PGN - NULIDAD AUTO DE CARGOS - Censurar al disciplinado por la realización de dos conducta

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación: 065-1492-2001

Disciplinado: José Trinidad Sierra Sierra Cargos: Alcalde del municipio de Saravena – Arauca, en la época de los hechos Quejoso: De oficio Fecha Hechos: 1 de marzo, 25 de abril, 31 de mayo y 11 de junio de 2001.

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá D.C., 22 de febrero de 2006 Resuelve el Despacho el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de José Trinidad Sierra Sierra, contra el fallo del 21 de septiembre de 2004, proferido por la Procuraduría Regional de Arauca, en el que se decidió lo siguiente: PRIMERO: Declarar legalmente probados y por lo tanto no desvirtuados los cargos formulados al señor JOSÉ TRINIDAD SIERRA SIERRA, en auto del 14 de noviembre de 2003, en su condición de Alcalde del Municipio de Saravena, departamento de Arauca, para la fecha de los hechos.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración contenida en el numeral anterior, declarar responsable disciplinariamente al señor JOSE TRINIDAD SIERRA SIERRA, de los hechos que fueron materia de esta investigación.

TERCERO: Imponer al disciplinado, como sanción principal, multa equivalente a ochenta (80) días de salarios que devengaba el implicado para la fecha de los hechos, cuantificada en la suma de SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS

SETENTA Y SEIS PESOS ($6.140.676)

ANTECEDENTES

1. INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA El 18 de diciembre de 2001, la Procuraduría Regional de Arauca profirió tres (3) autos donde, de oficio, ordenó abrir investigación disciplinaria contra JOSE TRINIDAD SIERRA SIERRA, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena – Arauca, así:  Expediente No. 065-1492-01: Por irregularidades en la celebración de los contratos Nos. 15, 18, 20 y 28 de 2001  Expediente No. 065-1493-01: Por irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo No. 01 de 2001.  Expediente No. 065-1494-01: Por irregularidades en la celebración de los contratos de prestación de servicios Nos. 04, 05, 06, 10, 12, 15, 17 y 18 de 2001 y en el contrato No. 011 de 2001.

Mediante auto del 29 de septiembre de 2003, el Procurador Regional de Arauca ordenó investigar y decidir en un solo proceso las actuaciones disciplinarias 0651492-01, 065-1493-01 y 065-1494-01, que se adelantaban contra el señor José 1 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia Trinidad Sierra Sierra, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena, señalando lo siguiente (folios 787 a 789, expediente 1494): Comencemos por subrayar que las referidas investigaciones cursan contra el señor JOSE TRINIDAD SIERRA, por presuntas irregularidades en contratos celebrados

como Representante Legal del Municipio de Saravena. El funcionario en el año 2001, suscribió contratos de Compra Venta, Suministro y órdenes de prestación de servicios. Se trata, en consecuencia, de varias conductas supuestamente cometidas por la misma persona. El artículo 81 de la Ley 734 de 2002, consagra la llamada competencia por el factor de Conexidad. Según las claras voces de ésta norma, cuando un servidor público cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigaran y decidirán en un solo proceso. Oportuno nos parece citar el concepto de la Procuraduría Auxiliar, del 30 de noviembre de 2001, expuesto con ocasión de una consulta elevada por el señor Procurador Regional de Arauca.

Expuso el Procurador Auxiliar: “Todo lo anterior obliga al trámite de un proceso único, de una parte, porque se presentan varias conductas cometidas por la misma persona o por varias donde los hechos están vinculados entre sí, ligados por una u otra circunstancia y, de otra parte, porque los hechos aunque diferentes, tienen en común la identidad de la persona que los cometió. La primera es conocida como la Conexidad Sustancial en la que la actuación es la causa o consecuencia de otra y la segunda es la procesal que opera por la unidad de sujeto y por razones meramente procesales de economía o conveniencia.” (…) En el caso que se estudia, es indudable que existe unidad de sujeto activo, y se presentan situaciones de conveniencia, economía procesal, y que en el evento de un fallo de responsabilidad disciplinaria, la sanción tendría que dosificarse de acuerdo con

