PGN - NORMAS COMPLEMENTARIAS - Obligación de cumplir acuerdos o circulares y conceptos exp

Dependencia: DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE

LA NACIÓN

Radicación No: 001-95883-03

Investigado: HERMINSUL SINISTERRA, RICARDO ZAPATA,

MARIA CRISTINA ERASSO, VICTOR JULIO

SEGURA y FERNANDO BELEÑO POLTTY.

Cargo y Entidad: MIEMBROS DE LA JUNTA SECCIONAL DEL

ESCALAFON DEL DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE EDUCACION, CULTURA Y

DEPORTE DEL AMAZONAS.

Informante: Contraloría General de la República.

Fecha Hechos: Junio, septiembre y diciembre de 2001.

Asunto: Fallo de Primera Instancia.

Bogotá, D.C, 14 de Agosto de 2006 ANTECEDENTES FACTICOS Y PROCESALES Previo entrar al estudio de la presente actuación, es pertinente aclarar que este despacho goza de la competencia para adelantar la investigación disciplinaria seguida en contra de los servidores HERMÍNSUL SINISTERRA SANTANA, ELISEO ROSENDO MARTINEZ CRUZ, VICTOR JULIO SEGURA RODRIGUEZ, RICARDO ZAPATA GIRALDO, FERNANDO BELEÑO POLTTY y MARIA CRISTINA ERASSO VILLOTA, pese a que los mismos al momento de cometer la falta investigada, eran miembros de la Junta Seccional del Escalafón del Departamento del Amazonas, pues el servidor HERMÍNSUL SINISTERRA, fue electo para el período constitucional 2002-2006, Representante a la Cámara por la Circunscripción Electoral del Amazonas. En ese orden de ideas, y con fundamento en las previsiones del artículo 7 numeral

21 del Decreto 262 de 2000, que ordena conocer en única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los congresistas, por faltas cometidas con anterioridad a la adquisición de dicha calidad o durante su ejercicio, el despacho asumió el conocimiento de las diligencias adelantadas por el Procurador Regional del Amazonas y dispuso continuar con el trámite procesal legal. Con ocasión del informe de auditoria presentado por la Contraloría General de la República, se adelantó inicialmente indagación preliminar en contra de los 1 servidores integrantes de la Junta Seccional de Escalafón Docente del Departamento Administrativo de Educación, Cultura y Deporte del Amazonas, por presuntas irregularidades en el reconocimiento de beneficios académicos a docentes que no cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por la ley. (Fol. 33 C.O. 1). Con el material probatorio recaudado se logró identificar a los servidores

HERMÍNSUL SINISTERRA, HERNANDO ZAMBRANO PANTOJA, ELISEO

ROSENDO MARTINEZ CRUZ, VICTOR JULIO SEGURA RODRIGUEZ, RICARDO ZAPATA GIRALDO, FERNANDO BELEÑO POLTY, MARIA CRISTINA ERASSO VILLOTA Y ESTELLA TIRADO ALVIS, como los presuntos infractores de la ley disciplinaria, motivo por el cual, como se advirtió, este despacho al tener demostrada la calidad de Representante a la Cámara del servidor HERMÍNSUL SINISTERRA (Fol. 109 C.O. 1), asumió el conocimiento de las diligencias y ordenó la apertura de la investigación disciplinaria, en contra de los mismos.

Establecida la existencia objetiva de la falta disciplinaria investigada y comprometida la responsabilidad de los vinculados al proceso, se procedió a evaluar el mérito de la investigación disciplinaria, profiriéndose pliego de cargos en contra de los investigados ELISEO ROSENDO MARTINEZ CRUZ, en su condición de Director del Departamento Administrativo de la Educación, Cultura y Deporte del Amazonas y Presidente Delegado de la Junta Seccional de Escalafón, FERNANDO BELEÑO POLTTY, Representante de los Supervisores ante la Junta Seccional del Escalafón, MARIA CRISTINA ERASSO VILLOTA, Representante del Magisterio del Amazonas, HERMINSUL SINISTERRA, Representante del Magisterio ante la Junta Seccional del Escalafón (Representante a la Cámara, para el momento de la evaluación de la investigación disciplinaria), VICTOR JULIO SEGURA RODRIGUEZ, Director del Departamento Administrativo de Educación, Cultura y Deporte del Amazonas y Presidente Delegado ante la Junta Seccional de Escalafón y RICARDO ZAPATA GIRALDO, Representante del Ministerio de Educación ante la Junta Seccional de Escalafón del Amazonas y ordenándose el archivo de la investigación en favor de los doctores Hernando Zambrano Pantoja, Gobernador del Amazonas y Estella Tirado Alviz, Secretaria Ejecutiva de la Junta Seccional de Escalafón del Departamento del Amazonas. (Fol. 209-222 C.O. 2). 2 En su oportunidad los procesados rindieron sus descargos y presentaron los argumentos defensivos que en acápite especial se revisaran en esta providencia.

