PGN - NULIDAD ACTO DE ELECCION - Alcalde municipal por causal consagrada en numeral 2 del

NULIDAD ACTO DE ELECCIÓN-Alcalde Municipal por causal consagrada en numeral 2 del artículo 275 del C.P.A.C.A, presunta manipulación de votos PRUEBAS OBRANTES-No dan cuenta de destrucción de material electoral ni de violencia contra este ….Pues bien el acervo probatorio que se ha allegado no da cuenta de la destrucción de los documentos, elementos o material electoral como tampoco violencia o sabotaje sobre los documentos, elementos o el material electoral. Ahora bien los hechos que se relacionan con las tachaduras, enmendaduras y alteraciones de los resultados electorales no son configuradores de la causal de nulidad que se alegó, es más, estos eventos se hallan consagrados como causales de reclamación electoral y está definido que con fundamento en ellas no es posible pretender la nulidad del acto electoral CAUSALES DE RECLAMACIÓN-No puede alegarse como causal de nulidad del acto electoral según jurisprudencia del Consejo de Estado NULIDAD DE ELECCIÓN DE ALCALDE-Taxatividad de las causales de nulidad electoral ….Tampoco resulta admisible considerar este tipo de irregularidades como actos propios de sabotaje para enmarcar estos comportamientos dentro del supuesto del numeral 2°, la regla general de hermenéutica enseña que tratándose de regímenes restrictivos de derechos y las causales de nulidad electoral lo son su interpretación ha de efectuarse ceñida al texto de la norma, es eminentemente restrictiva; así mismo, enseña que no es viable recurrir a la analogía o a interpretaciones extensivas para subsumir dentro del supuesto de la norma hechos no contemplados en la misma Ahora bien, lo relacionado con las diferencias que se suceden en los guarismos

electorales registrados en los distintos documentos electorales no son hechos configuradores de la causal del numeral segundo…. INVESTIGACIÓN PENAL-No obra prueba de la que se infiera que comportamiento de jurado estuvo encaminado a alterar resultado electoral …..Y en lo que atañe con la investigación penal que se adelanta contra una de las jurados de votación, tampoco de ella es posible inferir la configuración de la causal del numeral 2°, no solo porque el tipo penal por el que se adelanta la investigación penal no se subsume dentro de los supuestos de la causal del numeral 2° sino porque además no obra prueba que demuestre que el comportamiento de la jurado estaba encaminado a alterar el resultado electoral o que este decidió la elección. CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE-Según regulación legal

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co PROCESO ELECTORAL-Naturaleza y alcance según Corte Constitucional PROCESO-No es procedente efectuar estudio para determinar si ofrecimiento de candidato a estudiantes es constitutivo de nulidad de elección/SENTENCIA-Se debe confirmar Pues bien conforme a lo anterior resulta claro que en este proceso no resulta de recibo efectuar un estudio para determinar si en efecto el ofrecimiento que realizara el candidato a los estudiantes bachilleres del municipio de Bello (Antioquia) es constitutivo o no de nulidad de la elección porque ello implicaría efectuar un estudio sobre un comportamiento que no solo tiene su juez natural distinto al que conoce del medio de control de nulidad

electoral y de la pretensión que se formule, sino que no se refiere para nada con el acto de elección; si se concluye en sentido contrario a lo decidido por el Tribual que consideró el ofrecimiento como tan solo una promesa electoral, se estaría juzgando no el acto de elección sino un comportamiento que trasciende al ordenamiento jurídico y resulta preponderante en el campo de lo penal, no así en lo electoral. Con fundamento en las consideraciones anteriores esta Agencia del Ministerio Público de manera respetuosa le solicita a la H. Sección Quinta que confirme la sentencia de fecha 20 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en cuanto en ésta se dispuso “ NIEGUENSE las pretensiones de la demanda” que pretendía se declarara la nulidad del acto de elección del señor….como alcalde del municipio de Bello (Antioquia) para el período 2016 – 2019.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 24 agosto de 2016 Concepto No. 102 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 05001 23 33 000 2015 02546 01

Radicado interno: 2015 - 2546

Actor: Oscar Andrés Pérez Muñoz y otros

Demandado: César Augusto Suárez Mira Asunto: Apelación de la sentencia de fecha 20 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda de nulidad del acto de elección del señor César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello (Antioquia) para el período 2016 – 2019.