el artículo 22 de la Ley 200 de 1995. Mediante auto del 9 de octubre de 2003, el Procurador Regional de Arauca ordenó adicionar los tres (3) autos de apertura de investigación disciplinaria proferidos el 18 de diciembre de 2001 contra el señor José Trinidad Sierra Sierra, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena, en atención a que éstos no contenían todos los requisitos que señala el artículo 144 de la Ley 200 de 1995. Al respecto, precisó (folios 793 a 796, expediente 1494): Examinada la actuación disciplinaria radicada bajo los Nos. 065-1492-01, 065-1493-01 y 065-1494-01, que se adelanta contra el señor JOSE TRINIDAD SIERRA SIERRA, en su condición de Alcalde del Municipio de Saravena, se observa que los autos que ordenaron adelantar las investigaciones no contienen en su totalidad las exigencias que consagraba el artículo 144 de la Ley 200 de 1995. (…) Se observa que la providencia no contiene una breve fundamentación de los hechos atribuidos al investigado, como lo demanda el artículo 144 de la citada ley. Así las cosas, y en aras de garantizar el derecho de defensa del implicado, deberá ampliarse y adicionarse el auto que ordenó la investigación (…) (…) Los criterios de la Delegada están muy puestos en razón. Ciertamente, en el auto apertivo (sic) de la investigación debe hacer (sic) una sucinta fundamentación de los hechos u omisiones que se imputan al investigado. No puede proferirse pliego de cargos o fallo en el proceso disciplinario, por hechos u omisiones no contempladas en

el auto apertivo (sic) de la instructiva (sic). Ello afecta las bases del juzgamiento y vicia de nulidad la actuación. Debe recordarse que las normas procesales deben ser un rígido catálogo de las garantías en el juzgamiento. 2 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia De esta manera, el Procurador Regional de Arauca amplió y adicionó los autos que ordenaron la investigación, en los siguientes términos: Expediente 065-1492-01: Ordenar investigación disciplinaria contra el señor JOSE TRINIDAD SIERRA, por haber suscrito los contratos No. 15, 18, 20 y 28, en fechas 11 de junio, 13 de junio, 9 de julio y 14 de agosto de 2001, en los cuales presuntamente no se observó el principio de selección objetiva, ya que, para la adjudicación no se consideraron factores como la experiencia, plazos, precio, en especial en el contrato 15 del 11 de junio de 2001, en el que se hizo una evaluación irregular de las propuestas. Tampoco en la citada contratación se hizo un estudio de precios del mercado, y supuestamente existió un sobrecosto. El investigado pudo transgredir el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2º decreto 855 de 1994. Expediente 065-1493-01: (…) se ordenó adelantar investigación disciplinaria contra el señor JOSE TRINIDAD SIERRA SIERRA, por la firma del Contrato Interadministrativo No. 01 del 1º de marzo de 2001, en virtud del cual se adquirió Una Volqueta, un Retrocargador y una

Motoniveladora, cuyas características aparecen en el texto del contrato, porque supuestamente se evadió el proceso de licitación pública, dado que el monto del contrato superaba la menor cuantía, y la firma a quien se otorgó el contrato no podría celebrar Contratos Interadministrativos, desconociendo lo ordenado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993, y porque la adjudicación del mentado contrato se hizo sin tener presentes (sic) el deber de selección objetiva que menciona el artículo 29 de la prenombrada ley. Expediente 065-1494-01: Por haber celebrado el señor JOSE TRINIDAD SIERRA SIERRA, el contrato de suministro No. 11, el 31 de mayo de 2001, con la firma “Coagrosarare”, sin haber observado el deber de selección objetiva, ya que no se hizo una evaluación de factores como la experiencia, comparación de las ofertas, y en los criterios para la adjudicación del contrato sólo se consideraron factores como la transparencia, celeridad y objetividad. Por haber celebrado los contratos Nos. 04, 05, 06, 10, 12, 15, 17 y 18, de prestación de servicios, el 25 de abril de 2001, sin haberse acreditado que las actividades objeto de los contratos, no podían realizarse con el personal de planta y haberse suscrito por un término más allá del necesario, generando una posible relación laboral con los contratistas, desconociendo las previsiones del numeral 3º artículo 32 de la Ley 80 de 1993. En desarrollo de la investigación, se establecieron los siguientes hechos: El 11 de junio, 13 de junio, 9 de julio y 14 de agosto de 2001, el señor JOSÉ

