PGN - NULIDAD AUTO DE CARGOS - Exige una mínima actividad probatoria no escasa pobre o ini

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

COMISIÓN ESPECIAL DISCIPLINARIA

Radicación No: 156-71531-2002

Investigado: JORGE ELIECER GÓMEZ VILLAMIZAR, LUIS FRANCISCO

BOHÓRQUEZ PEDRAZA

Entidad: Gobernador, Secretario de Gobierno de Santander

Quejoso: Alirio Villamizar Afanador Fecha queja: Abril 23 de 2002

Fecha Hechos: Mayo 18 de 2002

Asunto: Fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2003

I. ASUNTO Profiere la Comisión Especial fallo de primera instancia dentro de la presente actuación disciplinaria.

II. HECHOS OBJETO DE INVESTIGACIÓN Los hechos que delimitaron y condujeron la actividad probatoria de esta actuación, fueron los plasmados en la queja elevada por el señor ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR, en la cual refiere que: (i) hacia el mes de marzo de 2002, el Gobernador de Santander, JORGE ELIECER GÓMEZ VILLAMIZAR, ejerció sus funciones con parcialidad política, al declarar la insubsistencia de FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO, CLAUDIA PATRICIA CADENA, LUIS QUIROZ DÍAZ y MARÍA EUGENIA MACÍAS PÉREZ, funcionarios de la administración departamental, por ser contrarios a la corriente política del candidato a la presidencia HORACIO SERPA URIBE. (ii) Así mismo, que en reunión sostenida en la sede de la Gobernación de Santander, el gobernador requirió a varios concejales del municipio

de Barrancabermeja, para apoyar la misma candidatura a cambio de recursos financieros y cargos oficiales en la administración departamental; (iii) lo mismo habría ocurrido con ocasión de una reunión sostenida en el Hotel Ciudad Bonita de Bucaramanga en donde el Gobernador GOMEZ VILLAMIZAR requirió apoyo político en el mismo sentido a varios alcaldes municipales de la Provincia de García Rovira. Asegura el quejoso en diligencia de ampliación y ratificación, que (iv) el 18 de mayo de 2003, el Secretario de Gobierno departamental, LUIS FRANCISCO BOHÓRQUEZ, solicitó apoyo político a favor de la campaña política del candidato SERPA URIBE a diversos concejales del municipio de Málaga y alcaldes del departamento, con ocasión de una reunión sostenida en el establecimiento de comercio denominado Pizzería La Metro de Málaga (folios 3 al 5; 31 al 35, c.o. 1).

III. PRUEBAS A la etapa de investigación se allegaron legal y oportunamente las siguientes

pruebas:

Testimoniales: 1

Ampliación y ratificación de queja (fl. 31 al 35, c.o. 1); FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO (fls. 51 al 56, c.o. 1; 116 a 118, c.o. 2); MARIA EUGENIA MACÍAS PEREZ (fls 92,93 c.o. 1); CLAUDIA PATRICIA CADENA NIEVES (fls. 94 al 98, c.o. 1); LUIS QUIROZ DÍAZ (fls. 102 y 103 c.o. 1); LUIS FRANCISCO BOHÓRQUEZ

PEDRAZA (fls. 113 a 116); ADRIANA FIGUEROA RAMÍREZ (fls. 119 a 122, c.o. 2); LUIS FRANCISCO CASTILLO BUENO (fl. 146, 147, c.o. 2); JORGE ENRIQUE CARRERO AFANADOR (fl. 148 al 150, c.o. 2); LUIS FELIPE CARRILLO FLÓREZ (fl. 152 al 154, c.o. 2); ANA DORIS CHINCILLA (fl. 155 al 159, c.o. 2); ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS (fl. 160, c.o. 2); LEONOR GÓMEZ ARDILA (fl. 163, 164, c.o. 2); ARCESIO LOPEZ FERRER (fl. 227, c.o. 2). Versión libre de JORGE ELIECER GÓMEZ VILLAMIZAR (fls. 104 al 112, c.o. 1) LUIS FELIPE CARRILLO FLÓREZ (fl. 68, c.o. 3); HERIBERTO CARRILLO DURÁN (fl. 69, c.o. 3); INES RAMIREZ GAMBOA (fl. 70, c.o. 3); LUIS ENRIQUE VELANDIA CASTRO (fl. 71, c.o. 3); LUIS HERNANDO RODRIGUEZ PRADA (fl. 72, c.o. 3); GUILLERMO HERNANDEZ OVIEDO (fl. 73, c.o. 3); CLARA ISABEL RODRIGUEZ SERRANO (fl. 3, carpeta anexos); INES RAMIREZ GAMBOA (fl. 9 c.a.); MAURICIO

