PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - La responsabilidad integral no implica que deban e

Procuraduría General de la Nación

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Título
PGN - JEFE O REPRESENTANTE DE ENTIDAD - La responsabilidad integral no implica que deban e
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación Nro: 154-55175-2001

Disciplinados: José Ignacio Flórez Zambrano, Raúl Tobón Orozco, en sus condiciones de gerentes de Corabastos, y Jorge Leonidas Amador Pinilla, en su condición de subgerente de operaciones de esa entidad e interventor del contrato nro. 033 de 2000.

Quejoso: De oficio Fecha Hechos: 10 de abril y 31 de agosto de 2000 y 30 de junio de 2002

Asunto: Fallo de primera instancia.

Bogotá, D.C. veintidós (22) de marzo de dos mil siete (2007). Resuelve el despacho el asunto de la referencia, en primera instancia.

ANTECEDENTES

1. INDAGACIÓN E INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIAS El 26 de marzo de 2001, el Procurador General de la Nación asignó a Amanda Nauzan Ceballos y Alberto Espinosa Bolaños1, asesores grado 24 del su despacho para que iniciaran indagación preliminar, en relación con las posibles irregularidades de índole contractual y conexas presentadas en la Corporación de Abastos de Bogotá, S.A. –CORABASTOS-respecto de la contratación de los servicios de vigilancia (folio 1, c. 1). El 19 de abril de 2001 la comisión integrada por los mencionados asesores inició indagación preliminar por lo mencionados hechos2

(folios 4 y 5, c. 1). El 12 de octubre de 2001, Amada Nauzan Ceballos, asesora del despacho del

Procurador General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra José Ignacio Flórez Zambrano, en su condición de gerente general de Corabastos; Raúl Antonio Tobón Orozco, en su condición de gerente general de la misma entidad, Jorge Leonidas Amador Pinilla, en su condición de subgerente operativo de esa entidad, y Héctor William Varela Agudelo, en su condición de subgerente administrativo y financiero de la misma. De acuerdo con lo expuesto en el auto de apertura de investigación el objeto de la actuación comprendería las irregularidades ocurridas en la licitación nro. 001 de 2000, referidas a la omisión de realizar estudios previos, con antelación a su apertura, a la violación del deber de selección objetiva en la suscripción del contrato nro. 033 de 2000, derivado de esa licitación, y a la falta de vigilancia en la ejecución de dicho contrato (folios 140 a 147, c.1).

2. AUTO DE CARGOS El 26 de abril de 2002, la comisión especial disciplinaria designada mediante auto del 26 de marzo de 2001, formuló los siguientes cargos (folios 1 a 23, c. 4): 1 Mediante auto del 4 de julio de 2001, el señor Procurador General de la Nación revocó la asignación efectuada al funcionario Alberto Espinosa Bolaños.

2El 10 de octubre de 2001, se incorporó a este proceso las diligencias radicadas con el nro. 165501183, puesto que ambos versan sobre los mismos hechos (folio 47, c. 1). 1 Exp.154 -55175

Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia 2.1. Contra José Ignacio Flórez Zambrano (folios 8 a 12, c. 4): ÚNICO CARGO. El señor José Ignacio Flórez Zambrano en su calidad de gerente de la Corporación de Abastos de Bogota S.A. (Corabastos) omitió efectuar los estudios y diseños técnicos, económicos, financieros, previos a la iniciación del proceso licitatorio No. 001 de 2000, cuyo objeto era contratar la prestación de los servicios de vigilancia privada. En relación con este cargo, en el auto mencionado se precisó que el señor Flórez Zambrano ordenó la apertura de la licitación nro. 001 de 2000 el 10 de abril de 2000 y de forma coetánea dispuso que se efectuaran los estudios de necesidad y conveniencia, económicos y financieros (folio 8, c. 4). Se explicó que no hubo estudios respecto de las necesidades de unidades de vigilancia, ni sobre los valores a pagar por la prestación del servicio, ni sobre el comportamiento de la seguridad durante las vigencias anteriores, y, pese a ello, se decidió iniciar la licitación mencionada (folio 9, c. 4). Con fundamento en lo anterior se concluyó que, el señor Flórez Zambrano desconoció lo dispuesto en los artículos 6, 123, inciso 2, y 209 de la Constitución Política; 3, 23, 25, numerales 7 y 12, 26, numerales 1 a 5, y 30, numeral 1, de la Ley