TRINIDAD SIERRA SIERRA, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena, suscribió los contratos Nos. 15, 18, 20 y 28 de 2001 con la Cooperativa Agropecuaria del Sarare Ltda. - Coagrosarare Ltda., respectivamente. El 1 de marzo de 2001, el señor JOSÉ TRINIDAD SIERRA SIERRA, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena, suscribió el convenio interadministrativo No. 01 de 2001 con la Empresa de Administración Pública Cooperativa para la Gestión Territorial del Desarrollo – Ecogestar Ltda. 3 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia El 25 de abril de 2001, el señor JOSÉ TRINIDAD SIERRA SIERRA, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena, suscribió los contratos de prestación de servicios Nos. 04, 05, 06, 10, 12, 15, 17 y 18 de 2001 con Luz Marina Villamizar, Omaira Torres Moncada, Viterminia Cordero Gutiérrez, Leidi Carolina Díaz Gamboa, Melba Susana Contreras Sanabria, Flordelia Caceres, Carmelina Eslava Carreño y Olga Carvajal Acevedo, respectivamente. El 31 de mayo de 2001, el señor JOSÉ TRINIDAD SIERRA SIERRA, en su condición de Alcalde del municipio de Saravena, suscribió el contrato No. 11 de 2001 con Cooperativa Agropecuaria del Sarare Ltda. - Coagrosarare Ltda.

2. AUTO DE CARGOS El 14 de noviembre de 2003, la Procuraduría Regional de Arauca, de conformidad con lo previsto en el artículo 162 de la Ley 734 de 2002, formuló cargos contra el señor JOSÉ TRINIDAD SIERRA SIERRA por los siguientes hechos (folios 224 a 260,

expediente 1492):

1. Por haber celebrado, en su condición de Alcalde del Municipio de Saravena, el contrato No. 15, con la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, “Coagrosarare”, el día 11 de junio de 2001, cuyo objeto fue “La Compra de Alimentación para el Programa Escolar del Area Urbana y Rural del Municipio de Saravena, Departamento de Arauca”, desconociendo el principio de Selección Objetiva a que se refiere el artículo 2º del decreto 855 de 1994, y omitiendo en el proceso de adjudicación del prenombrado contrato, las (sic) criterios contenidos en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

2. Por haber suscrito el contrato Interadministrativo No. 01 con la Empresa de Administración Pública, Cooperativa Territorial del Desarrollo, “Ecogestar Ltda.”, el día 1º de marzo de 2001, cuyo objeto fue adquisición de una Volqueta, un Retrocargador y una Motoniveladora, por la suma de $743.991.346 pesos, desconociendo el principio de selección objetiva contemplado en el artículo 2º del decreto 855 de 1994, y omitiendo evaluar los factores que determinan la selección objetiva previstos en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Por haber omitido el

proceso licitatorio en la celebración de éste contrato, violando el principio de transparencia contenido en el artículo 24 de la mentada ley.

3. Por haber suscrito el contrato de Suministro No. 11, con la Cooperativa Agropecuaria del Sarare - “Coagrosarare”, cuyo objeto fue el suministro de alimentos, implementos de aseo, drogas e insumos para botiquín, con destino al programa de la tercera edad, por la suma de $40.045.629, sin acatar el principio de selección objetiva previsto en el artículo 2º del Decreto 855 de 1994, y no haber observado los criterios señalados en el artículo 29 de la ley 80 de 1993, para hacer efectiva la selección objetiva.