MEJIA ABELLO (fl. 17, c.a.) Documentales Queja de abril 23 de 2002 elevada por ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR (fl. 3-5, c.o. 1); Resolución de insubsistencia de CLAUDIA PATRICIA CADENA No. 3387 de 27 de marzo de 2002; Resolución de nombramiento de CLAUDIA PATRICIA CADENA No. 1078 de 13 de febrero 2001 (fl. 99, c.o. 1); Resolución de aceptación de renuncia de LUIS QUIROZ DÍAZ No. 2966 de 18 de marzo de 2002 (fl. 7, c.o. 1); artículos de prensa, diario Vangurdia Liberal (fls. 8, 9, 59, 84, 87 a 90 c.o. 1); Resolución de insubsistencia de MARIA EUGENIA MACÍAS PÉREZ No. 3827 de 12 DE ABRIL de 2002 (fl. 11, c.o. 1); Resolución de aceptación de renuncia de FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO No. 2968 de 18 de marzo de 2002 (fl. 86, c.o. 1); actas de posesión, encargo, comisión, nombramiento, insubsistencia de ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS (fls. 38, 39, 43, 45, 46, 47 c.o. 1); memorandos dirigidos a la misma (fls. 41, 42, 44 c.o. 1); Resolución de aceptación de renuncia de ADRIANA FIGUEROA RAMÍREZ No. 5841 de 4 de junio de 2002 (fl. 124, c.o. 2); Resolución revocatoria de

declaración de insubsistencia de ADRIANA FIGUEROA RAMÍREZ, No 4435 de 28 de abril de 2002 (fl. 126, c.o. 2); Resolución de insubsistencia de ADRIANA FIGUEROA RAMÍREZ No. 4143 de 22 de abril de 2002 (fl. 130, c.o. 2); Documento titulado Deuda Pública, de la secretaría de hacienda de Santander (fls. 58 a 83A, c.o. 1); reconocimientos a gestión de FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO (fls. 90, 91, c.o.1). Hoja de vida de CLAUDIA CADENA NIEVES (fls. 151 a 155, c.o. 1); oficio de 1º de abril de 2002, dirigido por la secretaria de hacienda de Santander a Claudia Cadena (fl. 156, c.o. 1); respuesta a la anterior comunicación (fl. 157, c.o. 1); Oficio de 22 de marzo de 2002 dirigido por la secretaria de hacienda de Santander a Claudia Cadena, requiriendo información sobre el estado de un derecho de petición (fl. 160, c.o. 1); respuesta a la anterior petición (fl. 161 al 165, c.o. 1); oficio de renuncia presentado por Adriana Figueroa Ramírez al cargo de directora del Hospital de San Antonio de Guadalupe (fl. 166, c.o. 1, fl. 131, c.o. 2); respuesta a la anterior (fl. 128, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de CLARA ISABEL RODRÍGUEZ SERRANO No. 2965 de 18 de marzo de 2002 (fl. 167 c.o. 1); Resolución de

