación disciplinaria en contra del mencionado servidor público.

Agotada esa fase procesal, en proveído de 15 de diciembre de 2005 (fls. 294 - 303 del cuaderno dos), se formulo pliego de cargo en contra de PEDRO NEL OSPINA SANTA MARÍA, elevándole la siguiente imputación:

“Omitió el servidor público en su condición de representante legal del Banco, efectuar una correcta vigilancia sobre la contratación adelantada por la Vicepresidencia de gestión Humana con la firma Aristos Consultores de Gerencia Ltda.., para llevar a cabo las evaluaciones de los ejecutivos, dado a que de acuerdo con el valor pagado a dicha firma como consta a folio 62 del Anexo 1 debió celebrarse contrato por escrito. Lo anterior si se tiene en cuenta que de conformidad con el numeral 4.6. del Manual de Contratación de la entidad, todo contrato que supere el valor de los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales necesariamente deben constar por escrito, y en el caso que nos ocupa la facturación de la firma ARISTOS ascendió a la suma de $71.210.393, tal como consta en el acta No. 159 de 16 de diciembre 2002 del Comité de Racionalización y Reducción del Gasto, vista a folios 60 a 62 del Anexo 1, es decir superó la cuantía de $61.800.000 equivalente a $200 S.M.L.M. en el año 2002, vigencia en la cual se llevó a cabo dicha contratación”. 165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre 2 1.2. De los descargos Notificado en debida forma el pliego de cargos como consta a folios 312 del cuaderno dos, el acusado a través de su apoderado presentó sus descargos que corren a folios 313 – 314 del cuaderno dos, manifestando que el manual de funciones de la entidad permitía a los Vicepresidentes de la entidad a realizar de manera directa los contratos de su competencia y que los subalternos del acusado

omitieron informarlo acerca del valor contratado con la firma ARISTOS, y que las misma excedía el tope de la contratación sin formalidades plenas. Así mismo se tiene que en la diligencia de versión libre rendida por el disciplinado (fls. 410 - 417 del cuaderno dos), este expresó: “1. No es cierto que hubiera vulnerado la normas de la citada ley 80 de 1993, que señala el pliego de cargos, aunque era funcionario público y Presidente de la entidad, porque el Banco Cafetero como sociedad de acciones se regía por los Estatuto de la entidad, que establecía la responsabilidad de la entidad de la contratación en otros representantes legales distintos del Presiente de la entidad, establecían la responsabilidad de la contratación en otros representantes legales distintos del Presidente, y por ello no me correspondía la vigilancia de las contrataciones en el Banco Cafetero sino que era función y responsabilidad de otro representantes legales como expuse en esta declaración, de tal manera que en el asunto que se me endilga no hubo omisión de un deber que no me correspondía y por lo tanto no desatendí las obligaciones asignadas al Presidente del Banco Cafetero. 2. Las normas estatutarias que he señalado eran de obligatorio acatamiento, de conformidad con el artículo 196 del Código de Comercio, de tal manera que no era dable discutir si había más de un representante de la entidad y si el responsable de la contratación era el Presidente y el Vicepresidente. 3. Las normas de carácter interno de contratación y gasto a las cuales me he referido y con base en las cuales se me abrió el pliego de cargos fueron expedidas durante mi

gestión como Presidente del banco, y constituyeron un acto de diligencia y cuidado de la gestión como administrador del Banco. Estas disposiciones eran necesarias para poder administrar una entidad comercial del tamaño del Banco Cafetero, que era el primer banco comercial del Estado, con activos superiores a 4 billones de pesos (…). En esas condiciones, el banco requería mas de un representante legal que permitiera operar la entidad y proveerla de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las funciones que le habían sido asignadas por las normas de creación de los Estatutos sociales del Banco, sin que fuera materialmente posible para el Presidente vigilar en forma directa toda la contratación estatal en todo el país (…). 4. Las pruebas en que se fundamenta el cargo, contenidas a folios 300 y 301, del cuaderno principal se refiere en el número 2.2.4.4. del pliego de cargos, con la fijeza prevista en el artículo 165 el código disciplinario Único, exclusivamente a las facturas de la firma Aristos Consultores de Gerencia Limitada números 3730, 3755, 3756, 3836, 3888, 4007, 4025, y 4123 cuya suma asciende a cuarenta y ocho millones de ciento doce mil ochocientos noventa y tres pesos ($48.112.893), y no a $ 65.584.393 como allí figura; entonces, la suma de las facturas que se expresan como prueba no excedían para el año 2002 de doscientos (200) salarios mínimos, toda vez que, como señala el proveído, esa cuantía equivalía a $61.800.000 por lo cual la conducta investigada no hubiera sido violatoria de las normativas internas de contratación.5. Aunque considero que