4. Por haber celebrado los contratos 04, 05, 06, 10 ,12, 15, 17 y 18, de prestación de servicios contrariando las previsiones del numeral 3º artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en razón a que no se acreditó que dichas actividades no las podían realizar con el personal de planta y se suscribieron por términos fuera de los estrictamente indispensables. Obran como pruebas de la referida conducta, los contratos mencionados cuyas copias se encuentran en el expediente y por no haber liquidado los referidos contratos.

Agregó que “(…) las argumentaciones del investigado descansan sobre una base muy frágil y resultan ampliamente desvirtuadas con todo el material probatorio que obra dentro del informativo”. 4 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia Según lo expuesto en la providencia, el disciplinado:

• Con la conducta objeto del cargo número uno, desconoció el deber de selección objetiva consagrado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2 del Decreto 855 de 1994, toda vez que no se tuvieron en cuenta, para la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad, factores como experiencia, organización, plazo, precio. Sumado a esto, no se consultaron los precios del mercado, ni se cotejaron los diferentes ofrecimientos recibidos. - Con la conducta objeto del cargo número dos, desconoció el principio de transparencia consagrado en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, por haber omitido el proceso licitatorio en la celebración de un convenio interadministrativo. De otra parte, la escogencia del contratista se llevó a cabo desconociendo la perceptiva del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en razón de que los factores de experiencia, cumplimiento y calidad, fueron evaluados en forma irregular. Tampoco se consultaron los precios del mercado. - Con la conducta objeto del cargo número tres, desconoció el deber de selección objetiva previsto en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, toda vez que, para la escogencia de la oferta más favorable, no analizó factores como cumplimiento, experiencia, organización, plazo, precio, y no comparó los distintos ofrecimientos presentados. - Con la conducta objeto del cargo número cuatro, contrarió las previsiones del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, toda vez que no acreditó la ausencia de personal de planta que pudiera realizar las actividades objeto de los contratos de prestación de servicios y que el término de duración de los mismos fue

excesivamente largo, desconociendo el carácter excepcional y temporal que tienen estos contratos. De otra parte, señaló que no fueron liquidados. Así las cosas, incumplió los deberes consagrados en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el artículo 38 de la misma ley y con los artículos 6 y 123 de la Constitución Política. Finalmente, las faltas se calificaron provisionalmente como graves, cometidas a título de dolo.

3. DESCARGOS El 26 de enero de 2004, el apoderado de José Trinidad Sierra Sierra presentó descargos. Solicitó, en primer lugar, que se declarara la terminación del proceso disciplinario y que se ordenara el archivo definitivo de las diligencias, ya que el disciplinado, en su condición de alcalde del municipio de Saravena, no cometió ninguna falta (folios 265 a 269 – Expediente 1492).

Presentó su defensa, en relación con cada uno de los cargos, así: - Frente al cargo número uno, relativo al contrato No. 015 de 2001, señaló que “en la adjudicación del contrato se tuvo en cuenta todo el conjunto de factores de escogencia exigidos en el art. 29 de la ley 80/93, se tomó todo el conjunto de factores 5 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia y no es sino ver las otras propuestas para darse cuenta de que éstas no eran las más favorables con relación a la ganadora.” También manifestó que “(…) En relación con este cargo, es preciso puntualizar que se actuó de acuerdo a la selección objetiva y buscando el cumplimiento de los fines