2 aceptación de renuncia de DIANA MIRANDA ORTIZ No. 2967 de 18 de marzo de 2002 (fl. 169 c.o. 1); Resolución 8505 de 21 de septiembre de 2001, sobre reorganización de recurso humano en la gobernación de Santander y resoluciones complementarias (fl. 171 al 184, c.o. 1); cinta magnetofónica (c.o. 1). Acta de solicitud de inscripción como candidato a la gobernación de Santander de JORGE GOMEZ VILLAMIL y anexos (fl. 18, c.o. 3) Acta de posesión de JORGE ELIECER GOMEZ VILLAMIZAR,en el cargo de Gobernador de Santander, sumas canceladas por la administración, credencial de elección (fls. 64 al 73, c.o. 1); carta de apoyo a la gestión de ADRIANA FIGUEROA (fls. 132 a 146, c.o. 2); renuncia colectiva de los secretarios departamentales de Santander (fl. 167, c.o. 2). Resolución de aceptación de renuncia de FRANCISCO JAVIER CIFUENTES No. 0465 de 18 de enero de 2002 (fl. 169, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de JOSE ANTONIO ARCINIEGAS No. 1263 de 11 de febrero de 2002 (fl. 170, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de MAURICIO MEJIA ABELLO No. 5839 de 4 de junio de 2002 (fl. 174, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de MARTHA RAQUEL CASTILLO No. 6550 de 17 de junio de 2002 (fl. 175, c.o. 2);

Resolución de aceptación de renuncia de MONICA ROCIO FONSECA No. 3469 de 1 de abril de 2002 (fl. 177, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ROSALBA CUEVAS DE GOMEZ No. 6820 de 21 de junio de 2002 (fl. 178, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de EDUARDO DIAZ ACEVEDO No. 6418 de 13 de junio de 2002 (fl. 179, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de JOSE DE JESUS DÍAZ MANTILLA No. 0988 de 1 de febrero de 2002 (fl. 180, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de JESUS MARÍA CACERES GONZALEZ No. 1077 de 04 de febrero de 2002 (fl. 181, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ABELARDO ARDILA No. 1104de 5 de febrero de 2002 (fl. 182, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de GRACIELA CASTELLANOS No. 1105 de 5 de febrero de 2002 (fl. 183, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de CLEOFELINA MEDRANO No. 1387 de 13 de febrero de 2002 (fl. 184, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de SONIA SERRANO PRADA No. 1445 de 13 de febrero de 2002 (fl. 185, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ANTONIO FRANCO PLATA No. 1756 de 21 de febrero de 2002 (fl. 186, c.o. 2); Resolución de aceptación

de renuncia de OLGA TERESA PORTILLA No. 1757 de 21 de febrero de 2002 (fl. 187, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de LUIS ANTONIO BARAJAS No. 1758 de 21 de febrero de 2002 (fl. 188, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ALVARO CALDERON No. 19998 de 25 de febrero de 2002 (fl. 189, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de DANIEL MENDEZ VILLAMIZAR No. 1999 de 25 de febrero de 2002 (fl. 190, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de MARIA EVELIA MUÑOZ No. 2000 de 25 de febrero de 2002 (fl. 191, c.o. 2). Resolución de aceptación de renuncia de JOSEFINA DELGADO No. 2222 de 28 de febrero de 2002 (fl. 192, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de SONIA SERRANO PRADA No. 1445 de 13 de febrero de 2002 (fl. 185, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de LUIS ANTONIO CALDERON No. 1445 de 1 de marzo de 2002 (fl. 193, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de LINA MARINA JAIMES No. 2252 de 1 de marzo de 2002 (fl. 194, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de HORACIO FLOREZ CAICEDO No. 2292 de 4 de marzo de 2002 (fl. 195, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ROGELIO MANTILLA JAIMES