no hubo falta alguna, en el caso de considerar lo contrario la Procuraduría, insisto 165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre 3 en que el responsable de la contratación de Aristos Consultores de Gerencia Limitada era la Vicepresidencia Administrativa y de control Financiero, a cargo de CARLOS E ROMERO GONZALEZ, quien no ostentaba la calidad de funcionario público, sino que estuvo vinculado mediante contrato de trabajo sometido al régimen de derecho privado, de conformidad con los estatutos (…), la presunta omisión de los procedimientos internos de contratación, no tuvieron ninguna trascendencia social, ni causó perjuicio alguno; porque no hubo aprovechamiento o intención alguna de incurrir en la presunta falta disciplinaria por parte de los funcionarios responsable de la contratación de las firmas tantas veces mencionada..”. Culminada la fase de descargos, el apoderado del acusado en escrito que corre a hojas 451 - 468 del cuaderno dos, presentó alegatos de conclusión haciendo alusión a los mismos argumentos expuestos por el acusado en su diligencia de versión libre, que se resumen en los siguientes puntos:

1. Que el único representante legal del banco no era su poderdante, por cuanto todos los vicepresidentes de la entidad eran representantes legales y eran responsables de la entidad.

2. Que las competencias funcionales devienen de los estatutos a los cuales estabas sujeto el disciplinado, y estos asignaban en otros funcionarios distintos al presidente las responsabilidades de la contratación del Banco.

3. Que en el Banco Cafetero no existía relación de causalidad entre la

representación legal del Banco y la responsabilidad por el proceso de contratación y que este solo suscribía los contratos que superaran la cuantía de $1.500 millones.

4. Que los gastos aprobados por el Comité a la firma Aristos Consultores, no hacían referencia únicamente a las evaluaciones de los funcionarios sino que incluía otros conceptos como lo fueron una evaluación potencial, búsqueda de un arquitecto de sistemas y viáticos, pero que el cargo imputado a su representado solo hacía referencia a la contratación adelantada por la Vicepresidencia para llevar a cabo las evaluaciones de los ejecutivos.

5. Que la sumatoria de las facturas que sustentan el cargo, solo ascienden a la suma de $52.926.393.

6. Que al formular el pliego de cargos se confundieron dos hechos, el primero el relacionado con la oferta de “27 de febrero de 2002”, por valor aprobado de $52.926.393, y el segundo, la aprobación que dio el Comité de Racionalización y reducción del gasto, por la suma de $71.210.393, pero no se percató en su momento que esos gastos no correspondían únicamente la evaluación de ejecutivos.

7. Que en el numeral 2.2.4.3 del pliego de cargos, se hizo mención a la prueba consistente en la propuesta de servicios para la evaluación de hasta 66 ejecutivos de la entidad a un valor unitario de $850.000, lo cual prueba que el banco tenía la certeza que la contratación no excedía la suma de $56.100.000, luego entonces en principio no era necesario un contrato escrito. 165 – 121496 fallo de primera instancia

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2. CONSIDERACIONES 2.1. Sea lo primero señalar, que el trámite seguido en este radicado se ajustó en cuanto a su forma y términos a los lineamientos previstos en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002. Respecto al tema de competencia, así como a la garantía de los derechos al debido proceso y defensa, no se advierte anomalía ninguna, pues el inculpado tuvo la posibilidad de actuar en todas las fases procesales, solicitando pruebas e interviniendo en forma directa.

