PGN - NOMINA PARALELA - Personal externo al existente en la planta de personal con funcion

Dependencia: Procuraduría 1ª Delegada para la Contratación Estatal.

Radicación # 085-10109-1999 Disciplinado y/o investigado: Rosendo Antonio Ruiz.

Cargo y entidad: Director Ejecutivo Coldeportes – Reg. Nariño Quejoso: Duval López Muñoz Fecha Queja: 5 de marzo de 1998

Fecha Hechos: Asunto: Fallo de segunda instancia.

BOGOTA, D.C., 30 de agosto de 2002

ANTECEDENTES: La Procuraduría Regional de Nariño sancionó a Rosendo Antonio Ruiz Salcedo, en su condición de Secretario Ejecutivo Coldeportes Regional Nariño, con multa equivalente a 60 días de salario ($1.758.954.oo) a favor de INDERNARIÑO, con base en los siguientes considerandos: Se formuló pliego de cargos por haber suscrito contratos de prestación de servicios Nos. 019, 018, 017, 106, 105, 103, 102, 011, 009, 008, 007 y 006 suscritas con Nelson Cortes, como auxiliar de tesorería; Manuel Vallejo, como auxiliar de servicios generales; Carlos Ramírez, como auxiliar de servicios generales, José Torres, como celador nocturno; Carlos Angulo como celador diurno; Virgilio Mora, Omar Benavides, Danilo Benavides, Gerardo Zambrano, Jaime Montenegro como promotores de escuelas; Pablo Hernández como asistente de la coordinación de actividades recreativas de la asociación gerontológica Nuestra Señora del Carmen; y Piedad Martínez como coordinadora de actividades de la asociación antes mencionada, cuyas actividades se encuentran adscritas a funcionarios de la planta

de personal en la resolución 345 de julio 17 de 1995, manual de funciones de la entidad, para los cargos de jefe de la división de fomento y desarrollo deportivo, técnico operativo, técnico profesional, coordinador, conductor mecánico, auxiliares de servicios generales y celador, identificados con los siguientes códigos y grados: 2040-03, 4080-01, 4175-07, 5005-16, 5310-09, 5335-07, respectivamente, circunstancia violatoria de los preceptos 32 numeral 3 de la ley 80/93; 2° del Decreto 2400 de 1968; y 7° del Decreto 1950 de 1973.

1. El a-quo verificó quienes de los funcionarios contratados cumplían sus funciones y quienes desempeñaron otras diferentes a las contratadas, concluyendo que 12 de ellos ejecutaron funciones en Coldeportes, aún cuando no las ordenadas y que uno de los restantes, Gerardo Zambrano, a pesar de haber sido contratado como promotor de clubes, se desempeñó como conductor del vehículo del Director de esa entidad.

2. Determinó si las actividades que se contrataron podían o no ser atendidas por el personal de planta, comparando las funciones correspondientes a la planta de personal en el manual de funciones, con las contratadas, concluyendo que solo en el evento contratado para lograr los servicios de auxiliar de sistemas, era viable la vinculación de Francisco Angulo.

3. Analizó la veracidad de la versión del disciplinado en el escrito de descargos, según la cual los contratistas sirvieron de apoyo en las distintas actividades deportivas a nivel competitivo organizadas por Coldeportes en la región,

concluyendo que las memorias aportadas en la etapa del juicio solo dan cuenta de Omar Benavides como auxiliar de deportes, Francisco Angulo como auxiliar de sistemas, Gerardo Zambrano en protocolo y Magdalena Campaña y, que los contratistas se habrían mantenido ocupados en esas actividades durante los meses de julio a noviembre de 1997 y abril a noviembre de 1998 pero contrario a lo afirmado, su relación contractual con Coldeportes terminó en febrero de 1998, lo que significa que no todos los ordenados cumplieron funciones de apoyo a las labores promovidas por la entidad.

4. Encontró desvirtuada la afirmación según la cual Gerardo Zambrano ocupó la vacante del conductor destituido, puesto que esta circunstancia ocurrió el 2 de abril de 1998 y el contratista fue vinculado desde el 27 de agosto de 1997 al 28 de febrero de 1998.

5. Igualmente desvirtuó la hipótesis según la cual Nelson Cortés haya reemplazado a Mario Reina en las funciones de pagaduría, toda vez que éste fue destituido a partir del 11 de agosto de 1997 y aquel fue vinculado entre el 11 de marzo de 1997 y el 28 de febrero de 1998, cinco meses antes y seis después del hecho.

