PGN - JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - Presentación de compromiso ante esta por persona

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Presentación de compromiso ante esta por persona acusada de tener vínculos con las AUC Bloque Vencedores de Arauca para someterse y obtener beneficios SALA DE DEFINICION DE SITUACIONES JURIDICAS-Estudia y decide sobre el sometimiento a la jurisdicción especial para la paz JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Compareciente ante esta fue investigado por el delito de homicidio agravado y concierto para delinquir PROCESOS-Información entregada respecto de los que fueron adelantados penalmente no permite establecer situación jurídica del interesado A criterio del Ministerio Público, el aporte de verdad ha logrado precisión en los diferentes ajustes entregados por el interesado. No obstante, las situaciones fácticas relacionadas no evidencian la relación que las articule al conflicto armado, condición que permite analizar si son competencia de la JEP. Los relatos incluyen referencias a conductas y delitos cometidos por integrantes de las AUC, sin identificar las relaciones que tienen con el conflicto armado. Además, concretamente, no se hace claridad acerca de la participación que tuvo el interesado en hechos. Esto ocurre con los dos homicidios de los cuales entrega información donde se hace referencia a la participación de los paramilitares y cuestiona la forma cómo la JPO llevó la investigación, pero sin puntualizar cual es el punto que puede llegar a interesar a la JEP..- Tampoco está clara la manera cómo se supera el umbral de lo probado por la JPO. Frente a lo narrado, se tiene la impresión que existe una duplicidad de los temas debatidos

en dicha sede judicial. No puede considerarse que las “mentiras” o las estrategias diseñadas para implicar como autor de delitos al señor….. supere lo probado en la JPO, pues, quienes incurrieron en tales conductas están siendo procesados por falso testimonio y algunos de ellos ya fueron condenados. Le corresponde al interesado puntualizar cuales son los aspectos “novedosos” de su aporte de verdad que no fueron probados en sede de la JPO y que interesan a la competencia de la JEP. ACCIÓN DE REVISIÓN-Se debe valorar la viabilidad jurídica de interponer esta/ JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-No constituye una tercera instancia de juicio …No obstante lo anterior y aunque se trata de un compareciente condenado, se evidencia que, en todos los escritos presentados, niega su participación en los hechos que fueron objeto de condena por parte de la justicia ordinaria y de hecho indica que la condena es injusta….…Posturas que resultan coherentes con la superficialidad del relato que entrega en el documento estudiado. El Ministerio Público quiere llamar la atención sobre este punto y exhortar al señor…., para que acompañado por su defensa técnica, valore la viabilidad jurídica de interponer una Acción de Revisión conforme a los parámetros establecidos por la normativa transicional, pues en sede de Sala de Definición de Situaciones Jurídicas esas expresiones no tienen la potencialidad de flexibilizar los estándares de exigencia previstos para los CCCP, la JEP no constituye una tercera instancia de juicio y las condenas proferidas por la justicia penal ordinaria gozan de presunción de

legalidad y acierto. Página 1 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ-Es viable en el sub examine el adelantamiento de juicio preliminar de prevalencia jurisdiccional En este orden de ideas, el Ministerio Público considera necesario adelantar un juicio preliminar de prevalencia jurisdiccional en el asunto del señor….previo a considerar la concesión del beneficio originario que significa su aceptación a la JEP. Lo anterior a efecto de valorar la consistencia, conceptual y probatoria, del compromiso de verdad expuesto en el escrito de ajuste al CCCP del cual se corrió traslado mediante la resolución 0275 del 28 de enero de 2022. Para dicho propósito, se solicita al Despacho programar una diligencia de versión voluntaria en la cual el interesado efectúe un relato preciso de los hechos del conflicto que presente revelar a cambio del beneficio de acceso a la JEP. En este debe dar a conocer la información que tenga de la totalidad de los procesos penales que existen en su contra Página 1 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la

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E-2019-033043 PGN R-0275 del 28/01/2022 JEP

SDSJ – JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL Rad.Jep. 9000693-87.2018.0.00.0001

