PGN - NOTIFICACION - Procedimiento para realizarla según ley 73402 art 105

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., octubre seis (6) de dos mil cinco (2005) Aprobada en Acta de Sala No. 41

Radicación: 161-02524 (028-69312) Disciplinado: JESÚS ROSERO RUANO y otros Cargo y Gobernador y Entidad: funcionarios del

Departamento del Nariño Quejoso: Ministerio de Hacienda Fecha queja: Junio 14 de 2001

Fecha Años 1998 a 2001

Hechos: Asunto: Apelación fallo primera instancia P.D. PONENTE: Dr. LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ Corresponde a la Sala Disciplinaria en esta oportunidad procesal, en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y por vía de apelación, revisar la decisión proferida el 5 de noviembre de 2004 por la cual la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, mediante la cual declaró disciplinariamente responsable e impuso sanción de multa a los disciplinados JESÚS ROSERO RUANO, FERNANDO CARVAJAL NIÑO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, en sus condiciones de Gobernador, Secretario de Hacienda y Tesorero del Departamento de Nariño, respectivamente.

ANTECEDENTES PROCESALES Tuvo origen el presente proceso disciplinario en la comunicación del 13 de junio de 2001, dirigida al Gobernador de Nariño por la Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuya copia fue remitida al señor Procurador General de

la Nación en la misma fecha, en relación con presuntas irregularidades en la realización de aportes al pago pensional de trabajadores oficiales por parte de la Administración del Departamento de Nariño (folio 2 del C.O. 1). Asignado el conocimiento del asunto a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, ésta el 6 de agosto de 2001 dispuso la indagación preliminar (folio 7 ídem) y mediante providencia del 15 de marzo de 2002 ordenó su remisión, por competencia, a la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública (folio 239 ibídem). Esta Delegada a través de auto del 7 de junio del 2002 (folio 253 del C.O. 2) decretó la apertura de investigación disciplinaria en contra de EDUARDO ALBORNOZ JURADO, JESÚS ROSERO RUANO y PARMENIO CUELLAR BASTIDAS, en sus condiciones de Gobernadores del Radicación No. 161-02524 Departamento de Nariño, así como de FERNANDO CARVAJAL NIÑO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, en calidad de Secretario de Hacienda y Tesorero de la misma entidad territorial, respectivamente, por las irregularidades antes mencionadas. El 18 de diciembre de 2003 la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública decretó la prescripción de la acción disciplinaria frente a EDUARDO ALBORNOZ JURADO, dispuso la terminación del procedimiento respecto de PARMENIO CUELLAR BASTIDAS y formuló cargos contra los referidos JESÚS

ROSERO RUANO, FERNANDO CARVAJAL NIÑO y JORGE ORLANDO GUERRA

NIETO, en sus condiciones de Gobernador, Secretario de Hacienda y Tesorero del Departamento de Nariño, por conductas relacionadas con los hechos relativos al descuento y pago de los aportes para el cubrimiento pensional de trabajadores oficiales por parte de la Administración del Departamento de Nariño (folio 414 del C.O. 2). En fallo del 5 de noviembre de 2004, la Delegada para la Economía y la Hacienda Pública declaró disciplinariamente responsable a JESÚS ROSERO RUANO, FERNANDO CARVAJAL NIÑO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, imponiéndole al primero y al último sanción de multa de treinta (30) días del salario devengado para la época de los hechos, y al segundo una de cuarenta y cinco (45) días del mismo salario (folio 542 ídem). Interpuesto el recurso de apelación por los sancionados JESÚS ROSERO RUANO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, éste fue concedido por la primera instancia mediante auto del 10 de diciembre de 2004 (folio 586 ibídem) y por ser procedente debe ser desatado en esta instancia, a lo cual se dedica la Sala en los siguientes apartes. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo de primera instancia objeto de esta decisión, dictado el 5 de noviembre de 2004, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública declaró responsables de los cargos formulados a los disciplinados JESÚS ROSERO RUANO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, en sus condiciones de Gobernador y Tesorero del Departamento de Nariño (folio 542 del C.O. 2), y decidió sancionarlos