80 de 1993 (folios 9 y 10, c. 4). Así mismo, se tipificó la falta imputada en el cargo en los artículos 37, 38 y 40 numerales, 1, 2, 13, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995 (folio 10 a 12, c. 4). Finalmente, la falta se calificó provisionalmente como grave, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo desempeñado por el disciplinado y la falta de consideración con los administrados, y se imputó a título de dolo, “como quiera que conociendo que el proceso licitatorio nro. 001 de 2000, que iba adelantar, no contaba con los estudios (…) previos a la iniciación del mismo, no obstante siguió con el trámite” (folio 12, c. 4). 2. 2. Contra Raúl Tobón Orozco (folios 12 a 16, c. 4): Cargo Primero. El señor Raúl Tobón Orozco en su condición de gerente de Corabastos, una vez declarada desierta la licitación No. 001 de 2000, suscribió el contrato No. 033 de agosto 31 de 2000, con la firma Americana de Vigilancia “American Vig”, representada legalmente por la señora Martha Edid Hidalgo Rodríguez, por valor de $7.993.104.312, desconociendo lo preceptuado en al parágrafo 1 del artículo 12 del Decreto 855 de 1994, reglamentario de Ley 80 de 1993 que su tenor expresa “Producida la declaratoria de desierta de una licitación o concurso, no se podrá contratar directamente con aquellas personas que hubieren

presentado en dicha licitación propuestas que la entidad hubiere encontrado artificialmente bajas”. Respecto de este cargo se expuso que el presupuesto oficial de la entidad tenía un valor de $9.600.000.000 y las ofertas presentadas en la licitación tuvieron los siguientes valores: Vise Ltda., $9.103.271.028; Seres Ltda., $9.292.282.498; American Vig, $8.868.674.358; Buho Ltda., $8.513.790.877; Marítima Comercial, $9.450.000.000; Cooseguridad, $9.344.079.360; Atlas Ltda., $9.152.883.768, valores que dieron lugar a que en la Directiva de Gerente nro. 052 de 2000, se 2 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia señalara que “la oferta económica es sustancialmente menor a la que actualmente cotiza Corabastos en virtud del contrato de vigilancia que tiene Corabastos. La corporación estima que la libertad de propuesta y manejo de los factores inciden en la propuesta, siempre que la misma no sea artificialmente baja” (folio 13, c. 4). Se agregó que, pese a las anteriores circunstancias, el señor Tobón Orozco contrató con la firma American Vig (folios 13 y 14, c. 4). Con fundamento en lo anterior se concluyó que, el señor Tobón Orozco desconoció lo dispuesto en los artículos 6, 123, inciso 2, y 209 de la Constitución Política; 3, 23, 26, numerales 1, 2, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 (folio 14, c. 4).

Así mismo, se tipificó la falta imputada en el cargo en los artículos 37, 38 y 40 numerales, 1, 2, 13, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995 (folio 14, c. 4). Finalmente, la falta se calificó provisionalmente como grave, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo desempeñado por el disciplinado y la falta de consideración con los administrados, y se imputó a título de dolo, “como quiera que contrató con la firma Americana de Vigilancia “American Vig”, aún a sabiendas que la oferta presentada para la licitación No. 001, era artificialmente baja” (folio 14, c. 4). Cargo Segundo. El señor Raúl Tobón Orozco en su calidad de gerente de Corabastos omitió ejercer en debida forma el control y vigilancia del contrato No. 033 de agosto 31 de 2000 suscrito con la firma Americana de Vigilancia “American Vig”, para el cumplimiento de la cláusula primera del señalado contrato. Respecto del cargo citado se expresó que en la cláusula primera del contrato nro. 033 de 2000, se estipuló lo siguiente (folio 15, c. 4): Objeto. EL CONTRATISTA se obliga para con CORABASTOS a prestar el servicio de vigilancia privada en los puestos de servicio, con el número de vigilantes y supervisores días y horas que se detallan en el pliego de condiciones que para los efectos legales y fiscales queda incorporado en el presente contrato. A su vez, en los pliegos de condiciones se dispuso que el contratista se obligaría a suministra un total de 345 unidades de vigilancia en turnos de 8