del estado, que es el beneficio común, siempre convencido de que se estaba actuando bien acode (sic) con los principios de la contratación estatal y ante todo de buena fe.” - Frente al cargo número dos, relativo al Convenio Interadministrativo No. 01 de 2001, manifestó que “de acuerdo a las pruebas arrimadas al proceso se cumplió con todo el proceso que se requiere o exigido por la legislación contractual. Si bien puede existir posibles errores aritméticos al hacer la sumatoria de los porcentajes, una vez corregidos la propuesta ganadora seguía siendo la mejor y de ninguna manera dichos porcentajes fueron infundados y subjetivos, tanto es así que no se interpusieron recursos al respecto, si hubiera existido en la asignación de puntajes cualquier irregularidad las firmas perdedoras hubieran interpuesto los recursos de ley permitidos en el proceso contractual administrativo y ello no ocurrió. Jamás las propuestas en especial la ganadora fue contraria a los términos de referencia.” “En cuanto se refiere a la licitación pública, ésta no se requería, toda vez que la firma contratista es una empresa de administración pública, es por ello que se suscribió un contrato interadministrativo y tratándose de contratos directamente (sic) al tenor del art. 24 Literal C de la ley 80/93 en concordancia con el parágrafo del artículo 2 de la ley 80/93, no se requiere. De otra parte, no es cierto que con el certificado de la Cámara de Comercio se demostró que no fue conformada por ningún ente territorial, pues este certificado no desvirtúa nada, puede ser alguna omisión en el certificado de incluir quienes son los socios (en el certificado nada se dice que esté conformada por

particulares). Además si bien en dicho certificado aparecen nombres de personas naturales conformando el órgano directivo, en ninguna parte se dice que actúan como particulares o en representación de alguien. En resumen. No está desvirtuado de que el referido contrato no sea interadministrativo.” - Frente al cargo número tres, relativo al contrato No. 11 de 2001, señaló que “Del acervo probatorio existente, se concluye sin mayor esfuerzo que, si se cumplió con la normatividad contractual, especialmente con el artículo 2 del decreto 855/94 y el art. 29 de la ley 80/93, entre las pruebas existentes están las propuestas y el acta de selección objetiva de fecha mayo 3 de 2001. No existe dentro del plenario, prueba alguna que demuestre que las ofertas perdedoras eran más favorables, analizadas en su conjunto que la ganadora o firma contratista.” - Frente al cargo número cuatro, relativo a los contratos de prestación de servicios Nos. 04, 05, 06, 10, 12, 15, 17 y 18 de 2001, manifestó que “el numeral 3 del artículo 32 de la ley 80/93 establece: que como requisito para celebrar dichos contratos que dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta, no exige que deban llevar certificaciones o constancias, basta que no exista personal que puedan (sic) realizar dichas actividades. En segunda medida el numeral 3 de la ley 80/93, no establece términos máximos para suscribir contratos de prestación de servicios, para afirmar que no se pueda suscribir por períodos mayores a 8 meses, luego aquí no se

está contrariando la norma (…)” 6 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia

4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Mediante auto del 12 de agosto de 2004, se corrió traslado para alegar de conclusión por el término de 5 días hábiles. Según constancia secretarial de la Procuraduría Regional de Arauca, el término venció sin que el sujeto procesal hiciera manifestación alguna (folio 185, expediente 1492).

5. FALLO RECURRIDO El 21 de septiembre de 2004, la Procuraduría Regional de Arauca profirió fallo de primera instancia. Sancionó al señor José Trinidad Sierra Sierra, Alcalde del municipio de Saravena, con multa equivalente a ochenta (80) días del salario devengado para la época de los hechos (folios 189 a 212, expediente 1492).

El a-quo explicó que las faltas imputables al disciplinado fueron plenamente demostradas. Manifestó que las pruebas que suministra el proceso son sólidas, consistentes y firmes, como quiera que tienen una “indiscutible fuerza demostrativa”. Sostuvo, en relación con el primer cargo, que los criterios para adjudicar el contrato a la firma Coagrosarare Ltda. se apartaron del deber de selección objetiva consagrado en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en cuanto no se tuvieron en cuenta factores como la experiencia, la organización y el precio, para la escogencia del contratista. De igual forma señaló que no se consultaron las condiciones del mercado, ni se efectuó el cotejo de los ofrecimientos, no obstante que se