con multa de (30) días del salario devengado para la época de los hechos, con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación, expuestos por esa instancia después de referirse a los antecedentes de la actuación procesal, a los cargos y a los descargos presentados por los disciplinados. Respecto de JESÚS ROSERO RUANO, la Delegada desecha por impertinente el argumento de defensa relativo a sus actuaciones en la Asamblea de Gobernadores. Tampoco acepta el relacionado con la delegación de la ordenación del gasto, producida mediante el Decreto 992 del 24 de octubre de 1995, vigente para el año 2000, a favor del Secretario de Hacienda, porque el disciplinado es solidariamente responsable por las actuaciones del delegatario en ejercicio de la función delegada, dado el control que debe realizar sobre la misma. Después de apoyarse en jurisprudencia y doctrina referida a la delegación administrativa, el fallador de primera instancia concluye que este servidor se encuentra incurso en la falta disciplinaria endilgada “por su falta de interés, por desgreño administrativo para que se hicieran 2 Radicación No. 161-02524 efectivas las transferencias de los descuentos hechos nominalmente a los trabajadores oficiales del Departamento, tal como esta (sic) demostrado en la investigación” (folio 548 ibídem) Frente al reproche formulado a JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, en condición de Tesorero del Departamento de Nariño, al Delegada considera infundado el argumento conforme al cual no se produjo un acto administrativo que ordenara a la

Tesorería hacer las transferencias al Fondo Territorial de Pensiones, pues en visita especial se estableció que la Oficina de Talento Humano no dicta tal tipo de actos y a través de la nómina se realizan tales descuentos, se remiten a la Secretaría de Hacienda para su trámite y de allí a la Tesorería para el pago correspondiente. Infiere de lo expuesto, que “el descuento de los aportes para pensión no obedeció a insuficiencia financiera, lo cual constituía un estado de imposibilidad, sino a aspectos procedimentales administrativos con participación activa de la Tesorería, cuyo procedimiento y causación mensual conocía el inculpado porque era un deber legal con relación dependiente de la nómina por sueldos pagado a través de esa dependencia” (folio 549 ibídem) Después de reafirmar la calificación de la falta como grave endilgada a cada uno de los disciplinados, así como el carácter culposo de la misma, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública sostiene que la conducta a ellos reprochada es típica por estar contemplada en las normas que le fueron citadas en el pliego de cargos, cuyos textos transcribe. Finalmente, para la dosificación de las sanciones se remite a los criterios establecidos en el art. 32 de la Ley 200 de 1995, bajo cuya aplicación decide imponer sendas multas de treinta (30) días de salario a los disciplinados. RECURSO DE APELACION Los disciplinados JESÚS ROSERO RUANO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, actuando directamente, interpusieron sendos recursos de apelación contra la

decisión sancionatoria de primer grado, sustentando su inconformidad en las razones que adelante se reseñan.

1. Señor JESÚS ROSERO RUANO, Gobernador. 1.1. Se enteró, a través de esta investigación, que no se habían efectuado los descuentos que ordena la Ley 100 de 1993, porque había sido informado en sentido contrario por el Secretario de Hacienda y el Tesorero Departamental, a pesar de la crisis económica heredada por su Administración y que trató de solucionar mediante un plan de reforma económica territorial. La sustentación de esta circunstancia fue desconocida por el Procurador Delegado al fallar la primera instancia. 1.2. El Procurador Delegado acepta que el Gobernador delegó en el Secretario de Hacienda la ordenación del gasto, que en el Manual de Funciones el Gobernador no era responsable de hacer los descuentos para salud y pensiones de los trabajadores oficiales y que dicho funcionario era el ordenador del gasto y Director del Fondo Territorial de Pensiones que fue creado por la administración del disciplinado.