Respetada señora Consejera: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 4 de agosto de 2016, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos.

I. ANTECEDENTES 1.- Las demandas 1.1. La instaurada por los ciudadanos Oscar Andrés Pérez Muñoz, Diego Fernando Díaz Patiño y Maribel Sánchez Los ciudadanos que se han dejado señalados actuando por intermedio de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de nulidad electoral demandaron el acto por medio del cual se declaró la elección del señor César Augusto0 Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello – Antioquia, período 2016 – 2019.

Pretensiones La pretensión conforme fuera señala en el escrito de demanda se ha formulado como se transcribe a continuación: “3. Que se declare la nulidad del acto administrativo E-26 ALC, donde se declara la elección del señor CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA alcalde electo, emitido por la aquí accionada, Bello, en fecha de 29 de octubre de

2015, y notificado el día 04 de Noviembre, en acto público. Folios 31 y 32” Supuesto fáctico

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Esta Delegada considerará solo el supuesto de hecho que tiene relación con el medio de control que se ha instaurado y con la causal de nulidad invocada El supuesto fáctico en el que se funda la pretensión de nulidad está relacionado con el hecho de que un jurado de votación en concreto la señora Yazmín Maritza Mesa Martínez fue encontrada rayando las tarjetas electorales, este hecho conforme a lo señalado en el auto admisorio de la demanda se consideró como configurador de la causal de nulidad consagrada en el numeral 2° del artículo 275 del C.P.A.C.A. . Normas violadas y concepto de la violación En el acápite de la demanda titulado “Normas Violadas” se indicaron como transgredidas los artículos 40 numeral 6° de la Constitución Política en concordancia con el artículo 237 numeral 7° y el artículo 264; indicó como causal de nulidad las señaladas en los numerales 2° y 3° y el a-quo determinó que se debía desestimar la del numeral 3° por no acreditar el requisito de procedibilidad y limitó el debate, como ya se dejó anotado a la causal de nulidad del numeral 2°. Admisión de los coadyuvantes señores Juan Sebastián Montoya Cardona y

León Fredy Muñoz Lopera Por auto del 29 de enero de 2016 se admite como coadyuvante de la parte demandante al señor Juan Sebastián Montoya Cardona, quien en su escrito manifiesta que algunos documentos electorales fueron “quemados” que a él en particular le “quemaron 1100 votos y al señor Oscar Andrés Pérez Muñoz 3200 tarjetones…” Por auto del 22 de febrero de 2016 se admite como coadyuvante al señor Muñoz Lopera quien en su escrito de intervención da cuenta de innumerables irregularidades que dice se suceden en el proceso electoral y que subsume en de la causal de nulidad electoral del numeral 2° del artículo 275 del C.P.A.C.A. 1.2.- La demanda instaurada por el ciudadano Alejandro Hernández Salazar Por intermedio de apoderado judicial el ciudadano señalado demandó la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección del señor César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello (Antioquia) período 2016 – 2019. Pretensiones Se propuso como a continuación se transcribe: “1. Se declare la nulidad del acto administrativo E-26 ALC, donde se declara la elección del señor César Augusto Suárez Mira, emitido por la Registraduría Municipal de Bello el día 29 de octubre de 2015 y notificado el día 04 de noviembre, en acto público” Hechos de la demanda

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Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Se destacan los siguientes: La manipulación de los voto por parte del Secretario de Gobierno del municipio. En el puesto de votación ubicado en la institución educativa Hernán Villa Baena “se observó como varias urnas permanecieron abiertas mientras los electores ejercía el sagrado derecho a elegir…” Conforme a lo señalado en el auto admisorio de la demanda adiado a 8 de febrero de 2016, estos hechos se consideraron como configuradores de la causal de nulidad consagrada en el numeral 2° del artículo 275 del C.P.A.C.A. y así se admitió la demanda. 1.3.- La demanda instaurada por el ciudadano Rodrigo de Jesús Múnera Zapata El ciudadano indicado en el título de este acápite actuando en su propio nombre y representación instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad de contenido electoral en contra del acto que declaró la elección del señor César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello (Antioquia). Pretensión En el escrito de demanda el actor señaló que pretendía que se declarar la nulidad de “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS A NIVEL ELECTORAL EXPEDIDOS POR LOS COMPETENTES que terminaron reconociendo la elección del ciudadano Cesar Augusto Suárez Mira … como Alcalde del municipio de Bello, elecciones causadas en el mismo Municipio anotado el pasado 25 de octubre del año 2015, ELEGIDO para el período constitucional comprendido desde enero del año 2016, hasta diciembre de 2019, misma elección que le fuera reconocida formalmente el pasado octubre 28 o 29 de 2015 y posterior a los escrutinios y su correspondiente