6. No aceptó la excusa del disciplinado de separar a los funcionarios investigados disciplinariamente y en su reemplazo contratar, porque la acción disciplinaria de corresponde al Estado como uno de sus deberes legales.

7. Concordó el contenido de las disposiciones legales indicadas en el auto de cargos: artículos 32 de la ley 80/93, 2° del Decreto 2400/68 y 7° del Decreto

1950/73, con lo normado en la ley 181 de 1995 en donde se determinan las funciones permanentes de Coldeportes “15. Programar actividades de deporte formativo y comunitario y eventos deportivos en todos los niveles de la educación formal y no formal y en la educación superior, en asocio con las secretarías de las entidades territoriales”, concluyendo que siendo esta una función propia de la entidad, mal puede predicarse la contratación de estos servicios para desarrollarla, pues Coldeportes en esa finalidad es parte del Sistema Nacional del Deporte y como tal dispone de una estructura propia para satisfacer el encargo legal.

8. La mayoría de contratistas lo fueron para una actividad y terminaron desarrollando otra, contrariando la condición de intuirte personad de tal actividad contractual.

9. Infirió de los anteriores considerandos que las actividades de mensajería, manejo de fotocopiadora, celaduría, auxiliar en la oficina jurídica y quizá la atención de las personas de la tercera edad, destinatarias de los programas de gerontología no podían ser atendidas por personal de planta dado que no estaban detalladas en el manual de funciones como actividades permanentes de Coldeportes, pero que las demás ordenes de prestación de servicios resultan innecesarias en el logro del objetivo propuesto por la entidad.

EL RECURSO DE APELACION (folios 514 a 524):

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1. Los descargos debieron tenerse en cuenta y evaluarse en su totalidad y no fragmentadamente, pues las pruebas deberán ser apreciadas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, circunstancia que no se llevó a cabo porque el a-quo no evaluó que en ellos se dijo con claridad que la vinculación de

los contratistas obedeció a la necesidad del servicio y no solo para servir de apoyo a los diferentes programas institucionales en cumplimiento de la ley 181/95, sino también para que posteriormente continuaran con la ejecución y seguimiento de esos programas a fin de que no se vieran truncados los objetivos y finalidades que dicha norma establece en el sentido de propugnar por la masificación y divulgación del deporte, la recreación y el aprovechamiento de tiempo libre. Los contratistas se requerían para cumplir programas institucionales, adelantar varios eventos o certámenes de carácter deportivo ante la carencia de personal de planta para hacerlo y al mismo tiempo promover y conformar escuelas de formación deportiva, clubes deportivos tanto en Pasto como en otros municipios o para suplir cargos que habían quedado vacantes, bien porque se presentaron investigaciones disciplinarias contra Mario Reina y Aníbal López, que conllevaron a su destitución y de la señora que se desempeñaba como aseadora, cargos que si bien eran de planta, pertenecían a carrera administrativa y no podían ser copados bajo la modalidad de concurso.

2. Se hizo necesario contratar personal para que desempeñara funciones administrativas como de servicios generales, porque el personal de planta resultaba escaso para cumplir a cabalidad con los objetivos de la entidad, pues la planta de personal estaba conformada de la siguiente manera: “Un Director Ejecutivo -…- Ordenador del Gasto. “Un Jefe Administrativo y Financiero - ..-. “Un Jefe de División y Desarrollo [Deportivo – Gestión Deportiva “Un Asistente Administrativo – Jefe de Personal.

“Un Profesional Universitario – Abogado – Oficina Jurídica.

“Un Técnico Operativo con funciones de Tesorero – Pagador. “Un Coordinador de la División y Desarrollo Deportivo. “Un Almacenista. “Cuatro Técnicos Deportivos para ejecución de programas. “Un auxiliar administrativo – Asistente de Pagaduría. “Tres Secretarias, una para la Dirección Ejecutiva, otra para la División de Desarrollo “Deportivo y otra Financiera. “Un Conductor Mecánico. “Dos Operarios Calificados con funciones administrativas y deportivas. “Dos Auxiliares de Servicios Generales, mensajería y aseo y cafetería. “Un celador de un solo turno. “Un Médico de Medio Tiempo - … “Una Sicóloga de Medio Tiempo - …”