(Fols 230, 242, 271 304 C.O. 2). Mediante auto del 16 de noviembre de 2005, se ordenó la práctica de las pruebas solicitadas por los procesados y se decretaron las que de oficio estimó el Despacho procedente practicar. (Fol. 321 C.O. 2) Agotada la etapa probatoria, se corrió traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, según se observa a folio 374 C.O. 2.

2. CARGOS.

Con decisión del 1 de agosto de 2005, visible de folios 209 a 222, se profirió pliego de cargos a los servidores ELISEO ROSENDO MARTINEZ CRUZ, en su condición de Director del Departamento Administrativo de la Educación , Cultura y Deporte del Amazonas y Presidente Delegado de la Junta Seccional de Escalafón, FERNANDO BELEÑO POLTTY, Representante de los Supervisores ante la Junta Seccional del Escalafón, MARIA CRISTINA ERASSO VILLOTA, Representante del Magisterio del Amazonas, HERMINSUL SINISTERRA SANTANA, Representante del Magisterio ante la Junta Seccional del Escalafón y en ese momento Representante a la Cámara, VICTOR JULIO SEGURA RODRIGUEZ, Director del Departamento Administrativo de Educación, Cultura y Deporte del Amazonas y Presidente Delegado ante la Junta Seccional de Escalafón y RICARDO ZAPATA GIRALDO, Representante del Ministerio de Educación ante la Junta Seccional del Escalafón del Amazonas, esta pieza acusatoria se concretó de la siguiente manera: “ Los señores Eliseo Martínez Cruz, Fernando Beleño Poltty, María

Cristina Erasso Villota, Hermínsul Sinisterra Santana (hoy Representante a la Cámara), Víctor Julio Segura Rodriguez y Ricardo Zapata Giraldo, en su condición de Miembros de la Junta Seccional de Escalafón del Departamento del Amazonas, revisaron las hojas de vida de 241 docentes y conceptuaron favorablemente para que se les reconociera y pagara el beneficio de mejoramiento 3 académico y retroactividad sobre el mismo, en contravía de las disposiciones del artículo 39 del Decreto 2277 de 1979, el Acuerdo 005 de 2000, proferido por el “ICFES”, la Circular de 30 de mayo de 1999 del Ministerio de Educación Nacional, y el concepto del 4 de noviembre de 1999 del “ICFES”. En efecto, la Gerencia Departamental Amazonas de la Contraloría General de la República estableció, que la Junta Seccional de Escalafón del Amazonas, vigencia 2001, reconoció mejoramiento académico y retroactividad sobre el mismo, en las siguientes condiciones: 1.- A docentes con el mismo título de licenciados que había empleado anteriormente para ascender en el escalafón. 2.- Tres años de retroactividad, por Mejoramiento Académico, a especialistas que con el mismo título habían ascendido a grado 14.

3. Tres años (3) de retroactividad, con el mismo título de profesional universitario con el que bachilleres pedagógicos ya habían sido ascendidos. 4.- A docentes, con título de licenciado o especialista, tres (3) años de retroactividad, por Mejoramiento Académico (Folios 119 a 122)

Lo anterior, en las siguientes oportunidades:

1.- En el acta 007 de 22 de junio de 2001, donde los señores Víctor Julio Segura Rodríguez, Ricardo Zapata Giraldo, Fernando T. Beleño Poltty, María Cristina Erasso Villota y Hermínsul Sinisterra Santana (actual Representante a la Cámara), en su condición de integrantes de la Junta Seccional de Escalafón del Amazonas reconocieron mejoramiento académico y retroactividad sobre el mismo, al grupo de docentes allí discriminados (Fols 140 a 142 del Anexo 1) 4 2.- En el Acta No. 009 de 7 de septiembre de 2001, donde los señores Eliseo Rosendo Martínez Cruz, Fernando T. Beleño Poltty, María Cristina Erasso Villota y Hermínsul Sinisterra Santana, como miembros de la Junta Seccional de Escalafón del Amazonas, estudiaron el segundo grupo de mejoramiento académico de 3 años de servicio por mejoramiento académico, la retroactividad sobre el mismo, y el ascenso al siguiente grado de 114 docentes (Folios 127 a 139 del Anexo 1). 3.- Por último en el Acta No. 001 de 7 de diciembre de 2001, donde los señores Eliseo Rosendo Martínez Cruz, Fernando T. Beleño Poltty, María Cristina Erasso Villota y Hermínsul Sinisterra Santana, como miembros de la Junta Seccional de Escalafón del Amazonas, dejaron constancia de haber revisado los expedientes para mejoramiento académico de docentes en el Departamento de Amazonas e informaron a la Contraloría General de la República que las solicitudes analizadas llenaban los requisitos para acceder

al estímulo, cuyo reconocimiento se cuestiona en esta ocasión, por haberse advertido todo lo contrario (Folios 79 a 85 del anexo 1) “ Debe dejarse en claro que los señores Víctor Julio Segura Rodríguez y Ricardo Zapata Giraldo, sólo deben rendir exculpaciones por el reconocimiento realizado en el acta 007 de 22 de junio de 2001, pues únicamente participaron en esta sesión. En consecuencia, mediante resoluciones expedidas en julio, septiembre y diciembre de 2001, se reconoció el mejoramiento académico a 241 docentes que no tenían derecho a éste, como lo advierte el informe de la Contraloría que dio origen a estas diligencias, y la doctora Belarmina Llamas Cano, funcionaria de la Oficina Asesora del Ministerio de Educación Nacional, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar discriminadas en el cuadro resumen que obra a folios 10 a 41 del Anexo 1, que 5 formará parte integrante de este pliego de cargos” (Lo resaltado es personal) En el auto de cargos se concluyó que, “… a pesar de la claridad del artículo 39 del Decreto 2277 de 1979, y de los distintos conceptos del Ministerio de Educación Nacional y del ICFES sobre cómo y a quienes podía reconocerse el ascenso por el mejoramiento académico, los servidores públicos cuestionados se apartaron de una y otros para, contrariándolos abiertamente, reconocer este beneficio en 241 oportunidades y en algunos casos en forma retroactiva no prevista en ninguna disposición legal, en los casos y oportunidades señaladas en el cuadro resumen presentado por la

Contraloría General que obra a folios 10 a 41 del Cuaderno anexo No. 1, lo que conllevó al pago de los mismos por parte del Departamento del Amazonas, sin justificación alguna, con el consecuente detrimento patrimonial y sin que hubiera habido soporte legal para ello” (Fol. 218 C.O.2) La falta se calificó de manera provisional como gravísima y la imputación subjetiva se hizo a título de dolo. 3.- PRUEBAS QUE SOPORTAN EL CARGO Prueba Documental  Informe rendido por la Contraloría General de la República y el cuadro resumen donde se señalan los 241 reconocimientos y la modalidad de irregularidad que se encontró para cada uno de ellos, respecto del cual este Despacho infiere juicios de credibilidad, pues no se puede pasar por alto que esta diligencia fue realizada con el auxilio de la doctora BERLAMINA LLAMAS CANO, Representante del Ministerio de Educación, quien ilustró al personal integrante de la Contraloría sobre el desarrollo normativo que el estímulo de mejoramiento académico ha tenido y el desarrollo jurisprudencia que las mismas han tenido. 6 Aunado a lo anterior, la doctora LLAMAS CANO participó en la revisión de los casos seleccionados indicándoles cuáles eran las falencias presentadas en cada uno de los eventos en que se otorgó el reconocimiento, diligencia que a la postre arrojó como resultado la relación que obra de folio 6 a 41 del cuaderno anexo número 1. El Despacho sobre esta documentación, advierte que la misma otorga toda la credibilidad del caso, pues fue realizada por expertos conocedores de la materia, lo que otorga certeza sobre la determinación de los hallazgos