3 Radicación No. 161-02524 El Secretario de Hacienda afirma en sus descargos que sí se hicieron los descuentos para salud y pensiones, pues de no hacerlo los trabajadores hubieran quedado desprotegidos en la atención de sus servicios médico asistenciales. 1.3. Expresa el apelante que no conoció el traslado para alegar de conclusión, a pesar de que tiene una dirección conocida, con lo que se violó el debido proceso y el derecho de defensa, alegando que primero debe llevarse a cabo la notificación personal y luego por estado, lo cual es causal de nulidad. En este evento la

Procuraduría no fue diligente, por lo cual solicita que se investigue por la Veeduría de esta institución, lo sucedido. 1.4. El Procurador Delegado no desvirtuó con contundencia los argumentos de su defensa, con lo cual viola el principio de favorabilidad, ni determina a qué título cometió la falta, si de dolo o culpa. 1.5. Al referirse a los aspectos de la delegación comentados por el fallo recurrido, expresa que las afirmaciones de esa providencia no permiten probar que el Gobernador no controló al Secretario de Hacienda en sus funciones, pues por el contrario “yo estaba convencido, que los descuentos citados se estaban efectuando, no solo nominalmente sino en deposito (sic) de Tesorería Departamental (…)” (folio 596 del C.O. 2) 1.6. Finalmente, insiste en que se le exonere de la sanción impuesta y si ello no se presenta, se declare la nulidad del fallo de primera instancia porque se violaron los principios del derecho de defensa, del debido proceso, de favorabilidad, no se definió el título subjetivo de la falta y si esta es leve, grave o gravísima.

2. Señor JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, Tesorero. 2.1. Después de reseñar los cargos y fundamentos del fallo recurrido, señala que no era el responsable de realizar los descuentos por aportes de pensión así como su giro a la entidad receptora de los mismos, porque no era la Tesorería la responsable de hacer la liquidación de nómina y ordenar su pago. Para ello es necesario tener en cuenta el procedimiento de giro de los recursos y pago de nómina, en el cual

interviene la Oficina de Recursos Humanos en donde se liquidan los valores y descuentos de cada trabajador, la nómina pasa a la Secretaría de Hacienda para otorgar la disponibilidad presupuestal, “se realicen los actos administrativos de ordenación de pago. Toda suma de dinero que cancelaba la Tesorería Departamental de Nariño, era soportada en un acto administrativo de ordenación del gasto, como sucedía para el caso específico de las pensiones y salud, y así se dio frente al pago de estos dos conceptos en las otras dependencias de la gobernación diferentes a Agricultura y Obras Públicas” (subrayado del texto original visible a folio 571 del C.O. 2). Es así como no podía la Tesorería realizar funciones de otras dependencias pues incurriría en extralimitación de funciones. 2.2. Transcribe las funciones del Tesorero General establecidas por el Decreto 1030 de 1995 y resalta las previstas en los numerales 2 y 6, a partir de las cuales señala que para efectuar los mencionados pagos debía verificar los soportes legales, los cuales eran la disponibilidad presupuestal y el acto administrativo correspondiente de autorización o resolución de pago expedido para este caso por el 4 Radicación No. 161-02524 Secretario de Hacienda, como ordenador del gasto. Esto es así porque todo gasto debe estar soportado en un acto administrativo expedido por el funcionario competente, indicando el objeto y valor de pago. 2.3. Respecto de la violación de los arts. 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, indica que a él le corresponde solamente el giro de los recursos, no la ordenación del gasto.