credencial o certificación definitiva del ACTO DE ELECCIÓN” . Hechos de la demanda Según lo informado por el demandante el supuesto fáctico de la pretensión radica en el hecho de que el elegido alcalde siendo candidato y aspirante a ser elegido prometió a 4500 bachilleres que se graduarían a fin del año 2015 “que les iba a dar como alcalde 4.500 cupos universitarios durante los 4 años de su mandato”. Acumulación de procesos Por auto del 25 de febrero9 de 2016 se decretó la acumulación de estos procesos. De la fijación del litigio en la Audiencia inicial El litigio se fijó como a continuación se transcribe: “Se deberá determinar si es procedente decretar la nulidad de la elección del señor CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA como alcalde del municipio de Bello para el período constitucional 2016 – 2019, circunstancia que dependerá de si

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co se configura o no la causal contemplada en el numeral 2° del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, si se acredita la destrucción de documentos, elementos o material electoral o cualquier tipo de violencia o sabotaje contra el material electoral o contra el sistema de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.

Igualmente se deberá examinar si se acredita que el señor CESAR AUGUSTO SUÁREZ MIRA, incurrió en corrupción al sufragante porque, según una de las demandas, prometió a 4.500 bachilleres, quienes se graduarían al final del año 2015, 4.500 cupos universitarios. Además de acreditarse ese hecho, se deberá determinar si ese hecho constituye causal de nulidad electoral”

2. Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo de Antioquia en su decisión de primera instancia dispuso denegar las pretensiones señaladas por la parte actora.

Para arribar a esa decisión consideró como argumentos los siguientes: En relación con la causal de nulidad del numeral 2° del artículo 275 del C.P.A.C.A que está referida con la violencia expresó: “…que las pruebas que presentaron los demandantes y/o coadyuvantes y, en el momento de los alegatos de conclusión la apoderada del señor ALEJANDRO HERNANDEZ SALAZAR, quien aportó un CD, no pueden ser objeto de valoración, por una parte, porque no están dirigidas a demostrar la violencia, destrucción o sabotaje sobre el material electoral, sino a situaciones que tiene que ver con la posible alteración de resultados electorales o datos contrarios a la verdad; y, por otra parte, porque fueron aportadas por fuera de las oportunidades correspondientes”. Descartada la violencia como causa de la nulidad deprecada el a-quo consideró que restaba considerar la causal aducida por los demandantes desde el supuesto del sabotaje contra elementos o el material electoral y concluye afirmando que “Para la Sala, los documentos obtenidos en el proceso penal que se tramita en

contra de la señora Yazmín Maritza Mesa Martínez, no acreditan la causal de nulidad contemplada en el numeral 2° del artículo 275 del CPACA, es decir, que esta haya ejercido sabotaje contra elemento o el material electoral o contra el sistema de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. Además, aún en la hipótesis que se aceptara que acreditan una conducta irregular en la indiciada, se acreditarían hechos constitutivos de la causal tercera del mismo artículo, pues la señora Mesa Martínez, según los documentos emanados de la Fiscalía (folio 726, rad 2015 02546) se le investiga por el delito de “Alteración de resultados electorales”, tipificado en el artículo 394 del Código Penal”. En relación con la causal de nulidad que según el actor se configura por el hecho de que el elegido alcalde hiciera una propuesta a los alumnos del municipio que