denunciados.  Actas Nos.007 de Junio 22 de 2001; 009 del 7 de Septiembre de 2001 y 001 del 7 de Diciembre de 2001, donde la Junta Seccional de Escalafón procedió a reconocer el beneficio tantas veces mencionado en la forma como se les cuestiona, aún cuando la doctora Estella Tirado Alviz, Secretaria Ejecutiva de la misma, dejó constancia en el sentido de que no se estaban surtiendo los reconocimientos conforme a la Ley (Folios 79 a 85, 127 a 139 y 140 a 142 del Anexo 1).  Muestreo selectivo que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación hizo a cincuenta (50) hojas de vida de los docentes a quienes se les reconoció mejoramiento académico durante la vigencia 2001, que determinó que en efecto este se concedió: a) sin tenerse en cuenta que los docentes beneficiados habían ascendido anteriormente con el título que presentaban para mejoramiento, b) A licenciados sin especialización, y c) A docentes con el tope de ascenso en forma retroactiva, sin que exista disposición alguna que así lo contemple, ni autorice. (Folios Anexo 1).  Copia de las nóminas de ascenso por mejoramiento académico. 7  Resoluciones No. 132, 603 y 921 de 2001 por las cuales se concede mejoramiento académico, se asciende a docentes y se reconoce el pago de dichas obligaciones.(Fol. 42, 50, 56 Anexo 1).

 Acta de Visita Especial practicada al Ministerio de Educación, Oficina de Asesoría Jurídica. (Folios 139 a 142)  Acta de Visita Especial adelantada en las oficinas del Departamento Administrativo de Educación, Cultura y Deporte del Amazonas. (Folios 170 a 173) Prueba Testimonial  Declaración juramentada de Estella Tirado Alvis, de profesión Abogada, quien se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Junta de Escalafón Seccional Amazonas, en el período comprendido entre Noviembre de 2000 y Diciembre de 2001 y tenía entre sus funciones, la de citar a la Junta de Escalafón para los ascensos de los docentes del Departamento, con voz, pero sin voto. Manifestó que el reconocimiento de mejoramiento se hacía mediante resoluciones que firmaba el Secretario de Educación y la Secretaria Ejecutiva de la Junta, y las resoluciones de pago, eran de competencia del Gobernador, quien le delegaba al Secretario. Quienes se encargaron de revisar los requisitos de los docentes para decidir los mejoramientos que se efectuaron en 2001, fueron los miembros de la Junta. La administración consideró legales los pagos efectuados con mejoramiento académico, sin embargo, ella no le dio el visto bueno a las resoluciones para el pago, agregó que la Junta solicitó concepto al MEN y le contestaron que la Junta podía hacer los reconocimientos económicos y que tenían autonomía para tomar sus decisiones. (Folios 47 a 49)  Declaración juramentada de la doctora Belarmina Llamas Cano del

Ministerio de Educación Nacional, que corroboró que el reconocimiento del mejoramiento académico a docentes del Amazonas en el 2001 no se hizo conforme a la Ley, porque la Junta Seccional de Escalafón decidió arbitrariamente desconocer normas y directrices de las autoridades 8 competentes. Aunado a lo anterior y conforme se desprende del acta de inspección conjunta entre la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación Nacional dicha servidora se encargó en dicha oportunidad de ilustrar a los integrantes de la Comisión sobre el desarrollo histórico de la normatividad que regulaba el reconocimiento de mejoramiento académico y auxilio a los funcionarios de la Contraloría, en el estudio de los casos detectados por la Gerencia Departamental del Amazonas y precisó los alcances de la Sentencia del 25 de febrero de 1999, por medio de la cual la Sala de lo Contencioso AdministrativoSección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad del Acuerdo 072 de 1989 expedido por la Junta Directiva del ICFES. (Folios 139 a 142, 174 a 178 del C.O y 1-4 Anexo 1.)