Observaciones al ajuste a la propuesta de compromiso claro, concreto y programado – Bogotá, 11 de febrero de 2022 Concepto No. 02 DC-PGN-JEP-JAF Magistrado CAMILO ANDRÉS SUÁREZ ALDANA Sala de Definición de Situaciones Jurídicas -SDSJJurisdicción Especial para la Paz -JEPinfo@jep.gov.co Cordial saludo, En mi calidad de Procurador Judicial II de la Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la JEP, actuando como interviniente especial dentro del proceso de la referencia, de manera respetuosa allego a su Despacho las respectivas observaciones del ajuste a la propuesta de CCCP que presentó el señor JULIO ENRIQUE ACOSTA BERNAL. Esto dentro del término de traslado concedido en la resolución 0275 del 28 de enero de 20221.

I. ANTECEDENTES El señor Acosta Bernal expresó haber sido acusado de tener vínculos con las AUC, Bloque “Vencedores de Arauca”. En tal contexto, es investigado por la

presunta comisión de las conductas de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado por fomentar y promover grupos armados al margen de la ley. Precisó que ha sufrido de “persecución política” por parte de las FARC-EP y el ELN, además se han perpetrado siete atentados en contra de su vida. Indicó que en su vida profesional se desempeñó como rector de Colegio, secretario del Departamento, Gobernador de departamento de Arauca, alcalde de Arauca, diputado de la Asamblea Departamental, Representante a la Cámara, Cónsul de Colombia en Singapur. Manifestó que por ejercer estos cargos fue declarado “objetivo militar” por grupos armados al margen de la Ley. Enfatizó que se encuentra privado de la libertad, por delitos cometidos como funcionario público. 1 El numeral 1º de la citada resolución le concedió al Ministerio Público un plazo de diez (10) días para presentar las observaciones. La decisión se notificó mediante correo electrónico el 1º de febrero de 2022. Página 1 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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II. TRÁMITE PROCESAL Mediante resolución No. 001976 del 8 de noviembre de 2018 la SDSJ asumió

conocimiento del asunto y le solicitó presentar la propuesta de CCCP. Le exigió: 1).Exponer de manera concreta la identificación de los hechos sobre los cuales aportará relatos veraces, que parte de la realidad del conflicto coadyuvara a esclarecer, en qué clase de programas de reparación inmaterial puede participar para resarcir a las víctimas, de preferencia aquellas que permitan reintegrar los derechos afectados y la superación de la situación social que enfrentan por causa de la victimización, que tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del SIVJRNR, cuáles son sus aportes efectivos a lo no repetición, entre otros puntos que considere como contribución a la verdad plena. 2). Presentar un programa aceptable de participación ante la justicia transicional y sus distintos órganos, que ha de contener como mínimo una relación de las condiciones de tiempo (cuándo), modo (cómo o con qué medios de prueba o mecanismos de revelación de la verdad) y lugar (dónde), en las cuales harán las contribuciones materiales efectivas a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. 3). Expresar con claridad el compromiso para contribuir con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Frente la propuesta del interesado, la SDSJ con resolución No. 000886 del 6 de marzo de 2019 la SDSJ le solicitó ampliar la propuesta de compromiso claro, concreto y programado. La providencia le fijó los requisitos que debía cumplir la ampliación de propuesta2. Con la resolución No. 002454 del 29 de mayo de 2019 se puso de presente al Ministerio Público la propuesta que presentó el

peticionario, traslado reiterado en la resolución No. 06461 del 17 de octubre de 2019. El Ministerio Público consideró aceptable la propuesta de CCCP y que era procedente aceptar al peticionario en le Jurisdicción. Con la resolución No. 1051 del 25 de febrero de 2020 la SDSJ no aceptó “ por el momento” la solicitud de sometimiento. Lo requirió para ajustar la propuesta de CCCP conforme a las exigencias fijadas en la parte considerativa de la providencia3. Presentado el ajuste, la SDSJ mediante la resolución No. 727 del 23 de febrero de 2021 avocó conocimiento de la solicitud y lo requirió para complementar el escrito de CCCP conforme a las consideraciones expuestas en la providencia. 2 Página 830 a 832. 3 Los parámetros de ajuste al CCCP están consignados en las páginas 1861 a 1865 del expediente digital. Los referidos al aporte de verdad se estipularon en las páginas 1867 a 1869. Página 2 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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En esta oportunidad la Sala consideró que en el presente asunto la propuesta de CCCP “ha sido objeto de varios requerimientos de ajuste” al considerar que atendiendo lo dispuesto por la SA esta “no ha alcanzado las condiciones