horas (folio 15, c. 4). Se explicó que, pese a lo estipulado en la cláusula y lo dispuesto en los pliegos de condiciones, “no existe un control real sobre el número de vigilantes que realmente laboraba (sic) en Corabastos”. Adicionalmente, en el acta de iniciación del contrato y en el oficio del 27 de marzo de 2000, referido al contrato, se señaló que el número de vigilantes era de 324 y 295, respectivamente, esto es, un número menor al exigido en los pliegos de condiciones (folio 15, c. 4). Igualmente, se adujo que, si bien es cierto en la cláusula octava del contrato se designó a un interventor para su ejecución, también lo es que la condición de gerente y ordenador del gasto le imponía al disciplinado una función de vigilancia y control, encaminada a que se diera estricto cumplimiento a las cláusulas contractuales (folios 15 y 16, c. 4). 3 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia Con fundamento en lo anterior se concluyó que, el disciplinado desconoció lo dispuesto en los artículos 6, 123, inciso 2, y 209 de la Constitución Política; 3, 4, numerales 1, 4 y 5, 26, numerales 1, 2, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993 (folio 16, c. 4). Así mismo, se tipificó la falta imputada en el cargo en los artículos 37, 38 y 40 numerales, 1, 2, 13, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995 (folio 16, c. 4).

Finalmente, la falta se calificó provisionalmente como grave, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo desempeñado por el disciplinado y la falta de consideración con los administrados, y se imputó a título de dolo, “como quiera que omitió ejercer la vigilancia y control sobre el contrato No. 033 de 2000” (folio 16, c. 4). 2.3. Contra Jorge Leonidas Amador Pinilla (folios 17 a 20, c. 4): Único Cargo. El señor Jorge Leonidas Amador Pinilla en su subgerente (sic) calidad de subgerente operativo en la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. (Corabastos) e interventor del contrato No. 033 de agosto 31 de 2000 suscrito con la firma Americana de Vigilancia “American Vig”, omitió ejercer en debida forma el control y vigilancia del citado contrato, en relación con la cláusula primera del mismo. Respecto de este cargo se reiteró los argumentos expuesto en relación con el cargo segundo formulado contra Raúl Tobón Orozco y se agregó que el señor Amador Pinilla tenía a su cargo el deber de supervisar y vigilar la ejecución del mencionado contrato (folios 17 y 18, c. 4). Con fundamento en lo anterior se concluyó que, el señor Amador Pinilla desconoció lo dispuesto en los artículos 6, 123, inciso 2, y 209 de la Constitución Política; 3, 4, numerales 1, 4, y 5, 26, numerales 1,2, 4 y 5 de la Ley 80 de 1993

(folio 18, c. 4). Así mismo, se tipificó la falta imputada en el cargo en los artículos 37, 38 y 40 numerales, 1, 2, 13, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995 (folio 18, c. 4). Finalmente, la falta se calificó provisionalmente como grave, teniendo en cuenta la jerarquía del cargo desempeñado por el disciplinado y la falta de consideración con los administrados, y se imputó a título de culpa, “como quiera que se omitió cumplir con las funciones de supervisor del contrato No. 033 de 2000” (folio 19, c. 4). En esa misma providencia se ordenó el archivo de las diligencias adelantadas contra Jorge Leonidas Amador Pinilla y contra Héctor William Varela Agudelo, en relación con la omisión en la realización de estudios previos, en tanto que ninguno de ellos estuvo encargado de esa obligación en el momento en que, de acuerdo con la ley, debía cumplirse, esto es, con antelación a la apertura de la licitación nro.001 de 2000 (folios 19 a 22, c. 4).

3. DESCARGOS 3.1. Descargos de José Ignacio Flórez Zambrano: El 9 de julio de 2002, José Ignacio Flórez Zambrano, actuando mediante apoderado, presentó descargos manifestando lo siguiente (folios 125 a 131, c. 4):