Expresa que siempre actuó como se exige de todo servidor público, de buena fe y en cumplimiento de sus funciones, insistiendo que dentro de éstas no se encuentra la de ordenación del gasto, sobre lo cual no existe prueba alguna, pues solamente le correspondía el giro de recursos debidamente liquidados y con su soporte presupuestal. 2.4. Al citar y reseñar los arts. 6 de la Constitución Política, 5 del Código Penal, 81 inciso 2º de la Ley 190 de 1995 y algunos aspectos de la Ley 200 del mismo año, asevera que es contrario a derecho calificar como culposa una conducta que no pudo realizar por negligencia o descuido porque no era una obligación a su cargo, en cuanto no se encontraba dentro de su rol funcional. Su conducta no se adecua a ningún tipo disciplinario. Si no se tienen en cuenta estas consideraciones se le sancionaría por una responsabilidad objetiva, proscrita del ordenamiento disciplinario. El fallo recurrido no demuestra que el disciplinado incurrió en violación de una función propia del Tesorero Departamental ni hace un análisis integral de las pruebas recaudadas y de las circunstancias que rodearon el hecho investigado (Ley 200 de 1995, art. 118). Además, no tuvo voluntad de cometer la falta y dominio sobre el hecho correspondiente, pues no estuvo al frente o en ningún momento tuvo bajo su responsabilidad la ordenación del gasto. “Es decir se puede endilgar autoría de un ilícito siempre y cuando se quiera su realización por parte del disciplinado y que éste lo produzca, entonces se requiere de la existencia de los siguientes elementos al unísono: Acto, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad” (folio 275 ibídem), ello

conforme a los arts. 122 y 27 de la Ley 200 de 1995 y 81 de la Ley 190 del mismo año. 2.5. En Derecho Disciplinario impera la teoría de la ilicitud sustancial que se exige del infractor para la imposición de una sanción de esta índole, conforme al Código de la materia y tal como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte Constitucional, manifestando que siempre ha obrado en cumplimiento de los fines esenciales de la función pública y de sus funciones, por lo cual no ha incurrido en conducta disciplinable alguna. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Antes de desatar los recursos de apelación interpuestos por los disciplinados es necesario examinar la solicitud de nulidad que presenta el señor JESÚS ROSERO RUANO. Posteriormente, la Sala estudiará el fondo del asunto para determinar si es procedente predicar responsabilidad disciplinaria para cada uno de los apelantes.

1. Solicitud de nulidad.

5 Radicación No. 161-02524 Para resolver la solicitud de nulidad presentada por el disciplinado JESÚS ROSERO RUANO la Sala requiere hacer las siguientes consideraciones: Argumenta el recurrente que no se le notificó personalmente sino por estado el auto de traslado para alegar de conclusión, a pesar que su dirección era conocida en esta actuación, por lo cual se el violó el derecho de defensa y el debido proceso. Además, se le vulneraron los principios de favorabilidad porque no se definió el título subjetivo de la falta y si esta es leve, grave o gravísima. 1.1. Respecto de lo primero, es decir, la irregular notificación del auto de traslado

para alegar de conclusión, es pertinente señalar que la Ley 734 de 2002 no estableció expresamente cómo se lleva a cabo su notificación. Para llenar este vacío, el señor Procurador General de la Nación por Resolución 191 del 11 de abril de 2003, adoptó la “Guía del Proceso Disciplinario” como instrumento complementario en el ejercicio de la función disciplinaria. Este acto administrativo de obligatorio cumplimiento para los servidores de la Procuraduría, modificado y adicionado por las Resoluciones 034 del 5 de febrero de 2004 y 089 del 25 de marzo de 2004, conforme lo ha aclarado el Despacho del Viceprocurador General de la Nación mediante memorando del 12 de septiembre de 2003, dispone que la notificación del referido auto de traslado para alegar, deberá hacerse en la forma prevista en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, es decir, mediante estado. El señor Viceprocurador señala en dicho memorando cómo “Teniendo en cuenta que el presente auto no es interlocutorio y el tema no ha sido regulado, en virtud de la remisión autorizada en los artículos 21 y 105 de la Ley 734 de 2002, se notificará en la forma señalada por el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, los cinco (5) días de traslado se contarán a partir exclusive del tercer día hábil siguiente a la desfijación del estado, fecha en la cual queda ejecutoriado el auto por no tener recurso alguno, conforme lo establece el artículo 331 Ibídem”. En el presente evento, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública notificó el auto de traslado para alegar expedido 16 de septiembre de 2004,