mínimas de claridad, concreción y programación y, en tal sentido, objetivamente, no supera un examen de aptitud preliminar, escaso de suficiente claridad y consistencia como para servir de materia prima para la satisfacción de los derechos de las víctimas”. Precisó que el interesado relacionó treinta y ocho (38) investigaciones penales a las cuales se encuentra vinculado. La Sala reprochó su “inercia e inactividad” para “esclarecer su situación jurídica con relación a los procesos referidos, pues se limitó a enunciarlos sin aportar las piezas procesales correspondientes e información adicional que resultara útil y operativa a esta jurisdicción, desatendiendo las obligaciones que le impone el artículo 47 de la Ley 1820 de 2016”. Esto ha impedido consolidar la situación fáctica a partir de la cual el interesado comparece ante la Jurisdicción. Consideró que “la inercia en el establecimiento de su situación jurídica representa una actitud incierta con relación al régimen de condicionalidad con el SIVJRNR y, particularmente, la satisfacción de los derechos de las víctimas”. En este orden de ideas se le solicitó al interesado: […] pronunciarse, nuevamente, con relación a los ochos cuestionamientos formulados por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en la resolución No. 1051 del 25 de febrero de 2020, pero esta vez, procurando aportar un relato de verdad más concreto, detallado, preciso y exhaustivo, con el fin de aportar elementos de juicio que permitan develar los patrones criminales que involucraron la participación de agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública y que constituyen delitos de lesa

humanidad o crímenes de guerra.

45. Consecuentemente y conforme al ajuste del compromiso claro, concreto y programado por parte del solicitante y la eventual intervención de las víctimas, se dispondrá sobre la posibilidad de realizar una diligencia judicial que suscite un dialogo entre los sujetos procesales, con el fin de perfeccionar y materializar los compromisos asumidos por el señor Julio Enrique Acosta Bernal.

Mediante la resolución No. 275 del 28 de enero de 2021 se corrió traslado al Ministerio Público para que presente observaciones a los “ajustes formulados al compromiso claro, concreto y programado” que presentó el interesado. Página 3 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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III. PRECISIÓN METODOLÓGICA El Ministerio Público parte de considerar que son varios los requerimientos hechos al señor Acosta Bernal para que la propuesta de CCCP atienda los requerimientos fijados por la jurisprudencia transicional. En consecuencia, el interesado ha contado con suficientes espacios procesales para determinar el contenido de su programa de reparación a las víctimas.

En este contexto, el Ministerio Público ha presentado observaciones a los ajustes de los cuales el Despacho ha corrido traslado. En una oportunidad

consideró “aceptable” el aporte de verdad ofrecido por el interesado para su ingreso a la JEP. Tal postura la asumió teniendo en cuenta el momento procesal preliminar en el cual propuso la oferta de verdad que entregaría a la Jurisdicción. En esta oportunidad las observaciones se circunscriben a valorar el ajuste que presentó el señor Acosta Bernal y del cual se corrió traslado con la resolución No. 0275 del 28 de enero de 2022. El juicio de valoración toma como referencia lo exigido en la resolución No. 1051 del 25 de febrero de 2020 y reiterado en la resolución No. 727 del 23 de febrero de 2021. Es necesario precisar que, si bien en una oportunidad anterior, el Ministerio Público consideró “aceptable” la oferta de verdad del señor Acosta Bernal para ingresar a la JEP, tal postura no condiciona la calificación de “suficiencia” que se aborda en esta oportunidad. Un aporte de verdad se puede calificar, en un inicio, como aceptable, pero debido al carácter dinámico del aporte de verdad puede ser tildado, con posterioridad, de insuficiente para ingresar o permanecer en la Jurisdicción. Todo depende de la dinámica del proceso que imponga el Despacho y el comportamiento asumido por el peticionario a lo largo de sus intervenciones. Se estima que los ajustes a la propuesta de régimen de condicionalidad del señor Acosta Bernal muestran avances al narrar hechos que, en principio, interesan a la competencia de la Jurisdicción. No obstante, tal condición no se puede aplicar a todos los ofrecimientos de verdad expuestos por el