3. El a-quo violó el derecho de defensa del disciplinado la no solicitar a Coldeportes Nariño que remitiera copia de los certificados de los informes de actividades de los contratistas, lo que habría permitido concluir que la conducta y proceder del disciplinado estaba ajustada a la Constitución y la ley, pues solo tuvo en cuenta lo atinente con la realización de eventos o certámenes deportivos para hacer una confrontación de fechas en que se llevaron a cabo, con cada una de las ordenes de prestación de servicios, desconociendo que estos eventos son el resultado de 3 programas institucionales que tenían y tienen vigencia hacia el futuro por mandato de la Constitución Política, la ley 181/95 y demás normas, para bien de la comunidad, toda vez que el Sistema Nacional de Deportes tiene sus bases en la constitución de organismos deportivos que se concretan en la conformación, existencia y funcionamiento de escuelas de formación deportiva y de clubes

deportivos, y para que ellos no desaparecieran se tuvo que continuar con la vinculación por contrato, porque los que existían en la nómina no daban abasto.

4. Unicamente recepcionaron testimonios de cinco de los 18 que afirma haberse contratado, le que demuestra sesgo en la viabilidad de la prueba decretada, sin embargo corroboraron que cumplían las funciones contratadas además no se le llamó a ampliar los descargos sobre los hechos imputados.

5. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en providencia del 28 de febrero de 2001 revocó la resolución 040 del 9 de agosto de 2000, mediante la cual la Procuraduría Regional de Nariño sancionó por presunta celebración indebida de contratos de prestación de servicios dentro del proceso 0859740, lo que indica que se está investigando disciplinariamente dos veces por la misma conducta.

6. Gerardo Zambrano fue contratado como promotor de clubes y nunca se desempeñó como conductor. Duval López para cuando presentara su queja, ya había sido destituido en primera instancia por denuncia que le hiciera el disciplinado, lo que conduce a la existencia de animadversión, y que por razón de seguridad no lo podía utilizar como conductor, razón por la que pidió colaboración al Sr. Zambrano y a otros funcionarios que se encontraran disponibles, lo que desvirtúa que se haya desempeñado como conductor oficial en reemplazo de su titular que resultó investigado y posteriormente destituido del cargo.

7. No se llamó a declarar a Gerardo Zambrano, testimonio vital para desvirtuar lo dicho por los señores Muñoz López, Melo Carrillo y Magdalena Campaña, lo que

constituye falencias en la parte instructiva con violación del debido proceso y del derecho de defensa.

8. Nelson Cortés reemplazó en el cargo a Mario Reina quien fue suspendido provisionalmente y luego destituido del cargo. Aquél continuó laborando en la entidad mediante ordenes de prestación de servicios, porque si bien el cargo era de

carrera administrativa, este no podía suplirse por cuanto la entidad se hallaba en incorporación al Departamento de Nariño por mandato de la ley 181/95, por tanto no era viable hacer una convocatoria en esas circunstancias. No existen pruebas que conduzcan a la certeza de la responsabilidad disciplinaria, existiendo sí, varias incongruencias de tipo procedimental y legal, lo que genera dudas sobre la responsabilidad, imponiéndose resolver a favor del disciplinado, revocando la providencia del 10 de mayo de 2002 emanada de la Procuraduría Regional de Nariño.

CONSIDERACIONES:

1. El contrato de prestación de servicios es una modalidad de acuerdo negocial típico y reconocido desde tiempos inmemoriales. El advenimiento de la sociedad industrial, de la sociedad urbana, la venta masificada de fuerza de trabajo llevó a 4 que se desprendieran del tronco del contrato de arriendo las figuras del contrato de trabajo, del contrato de obra, del contrato de consultoría y del contrato de prestación de servicios.

El contrato de prestación de servicios se identifica por la prestación de una labor a cambio de una remuneración, distinguiéndose de su hermano inmediato, el contrato de trabajo, por la autonomía en el desempeño de la labor. Autonomía significa que la persona encargada de cumplir la actividad fija la