4. DESCARGOS.

Los disciplinados Sinisterra Santana, Zapata Giraldo, Beleño Poltty, Erasso Villota, Segura Rodríguez y Martínez Cruz, dentro de la oportunidad procesal, presentaron sus descargos de la manera como a continuación se describe: HERMINSUL SINISTERRA SANTANA Aduce el defensor del procesado que el señalamiento del numeral 1 del artículo 40 de la ley 200 de1995, es genérico, abstracto y que contiene un deber muy amplio,

situación que no garantiza de manera alguna el derecho a la defensa, pues no resulta fácil ejercer dicho derecho. Explica que de igual manera sucede con la citación del artículo 39 del Decreto 2277 de 1979, pues en dicho precepto se encierran varias hipótesis que serían definidas a través de la sentencia de nulidad producida por el Consejo de Estado en febrero de 1999, alcances que a la postre fueron precisados con conceptos y circulares citadas como disposiciones presuntamente trasgredidas. Estima la defensa que, el Acuerdo 005 de 2000 expedido por el ICFES, la Circular 30 del Ministerio de Educación Nacional y el concepto del ICFES del 4 de 9 noviembre de 1999, no podían ser citados como normas violadas en el pliego de cargos, por no tener el valor jurídico que le otorgó el Despacho, pues estos antecedentes administrativos nacieron de un contexto según su criterio irregular: “fijar el alcance de una decisión judicial.” Advierte además el abogado defensor que el fallo del Consejo de Estado, no le creó al Ministerio de Educación la competencia para fijar los alcances de su decisión, como en efecto lo hizo con el 014 del 13 de diciembre de 1999, sino que reconoce el estímulo como lo han hecho diferentes Juntas de Escalafón en el país desde 1997 y se apartó del Acuerdo 72 demandado. Concluye este punto, advirtiendo que la supuesta limitante de utilizar un mismo título docente para ascender en el escalafón normal y para el ascenso, no encuentra respaldo ni legislativo, ni jurisprudencial. El litigante trae como tema de exoneración de responsabilidad, el hecho de que en

materia de responsabilidad fiscal, dentro del expediente 490, la Gerencia Departamental de Nariño haya cesado el procedimiento fiscal adelantado con el fin de establecer si se presenta detrimento patrimonial al erario como consecuencia del reconocimiento de mejoramientos académicos en los términos de la Ley 610 de 2000. Respecto de la imputación subjetiva que se le hizo a su defendido, estima el litigante que de manera alguna se puede predicar la modalidad de dolo, ya que si varias juntas de escalafón en su momento procedieron de la forma en que lo hizo la Junta de Escalafón del Amazonas y su proceder ha sido decidido de manera favorable a los presuntos implicados por la Contraloría General de la República, mal podría hablarse de que su defendido ha actuado de manera conciente encaminada a quebrantar el deber que le ha sido impuesto, cuando han sido las mismas autoridades las que han creado una indefinición jurídica, al fijar a través de actos administrativos alcances a una decisión judicial, creando con ello incertidumbre sobre el estímulo cuyo reconocimiento legal y jurisprudencial ha sido claro. 10 RICARDO ZAPATA GIRALDO Explica que durante el año 2000, en las últimas reuniones celebradas en noviembre y diciembre, manifestó que su voto estaba encaminado a no conceder el estímulo de reconocimiento académico, los solicitantes no reunían los requisitos establecidos en el Acuerdo 005 de 2000 y que esa fue su posición durante todas las sesiones hasta cuando fue retirado del cargo. Aclara que la doctora María Cristina Erasso Villota, en la redacción del acta del 22

de junio de 2001, no fue clara y precisa en las manifestaciones que el efectuó y que como fue declarado insubsistente del cargo de Representante el 17 de julio de 2001 y a la fecha en que se realizó la siguiente reunión el 24 de julio, no participó en la misma para aprobar el contenido del acta 007 del 22 de junio de 2001, situación que mal lo puede hacer responsable de las afirmaciones que los demás plasmaron en dicho documento.

FERNANDO BELEÑO POLTTY, MARIA CRISTINA ERASSO VILLOTA Y

VICTOR JULIO SEGURA RODRIGUEZ.