4 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia En el expediente obran varias pruebas, entre ellas el oficio del 5 de abril de 2000, suscrito por Jorge Leonidas Amador Pinilla, por medio del cual se remitió al

secretario general de Corabastos un cuadro que contiene el resumen de las necesidades de la entidad en materia de seguridad, que permiten concluir que con antelación a la apertura de la licitación pública nro. 001 de 2000, que ocurrió el 15 de mayo de 2000 y no el 10 de abril del mismo año, como se dice en el auto de cargos, se efectuaron los estudios previos exigidos por la ley. No es posible, entonces, concluir que no se realizaron estudios previos, por el simple hecho de no haberse elaborado un documento pormenorizado sobre el contrato a celebrar. La ley no impone formalidades para la realización de los estudios previos y por ello, la Procuraduría no puede imponer una forma para hacerlo. Además, el objeto de la licitación se había satisfecho con anteriores contratos, para los cuales se habían efectuado estudios pormenorizados que simplemente requerían de actualización y complementación, para este caso, las cuales se surtieron a cabalidad. Con fundamento en lo anterior concluyó que el cargo imputado debe declararse no probado, por ausencia de los elementos de responsabilidad. 3.2. Descargos de Raúl Antonio Tobón Orozco: El 14 de junio de 2002, Raúl Antonio Tobón Orozco presentó descargos, manifestando lo siguiente (folios 34 a 39, c. 4): -Primer cargo: En relación con este cargo se expuso que debe archivarse la investigación, en tanto que la conducta cuestionada en él fue analizada en el expediente radicado con el nro. 021-48216, en el cual se decidió archivar la investigación por dicha conducta.

Expuso que, de no proceder de esa manera se estaría violado el principio de non bis in idem (folios 34, 37 y 38, c. 4). -Segundo cargo: La imputación del cargo no es cierta porque la gerencia ha realizado permanentemente el control y vigilancia sobre la ejecución del contrato nro. 033 de

2000. En los comités de gerencia, realizados semanalmente, siempre se trató el tema del correspondiente informe de interventoría de ese contrato. Esta situación puede corroborarse en las actas de esos comités que se anexan al expediente

(folios 35 y 36, c. 4). En las actas aludidas consta el hecho de que “un día algún vigilante no había firmado las planillas de entrada y salid, situación que se debatió ampliamente en comité y se determinó la sanción para el vigilante en el evento de que fuera cierto el hecho denunciado; una vez adelantada la investigación respectiva, se dejó claro que para esa eventualidad eran los disponibles existentes” (folio 36, c. 4). El disciplinado explicó, además, los temas discutidos en distintos comités, en relación con la ejecución del contrato (folios 36 y 37, c. 4). 5 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia 3.3. Descargos de Jorge Leonidas Amador Pinilla: El 12 de junio de 2002, Jorge Leonidas Amador Pinilla presentó descargos, expresando lo siguiente (folios 100 a 111, c. 4): En desarrollo de políticas generales, y con el fin de mejorar la prestación del servicio de vigilancia, se acordó aumentar el número de horas por turno de vigilancia, lo que

originó la disminución del número de hombres en servicio por jornada de 24 horas. Entonces, la disminución no se presentó por no vigilar la ejecución del contrato. La decisión se tomó con base en la directiva nro. 227 de 1999, por la cual se fijó la nueva estructura de Corabastos, y en lo estipulado en los num. 8, 9 y 17 de la cláusula 2da del contrato nro. 033 de 2000. De acuerdo con esa directiva la gestión de seguridad estaba a cargo de la subgerencia operativa, a la cual estaba adscrita la división de seguridad; en consecuencia, con base en ella se hicieron ajustes al servicio contratado. Los ajustes también se efectuaron por la disposición del contrato que dio a la entidad la facultad de cambiar el nro. de personas, turnos y puestos de servicio de acuerdo con sus necesidades. En el auto de cargos se dijo que la diferencia entre el nro. de hombres que debía prestar el servicio y el nro real de vigilantes que lo hacían era consecuencia de no vigilar el contrato. Eso no es cierto, porque (folios 106 y 107, c. 4): Para el caso de la contratación directa efectivamente se planteo un dispositivo de seguridad conforme a lo requerido en el pliego de condiciones de que trataba la convocatoria de la licitación pública posteriormente declarada desierta, pliego que fue incorporado al contrato celebrado con AMERICANA DE VIGILANCIA LTDA. según se desprende de la CLAUSULA PRIMERA. OBJETO, situación que posteriormente se evidencia flexibilizada dentro del propio texto del contrato (…) A esta connotación contractual se refiere el ACTA No. 001 de la reunión efectuada para dar inicio a la