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co consideran es constitutiva de corrupción al elector el a-quo sentenció de la siguiente manera: “Dentro del expediente no obra prueba alguna que permita acreditar que el señor Cesar Augusto Suárez Mira haya cometido violencia sobre los electores y, menos, que en la campaña haya ejercitado alguna conducta que pudiera tipificar corrupción al elector. Las reglas de la lógica y la experiencia, indican que cuando se aspira a un cargo de elección popular, los candidatos hacen

promesas u ofrecimientos que no pueden encuadrarse en conductas ilícitas o que se entiendan como “corrupción al sufragante”, en los términos del artículo 390 del Código Penal”

3. Recurso de apelación Inconformes con la decisión de primera instancia se interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por el Tribunal mediante auto del 8 de julio de 2016, por los siguientes intervinientes: 3.1. Recurso interpuesto por el los señores Rodrigo de Jesús Múnera Zapata y Alberto de Jesús Alzate Correa Los argumentos que señala el apelante son en esencia los mismos que indicara a lo largo del debate desde la demanda, referidos con la presunta corrupción al elector por razón del ofrecimiento que hiciera el candidato señor César Augusto Suárez Mira a los bachilleres del municipio de Bello – Antioquia -, conforme al cual se comprometía a garantizarles el acceso a la Universidad a todos ellos para que adelantaran sus estudios superiores.

Se refiere igualmente a otras irregularidades que no pueden ser objeto de consideración alguna primeramente por cuanto no se propusieron en la demanda inicial ni se consideraron al fijar el tema litigioso y en segunda medida razón de la formulación extemporánea. Solicita que se declare la nulidad de la actuación, petición a la cual no se ha de acceder por cuanto que si se considera que se trata de nulidad de orden procesal es claro que no es esta la oportunidad procesal para formularla, además, por cuanto que no indicó los motivos o razones por las cuales se configura la nulidad, ni la causal invocada; ahora bien, si se considera que la solicitud de nulidad está

relacionada con la sentencia proferida por el a-quo la misma tampoco estaría llamada a ser considerada por cuanto que no indica cuál es la causal que se estructura para deprecar esta nulidad. 3.2. Recurso interpuesto por la apoderada judicial del señor Alejandro Hernández Salazar Señala primeramente que el recurso se fundamenta en el concepto de violación presentado en la demanda y los alegatos de conclusión, seguidamente señala que resulta incomprensible que los hechos relatados en especial las tachaduras, las enmendaduras y los errores aritméticos en los tarjetones no sean considerados como manifestación de un sabotaje.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co 3.3. Recurso interpuesto por la apoderada judicial de los señores Oscar Andrés Pérez Muñoz, Diego Fernando Díaz Patiño y Maribel Sánchez Solicita que se considere como recurso de apelación lo que expreso “en el concepto de violación, y en los alegatos de conclusión”. Dice que los documentos que se aportaron al plenario provenientes de la Fiscalía General de la Nación son demostrativos del sabotaje. 3.4. Admisión del recurso Por auto del 4 de agosto de la cursante anualidad se admite el recurso interpuesto. 3.5. Alegatos de conclusión 3.5.1. Del apoderado judicial del señor César Augusto Suárez Mira

Solicita se confirme la decisión de primera instancia y para ello afirma que “no se evidencia la existencia de supuestos fácticos que soporten” la causal de nulidad invocada, según lo afirmado por el apoderado no hay demostración de los actos de sabotaje. En cuanto a la supuesta promesa efectuada a los estudiantes bachilleres del municipio de Bello señala que el tipo penal no se estructura, manifiesta que para su configuración se requiere que el sujeto pasivo sea un ciudadano y que el pasquín que se le atribuye a su apoderado se dirige a jóvenes bachilleres que no tienen la mayoría de edad. 3.5.2. Del apoderado judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil Solicita que se confirme la decisión y señala que la entidad por él representada no está legitimada para comparecer a la controversia judicial en su calidad de parte pasiva. 3.5.3. De la apoderada judicial del señor Alejandro Hernández Salazar Manifiesta que se ratifica en lo que expresara en la demanda y en los alegatos de conclusión. 3.5.4. De los señores Rodrigo de Jesús Múnera Zapata y Alberto de Jesús Alzate Correa Reiteran los argumentos que han señalado a lo largo del debate.

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II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto para estudio del H. Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que interpusieran contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, adiada en Medellín a 20 de junio de la anualidad que cursa, por medio de la cual dispuso: “Niéguense las pretensiones de las demandas” de nulidad del acto de elección del señor César Augusto Suárez Mira como alcalde del municipio de Bello (Antioquia) período 2016

• 2019.