mediante estado fijado el día 28 del mismo mes y año (folios 537 y 541 del C.O. 2). Así las cosas al ser debidamente notificado el disciplinado, no se ha producido violación alguna del debido proceso y tampoco procede declaratoria de nulidad por esa causa. 1.2. En relación con el segundo motivo de nulidad alegado por el recurrente, relativo a la vulneración del principio de favorabilidad y la indefinición de la imputación subjetiva de la falta y su calificación, se observa que la razón por la cual invoca la violación de dicho principio consiste en indicar que la primera instancia no desvirtuó con contundencia los argumentos de su defensa. Para la Sala este último aspecto constituye un elemento propio de la discusión de segunda instancia, en cuanto se trata de revisar las consideraciones que tuvo en cuenta el a-quo para establecer la responsabilidad del disciplinado atendiendo los elementos fácticos y jurídicos arrimados al expediente. Por lo mismo, esta determinación forma parte de la naturaleza de la apelación y de la función que corresponde al fallo de fondo y no es constitutiva de causal de nulidad. Por último, la Sala encuentra que tanto el pliego e cargos como la providencia recurrida sí establecieron los aspectos cuya omisión critica el recurrente, es decir, allí 6 Radicación No. 161-02524 se determinó expresamente que la falta fue cometida a título de culpa y calificada como grave (folios 424 y 549 del C.O. 2). En consecuencia, la Sala no decretará la nulidad solicitada por el recurrente y procederá al análisis de fondo del asunto. Por la misma razón, no encuentra ningún

merito para compulsar copias con destino a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación, como lo solicita el apelante.

2. Cargos formulados.

Antes de abordar la discusión de fondo es necesario recordar los cargos formulados por la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública a los señores JESÚS ROSERO RUANO y JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, mediante providencia del 18 de diciembre de 2003 (folio 414 del C.O. 2). 2.1. Al disciplinado JESÚS ROSERO RUANO. Al disciplinado JESÚS ROSERO RUANO, en condición de Gobernador del Departamento de Nariño por el periodo constitucional 1998 - 2000, se le formuló el siguiente reproche: “Como representante legal de la Administración Departamental no realizó gestiones concretas para que se descontaran y se hicieran los aportes patronales de los trabajadores oficiales del Departamento de Nariño (Secretaría de Agricultura y de obras públicas), a fin de destinarlos a las reservas económicas para el pago pensional, omitiendo un deber legal conocido por cuanto fue objeto de reclamos” (folio 422 ídem) El pliego afirmó que con la anterior actuación se vulneraron las siguientes normas: de la Constitución Política, los arts. 6, 23 y 305 numerales 1 y 2; de la Ley 100 de 1993, los arts. 17 y 22, y de la Ley 200 de 1995, los numerales 1, 2, 3 y 22 del artículo 40. Conforme al pliego de cargos la falta disciplinaria es grave, de acuerdo con el

numeral 2 del art. 24, numerales 2, 5 y 7 del art. 27 y numeral 7 del art. 92 de la Ley 200 de 1995. Así mismo, la falta se imputó a título de culpa, “teniendo en cuenta que obró con negligencia y omisión en su función de ordenador del gasto, toda vez que en él recaía la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulaban el buen funcionamiento de su administración, en lo atinente a los aportes de pensión descontados a los funcionarios y lo que correspondía como aporte patronal, como quiera que fue una situación que se dio a conocer ampliamente por el sindicato de trabajadores de la entidad territorial” (fls. 424 ibídem) 2.2. Al disciplinado ORLANDO GUERRA NIETO. Al disciplinado ORLANDO GUERRA NIETO, en calidad de Tesorero del Departamento de Nariño por el periodo comprendido entre el 4 de febrero de 1998 al 30 de diciembre de 2000, se le reprochó la siguiente conducta: “Por no realizar los descuentos y aportes patronales de pensión de los trabajadores oficiales del Departamento (Secretaría de Agricultura y de Obras Públicas), para girarlos al Fondo Territorial de Pensiones del Departamento siendo el responsable 7 Radicación No. 161-02524 funcionalmente de hacer las respectivas operaciones, a pesar de haber abierto la cuenta, desconociendo sus deberes como servidor público” (folio 426 ibídem) El pliego señaló que con la anterior actuación se vulneraron las siguientes normas: de la Constitución Política, los arts. 6 y 23; de la Ley 100 de 1993, los arts. 17 y 22;