ejecución del contrato. En ella se indicó que “…estos honorarios podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades de Corabastos, pero de todos modos se debe cumplir con el requisito de total de horas contratadas”. (…)En concordancia con lo anterior, envié el MEMORANDO de fecha 14 de septiembre de 2000 al señor Mayor (r) Dr. DARIO LUNA SERRANO, quien para esa época se desempeñaba como jefe de la División de Seguridad de Corabastos, mediante el cual le solicitaba, en virtud de las funciones que le corresponden de acuerdo con la directiva de gerencia nro. 227 de 1999, el control estricto sobre el contrato, reiterándose que cuando así se requiriera y debiera modificarse los turnos se tuviera en cuenta que en ningún momento se disminuyera respecto del tiempo de servicio contratado, es decir 2.760 horas. (…)De acuerdo con el pliego de condiciones el dispositivo contemplaba una serie de turnos (…) que debían ser cumplidos en jornadas/hombre de ocho (8) horas. Convertido lo anterior en horas de vigilancia contratadas (lo que es normal en esta clase de servicios), la contratación significaba un total de dos mil setecientas sesenta (2760) horas. Como lo anterior implicaba coberturas de servicio en horas de la noche y de la madrugada y relevos que conllevaban consecuencias adversas a la permanencia y efectividad del dispositivo de seguridad, se consideró conveniente modificar las jornadas/hombre a turnos de doce (12) horas, teniendo como prioridad que siempre la condición de que la totalidad de horas se conservara. 6 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia

Como es evidente y lógico deducir, esta determinación tuvo como efecto una clara disminución en el número de hombres que intervenían en el dispositivo (Negrillas fuera de texto). En relación con lo anterior precisó que la modificación en la duración de los turnos no afectó las obligaciones económicos derivadas del contrato y dijo que, por ello, no era posible concluir, “como hizo el investigador” que la estructura de costos del servicio se vio afectada (folio 108, c. 4). Por otra parte, el disciplinado expuso que la gestión de interventoría, a cargo del subgerente operativo de Corabastos, se efectuó, por medio de la división de seguridad, dependencia a cargo del primero, específicamente, mediante el desarrollo de las siguientes tareas: registro de entradas y salidas de personal en el libro que reposaba en la oficina de supervisión, así como en el libro de verificación de asistencia de American Vig. Sobre éste último el jefe de la división de seguridad ejercía supervisión periódica (folios 108 y 109, c. 4). En el mismo sentido, explicó que la subgerencia operativa realizó las funciones de interventoría “bajo la siguiente dinámica”: requiriendo información permanente sobre la ejecución del servicio contratado, para lo cual el jefe de la división de seguridad efectuaba reuniones periódicas con los supervisores del servicio, mediante la realización de informes periódicos de interventoría, en los cuales se analizaba la prestación del servicio en un período determinado. AL respecto pueden verse las respectivas actas, que obran en el expediente (folio 109, c. 4). Con fundamento en lo anterior, concluyó que está demostrado que cumplió a

cabalidad con sus funciones y que, en consecuencia, están desvirtuadas las imputaciones del cargo (folio 110, c. 4).

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Alegatos de José Ignacio Flórez Zambrano: José Ignacio Flórez Zambrano se abstuvo de presentar alegatos de conclusión. 4.2. Alegatos de Raúl Antonio Tobón Orozco: El 5 de noviembre de 2003, Raúl Antonio Tobón Orozco, actuando mediante apoderado, presentó alegatos de conclusión. En sus alegatos reiteró lo expuesto en sus descargos (folios 189 a 194, c. 4). 4.3. Alegatos de Jorge Leonidas Amador Pinilla: El 5 de noviembre de 2003, Leonidas Amador Pinilla, mediante apoderado, presentó alegatos de conclusión. Reiteró lo expuesto en sus descargos y agregó lo siguiente