No. 2797 de 12 de marzo de 2002 (fl. 196, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de LUISA CONTRERAS No. 2798 de 12 de marzo de 2002 (fl. 197, c.o. 2); 3 Resolución de aceptación de renuncia de JOSE ARIZA No. 3059 de 19 de marzo de 2002 (fl. 198, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de OSCAR ARAQUE No. 3152 de marzo de 2002 (fl. 199, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de FRANCISCO VERGARA No. 3761 de 10 de abril de 2002 de 2002 (fl. 200, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de MATILDE DIAZ ALBINO No. 4392 de 28 de abril de 2002 (fl. 202, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de CARMEN ORDOÑEZ No. 4393 de 28 de abril de 2002 (fl. 203, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de LILIANA GALEANO No. 4527 de 30 de abril de 2002 (fl. 185, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de MIGUEL ANGEL CHAPARRO No. 4431 de 29 de abril de 2002 (fl. 205, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ALCIRA DURAN No. 4432 de 29 de abril de 2002 (fl. 206, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ELIBARDO BARBOSA No. 4526

de abril de 2002 (fl. 207, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de MARIA TULIA ROJAS No. 5305 de 20 de mayo de 2002 (fl. 208, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de CARLOS JULIO RODRIGEZ No. 5843 de julio de 2002 (fl. 209, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de SUSANA BLANCO RODRIGUEZ de 2002 (fl. 210, c.o. 2). Resolución de insubsistencia de JAIME ORLANDO PEÑA ORTIZ No. 3047 de 19 de marzo de 2002 (fl. 211, c.o. 2); Resolución de insubsistencia de GLORIA LUCENA CAMARGO LUQUE No. 6423 de 13 de junio de 2002 (fl. 213, c.o. 2); Resolución de insubsistencia de DOMINGO ARNOLDO BLANCO No. 0998 de 4 de febrero de 2002 (fl. 214, c.o. 2); Resolución de aceptación de renuncia de ADRIANA FIGUEROA RAMÍREZ No. 0584 de 4 de junio de 2002 (fl. 217, c.o. 2); Resolución de insubsistencia de JAVIER ENRIQUE CASTRO FONSECA No. 3787 de 11 de abril de 2002 (fl. 218, c.o. 2); Resolución de insubsistencia de CONCEPCION SANCHEZ No. 4295 de 28 de abril de 2002 (fl. 220, c.o. 2); Resolución de insubsistencia de MARIA PIEDAD RUEDA RODRIGUEZ No. 4394 de 24 de abril de

2002 (fl. 221, c.o. 2). Durante la etapa del juicio disciplinario, se practicaron las siguientes pruebas testimoniales, conforme lo ordenado en auto de pruebas de descargos de 23 de abril de 2003: Declaración de los concejales de Barrancabermeja ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN (FL. 74, c.o. 5), ARCESIO LÓPEZ FERRER (FL. 75, c.o. 5), HERMES GUILLERMO CORENA FLÓREZ (FL. 77, c.o. 5), PEDRO LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ (FL. 80, c.o. 5). Ampliación de declaración del concejal de Málaga, LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ PRADA (FL. 72, c.o. 5); declaraciones de JOSÉ DEL CARMEN ROMERO AGUILLÓN, Rector de la Universidad Industrial de Santander (FL 174, c.o. 5); ANACLETO HERRERA SEPÚLVEDA, Alcalde municipal de San José de Miranda (FL. 178, c.o. 5); WILSON MORALES RAMÍREZ, Alcalde municipal de Carcasa (FL. 187, c.o. 5); HUMBERTO CÁRDENAS BONILLA, Alcalde municipal de Enciso (FL. 189, c.o. 5); HERIBERTO CARRILLO DURÁN, concejal de Málaga (FL. 191, c.o. 5); LUIS ENRIQUE VELANDIA, concejal de Málaga y propietario del establecimiento de comercio Pizzería la Metro (FL. 193, c.o. 5). Declaración bajo certificación jurada de Monseñor DARIO MONSALVE (FL 319, c.o.

3), declaración de AQUILEO CÁCERES CHIPAGRA (FL. 277, c.o. 3) 4

IV. IDENTIDAD Y CARGO DESEMPEÑADO POR LOS INVESTIGADOS Conforme lo dispuesto en autos de 29 de mayo y 31 de julio de 2002, la presente investigación se dirigió contra los servidores públicos JORGE ELIECER GOMEZ VILLAMIZAR y LUIS FRANCISCO GOMEZ PEDRAZA, identificados respectivamente con cédula de ciudadanía 6.759.491 de Tunja y 5.735.719 de San Andrés (Sder.), con ocasión del ejercicio del cargo de Gobernador de Santander el primero, y Secretario de Gobierno del mismo Departamento el segundo, para el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2002.

V. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN Metodología de la parte motiva Con el fin de hacer claridad sobre la línea argumentativa que se seguirá en la exposición de las consideraciones de esta decisión, la Comisión estima necesario precisar que aquella discurrirá en torno a los siguientes temas:

A. Marco jurídico de la conducta imputada. Dada la naturaleza y trascendencia de la conducta que se investiga, su consagración constitucional y legal y el desarrollo que el tema ha tenido en esta entidad de vigilancia y control, se aborda en primer lugar la descripción del marco normativo de la indebida participación en política, tanto en su consagración constitucional, como en los pronunciamientos emitidos al respecto por el Ministerio Público, a través de resoluciones del Despacho del

Procurador General.

B. Presupuestos probatorios para sancionar. Conforme lo normado por el artículo

142 de la ley 734, entra la Comisión a valorar la prueba de la existencia del hecho y de la responsabilidad de los disciplinados, en el marco de las garantías fundamentales a la presunción de inocencia, carga de la prueba y principio de la sana crítica probatoria. Constituye este acápite el centro del análisis probatorio de la decisión. Se desarrolla igualmente la valoración probatoria de las diligencias evacuadas con posterioridad al auto de cargos para, finalmente, concretar la imputación normativa y precisar lo relacionado con la norma procesal y sustancial disciplinaria aplicable, por razón del tránsito legislativo conforme el principio de favorabilidad.

C. Valoración jurídica de los cargos y respuesta a los descargos y alegaciones presentados por los sujetos procesales. Examina aquí la Comisión los argumentos defensivos presentados por la defensa de los inculpados, en sendos memoriales de descargos y, con apoyo en las consideraciones y valoraciones probatorias elaboradas en el acápite anterior, responde a las tesis de descargos. Por ausencia de alegaciones de conclusión previas al fallo, en los términos en que lo consagra el artículo 92-8 de la ley 734 de 2002, se abstiene la Comisión de emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.

D. Conclusión; precisa aquí la Comisión la deducción lógica de las anteriores consideraciones.

A. MARCO JURÍDICO DE LA CONDUCTA INVESTIGADA

5 Consagración normativa y naturaleza del comportamiento investigado

1. Se imputa a los investigados JORGE ELIECER GÓMEZ VILLAMIZAR y LUIS

FRANCISCO BOHÓRQUEZ PEDRAZA, la falta de indebida participación en política, expresión que obliga a deslindar, en la conducta de todos los servidores públicos, cuándo existe una debida o legítima participación en esta actividad y cuando ésta se torna en indebida, teniendo en cuenta que la prohibición que recae sobre los servidores públicos en torno a la participación en actividades políticas, no es una prohibición absoluta, tal como lo ha reconocido esta entidad de vigilancia y control a través de la Directiva 005 de 1997. Así, de la normatividad vigente, se infiere que la prohibición dirigida a los servidores públicos de participación en política encuentra excepciones relacionadas con (a) la naturaleza de los deberes funcionales a cargo del servidor y (b) el tipo de actividad política en la que éste toma parte.

2. Para empezar, valga señalar que, por ejemplo, el ejercicio del sufragio es una manera de apoyar una causa política que legítimamente pueden desempeñar los servidores públicos, independientemente de su posición dentro de la administración, al conforme el inciso 1º del artículo 127 de la Constitución Política.

Sin embargo, otros comportamientos constitutivos de participación en política pueden ser lícitos o ilícitos, según los criterios señalados en el párrafo anterior.