Atinente al caudal probatorio, pertinente se torna resaltar que los medios demostrativos recaudados cumplen las formalidades exigidas para su valoración. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. 2.2. Lo que está probado Respecto al cargo endilgado, consisten en haber omitido realizar una correcta vigilancia sobre la contratación adelantada por la Vicepresidencia de Recursos Humanos con la empresa Aristos Consultores, al no celebrarse contrato escrito, de las piezas que integran el expediente se encuentra probado lo siguiente:

1. Que el 27 de febrero de 2002, la empresa ARISTOS CONSULTORES, remitió al Vicepresidente de gestión Humana del banco, propuesta para la evaluación de 66 ejecutivos de la entidad bancaria (fls. 69 a 71 Anexo 1).

2. Que en dicha oferta se indicó que el costo total de dicha gestión sería por la

suma de $56.100.000, de los cuales se girarían inicialmente el 30% del acto consensual, y el saldo se facturaría quincenalmente, de acuerdo con el número de evaluaciones realizadas (fl. 70 del anexo 1).

3. Que mediante comunicación de 18 de agosto de 2005 la empresa ARISTOS, manifestó que las facturas canceladas con ocasión al referido contrato eran las correspondientes a las identificadas con los Nos. 3694, 3730, 3755, 3756, 3836, 3888, 4007, 4025 y 4123 (fls. 68 del anexo uno).

4. Que las mencionadas facturas las cuales corren a folios 72 - 83 del anexo 1, suman en total $65.584.000.

5. Que en el acta de visita obrante a folios que reposa a folios 20 - 24 del cuaderno uno, se determinó que para desarrollar labor de evaluación de funcionarios, no se suscribió contrato escrito.

6. Que en el numeral 4.6. del manual normativo de contratación y gastos de la entidad se indicó que los contratos cuya cuantía superara el valor de los doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, debían constar por escrito (fl. 30 del anexo).

7. Que en el acta No. 159 del Comité de Racionalización y Reducción del Gasto, autorizó pagar facturas por el monto de $71.210.393 a la firma Aristos en la cual se reconoció l por los servicios prestados (fls. 60 a 62 del Anexo 1). 165 – 121496 fallo de primera instancia

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8. Que de acuerdo con la certificación emitida por el Coordinador de Recursos Humanos del Bancafé en liquidación, una de las funciones a cargo del Vicepresidente de Gestión Administrativa era la de suscribir contratos de obras públicas, prestación de servicios, compraventa y suministro por las cuantías que determinara el reglamento (fls. 352 del cuaderno dos) y de acuerdo con el manual de contratación del Banco, este funcionario puede contratar a nombre de la entidad hasta por la suma de mil quinientos millones de pesos ( $ 1.500.000.000) (fls. 98 del anexo).

9. Que dentro de las funciones a cargo del presidente de la entidad de acuerdo con la certificación obrante a folios 355 - 357 del cuaderno dos, estaba la de dirigir el funcionamiento general del banco y adoptar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto social, la de adjudicar y suscribir como representante legal del banco los actos y contratos que para tales fines debe celebrar hasta por la suma que determinen las leyes vigentes o, en su defecto, la Junta Directiva.

10. Que en la escritura pública que contiene la estructura del Banco, se estableció que el Banco Cafetero S.A., era una sociedad de por acciones; de economía mixta del orden nacional, de la especie de las anónimas, que está sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, excepto en lo que respecta a lo previsto en el artículo 29 del correspondiente estatuto y las actividades propias al giro ordinario de sus negocios, las cuales se sujetan a las disposiciones de derecho privado (fls. 421 del cuaderno dos).

11. De igual modo se tiene que el artículo 33 de citado estatuto señala que son representantes legales y apoderados del Banco Cafetero S.A., el Presidente, los Vicepresidentes, y los gerentes de sucursales y que además el Banco tendrá apoderados generales y especiales en los términos y con las facultades que determine la Junta Directiva (fls. 408 del cuaderno dos).