del Decreto 1030 de 1995, la función fijada por el numeral 7 al Tesorero Departamental, y de la Ley 200 de 1995, los numerales 1, 2, 3, 10 y 22 del artículo 40. Conforme al pliego de cargos la falta disciplinaria es grave, de acuerdo con el numeral 2 del art. 24 y numerales 2, 5 y 7 del art. 27 y numeral 7 del art. 92 de la Ley 200 de 1995. Así mismo, la falta se imputó a título de culpa, “teniendo en cuenta que obró con negligencia en su función de Tesorero, toda vez que incumplió sus deberes al omitir la realización de las funciones inherentes a su cargo, por que (sic) el descuento de concepto de los aportes para pensión era una labor realizada por esa dependencia, así como el giro del mismo con destino a la entidad receptora del recurso. Tal como es (sic) expone en el numeral 3.5 de este proveído” (fls. 427 ibídem)

3. Análisis de fondo y respuesta a los argumentos de los apelantes.

Para establecer si cabe a los disciplinados responsabilidad por las faltas imputadas son necesarias consideraciones de orden fáctico y jurídico. 3.1. Materialidad de la conducta. Ante todo y con el objeto de tener certeza sobre la realización de las conductas reprochadas, desde el punto de vista fáctico es necesario señalar que el aspecto objetivo que sirve de base a los reproches formulados se encuentra cabalmente demostrado en estas diligencias. En efecto, mediante el caudal probatorio arrimado al expediente se estableció claramente que durante las vigencias 1998, 1999 y 2000,

la Administración Departamental de Nariño no realizó la transferencia real y material de los recursos correspondientes a los descuentos efectuados a los trabajadores oficiales de la entidad territorial con destino a las pensiones, y tampoco los correspondientes aportes patronales, no obstante que los primeros fueron debidamente descontados de los salarios cancelados a los trabajadores en ese mismo periodo. En relación con la acreditación de la situación anterior se destacan los siguientes elementos probatorios: - En la visita especial realizada el 20 de septiembre de 2001 a la Subsecretaría de Talento Humano de la Gobernación de Nariño, se estableció que durante el lapso objeto de investigación y de reproche a los disciplinados, es decir de 1998 a 2000, se efectuaron los referidos descuentos a los trabajadores oficiales, lo cual fue constado testimonial y documentalmente. Esto último con copia de la relación de nómina y desprendibles correspondientes (folio16 del C.O. 1) - En visita especial efectuada el 28 de septiembre de 2001 a la Tesorería Departamental, se determinó que en dichos años no se canceló ninguna suma con 8 Radicación No. 161-02524 respecto a los pagos pertenecientes a pensión de los trabajadores oficiales (folio 25 ibídem). - En visita adelantada posteriormente a esta misma dependencia el 29 de octubre de 2002, se estableció que la Administración Departamental abrió una cuenta en la Corporación Las Villas pero que a la misma no se giraron los recursos correspondientes (folio 378 del C.O. 2), lo cual es concordante con las afirmaciones del disciplinado JORGE ORLANDO GUERRA NIETO, hechas en su versión libre,