La apoderada de los disciplinados, luego de hacer una reseña histórica y jurisprudencial sobre el artículo 39 del Decreto 2277 de 1979, encamina su defensa a desvirtuar el cargo formulado a sus defendidos, aclarando que los mismos solo procedieron a dar aplicación a la preceptiva citada y que en ese orden de ideas, no se requería de requisitos adicionales para que los docentes fueran favorecidos con el reconocimiento académico. Advierte, además, la defensora que, el Ministerio de Educación Nacional con la expedición del Acuerdo 005 de 2000 por parte del ICFES conceptuó sobre el alcance del mismo, y en ese orden de ideas según las previsiones del artículo 230 de la Constitución Política desarrollado por el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, establece que “Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.” 11 En ese orden de ideas, si la administración podía emitir conceptos bajo los

criterios de la interpretación doctrinaria, también lo es que estos no constituyen ley, ni formal ni material, y tampoco son de obligatorio cumplimiento. Afirma la litigante que, no es viable ni procedente someter a los miembros de la Junta de Escalafón a la justicia disciplinaria, pues la única opción que existe para determinar la legalidad de los reconocimientos de mejoramiento académico compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por ser ésta la única acción legal para determinar si con el proceder de los procesados se presentó un hecho lesivo para el patrimonio estatal. ELISEO ROSENDO MARTINEZ CRUZ El disciplinado, actuando en nombre propio, solicitó la exclusión de responsabilidad, terminación del proceso y archivo de las diligencias en su favor, con fundamento en la siguiente argumentación: 1.- La valoración desarrollada en el auto de cargos no incluyó un análisis completo del grado de culpabilidad, lo que permite entender que el juicio de reproche en el que se soporta el proceso carece de validez. Lo anterior, toda vez que no se demostró que él hubiese dirigido su voluntad de manera inequívoca a la producción de un resultado antijurídico, que lesionara o pusiera en peligro el bien jurídico tutelado, por acción, omisión o extralimitación de funciones y que no puede imputársele la comisión de una falta disciplinaria por cuanto no incumplió deberes de ninguna clase y porque actuó con la convicción de que con su conducta no estaba violando ningún precepto constitucional o legal. Fundamenta la exención de culpabilidad en el hecho de haber consultado a “un ilustre abogado y muy conocido en el país como es el doctor Juan Javier Gómez

Gallego”, ante la duda de conceder el reconocimiento de tres (3) años de retroactividad por mejoramiento académico. 12 Advierte que el principio de buena fe como el deber de proceder con lealtad en las relaciones jurídicas, se presume, pero no se le puede imputar haber quebrantado tal deber, pues en el proceso disciplinario no se le ha probado tal situación. Sin mayores explicaciones advierte el disciplinado que la conducta investigada desde el “punto de vista de la falta disciplinaria y de la presunta ilicitud sustancial son atípicas”, ya que no existen subjetivamente los supuestos exigidos por la ley disciplinaria para este tipo de actuaciones y nunca se desplegó conducta típica que lesione el ordenamiento jurídico, siendo en ese orden de ideas una conducta “intrascendente e incolora”, pues estima que no era necesario solicitar a la Junta Seccional de Escalafón para el pago de docentes por mejoramiento académico, pues ellos solo debían acreditar ante el pagador, para cobrar los derechos que obtuvieron como consecuencia del mejoramiento académico, si los docentes hicieron caso omiso de ello, pues es a ellos a quien corresponde responder. Aduce el disciplinado Rosendo Martínez que su proceder se encuentra amparado por las causales de “justificación” previstas por el artículo 28 de la Ley 734 de 2002, numeral 2 y 6, esto es, haber actuado en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal y con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, pues a la Junta Seccional de Escalafón del departamento, le correspondía, de acuerdo a la función organizacional, revisar los

expedientes de docentes para constatar si reunían o no los requisitos para acceder al beneficio del mejoramiento académico y en su condición de miembro de la Junta Seccional de Escalafón debía cumplir con ese deber legal, caso contrario, la misma ley lo podría sancionar por omisión. Explica que por no tener la calidad de abogado y menos consultor optó por cumplir con el deber funcional del que estaba plenamente convencido debí atender, siendo entonces el error en el que incurrió producto de la errada o equivocada percepción de la realidad fáctica que el legislador incrustó en el tipo disciplinario. Entonces, si los abogados y juristas yerran en las interpretaciones de las normas, se encuentra más que justificado que él, ni abogado o consultor haya interpretado de la manera en que lo hizo el tema analizado por al Junta Seccional de Escalafón. 13

5. ALEGATOS DE CONCLUSION Con auto del 9 de marzo de 2006 y de conformidad con la garantía de defensa prevista por el numeral 8 del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, se corrió traslado a los disciplinados Víctor Julio Segura Rodríguez, Ricardo Zapata Giraldo, Fernando