modalidad, el momento y lugar donde ha de cumplirla, y no tiene que someterse a prescripciones sobre cantidad de tareas, horarios, lugares de trabajo, designación de personal auxiliar. Decir autonomía no significa decir especialización, en la medida en que se superó la discusión sobre si la persona que contrataba por prestación de servicios, como profesional de arte liberal, podía ser igualmente enganchado como trabajador. Hoy en día un especialista, tal un médico dedicado a los cuidados intensivos o a la neurocirugía o un cartógrafo que se dedique a manejar sistemas de información satelital, cuya manera de obrar, depende de su decisión, en la medida en que es de su incumbencia decir como y cuando hace su trabajo, que droga se le da al paciente, en que cantidad, cuando, y que manejo se le da, o decide que programa utiliza, con que satélite se engancha, que mapas baja a su programador, de que manera los interpreta; actividades estas en las que el patrono no tiene la idoneidad suficiente para interferir, puede sin embargo ser vinculado por contrato, pues es un trabajo excesivamente especializado pero no autónomo, ya que el profesional citado debe acudir a un lugar en un horario y someterse a unos resultados que se controlan con normas de calidad o con normas de ética. Cuando hay autonomía hay contrato de prestación de servicios y cuando no, hay contrato de trabajo, o en el caso del Estado éste o relación de empleo público.

2. Precisada la concepción del contrato de prestación de servicios, en frente del Estado debemos observar una segunda variable que nos va a permitir determinar la problemática concreto que nos preocupa. La nómina de servidores del Estado es

rígida, porque hay una prescripción legal que determina que por fuera de ella no se puede nombrar ni contratar. Los cargos que pueden ser objeto de provisión en las entidades del estado son aquellos que se encuentran creados en sus plantas de personal, fuera de ellas, está prohibido realizar vinculaciones de servidores públicos. La contratación por prestación de servicios y la vinculación de supernumerarios constituyen las modalidades de auxiliares de la administración, figuras que pueden ser utilizadas para cubrir servicios en forma ocasional o temporal a la administración pública.

3. Hay una tercera variable que no es de carácter jurídico, pero que es indispensable plantearla, porque permite explicar que no justificar el fraude que mas delante se grafica. Colombia es un país pobre, con un exagerado desempleo y con una ausencia de una ética de lo público que se ve por elementos que acceden a cargos de dirección como objeto de saqueo e instrumento de perpetuación de sus privilegios.

5 En ese orden de ideas, tales ciudadanos han encontrado en el contrato de prestación de servicios un mecanismo idóneo para cometer fraudes a la ley, que les permiten acceder al presupuesto y mantenerse en el manejo del mismo. Hoy se identifican tres formas de fraude, utilizando el contrato de prestación de servicios:

4. El primero de ellos, es la burla simple de la rigidez de la nómina oficial. Se nombra un empleado público o se contrata un trabajador oficial bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Es el caso del maestro de escuela que se vincula por fuera de la nómina año tras año con un contrato de esta naturaleza; o el del obrero, o celador, con el que se hace lo propio.

Esta modalidad sirve para burlarle al trabajador sus prestaciones y privilegios. En orden a lo primero no se le reconocerán cesantías, vacaciones, primas de servicios, de antigüedad, de capacitación, no se le pagará aportes al POS, a la ARP, al fondo de pensiones. En orden a lo segundo, se le niega a este trabajador su derecho a acceder a la carrera administrativa, a pertenecer a un sindicato, a su promoción laboral, y en general se le limita su estabilidad en el trabajo. Esta modalidad de por si ilegal permite que el trabajador se mantenga cautivo de su cacique político y no solo siga votando indefinidamente por él, sino que lo promueva a cambio de mantenerse en la pobreza y en la inestabilidad laboral, llegando a una vejez sin seguridad social. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del los Tribunales se han venido apoyando en el artículo 53 de la C.P. para darle a este tipo de vinculación su condición real y para contrastar que en estos casos donde no hay autonomía y si subordinación hay una verdadera relación de trabajo vía empleo o vía contrato. Para lograrlo, han averiguado si existe autonomía en el trabajo o no, identificando si el trabajador debe desarrollar personalmente la labor, si hay horario, si hay un lugar de trabajo, si hay órdenes y si hay identidad entre el trabajo realizado y el de otros que si están vinculados. El Código Disciplinario recientemente aprobado sanciona ejemplarmente estas conductas. Si la nomina de la entidad no satisface las necesidades a proveer, la solución es ampliar la planta y no burlar las prestaciones de los trabajadores

5. La segunda modalidad de fraude es la de contratar realmente prestaciones de servicios para satisfacer labores que no se necesitan y que se pagan generosamente. Estos contratos de prestación de servicios generalmente se celebran bajo la modalidad de contratos de consultoría, preferentemente en áreas de ciencias humanas donde hay mayor posibilidad a especular.