interesado. Algunos relatos carecen de los elementos suficientes que permitan establecer su relación, directa o indirecta, con el conflicto armado. Página 4 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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El análisis de suficiencia se efectúa respetando los temas expuestos en el escrito de ajustes y las observaciones se presentan para cada uno de dichos tópicos. Posteriormente, se ofrecen unas conclusiones generales que dan cuenta sobre el acatamiento, o no, de las exigencias fijadas por el Despacho, además, si estas tienen la potencialidad de respetar los derechos de las víctimas al entregar verdad.

IV. PROPUESTA DE PLAN CCCP Y OBSERVACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Antes de presentar las observaciones al ajuste a la propuesta de CCCP, se exponen algunas consideraciones relacionadas con el aporte de verdad que la JEP puede exigir a quienes comparecen en calidad de AENIFUP. 1). Acotaciones previas relacionadas con la propuesta de aporte de verdad de los AENIFUP La jurisprudencia constitucional estima que exigirle al compareciente voluntario presentar una propuesta CCCP es compatible con un modelo de justicia transicional que pretenda restaurar los derechos de las víctimas. En la

sentencia C-080/18 la Corte Constitucional precisó que “la justicia transicional tiene como finalidad prevalente garantizar en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, con garantías de no repetición (art. transitorio 66 C.P.). Las víctimas, entonces, constituyen el centro del modelo de justicia transicional adoptado en la Constitución”. En este orden de ideas, el tratamiento judicial y/o punitivo que la JEP otorga a los comparecientes voluntarios está condicionado a suscribir el acta de compromiso y a presentar el CCCP orientado a garantizar los derechos de las víctimas tanto las determinadas como las que no lo están. El CCCP articula el derecho a la verdad de las víctimas con el carácter dialógico de la justicia transicional. Uno de los valores centrales del SIVJRNR es la construcción de la verdad atendiendo las diversas aristas que caracterizaron al conflicto armado interno. Esta es la razón por la cual se ha posibilitado el ingreso, excepcional, de terceros diferentes a los actores armados enfrentados en el conflicto armado. En este contexto se enmarca el aporte de verdad que es exigible para ingresar al SIVJRNR. Página 5 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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En sentencia C-080/18 la Corte Constitucional puntualizó que de conformidad

con los incisos quinto del AT 1º y octavo del AT 5º del Acto Legislativo 01 de 2017 para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia se requiere cumplir, como mínimo, las condiciones de aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. La providencia en cita precisó que el régimen de condicionalidad es: [U]n elemento estructural del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, en la medida en que la satisfacción de los derechos de la sociedad y de las víctimas resulta, no de la sumatoria o del agregado de medidas contenidas en el Acto Legislativo 01 de 2017, sino del particular esquema de articulación entre todas éstas. En esencia, este régimen de condicionalidades apunta a permitir la flexibilización en los estándares regulares y ordinarios de justicia, pero sobre la base de que esto tiene como contrapartida una ganancia en términos de acceso a la verdad, de la reparación integral a las víctimas, y de implementación de garantías de no repetición de los hechos que dieron lugar a la vulneración de derechos. Esta lógica que subyace al acto legislativo se traduce en una regla de condicionalidad, en virtud de la cual el acceso y el mantenimiento de todos los componentes del régimen penal especial para el escenario transicional, se encuentran supeditados a la contribución efectiva y proporcional a la reconstrucción de la verdad, a la reparación de las víctimas del conflicto armado, y a la implementación de garantías de no repetición. La JEP no puede conceder tratamientos punitivos a los comparecientes sin exigirles un compromiso serio y concreto con el SIJVRNR. Lo anterior, por cuanto,