12. Así mismo se tiene que dentro de la funciones a tribuidas a los Vicepresidentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del referido estatuto, estaba la de celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines del Banco, hasta la cuantía que autorizara la Junta Directiva.

13. Que a folios 63 – 66 del anexo 1, se encuentra la aprobación de las facturas presentadas por la empresa ARISTOS, entre el 19 de abril de 2002 y 5 de diciembre de ese mismo año. 2.3. Análisis de las pruebas De los hechos atrás transcritos se encuentra probado que la empresa ARISTOS, realizó para Bancafé, labores consistente en evaluaciones a los ejecutivos de la entidad, con fundamento en la propuesta presentada por la citada entidad, que tales actividades se desarrollaron y con ocasión a ellas y otras actividades realizadas por el contratista, el Comité de Racionalización y Reducción del Gasto, autorizó pagar facturas por el monto de $71.210.393 a la firma ARISTOS por los servicios prestados (fls. 60 a 62 del Anexo 1) y que el manual de contratación de la entidad exigía que a partir de los 200 salarios mínimos se debía hacer contrato escrito.

165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre 6 Tramite este último que debía agotarse, por cuanto el salario mínimo vigente para la época de los hechos ascendía a la suma de $309.000, por lo tanto, a partir de la suma $61.800.000, eran necesario elaborar contrato escrito, por lo que en principio atendiendo al monto cancelado por la entidad en relación a las labores ejecutadas por la citada empresa, eran necesario elaborar contrato escrito. En el caso bajo estudio, si bien es cierto que las facturas que se relacionan en el cargo suman $52.926.393, de las piezas que integran el expediente se encuentra plenamente probado que las facturas presentadas por la empresa ARISTOS, arrojan un total de $65.584.000, si se tiene en cuenta que también obra en expediente a folios 72 del anexo, la factura mediante la cual se le giró por parte del Banco, un monto inicial, correspondiente al 30% del valor de su oferta, lo cual equivalía a $17.671.500, por lo tanto el valor cobrado por la consultora por concepto de evaluación de personal ascendió a los $65.584.000. Así las cosas se tiene que, si bien es cierto como lo señaló la defensa que en el acta aprobada por el Comité de Racionalización y reducción del gasto, se incluyeron otros conceptos como fue la búsqueda de un arquitecto de sistema, y el pago de viáticos, no lo es menos que las facturas que corren a folios 72 - 83, se indicó que esta se originaron por servicios profesionales de evaluaciones, y las mismas arrojan un valor de $65.584.000, monto que obligaba a celebrar contrato escrito.

Así las cosas queda claro que atendiendo al monto cancelado por concepto de las evaluaciones a personal, si era necesario proceder a la elaboración de un contrato escrito, como quiera que por concepto de dichas actividades la entidad financiera canceló la suma de $65.584.000, cuantía que superaba los doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ahora bien, no desconoce el Despacho que la propuesta presentada por la empresa Aristos, fue presentada a la Vicepresidente de Gestión Humana, como se desprende del contenido del documento obrante a folios 69 - 71 del anexo y que la actividad contractual de la entidad, no se encontraba concentradas en cabeza del Presidente de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de los estatutos del Banco, puesto que dentro de las funciones asignadas a los Vicepresidentes estaba la de celebrar contratos, por lo que es claro que en este asunto, nos encontramos frente a un caso de desconcentración de funciones. Esta figura la define el artículo 8 de la Ley 489 de 1998, en los siguientes términos: “ARTICULO 8o. DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA. La desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la Administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones”. Por su parte la Corte Constitucional, en sentencia C – 561 de 1999, referente a la desconcentración expresó lo siguiente:

165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre 7 “La desconcentración, hace relación a la transferencias de potestades para la toma de decisiones, a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente gocen de personaría jurídica, ni presupuesto ni reglamento administrativo propio, el propósito de esta figura, es el de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y, en ese orden de ideas, contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos”. Así las cosas se tiene que la desconcentración, es la figura mediante la cual, se asignan aun órgano medio o inferior o a determinada dependencia o funcionario, de una misma entidad funciones para la toma de decisiones, potestades que son atribuibles única y exclusivamente al titular de la función, quien responde directamente por las consecuencias que se deriven de dichos actos, pero sin perjuicio de los deberes de supervisión y garantía del superior jerárquico. Lo anterior quiere decir que en virtud de los deberes de supervisión que le asisten al gerente o jefe de una la entidad, este está en la obligación de vigilar y controlar las funciones a cargo de sus subalternos, ello en razón a que dentro del régimen de la organización administrativa, prima el principio de jerarquía mediante el cual el jefe de la entidad está en la obligación de supervisar y controlar las gestiones o funciones a cargos de sus subalternos; y aceptar la teoría planteada por la defensa, en cuanto a que los tramites del contrato se adelantaron ante la Vicepresidencia de Gestión Humana y que el funcionario encargado de la firma del

contrato era del Vicepresidente Administrativo y Financiero, y que por lo tanto, el disciplinado esta excluido de toda responsabilidad, es para el Despacho, un sofisma de distracción inadmisible frente a la naturaleza y organización de las entidades estatales. Para el Despacho es inequívoco que el disciplinado, como cabeza de la entidad, en su condición de Presidente del Banco, le asistía un deber de vigilancia y/o supervisión de las labores desarrolladas por su subalternos, y esto encuentran sustento en el manual de funciones, el en cual se indica que una de las funciones del Presidente, era la de dirigir el funcionamiento general del Banco, y adoptar las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto social. Además de lo anterior, se observa que el Presidente de la entidad hacía parte de Comité de racionalización y reducción del gasto, órgano que participaba en la actividad contractual de la entidad, y que la función de dicho órgano era la de autorizar el pago de los gastos o inversiones que superaran los cincuenta millones de pesos (50.000.000) y que fue esa instancia la que mediante acta de 16 de diciembre de 2002, ordenó cancelar la empresa ARISTOS la suma de $71.210.393 (fls. 60 - 62 del anexo), ello con fundamento en lo explicado por el Vicepresidente de Gestión Humana, tal como se indicó en el acta que obra a folios 60 - 62 del anexo. Como reza en la parte final del citado documento el Comité dio su autorización para el pago “Teniendo en cuenta los argumentos de fondo expuestos” por el Vicepresidente de Recursos Humanos, argumentos que

necesariamente debieron aludir e incluir lo concerniente a la totalidad de las facturas por evaluación potencial de funcionarios lo cual no versó sobre los 66 (fls. 69 - 71 del anexo) como inicialmente se contrató sino para 75 como obra a folios 7375 del anexo, sobre los $ 56.100.000 (fls. 69 - 71 del anexo) como fue lo 165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre 8 proyectado originalmente , sino por el $65.584.000, como se evidencia de la suma de las factura que obran a folios 72 - 83 del anexo 1. Lo anterior evidencia que al participar en el Comité de Racionalización, el disciplinado si participó en todas las decisiones de gastos como la que se estudia, así las determinaciones contractuales estuvieran concentradas en otras personas. Por consiguiente el disciplinado como jefe de la entidad estaba en la obligación de disponer canales para vigilar la manera en que se entrabó esa relación negocial, en la cual no se atendió lo regulado en el estatuto contractual de la entidad, toda vez que el acuerdo de voluntades atendiendo a su cuantía y de conformidad a lo establecido en el numeral 4.6, este debió elevarse a escrito. Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que al disciplinado no se le cuestiona la no celebración de manera directa del contrato escrito, sino el no haber vigilado que los encargados de dicha gestión cumpliera con esa exigencia. No desconoce el Despacho que disciplinado durante su administración hubiese dictado actos dirigidos a organizar la actividad contractual, pero los mismos no iban