Se justifican estas relaciones alegando necesidades del servicio y conocimientos especiales de los favorecidos. En cuanto a lo primero, se dice que se requiere con carácter urgente tal o cual conocimiento dentro del ámbito competencial de la 6 entidad pública correspondiente, verbigracia estudiar en que municipios del Departamento del Chocó no hay alcantarillado y que núcleo poblacional tiene, o cuantos árboles deben plantarse en una determinada vereda del municipio, o un concepto o asesoría en materia jurídica. Se alega para celebrar esta clase de contratos, que los favorecidos tienen especiales conocimientos en el área de las ciencias jurídicas, sociales o de la salud. Aquí el tema de la especialidad vuelve a adquirir importancia pues no existiendo en el país una reglamentación sobre las mismas y atendido el diverso grado de desarrollo de todas las regiones se termina contratando a cualquier profesional a quien se atribuyen conocimientos especializados por ejemplo se dice que en una ciudad intermedia de Departamento es especialista una persona que tiene un curso de postgrado en derecho administrativo con una intensidad no mayor de 150 horas, cuando el desarrollo del país permite entender que ya no se considera especialista una persona que se dedique a esa área o que es especialista un médico que ha estudiado gerencia hospitalaria. Una característica de este tipo de contratos es que se pagan generosamente. Los

honorarios por estos servicios superan en miles las tarifas de los colegios profesionales y dejan grandes ganancias a quienes los celebran como contratistas y los colocan en unas condiciones de privilegio frente a los demás profesionales colegas. En un país donde el sueldo promedio de los abogados que han hecho un curso de postgrado puede ser de $1.500.000.oo, una persona de estas, puede fácilmente tener en trabajo horas hombre menor a un mes mil veces mas, con la facilidad que le da recibirlos acumuladamente, en un valor equivalente al de toda su vida. Esta modalidad de contratación de prestación de servicios, mal llamada consultoría, permite trasladar los dineros del Estado a la campañas políticas, pues esos recursos regresan al bolsillo de quien como contratote ocupaba el cargo que le permitió celebrarlo, manteniendo así su microempresa electoral. Esta modalidad de contratación ha sido advertida por la Procuraduría, está dando lugar a investigaciones y a sanciones disciplinarias y se castiga drásticamente en el nuevo Código Disciplinario.

6. La tercera y última modalidad de fraude consiste en la contratación bajo la modalidad de prestación de servicios de un grupo de personas que desarrollan actividades idénticas a las de los incluidos en nómina, o que no desarrollan ninguna actividad y simplemente se dedican a cobrar deambulando por las oficinas estorbando el trabajo de los demás, utilizando el espacio físico de los edificios fiscales y empleando los bienes destinados al servicio público, tales como computadores, teléfonos, papelería, etc.

Esta modalidad de contrato de prestación de servicios, muy semejante a la primera advertida, tiene como propósito inmediato enganchar a los trabajadores de la

microempresa electoral del favorecido con el voto popular, personas generalmente sin ningún conocimiento, en ocasiones con títulos universitarios de universidades sin reconocimiento social y que han optado por este modo de vida. 7 Aparte que es fácil advertir que estas personas son verdaderos trabajadores por fuera de nómina, la razón para distinguirlos de los primeros consiste en el nulo valor agregado que hacen a la actividad del Estado y a la previsibilidad de sus funciones. Generalmente estos sujetos no hacen un trabajo útil a la comunidad, son verdaderas alimañas sociales, que generan disfunción en el interior de la burocracia, improductividad, deshonestidad, incumplimiento de tareas, vicios, son verdaderos profesionales de la politiquería. Esa inutilidad en términos sociales de su actividad, permite establecer que su designación no tiene como función cubrir una necesidad imprevista, satisfacer una urgencia dentro de la vida de la entidad que los contrata. Si se tratase de personas que en un momento dado se requieren para prestar un servicio no previsto en la planta, ellos no tendrían semejanza en su labor aparentemente contratada con los de la planta, porque precisamente vienen a cubrir algo no previsto. Generalmente estos ciudadanos se contratan para periodos muy cortos, porque de esa manera se garantiza su vocación de lealtad electoral.

7. En el asunto materia de análisis, se acreditó que las funciones a desarrollar por parte de la mayoría de los contratistas de prestación de servicios no cumplieron con la transitoriedad requerida así como tampoco gozaron de independencia en la prestación de los servicios contratados.