El asunto de fondo Conforme a lo que señalara los demandantes en sus escritos de demanda se tiene que éstos consideran que el acto de elección del alcalde del municipio de Bello ha de ser declarado nulo por cuanto que se configura la causal de nulidad del numeral 2° del artículo 275 del C.P.A.C.A., para ello señalan que se presentaron innumerables irregularidades en los tarjetones en particular tachaduras y enmendaduras así como también alteraciones en los resultados consignados en los documentos electorales. Estas irregularidades, sostienen, configuran la causal de nulidad del numeral 2° y por cuanto que en el curso del proceso electoral que culminó con la elección del acto demandado se presentó “la destrucción de documentos, elementos o material electoral o cualquier tipo de violencia o sabotaje contra el material electoral o contra el sistema de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”. Sostienen además que se ha de declarar nulo el acto de elección por cuanto que

el ofrecimiento que el candidato efectuara a los estudiantes bachilleres bellanitas constituye una manifiesta corrupción del elector y no puede el acto de elección soportarse en actos que son constitutivos de ilícito penal. En relación con el primero de los cargos, es decir si “se configura o no la causal contemplada en el numeral 2° del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, si se acredita la destrucción de documentos, elementos o material electoral o cualquier tipo de violencia o sabotaje contra el material electoral o contra el sistema de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones” se habrá de concluir en el mismo sentido de la decisión apelada. Según los términos de la norma que consagra la causal de nulidad, la misma se configura en las siguientes hipótesis:  Cuando se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral;  Cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje sobre los documentos, elementos o el material electoral;

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de resultados electorales. Estos eventos son autónomos e independientes entre sí y basta que se suceda y demuestre uno de ellos para que se configure la causal de nulidad. Pues bien el acervo probatorio que se ha allegado no da cuenta de la destrucción

de los documentos, elementos o material electoral como tampoco violencia o sabotaje sobre los documentos, elementos o el material electoral. Ahora bien los hechos que se relacionan con las tachaduras, enmendaduras y alteraciones de los resultados electorales no son configuradores de la causal de nulidad que se alegó, es más, estos eventos se hallan consagrados como causales de reclamación electoral y está definido que con fundamento en ellas no es posible pretender la nulidad del acto electoral, sobre el particular se ha señalado por la H. Sección: “….La jurisprudencia de esta Sección precisó que desde la reforma efectuada al artículo 223 del C.C.A., con el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, las causales de reclamación, que hasta ese entonces constituían a su vez causales de nulidad, dejaron de tener éste alcance, de modo que en el proceso electoral no se pueden conocer directamente las anomalías previstas como causales de reclamación, lo que no obsta para que si así lo decide el actor, impugne el acto que las resolvió concediéndolas o negándolas, junto con el acto de elección1. Por ello, cuando el proceso electoral se funda en hechos constitutivos de causales de reclamación, que si bien fueron sometidos a consideración de las autoridades electorales, no fueron igualmente demandadas sus decisiones administrativas ante la jurisdicción, la jurisprudencia ha dicho que en esos casos no se puede practicar examen de legalidad a esas resoluciones, en atención a que el juicio de legalidad debe pasar primero por el control jurídico de las decisiones que hayan expedido las comisiones escrutadoras para dar respuesta a esas peticiones; y, si ello no ocurre, la consecuencia jurídica para

tal omisión es un fallo desestimatorio, ante la imposibilidad que tiene el juez electoral para abordar tales situaciones2. 1 Al efecto pueden consultarse, entre muchas más, las siguientes sentencias de la Sección: 1.- Abril 29 de 2010 Exp. 2007-00239; 2.- Febrero 23 de 2007 Exp. 3972 y 4025; 3.- Abril 19 de 2007 Exp. 3976 y 3977; 4.- Mayo 4 de 2007 Exp. 4013; 5.- Diciembre 14 de 2001 Exp. 2765; 6.- Diciembre 7 de 2001 Exp. 2001-01441; 7.- Septiembre 19 de 2008 Exp. 4027 y 4028; 8.- Marzo 27 de 2009 Exp. 2007-00523; 9.- Agosto 4 de 2009 Exp. 2008-00007, y 10.- Julio 9 de 2009 Exp. 2007-00132. 2 Así lo reiteró esta Sección en reciente pronunciamiento, que dijo: “En el asunto en estudio, examinadas las pretensiones de las demandas presentadas por los señores Ibo Ardila Pico y Julio César Guerra Tulena, constata la Sala que en ninguna de ellas se solicitó que se declarara la nulidad de las referidas resoluciones. Huelga decir que con la demanda se fija el marco jurídico del litigio a resolver determinante de la actividad que incumbe a las partes y la consiguiente función falladora del juez; en consecuencia, en virtud del principio de justicia rogada,