T. Beleño Poltty, María Cristina Erasso Villota, Hermínsul Sinisterra Santana y Eliseo Rosendo Martínez Cruz, para que presentaran alegatos de conclusión previos al Fallo de Primera Instancia, término que los disciplinados Fernando Tulio Beleño Poltty, María Cristina Erasso Villota y Víctor Julio Segura Rodriguez, aprovecharon la oportunidad procesal y presentaron a través de su apoderada alegatos de conclusión, los cuales se concretan en la solicitud de absolución de

sus representados, por estimar que no existe prueba para sancionar conforme lo señala el artículo 142 de la Ley 734 de 2002; por estar su proceder amparado por las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria enunciadas en los numerales 2 y 6 del artículo 28 Ibidem, pues actuaron en estricto cumplimiento de un deber constitucional y con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria, y, por no haberse desarrollado un análisis adecuado del grado de culpabilidad como lo exige el mismo Estatuto Disciplinario. Los disciplinados Hermínsul Sinisterra Santana y Eliseo Rosendo Martínez Cruz, dejaron transcurrir el término en silencio.

6. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Analizado el decurso procesal y constatado que no existen vicios que invaliden la actuación surtida en el plenario, procede este despacho a resolver definitivamente la situación jurídico disciplinaria de los procesados Víctor Julio Segura Rodríguez, Ricardo Zapata Giraldo, Fernando T. Beleño Poltty, María Cristina Erasso Villota, Hermínsul Sinisterra Santana y Eliseo Rosendo Martínez Cruz, para ello agotará el estudio de la competencia que le asiste a este Despacho para conocer del sub judice y los presupuestos estructurales de la falta disciplinaria; una vez establecida su existencia, se hará el juicio de responsabilidad del caso, si a ello hubiere lugar. 14

DE LA COMPETENCIA.

Como argumento defensivo la apoderada de los servidores Beleño Poltty, Erasso Villota y Segura Rodríguez, adujo la falta de competencia de la Procuraduría

General de la Nación para investigar a sus prohijados, pues solo corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determinar si los reconocimientos efectuados a los 241 docentes están conforme a la ley, a través de las acciones contenciosas que para los efectos están contempladas en el Código Contencioso Administrativo. Sobre el particular, es preciso aclararle a la litigante que las voces del tercer párrafo del artículo 2 de la Ley 734 de 2002, establecen: “… La acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta.” Significa lo anterior que, con ocasión de la realización de cualquier comportamiento susceptible de reproche disciplinario, a la par se pueden activar otras acciones como la penal, la fiscal, inclusive la administrativa, sin que ello pueda implicar de una parte, la violación al principio del Non bis in ídem y de otra que, los juicios valorativos que hagan los juzgadores respecto de cada uno de ellos sean diversos, ya que la naturaleza de las infracciones y de cada uno de los procesos es diferente, aunque en efecto exista inmensas similitudes entre ellas, como sucede con el derecho penal1. Además, no puede considerarse la presunción de legalidad de un acto administrativo como ilimitada En conclusión, independientemente de las acciones con que cuente una persona para reclamar ante la justicia, el Estado como Titular de la Potestad Disciplinaria2, a través de la Procuraduría General de la Nación, conocerá de los comportamientos irregulares desplegados por los servidores públicos. DE LA EXTINCION DE LA ACCIÓN 1 Sentencia, Sala Penal Corte Suprema de Justicia 4 de marzo de 1991. M.P. Dr. Gómez

Velásquez. Sentencia C-244-96. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 2 Artículo 1 de la Ley 734 de 2002.Titularidad de la Potestad Disciplinaria. El Estado en el titular de la potestad disciplinaria. 15 De acuerdo con las precisiones efectuadas en el auto de cargos formulado a los servidores RICARDO ZAPATA GIRALDO y VICTOR JULIO SEGURA RODRIGUEZ, éstos solo deberían responder por los hechos plasmados en el acta 007 del 22 de junio de 2001, pues únicamente participaron en dicha sesión. En ese orden de ideas, es claro para el Despacho que no puede continuar o proseguir con la actuación disciplinaria respecto de ellos, pues como Titular de la acción disciplinaria, se ha perdido la potestad sancionatoria, ya que han transcurrido más de cinco 5 años desde el momento de la consumación del hecho; límite impuesto por el artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el artí