3. La legitimidad o ilegitimidad de la participación en política por servidores públicos depende pues, tanto de la naturaleza de sus deberes funcionales, como del tipo de actividad política en la que toman parte. Así, si el servidor público tiene dentro de sus deberes funcionales el ejercicio de jurisdicción, autoridad civil o política, dirección administrativa o si se desempeña en los órganos judicial, electoral o de control,

cualquiera sea la naturaleza de las funciones asignadas, le estará prohibido tomar parte en las actividades de los partidos políticos y en sus controversias de igual naturaleza. Los demás servidores, esto es, aquellos que no se desempeñen en los órganos judicial, electoral o de control y además no tengan a su cargo el ejercicio de jurisdicción, autoridad civil o política, o dirección administrativa, podrán tomar parte en actividades y controversias políticas, en los términos en que lo regule la ley (incisos 1º y 2º, artículo 127 de la Constitución Política). Para el presente caso, valga reseñar desde este momento que, conforme el marco teórico expuesto en este acápite, los servidores públicos investigados –gobernador de departamento y secretario de gobierno departamental, se encuentran dentro de la categoría de aquellos a quienes la Constitución y la ley prohíbe la participación en política, por razón de la naturaleza de sus deberes funcionales, ya que el primero ejerce autoridad civil y el segundo cumple funciones de dirección administrativa.

4. Tal como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-454 de 1993, el hecho de que el legislador aún no haya fijado el marco dentro del cual un servidor público pueda ejercer la actividad política, no es obstáculo para hacer efectivo ese derecho, ya que, asumir posición contraria, significaría que la falta de desarrollo legal convertiría en la práctica un derecho consagrado constitucionalmente –el sufragio-, en una prohibición. No obstante, en ausencia del desarrollo legal del tema de las condiciones que permiten la participación en política del servidor público, los límites de tal permisión se encuentran en la misma Constitución, así: 6 a) Es prohibido hacer uso de la investidura para presionar o inducir a los

ciudadanos a respaldar una causa o compaña política (artículo 127, inciso 4º Constitución Política) b) Quienes desempeñan funciones públicas no pueden hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones de ley (artículo 110, C.P.). En este sentido, valga precisar que los miembros de corporaciones pueden participar en controversias políticas durante el ejercicio de su cargo, por la posibilidad de su reelección, lo cual no los faculta para utilizar indebidamente los bienes del Estado en la actividad proselitista o para violar los regímenes de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidos en la Constitución y la ley, prohibición que se hace extensiva a todo servidor público, sujeto del derecho disciplinario (Directiva 005 de 1997, Despacho del Procurador General).

5. Esta entidad de vigilancia y control, a través de pronunciamiento de 14 de noviembre de 1997 proferido por el Despacho del Procurador General dentro del expediente número 2519, ha interpretado la prohibición constitucional, así: “La prohibición de participación en política, como imperativo constitucionalizado, busca tutelar el principio de imparcialidad que debe informar el quehacer público en armonía con el mandato, también superior, según el cual los servidores públicos están al servicios del estado y de la comunidad, de manera tal que cuando éstos ejercen sus competencias de modo que inclinan la balanza del aparato estatal a favor de una determinada corriente, causa o movimiento político, infringen, además del texto superior, su desarrollo legislativo (art. 41-14, ley 200 de 1995), constituyéndose

en una manifestación del ejercicio abusivo del poder o de la autoridad por parte de quienes, de manera inequívoca, no pueden participar en política.” “No se ha dicho que asistir a actos oficiales sea reprochable, pues ello entraña el cumplimiento de funciones propias del cargo; lo censurable radica en utilizar la presencia o, si se quiere, la influencia, para dirigir una futura contienda política…” Naturaleza de los comportamientos constitutivos de indebida participación en política: activos, omisivos, o como desviación de poder

6. Es necesario además dejar claro que tomar parte en actividades políticas, no significa per se, el desarrollo de conductas de tipo activo o, lo que es lo mismo, de actuaciones positivas de hacer o con trascendencia naturalística verificable por los sentidos como variación del mundo exterior. Por el contrario, para el derecho disciplinario, fundado en la existencia de deberes especiales de sujeción, omitir es una forma de comportarse cuando existe una obligación expresa de desplegar un comportamiento activo y, por lo tanto, a los efectos de la conducta analizada, puede realizar el tipo disciplinario.