presentaron tres (3) proponentes. Concluyó, de esta manera, que la falta imputable al disciplinado se demostró completamente. Afirmó, en relación con el segundo cargo, que la falta atribuida al disciplinado, consistente en haber omitido evaluar los factores que determinan la selección objetiva, previstos en el artículo 29 de la ley 80 de 1993, y haber desconocido el proceso licitatorio, violando el principio de transparencia contenido en el artículo 24 de la misma ley, fue plenamente establecida, en cuanto se demostró que la asignación de puntajes fue infundada, incoherente y subjetiva, a más de que se apartó de las exigencias consignadas en los términos de referencia, y se probó, también, con el certificado de la cámara de comercio de Ecogestar, que no fue conformada por ningún ente territorial. El argumento expuesto por el a-quo fue el siguiente: Ninguno de los proponentes presentó relación de contratos ejecutados para la venta de maquinaria. En los términos de referencia se estableció que los proponentes deberían acreditar sus actividades en actos de comercio relacionados con el objeto de la invitación (ver Folio 114). Se observa, por lo tanto, que no se cumplió la exigencia contenida en los términos de referencia. Valga anotar, que en esos términos de referencia se incluyeron factores que debían ser tenidos en cuenta, tales como el precio, plazo, experiencia, cumplimiento de contratos anteriores, organización empresarial y Certificado de Calidad; A (sic) cada uno de estos factores se les señaló un puntaje. (Ver Folio 116). Al examinar los puntajes que fueron otorgados a “Proteger” y “Ecogestar”, se observan

serias incoherencias, entre las que cabe destacar: El precio que propuso “Proteger”, fue superior al de “Ecogestar”. Sin embargo a la primera se le adjudicó un puntaje de 44.98 y a la segunda 44.95. En la calificación de la experiencia que le otorgó a “Proteger” 2.50 puntos y a “Ecogestar” 10 puntos. Destacamos que tal calificación 7 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia carecía de fundamento plausible, por que (sic) en los términos e referencia (ver Folio 117) se estableció que la experiencia se determinará “Para los proponentes que acrediten experiencia de dos (2) años, se le asignará diez (10) puntos. Los menores de dos (2) años, mediante regla de tres simple, y los proponentes no tenían experiencia en el suministro de los bienes materia del contrato Interadministrativo. Por lo demás, se requería experiencia de dos años por que (sic) así se estipuló en los términos de referencia, y ninguno de los proponentes acreditó este requisito. En lo que se refiere al Contrato Interadministrativo 01 del 1º de marzo de 2001, dijimos que en su celebración era imprescindible acudir al proceso de licitación pública que regula el Artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Expusimos que al examinar el Certificado de la Cámara de Comercio de “Ecogestar”, (ver Folios 40 y s.s.), no se encontró que esta Cooperativa hubiera sido constituida por algún ente territorial. Así las cosas, argumentamos que “Ecogestar” al no tener el

carácter de Entidad pública, debía someterse al proceso de licitación, por que (sic) no podía celebrar Contrato Interadministrativo. Veamos la forma en que sintetizamos nuestro parecer: “La Cooperativa “Ecogestar” no aparece conformada por algún Ente territorial; por consiguiente, no tiene la calidad de entidad estatal; si carece de ésta condición, no podía celebrar un contrato interadministrativo. En cuanto al tercer cargo, manifestó que en el acto de adjudicación se desconocieron los criterios contenidos en el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, no se estableció cuál ofrecimiento era el más favorable, no se analizaron factores como la experiencia, organización, plazo, precios, etc. Tampoco se hicieron las comparaciones del caso, mediante el cotejo de los distintos ofrecimientos, como lo ordena el citado artículo. En cuanto al cuarto cargo, señaló que una revisión seria de los ocho (8) contratos de prestación de servicios permite afirmar que fueron celebrados por términos demasiado extensos, desconociendo la naturaleza temporal de esta clase de contratos. Se firmaron por un término de 8 meses y se estipuló que permanecerían vigentes por 4 meses más. De otro lado, dichos contratos se celebraron sin que se hubiere acreditado que la Administración no podía realizar, con el personal de planta, las labores encomendadas a los contratistas. De esta manera, se observa, sin lugar a dudas, una nomina paralela. Por último agregó el Procurador Regional que, por desconocer el implicado las normas legales precitadas, incumplió el deber descrito en el numeral 1 del artículo

40 de la Ley 200 de 1995, vigente para la época de los hechos, el cual establece como deber del servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan la Constitución, los Tratados Públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos Municipales, los Estatutos de la Entidad, los Reglamentos, los Manuales de Funciones (…).