el modelo transicional se levanta sobre la regla de la condicionalidad. El acceso y mantenimiento de los tratamientos del régimen penal transicional está supeditado a contribuir a reconstruir la verdad, a reparar a las víctimas del conflicto armado y a implementar garantías de no repetición. Todas estas exigencias requieren ser concretadas en el CCCP que presenta el compareciente. En consecuencia, quedan excluidas propuestas abstractas e indeterminadas, pues, lo que se reclama es un restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas. Las ofertas de verdad y reparación inmaterial deben ser acordes con la situación concreta del compareciente y atemperadas a las expectativas de las víctimas. El peticionario no puede comprometerse a aspectos ajenos a su capacidad, pues, hacerlo implica exigirle aspectos que no se encuentran bajo su dominio y someterlo, desde un inicio, a incumplir lo que promete cumplir. De otra parte, la propuesta de verdad debe cumplir unos requisitos para que pueda ser avalada por la JEP. La Sección de Apelación en Auto TP-SA-124 de 2019 del 19 de junio de 2019 consideró que el pactum veritaris implica “para la persona su Página 6 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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deber de aportar verdad plena sobre los hechos del conflicto que le consten o respecto de los cuales cuente con elementos de juicio, y que sean relevantes a la luz de la competencia de la JEP, ‘de manera exhaustiva y detallada’ (AL 1/17 art trans-5)”. Agregó que para que el compromiso de verdad sea admisible por la JEP: […] debe tener características objetivas que permitan su contrastación y verificación por parte de la SDSJ, de modo que se prevenga cualquier eventual defraudación del sistema antes de otorgar el beneficio solicitado […] el compromiso claro, concreto y programado de contribuciones al que se está haciendo alusión, se concreta en una relación detallada de los aportes efectivos al principio de verdad y según lo que la persona revele, la verdad que declare puede significarle el deber de reparar a las víctimas y de garantizar la no repetición”. De la jurisprudencia citada se deducen las reglas que debe cumplir el pactum veritatis para que pueda ser teniendo como requisito para acceder y permanecer en la JEP. Las reglas son las siguientes: 1).- La propuesta debe ser objetiva. Esto es, ofrecer un relato a partir del cual el juez pueda contrastar y verificar la información entregada; 2).- El compromiso se concreta en una relación detallada de aportes efectivos a la verdad; 3).- El compromiso debe identificar, concretamente, los hechos sobre cuáles aportará relatos veraces; 4).- Se debe precisar la parte de la realidad del conflicto que coadyuvará a esclarecer; 5).- El compromiso debe identificar el tipo de colaboración que puede extenderse a los demás organismos del SIVJRNR; 6).-

La persona debe comprometerse a superar el umbral de lo esclarecido por la justicia ordinaria; 7).- El plan de aportaciones debe proyectar un compromiso que no se reduzca a las conductas delictivas en las cuales el compareciente tomó parte, sino además sobre las de otros sujetos y de manera completa y profunda; 8).- Proporcionar información para esclarecer los fenómenos de macro criminalidad y victimización. La SA en Auto TP-SA 356 de 2019 del 28 de noviembre de 2019 precisó que el sometimiento a la JEP de los AENIFP está acompañado de un plan de aportes a la verdad claro, concreto y programado que revele la seriedad de los compromisos con el SIVJRNR “que sea apto para iniciar un diálogo restaurativo en los términos definidos en los autos TP-SA 19, 20 y 21 de 2018, y que sirva para preparar los mecanismos de justicia futuros”. Página 7 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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Además, la SA indicó que tal deber no desconoce el derecho a declarar contra sí mismo. Tampoco lo vulnera cuando se requiere al interesado a presentar el CCCP incluso cuando manifiesta no tener elementos narrativos de aporte a la verdad plena por defender que no es penalmente responsable de las