7 Asimismo, el tomar parte, constituye un comportamiento activo (u omisivo), que no precisa de actuaciones directas del sujeto obligado por un deber funcional de imparcialidad (autoría directa) ni tampoco demanda actuaciones evidentes, a ojos de todos, de que se está atacando a terceros o favoreciendo a una determinada persona, en razón o por ejercicio del cargo; v gr. que el gobernador, o el procurador, etc., salgan a la plaza pública a lanzar arengas en favor o en contra de un

determinado candidato. Tomar parte es pues, una conducta que debe ser valorada normativamente –es pluricomprensiva-- por el operador jurídico, tendiendo como telón de fondo, el deber de imparcialidad de todo servidor público, de tal suerte que toda acción u omisión que debiliten el valor en cita, es ya analizable desde la perspectiva del tipo disciplinario anotado.

7. Igualmente, debe precisarse que la conducta que se imputa, esto es, la indebida participación en política, puede darse no solamente a través de comportamientos activos u omisivos encaminados a realizar el tipo disciplinario, sino que puede aquella ser también la motivación ilegítima de comportamientos que revisten legalidad en su fondo y en su forma. En tal caso, nos encontraríamos ante una típica desviación de poder, en virtud de la cual los deberes funcionales y atribuciones legalmente conferidos son aplicados por el servidor que los detenta con todas las formalidades legalmente previstas, pero obedeciendo a intereses ajenos a las eficaz, moral e imparcial gestión de la función pública. Este evento es aplicable al presente asunto, por lo que su sustento probatorio se tratará más a fondo en acápite posterior.

Con el anterior marco teórico, entra la Comisión a analizar si existe el referente probatorio que permita acreditar en grado de certeza, los presupuestos que acrediten la materialidad y responsabilidad de los disciplinados por el comportamiento que se le imputa, según lo previsto en el artículo 142 de la ley 734 de 2002.

B. PRESUPUESTOS PROBATORIOS PARA SANCIONAR Son éstos la existencia de prueba que lleve certeza sobre la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los investigados, conforme lo dispone el artículo

142 de la ley 734 de 2002. A continuación se verifica la acreditación de estos presupuestos respecto de cada uno de los investigados. Jorge Eliécer Gómez Villamizar

8. Encuentra acreditado la Comisión que el gobernador de Santander GÓMEZ VILLAMIZAR, ejerció sus deberes funcionales de manera parcializada con el fin de tomar parte y favorecer una determinada causa política, concretamente la candidatura presidencial de HORACIO SERPA URIBE. Para la adopción de dicha conclusión es necesario previamente acreditar la ocurrencia de cuatro supuestos de hecho que concretan y constituyen la materialidad de la infracción que se imputa, esto es, la indebida participación en política.

Supuestos de hecho que constituyen la infracción imputada

9. Tales supuestos de hecho constituyen verdaderos hechos indicadores que la Comisión encuentra debidamente acreditados y que enseguida se detallan. Por su naturaleza de hechos indicadores, tienen la virtud de salirse de sí mismos y apuntar o indicar hacia otros hechos o circunstancias, actuando como el soporte o punto de

partida de una inferencia con valor probatorio: 8 (a) la desvinculación de los servidores de la administración departamental FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO, CLAUDIA PATRICIA CADENA, LUIS QUIROZ DÍAZ y MARÍA EUGENIA MACÍAS PÉREZ; (b) La ausencia de justificación de la aludida desvinculación; (c) la petición de apoyo a favor de la causa política de HORACIO SERPA URIBE efectuada por el gobernador a varios concejales de Málaga, durante el proceso electoral y (d) la petición de apoyo a la misma causa,