dirigidos a implementar mecanismos de control sobre las funciones a cargo de sus subalternos, lo cual se echa de menos en este caso, puesto que pese a estar enterado de la contratación con la empresa ARISTOS, ni siquiera tomo las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios encargados de la contratación se ciñeran estrictamente a las formalidades de la contratación al interior de la entidad. De acuerdo con lo anterior, encuentra probado el Despacho probado el cargo endilgado al disciplinado, y como consecuencia de ello, es procedente imputar responsabilidad disciplinaria, al desconocerse lo previsto en el manual de contratación de la entidad. 2. 4. Calificación de la falta y grado de culpabilidad En el pliego de cargos la falta se calificó como Grave, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley 200 de 1995, a título de culpa. Calificación que se comparte por en esta fase procesal. En efecto, de las pruebas que obran en el cartulario se advierte en la actuación del disciplinado falta de cuidado y vigilancia en el ejercicio de sus funciones al vigilar la manera en que se surtió la contratación con la empresa ARISTOS, no desconoce el Despacho que esa contratación estuvo a cargo de la Vicepresidencia de Recursos Humanos, y que de según el manual de funciones y el de contratación de la entidad, la persona encargada de la suscripción de acuerdo con la cuantía era el Vicepresidente Administrativo, sin embargo, el acusado, como Presidente del Banco, debía vigilar la actuaciones de sus subalternos, lo cual no hizo máximo cuando intervenía en todas las decisiones de gasto a través del Comité de

Racionalización. También se encuentra probado en el cartulario que este como miembro del Comité de racionalización y reducción del gasto, intervenía en al actividad contractual, aprobando los gastos e inversiones que superaran los $50.000.000 y que fue esa instancia la que aprobó cancelarle a la empresa ARISTOS, la suma de $71.210.393, con fundamento en los argumentos e fondo expuestos por el 165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre 9 Vicepresidente de Gestión Humana, como se lee del texto del acta obrante a folios 60 – 61 del anexo. Por ello, no se puede aceptar la tesis planteada por la defensa, en el sentido que el disciplinado se halle exenta de toda responsabilidad y que la misma deba descargarse en los funcionarios que estuvieron a cargo de la citada contratación, puesto que lo que da cuenta el material probatorio es que existía una organización interna en la cual los distintos funcionarios y dependencia que la integran deben desempeñar distintas funciones, pero esa división de tareas, no exonera a Jefe de la entidad a su labor de supervisón jerárquica. Así cada cual se hace responsable de lo suyo, de lo que le corresponde legalmente hacer en el marco de las competencias o asesorías institucionales, y cada cual debe llevar a cabo sus competencias u obligaciones con idoneidad y diligencia. Por lo tanto el PEDRO NEL OSPINA SATAMARIA, como presidente del Banco, le asiste responsabilidad en el cargo endilgado. 2.5. Dosificación de la sanción De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 200 de 1995, la sanción para las faltas grave es de multa en el cargo entre 11 y 90 días y de conformidad

con lo previsto en normado 27 ibídem, la sanción imponer es de multa de 15 días, si se tiene en cuenta que con relación al contrato en cuestión, no se ocasionó perturbación en el servicio y las labores objeto del acuerdo de voluntades se ejecutó. En mérito de lo expuesto el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal,

RESUELVE: PRIMERO: Sancionar a PEDRO NEL OSPINA SANTAMARÍA, identificado con C.C. 71.578.104 de Medellín, en su condición de Presidente del Banco Cafetero, y como consecuencia imponer como sanción multa por el término de quince (15) días, de acuerdo con el sueldo devengado por el disciplinado para la época de los hechos, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: Notificar esta decisión al implicado o su apoderado, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de esta entidad, en los términos previstos en los artículos 111 y 115 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Por la Unidad Coordinadora para la Contratación Estatal, hacer las anotaciones de rigor.

CUARTO: Una vez en firme la decisión dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 172 y 174 de la Ley 734 de 2002.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE MARIO ROBERTO MOLANO LOPEZ 165 – 121496 fallo de primera instancia

Martha Patricia Añez Maestre 10 Procurador Delegado 165 – 121496 fallo de primera instancia Martha Patricia Añez Maestre