(folios 195 a 197, c. 4): (…)después de hacer un análisis de los elementos de juicio allegados y practicados con anterioridad y posterioridad al auto de formulación de cargos, queda demostrado que no existió detrimento patrimonial alguno en contra de Corabastos, por cuanto en las modificaciones de cobertura de seguridad se mantuvo el equilibrio económico del contrato, tal como se demostró en la diligencia de inspección judicial adelantada entre los días 25 y 26 de julio de 2002 (folios 159 a 163), cuyo resultado valorativo, según las 7 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia muestras selectivas a varios registros de días de labor del servicio de vigilancia, superó el monto total de hora /días acordados en el objeto del contrato, viéndose por el

contrario beneficiada la entidad. Desde el primer momento de la formulación de cargos el investigado ha manifestado haber efectuado modificaciones al dispositivo de vigilancia dadas las circunstancias especiales de inseguridad que afectaban en ese momento las instalaciones de Corabastos, lo que indica su esmerada intervención frente a las responsabilidades que emanan del cargo que desempeñaba como gerente de Operaciones y como responsable de la seguridad en las instalaciones, ajustando su proceder no solamente al régimen de su competencia sino también frente a las misma (sic) posibilidades que se derivan de una adecuada interpretación de la relación contractual, específicamente las contenidas en los numerales 8 y 9 de la CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA y que tenían que ven (sic) con las modificaciones que podían realizarse en la prestación del servicio de acuerdo con las circunstancias y necesidades de garantizar una debida seguridad en aras de proteger las instalaciones y los intereses de quienes conviven rutinariamente en Corabastos. (…)De lo anterior se desprende el motivo por el cual en el contrato con que se relacionan los cargos formulados al señor JORGE AMADOR PINILLA se encuentra implícita la posibilidad de que el contratante puede determinar los puestos de vigilancia, análisis interpretativo de la relación jurídica que se hiciera en el correspondiente escrito de contestación del auto de cargo (sic). De todo lo anterior se concluye que mi patrocinado sí ejerció en debida forma y con la suficiente responsabilidad de vigilancia y control de la ejecución del contrato, tan así que estuvo al frente de cada una de las modificaciones del dispositivo de seguridad que se generaron como con consecuencia de los riesgos presentados, permitiendo dar

aplicación a lo acordado en los numerales 8 y 9 de la Cláusula segunda, arrojando como resultado que se hubiera prestado el servicio de vigilancia contratado de manera eficiente y como la entidad, accionistas y comunidad lo exigía.

5. COMPETENCIA La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1 literales a y b del Decreto 262 de 2000.

6. CONSIDERACIONES La Delegada declarará la ocurrencia de la prescripción de la acción disciplinaria, en relación con el cargo nro. único, formulado contra José Ignacio Flórez Zambrano, el cargo primero, formulado contra Raúl Antonio Tobón Orozco y el único formulado

contra Jorge Leonidas Amador Pinilla. Analizado lo anterior, se estudiarán los hechos probados en el proceso y en relación con ellos, se estudiará brevemente, el contenido de la obligación de vigilar la ejecución contractual y los responsables de su cumplimiento, con el fin de determinar si hay lugar a declarar probado el cargo segundo, formulado contra Raúl Tobón Orozco. El mencionado cargo se analizará de fondo, teniendo en cuenta que respecto de él no ha ocurrido la prescripción de la acción disciplinaria, puesto que, como se deduce de lo expuesto en el acápite de antecedentes, en él se cuestiona la falta de vigilancia de la ejecución del contrato nro. 033 de 2000, cuyo plazo de ejecución culminó el 31 de junio de 2002, de conformidad con lo estipulado por las

partes, y dado que, el señor Tobón Orozco permaneció en su cargo hasta el 7 de julio del mismo año, fechas desde las cuales no han transcurrido cinco años (ver folios 98, 199 y 200, c. 4). 8 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia 6.1. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA La acción disciplinaria referida a los hechos objeto de los cargos único, formulado contra José Ignacio Flórez Zambrano, primero, formulado contra Raúl Antonio Tobón Orozco, y único formulado contra Jorge Leonidas Amador Pinilla se encuentra prescrita. En efecto, de acuerdo con el articulo 34 de la ley 200 de 1995, vigente en la época de los hechos, la prescripción de la acción disciplinaria es de cinco (5) años, contados a partir del día de la consumación para las faltas instantáneas y desde la realización del último acto, para las de carácter permanente o continuado. Entonces, dicha figura jurídica tuvo ocurrencia, en el caso que nos ocupa, por cuanto las conductas imputadas en los mencionados cargos se realizaron el 10 de abril3, el 31 de agosto de 2000, y el 21 de junio de 2001, fechas en las cuales se ordenó la apertura de la licitación pública nro. 001 de 2000, sin tener los estudios previos exigidos en la ley, conducta cuestionada en el cargo único formulado contra José Ignacio Flórez Zambrano; se suscribió el contrato nro. 033 de 2000, conducta con la