efectuada por el funcionario a concejales de Barrancabermeja, durante el mismo calendario electoral. A continuación se detalla cada uno de los anteriores: (a) Aparece objetivamente acreditado que el señor JORGE ELIECER GÓMEZ VILLAMIZAR declaró la insubsistencia de FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO, CLAUDIA PATRICIA CADENA, LUIS QUIROZ DÍAZ, MARÍA EUGENIA MACÍAS PÉREZ y ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS de sus respectivos cargos de Secretario de Hacienda del Departamento de Santander, Abogada Asesora de la misma dependencia, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, Auxiliar de Servicios Generales y Tesorera de la IDESAN, todas ellas, dependencias de la misma gobernación, tal como lo demuestran las resoluciones de desvinculación números 2968, 3387, 2966, 3827 y 0031 que obran a folios 168, 6, 7, 11 y 47 del c.o. 1, todas ellas suscritas por el Gobernador GÓMEZ VILLAMIZAR entre los meses de marzo y abril de 2002. Así, no ofrece duda la atribución de tales comportamientos al funcionario aludido. (b) Algunas de las desvinculaciones referidas no tenían una motivación atendible. Ello se desprende del dicho de los funcionarios desvinculados. Así, por ejemplo, el señor FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO, secretario de hacienda del departamento, en el que refiere la importante gestión por él adelantada a favor de las políticas diseñadas por el gobernador (fls. 51 al 56, c.o. 1; 116 a 118, c.o. 2) y se

corrobora además con los múltiples reconocimientos a él dirigidos por la misma gobernación en atención a la calidad de su gestión (folios 90 y 91, c.o. 1) y por las informaciones periodísticas que obran a folios 67 y siguientes del cuaderno original 1 Similar conclusión puede predicarse de la desvinculación de la médica directora del Hospital de San Antonio de Guadalupe, Doctora ADRIANA FIGUEROA RAMIREZ, quien luego de ser declarada insubsistente por primera vez, debió ser reincorporada más adelante por expresa petición de la comunidad beneficiaria de su gestión y por tener solamente ella los conocimientos necesarios para asumir ciertas responsabilidades, como lo refiere en su declaración a folios 119 al 122 del cuaderno original 2. En la misma situación encuentra la Comisión la desvinculación de CLAUDIA PATRICIA CADENA NIEVES, quien fue vinculada a través del secretario de hacienda FERNANDO BARCO SOTO y del Representante ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR y asegura en declaración bajo la gravedad de juramento que tuvo una buena gestión, sin tacha alguna y que hacia el mes de marzo de 2002 fue requerida por LUIS FRANCISCO BUENO CASTILLO, jefe de personal de la gobernación de Santander para presentar su renuncia: El mismo día que a él FERNANDO ENRIQUE BARCO SOTO, secretario de hacienda departamental) le notificaron su aceptación a la renuncia que él había presentado, me llamaron a la oficina de personal, el Jefe de Personal, que se llama LUIS FRANCISCO BUENO CASTILLO… quien me manifestó que por instrucciones del señor Gobernador y por razones de índole político,

9 debido a las coyunturas que se estaban presentando, yo debía presentar mi renuncia al cargo que estaba desempeñando… el conocimiento que tuve de la crisis en el gabinete que se dio es por la relación directa de trabajo que yo tenía dentro del gobierno con el Secretario de Hacienda pues yo era su asesora directa y era su mano derecha en ese momento. Para esa época nosotros compartíamos el pensamiento de una organización política que lidera el doctor ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR, aproximadamente en el mes de marzo, él hizo públicamente a través de los medios de comunicación, su adhesión a la campaña del doctor ALVARO URIBE. Posteriormente a esta noticia, el lunes siguiente pidieron la renuncia a los secretarios del despacho, incluyendo al secretario de hacienda… Y como a los quince días de haberle pedido la renuncia a él, me la pidieron a mí …” (FL. 95, 96, c.o. 1) ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS, tesorera del Instituto para el Desarrollo de Santander, IDESAN, quien confirma su simpatía por la corriente política de ALIRIO VILLAMIZAR AFANADOR y quien asegura que, estando en carrera, fue trasladada a un cargo de libre nombramiento y remoción y finalmente desvinculada por motivos políticos, según aparece en declaración a folios 160 y siguientes del cuaderno origina