cuando no se acusa la nulidad de determinados actos administrativos, como ocurre en este caso con las Resoluciones 01, 02, 04, 010, 012, 013, 016, 019, 020, 021, 022, 025, 026, 028, 029, 030, 032, 033, 035, 036, 038, 044, 046, 047, 050, 052, 055 y 066 de 7 de noviembre de 2007, no le es dable al juez alejarse del tenor de la demanda, ni suplir las eventuales omisiones de los actores porque estaría obrando de oficio o extra petita.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Tampoco resulta admisible considerar este tipo de irregularidades como actos propios de sabotaje para enmarcar estos comportamientos dentro del supuesto del numeral 2°, la regla general de hermenéutica enseña que tratándose de regímenes restrictivos de derechos y las causales de nulidad electoral lo son su interpretación ha de efectuarse ceñida al texto de la norma, es eminentemente restrictiva; así mismo, enseña que no es viable recurrir a la analogía o a interpretaciones extensivas para subsumir dentro del supuesto de la norma hechos no contemplados en la misma. Ahora bien, lo relacionado con las diferencias que se suceden en los guarismos electorales registrados en los distintos documentos electorales no son hechos configuradores de la causal del numeral segundo.

Y en lo que atañe con la investigación penal que se adelanta contra una de las jurados de votación, tampoco de ella es posible inferir la configuración de la causal del numeral 2°, no solo porque el tipo penal por el que se adelanta la investigación penal no se subsume dentro de los supuestos de la causal del numeral 2° sino porque además no obra prueba que demuestre que el comportamiento de la jurado estaba encaminado a alterar el resultado electoral o que este decidió la elección. En cuanto al hecho del ofrecimiento que el candidato a la alcaldía y luego elegido alcalde efectuara a los estudiantes del municipio de Bello, hecho que es considerado como corrupción del sufragante, tipo penal descrito en el artículo 390 del ordenamiento penal y conforme al cual “Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” éste tampoco tiene la virtud de enervar la presunción de legalidad que ampara al acto de elección, es más, no es posible considerarlo en sede del contencioso electoral pues se desbordaría la finalidad de este proceso. Según la Corte Constitucional la naturaleza y alcance del proceso electoral se ha de entender como allí se indicó, es decir como una acción de carácter público especial de legalidad y de impugnación de un acto de contenido electoral; se dijo

por la H. Corte lo siguiente: “Esta corporación se ha ocupado en distintas oportunidades de la naturaleza y alcance de la acción electoral (51). A este respecto, ha sostenido que se trata de una acción pública especial de legalidad y de impugnación de un acto administrativo de carácter electoral, a la que puede acudir cualquier persona en el plazo indicado por la ley, que procede contra actos de elección y de nombramiento (52) . Constituye entonces el medio instituido para discutir en sede jurisdiccional, tanto la legalidad misma del acto de elección, como la pureza del sufragio y el respeto a la voluntad del elector (53) . Su conocimiento En conclusión, no es procedente realizar pronunciamiento judicial respecto de la legalidad de las resoluciones que rechazaron las reclamaciones porque estos actos administrativos no fueron demandados; y en consecuencia, respecto de ellos no procede control vía jurisdiccional.” (Fallo de Agosto 26 de 2010. Expediente: 2007-00245. Actor: Ibo Ardila Pico y otro. Demandado: Gobernador de Sucre).

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Aunque puede plantearse como una acción de restablecimiento por el afectado o perjudicado con el acto de elección o nombramiento, su naturaleza es la de una acción pública de legalidad, en razón a que con su ejercicio se proc