En cuanto al grado de culpabilidad, precisó que el funcionario investigado actuó dolosamente, como quiera que su voluntad estuvo dirigida conscientemente a la realización de una conducta ilegal. En consecuencia, y en atención a la jerarquía del implicado, calificó las faltas como graves, cometidas a título de dolo.

6. RECURSO DE APELACIÓN

8 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia El 6 de octubre de 2004, el abogado defensor de José trinidad Sierra Sierra interpuso recurso de apelación contra la mencionada providencia, con fundamento en los siguientes argumentos (folios 214 a 216, expediente 1492): Manifestó el apoderado que el artículo 170 de la Ley 734 de 2002 señala que el fallo debe ser motivado y contener una serie de requisitos, ocho en total, de los cuales no se dió cumplimiento al número cuatro, que consiste en “El análisis y la valoración jurídica de los cargos, de los descargos y de las alegaciones que hubieren sido presentadas”. En efecto, precisó el apoderado, no se hizo el análisis y la valoración jurídica de los descargos, ni siquiera se les mencionó, por lo cual quedó incólume la presunción de

inocencia consagrada en el artículo 9 de la misma ley y en el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que, si en el fallo no se señala que con los descargos no se desvirtuaron los cargos, debió operar la presunción de inocencia y el indubio pro disciplinado, como consecuencia de no desvirtuarse la presunción. Señaló, además, que el hecho de no analizar ni valorar jurídicamente los descargos evidencia una falta de motivación, la cual trae como consecuencia que el fallo proferido dentro del proceso se torne ilegítimo, ya que se estaría teniendo en cuenta, únicamente, la íntima convicción del a-quo, desconociendo los argumentos o razonamientos planteados en el escrito esculpatorio. Finalmente, se solicitó revocar la sanción impuesta al señor José Trinidad Sierra Sierra y, en su lugar, absolverlo de responsabilidad disciplinaria, por cuanto no está probado que él cometió la falta.

7. COMPETENCIA La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor de José Trinidad Sierra Sierra, contra el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría Regional de Arauca, de conformidad con el numeral 4 del artículo 25 y el numeral 19 del artículo 7 del Decreto 262 de 2000.

8. CONSIDERACIONES Con el fin de determinar si hay lugar a revocar la decisión impugnada, esta Delegada analizará, en primer lugar, la forma en que fueron formulados los cargos uno y tres;

en segundo lugar, estudiará los hechos probados en el proceso, y, en tercer lugar, se referirá a los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

A. PRECISIONES SOBRE LA FORMULACIÓN DE LOS CARGOS UNO, DOS Y TRES - NULIDAD PARCIAL DE LA ACTUACIÓN: Se advierte que la forma en que se formularon los cargos uno, dos y tres no permite establecer cuál es la conducta cuestionada en ellos, lo que genera la violación del derecho defensa del investigado, como se explica a continuación: La Constitución Política de 1991 define al derecho de defensa como un derecho fundamental autónomo, ligado, por razones obvias, al debido proceso, en virtud del

9 Exp. 065-1492 Maria Cecilia Lafaurie M. Fallo de Segunda Instancia cual toda persona puede controvertir las acusaciones que en materia administrativa o judicial se presenten en su contra1. Con fundamento en esa previsión, la Corte Constitucional ha señalado que “todas las actuaciones que se adelanten dentro del proceso disciplinario, deben enmarcarse plenamente, dentro de los principios que integran el derecho fundamental al debido proceso, de manera, que las normas que integran el proceso disciplinario, no pueden desconocer los principios de publicidad, contradicción, defensa, legalidad e imparcialidad”2 (Negrillas fuera de texto). El procedimiento consagrado en la Ley 734 de 2002 se enmarca dentro de esa concepción, puesto que establece diversos mecanismos para garantizar los referidos principios. Ello se corrobora, por ejemplo, con lo previsto en el artículo 17 del ese

estatuto, aplicable al caso concreto en virtud de