Los servicios contratados en su mayoría, pertenecían a servicios adscritos a los niveles y grados previstos en el manual de funciones de la entidad, cuyas funciones

ya eran desarrolladas por funcionarios de la entidad, con lo que se desnaturaliza la figura del contrato de prestación de servicios. La conducta consistente en la implementación de una nómina paralela se presenta en aquellos casos en que se contrata personal externo al existente en la planta de personal de una entidad pública, para que cumpla funciones adscritas a los empleados de planta, esto es, se contrata para cumplir una función de la cual ya es titular un empleado público. La ley 80 de 1993 ha determinado que los contratos de prestación de servicios pueden suscribirse para realizar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad cuando ellas no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Manifiesta el disciplinado que las aludidas ordenes de prestación de servicios eran necesarias para cubrir funciones administrativas de la entidad, concretamente los programas implementados por Coldeportes, que no podían cubrirse con los funcionarios adscritos a la planta de personal, aduciendo que no solo se cumplían con su participación en el desarrollo mismo del programa, sino que también lo eran para su continuidad; sin embargo, tal afirmación no es de recibo, toda vez no era a través de la suscripción de contrato de prestación de servicios como se suplían tales necesidades, pues éstos se viabilizan cuando la necesidad es transitoria, y según el disciplinado, los requerimientos de personal fueron permanentes, circunstancia que conlleva a que tales contratos, sean de trabajo y no de prestación de servicios, ya 8 que contienen todos los requisitos que para este tipo de acuerdos establece la ley laboral.

8. Solicita su absolución con el argumento de que el a-quo no solicitó certificados o

informes de cumplimiento de los contratistas, donde además se acredita la continuidad del servicio, circunstancia que reafirma lo considerado en el numeral anterior, corroborando la falta de transitoriedad que caracteriza al contrato de prestación de servicios, y que lo convierte en un contrato de trabajo.

9. La prueba testimonial recaudada dentro del proceso disciplinario, resultó ser suficiente para que el fallador de instancia llegara a la certeza de los hechos materia de la queja, pues los deponentes, a excepción de Julián Ortega, fueron coincidentes en afirmar que habían trabajado bajo subordinación, cumpliendo ordenes de sus superiores, horario de trabajo y permanencia de por lo menos dos años en el ejercicio de sus labores, razón por la que no se hace indispensable llamar a todos los contratistas de prestación de servicios a deponer sobre los hechos, además porque no fueron pedidos por el disciplinado en su oportunidad, según consta en su escrito de descargos y en el auto que decreta pruebas, pues los testimonios fueron decretados y practicados de oficio.

La figura de la ampliación de descargos referida en el memorial de apelación por el disciplinado, no se encuentra prevista legalmente, razón por la que mal puede actuarse administrativamente en tal sentido, como quiera que el funcionario público en sus actuaciones se encuentra sometido al principio de legalidad.

10. En la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, se absolvió al disciplinado del cargo relacionado con el contrato de prestación de servicios No. 001 de 1997 suscrito con Rodrigo Obando Erazo dentro del expediente No. 0859740, orden de trabajo que no fue cuestionada en el asunto objeto de esta decisión,

razón por la que no se puede hablar de la existencia de una investigación sobre los mismos hechos, por tanto se descarta el argumento defensivo del disciplinado.

11. No es razón legal del disciplinado argumentar que utilizó los servicios de un contratista de prestación de servicios contratado como promotor de clubes, para prestar servicios como conductor por poseer problemas personales con el titular del cargo, pues constituye una desviación del poder actuar de esa manera, en la medida en que ello no le es permitido legalmente.

Este Despacho comparte los juiciosos y detallados argumentos esgrimidos por el aquo, pues en forma precisa y minuciosa elabora un análisis de todas y cada una de las irregularidades presentadas en la celebración de los aludidos contratos de prestación de servicios, para concluir que evidentemente se trata de una nómina paralela, circunstancia prohibida según las previsiones legales descritas en el auto de cargos y en el fallo de primera instancia. En mérito de lo expuesto, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, RESUELVE: Primero.- Confirmar la providencia del 10 de mayo de 2002 proferida por la Procuraduría Regional de Nariño dentro del expediente No. 085-10109, mediante la 9 cual se sancionó a ROSENDO ANTONIO RUIZ SALCEDO, en su condición de Director Ejecutivo de Coldeportes – Regional Nariño, con multa equivalente a sesenta días de salario mensual devengado, por la suma de ($1.758.954.oo). Segundo.- Devuélvase el expediente al Despacho de origen para lo de su competencia, previas las desanotaciones a que haya lugar

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

BENJAMIN HERRERA BARBOSA

Procurador Primero Delegado Exp. 085-10109

Proy: Adriana Bravo

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