conductas punibles por las que se le procesa, o a aquel que expresa interés de someterse a un proceso adversarial en el marco de la JEP. En otras palabras, la potestad de no auto incriminarse no exonera al interesado del deber de aportar verdad plena relacionada con el esclarecimiento del conflicto armado. El espacio de la JEP no puede entenderse con los mismos conceptos con los cuales opera la JPO. Por otro lado, a partir de la centralidad de las víctimas, en el Auto TP-SA 110 de 2019 la SA precisó que los beneficios ofrecidos por el sistema para incentivar la sinceridad y la asignación de responsabilidades están estrechamente vinculados al régimen de condicionalidad. Por ello, los incentivos de ley “se otorgan o revocan en función de la cooperación efectiva de los comparecientes con la satisfacción de los derechos de las víctimas”. En este orden de ideas no es admisible que el comportamiento estratégico de los interesados se manifieste en “burla o fraude” para sus facultades, lo que ocurre cuando una vez ingresa a la JEP, quien pretende un tratamiento penal especial es reticente a contribuir al esclarecimiento de los hechos de competencia del componente judicial del SIVJRNR. Así las cosas, desde la presentación de la propuesta de CCCP, la SDSJ debe contar con los elementos de juicio requeridos para contrastar y verificar los dichos del interesado, además tener un carácter dinámico y progresivo en el aporte escalonado de verdad. En el presente caso, esta agencia del Ministerio Público considera que el peticionario refiere hechos objetivos y concretos, pero en algunas de las propuestas no se precisan las circunstancias que permiten calificarla como un

aporte efectivo a la verdad dentro del marco de competencias de la JEP. El aporte de verdad no tiene que limitarse a los hechos por los cuales la justicia ordinaria investiga a la peticionaria. La jurisprudencia transicional ha permitido que, ante la irregularidad del conflicto armado, terceros ajenos a las fuerzas armadas enfrentadas tengan alguna participación. Página 8 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz, Cra. 5 No. 15-80 Bogotá D.C., Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 –

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Ante esto se permitió el ingreso de terceros o AENIFP al modelo de justicia transicional que se postulen de manera voluntaria. En este contexto, el aporte de verdad ofrecido por los terceros o AENIFP debe ser más detallado y preciso, pues, de entrada, la JEP carece de los elementos de juicio que le permitan inferir su participación en la dinámica del conflicto armado interno. Por esto, al peticionario le corresponde explicitar, de manera detallada, cuál será el aporte de verdad e identificar su participación en el mismo y la relación que estos tienen con el conflicto armado. En ese contexto, los aspectos referidos a la macro criminalidad o patrones estructurales que caracterizaron al conflicto armado pueden llegar a valorarse como un aporte efectivo de verdad. 2). Ajuste al CCCP y observaciones del Ministerio Público

Para analizar los aportes de verdad se individualizan los relatos ofrecidos por el señor Acosta Bernal y se exponen, en cada uno de ellos, las observaciones orientadas a valorar la suficiencia o a plantear sus debilidades conceptuales y/o probatorias. a). En el escrito de ajustes al CCCP se indicó que ante lo exigido en la resolución No. 747 del 21 de febrero de 2021 enumeran los aportes de verdad en cada uno de los procesos a los que está vinculado. Igualmente, precisará las “razones por las cuales cada uno de ellos se dieron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”. Aclaró que en ninguno de los expedientes existe condena en firme, por tanto, los hechos que ofrece a la JEP “son el descubrimiento de una verdad que no está determinada judicialmente”. Expresó que la relación enviada por la Fiscalía “tiene una serie de actuaciones que no es posible determinar cuáles son los hechos y por tanto cual es la vinculación” del interesado. Ante esta situación ofreció presentar “aquellas actuaciones en las cuales existe certeza de hechos y de la vinculación del postulado”. En este orden de ideas relacionó seis (6) procesos penales a los que, según su dicho, se encuentra vinculado. Dos (2) por el delito de homicidio y cuatro (4) por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Página 9 de 26 Procuraduría Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la

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No puede perderse de vista que una de las preocupaciones centrales de la SDSJ está en no contar con los elementos de juicio suficientes para establecer, con precisión, la situación jurídica del señor Acosta Bernal. En este contexto, entregar información sólo de seis (6) procesos de los treinta y ocho (38) de los cuales tiene información la Jurisdicción, no logra superar dicha condición y ratifica la “pasividad” del interesado en acopiar información de los procesos que existen en su contra. La Sala reprochó al interesado su “inercia e inactividad” para “esclarecer su situación jurídica con relación a los procesos” a los cuales se encuentra vinculado, pues en sus intervenciones se “limitó a enunciarlos sin aportar las piezas procesales correspondientes e información adicional que resultara útil y operativa a esta jurisdicción”. La SDSJ debe contar con soportes probatorios y razones jurídi