cual se consideró violado el deber de selección objetiva en el cargo primero formulado contra Raúl Antonio Tobón Orozco; y hasta la cual se ejerció la labor de vigilancia de la ejecución del contrato nro. 033 de 2000, por parte de Jorge Leonidas Amador Pinilla, quien tuvo la condición de interventor del contrato hasta ese momento (folios 239 y 240, c. 2 y 96 a 98, c. 4). Desde tales fechas han transcurrido más de cinco (5) años. Como sobrevino la prescripción de la acción disciplinaria, en relación con las conductas descritas en el párrafo anterior, este despacho procederá a efectuar, en forma separada, la evaluación del tramite del proceso, de acuerdo con la Directiva No. 06 de agosto 6 de 1997 “CRITERIOS PARA COMPULSAR COPIAS EN CASO DE PRESCRIPCION, MORAS Y OMISIONES PROCESALES”, proferida por el Despacho del Procurador General.

6.2. LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO.

Las pruebas relacionadas con las conductas cuestionadas en los cargos son las siguientes:

1. Copia del oficio suscrito por el jefe de la división de recursos humanos de Corabastos, en el que se especifica el cargo desempeñado por cada uno de los investigados, su fecha de ingreso y retiro, así como el salario devengado en ese período (folios 199 y 200, c. 4). 3 En relación con esta fecha se precisa que no resulta admisible la afirmación del señor Flórez Zambrano, según la cual la fecha de su ocurrencia fue el 15 de mayo de 2000 y no el 10 de abril de

ese año, como se expuso en el cargo. En efecto, la conducta cuestionada en el cargo es el hecho de haber ordenado la apertura de la licitación sin contar con estudios previos y no el de haber abierto la licitación sin ellos. La primera de tales conductas ocurrió, en efecto, el 10 de abril de 2000, como consta en la Directiva de Gerencia nro. 041 de esa fecha, por medio de la cual se ordenó la apertura de la licitación nro. 001 de 2000, obrante en los folios 239 y 240 del cuaderno 2; la segunda, ocurrió el 15 de mayo de 2000, como se deduce de lo expuesto en la Directiva de Gerencia 052 de 2000, obrante a folio 12 del cuaderno 1, en la cual se señala que la apertura de la licitación se efectuó el 15 de mayo de 2000 a las 1:00 a.m. 9 Exp.154 -55175 Ma. Catalina Flórez Fallo de Primera Instancia En el consta que Raúl Antonio Tobón Orozco, identificado con c.c. nro. 19.064.940 de Bogotá, desempeñó el cargo de gerente de Corabastos entre el 8 de julio de 2000 y el 7 de julio de 2002, devengando un salario de $7.074.084. También que Jorge Leonidas Amador Pinilla, identificado con c.c. nro. 19.193.966 de Bogotá, desempeñó el cargo de subgerente operativo de Corabastos entre el 6 de agosto de 1998 y el 30 de agosto de 2001, devengando un salario de $4.367.847.

2. Copia del contrato de trabajo a término fijo suscrito el 8 de julio de 2000, entre

Raúl Antonio Tobón Orozco y Corabastos (folios 203 y 204, c. 4).

3. Copia del contrato de trabajo suscrito el 6 de agosto de 1998, entre Jorge Leonidas Amador Pinilla y Corabastos (folios 201 y 202, c. 4).

4. Copia del pliego de condiciones de la licitación pública nro. 001 de 2000, cuyo objeto fue la contratación del servicio de vigilancia privada para las instalaciones de Corabastos (folios 1 a 47, c. 2): En relación con los hechos objeto de investigación este documento dijo que el servicio de vigilancia se prestaría de lunes a domingo, las 24 horas del día y con el siguiente personal (folio 31, c. 2): -Turno de ocho (8) horas de las 4 a.m. a las 12 m: “ciento sesenta y siete (167) unidades”. - Turno de ocho (8) horas de las 12m. a las 8 p. m: “sesenta (60) unidades”. -Turno de ocho (8) horas de las 8 p.m. a las 4 a. m: “sesenta y nueve (69) unidades”. - Turno de ocho (8) horas de las 1 a.m. a las 9 a.m: “dieciocho (18) unidades”. - Turno de ocho (8) horas de las 8 a.m. a las 4 p. m: “dos (2) unidade

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