quien expresa que tal cuenta fue abierta en los meses de agosto o septiembre de 2000, pero que no se hicieron dichos giros (folio 372 ibídem). Otras pruebas concurren a determinar que los recursos por dichos descuentos y aportes patronales de contrapartida no fueron efectivamente transferidos a ninguna cuenta o fondo de pensiones en las vigencias referidas, como son la comunicación y constancias anexas a la misma, remitidas a la Procuraduría por el Gobernador PARMENIO CUELLAR BASTIDAS el 25 de abril de 2003, quien sucedió al Gobernador ROSERO RUANO, aquí disciplinado (folios 392 – 398 del C.O. 2). En estos documentos se determina que la nueva Administración Departamental y específicamente en la Tesorería, solamente abrió la cuenta denominada Fondo de Pensiones de Trabajadores en el Banco Cafetero, el 27 de septiembre de 2001, fecha a partir de la cual se empezaron a consignar en la misma los descuentos y aportes pensionales patronales causados desde enero de ese año (folio 394). El certificado del estado de la cuenta mostraba a 22 de abril de 2003, un saldo de $1.143’448.980,36 (folio 395). 3.2. Deber jurídico vulnerado. El deber jurídico de llevar a cabo las operaciones mencionadas a cargo del empleador, en este caso en cabeza de la Administración Departamental, está claramente consagrado en los arts. 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, cuya violación se endilgó a los disciplinados, conforme a los cuales durante la vigencia de la relación

laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquellos devenguen. Así mismo, la responsabilidad del pago de su aporte y del que corresponda a los trabajadores será del empleador, quien, según la ley, “Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de sus pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por expreso el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno”. De modo que resulta evidente que las disposiciones anteriores fueron vulneradas por las autoridades de la entidad territorial, en cuanto no se cumplió en forma alguna con sus mandatos, como quedó cabalmente demostrado. 3.3. Responsabilidad de los disciplinados. Ahora bien, el establecimiento de la responsabilidad disciplinaria requiere el examen de otros elementos que tienen que ver con la exigibilidad de la conducta de los disciplinados y las condiciones de culpabilidad que respecto de cada uno de ellos es posible predicar a la luz del caudal probatorio recaudado en estas diligencias. 9 Radicación No. 161-02524 3.3.1. Del disciplinado JESÚS ROSERO RUANO, Gobernador. Respecto del disciplinado JESÚS ROSERO RUANO, la Sala observa que en su condición de Gobernador, máxima autoridad de la entidad territorial, representante legal de la misma y ordenador del gasto, tenía el deber de velar por el cumplimiento de la actividad cuestionada, tenía el deber de velar por el cumplimiento de la

actividad cuestionada, pues el Departamento del Nariño tenía la condición de empleador de los trabajadores oficiales respecto de los cuales no se efectuó el traslado de dichos recursos. Así se lo imponían las normas citadas de la Ley 100 de 1993, en concordancia con las disposiciones constitucionales que le fueron mencionadas en el pliego de cargos, que le establecían deberes específicos de acatamiento de ley y dirección y coordinación de la actividad administrativa del departamento (C. P., art. 305 numerales 1 y 2). Lo anterior es así no obstante la delegación producida mediante el Decreto 992 de 1995 (folio 320 del C.O. 2), alegada por el disciplinado ROSERO RUANO, pues resulta claro que la misma no lo relegaba, en general, del cumplimiento del deber de dirección y coordinación de la actividad administrativa de la entidad territorial, así como, en particular, de la instrucción y vigilancia de la actividad específicamente delegada al Secretario de Hacienda, en punto a la ordenación del gasto en el Departamento de Nariño. Así lo tiene establecido esta Sala Disciplinaria, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional: “(…) también es cierto que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que la delegación no exime en forma absoluta de responsabilidad al delegante, sobre quien eventualmente puede recaer bajo determinadas circunstancias. En efecto, en la sentencia C-372 de 2002 (M. P. Jaime Córdoba Triviño), en la cual se hace un amplio examen de esta figura, la Corte precisó que en cuanto la Constitución Política atribuye responsabilidad por el ejercicio del cargo, bien por omisión o extralimitación

de funciones (art. 6º), cada participante en la delegación responde por sus decisiones y no por las decisiones que incumben a los demás. Pero el esquema anterior no significa, tal como lo señala el juez constitucional, que al no responder el delegante por las decisiones del delegatario, conforme al art. 211 de la Carta, aquel no deba ser el responsable por lo que, como titular de la competencia delegada, le corresponde en relación con la delegación, porque esta figura no constituye un medio por el cual el titular de la función se desprenda por completo de la materia delegada. En punto a lo anterior, acudiendo a la regula